Nueva ley para un Perú conectado: 5 claves para entender cómo impulsará las inversiones y la conectividad
El especialista Carlos Huamán explica que la nueva ley acelerará la instalación de infraestructura de banda ancha gracias a la creación de una ventanilla digital única y propiciará una revisión completa del marco regulatorio.
La nueva Ley para el Fomento de un Perú Conectado impulsará las inversiones del sector de telecomunicaciones y la conectividad, al brindar al sector mayor certidumbre jurídica en un momento desafiante para el mercado por la presión en sus ingresos y al facilitar la expansión de infraestructura en las zonas rurales, destaca Carlos Huamán Tomecich, director Ejecutivo de DN Consultores.
Ayer, el gobierno peruano emitió esta ley que contempla una serie de medidas para promover el despliegue de infraestructura de banda ancha fija y móvil, sobre todo en las áreas rurales y de prioritario interés social. En entrevista con DPL News, el especialista explica las implicaciones de esta nueva ley.
1. Ventanilla digital única
En primer lugar, la ley ordena la creación de una ventanilla digital única para atender los trámites y solicitudes de instalación de infraestructura. Carlos Huamán señala que esta disposición es relevante debido a que acelerará la tramitología que se requiere para la expansión de las redes, en armonía con el entorno, el ambiente y la cultura.
2. Análisis y simplificación regulatoria
Además, la legislación hace obligatorio el análisis de impacto regulatorio ex-ante para la adopción de cualquier normativa relativa a la infraestructura; e instruye al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) a simplificar la regulación y eliminar las normativas ineficientes y obsoletas.
“Va a contribuir a que exista una discusión seria con los involucrados respecto a la pertinencia de cada medida, y así evitemos la normativa que termine siendo contraproducente”, aunado a que toda nueva regulación deberá evaluar primero si es sostenible para el mercado y congruente con los objetivos de reducción de la brecha digital.
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3. Sustituye obligación de telefonía pública por banda ancha
Otro punto destacado es que la ley señala que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá sustituir las obligaciones aún existentes de los operadores sobre prestar servicios de telefonía pública por la provisión de Internet de banda ancha.
Carlos Huamán detalla que hasta 2007 todavía la ley determinaba que los proyectos de telecomunicaciones en las zonas rurales obligaban a los operadores a prestar telefonía pública. Pero, a medida que se expandió el acceso a la telefonía móvil, este servicio quedó en desuso.
Hoy las licencias y concesiones de espectro ya no incluyen compromisos de cobertura de telefonía pública. Esta ley, considera el experto, acaba por eliminar dicha disposición que nació en los años 90 y que simplemente en la actualidad no tiene sentido.
4. Acota la velocidad mínima garantizada
La ley también contempla que la velocidad mínima garantizada de 70 por ciento (respecto al nivel contratado por los usuarios), establecida en una ley en la materia, se aplicará a los servicios de banda ancha soportados en tecnología de nueva generación.
Cuando surgió la ley de velocidad mínima, fue muy criticada por la industria debido a que resultaría muy complejo y casi imposible cumplir con ese parámetro en las zonas rurales dado que existen factores externos que están fuera del control de los operadores, como el suministro de energía eléctrica o las condiciones geográficas.
Además, se advertía que incluso esta normativa generaría impactos negativos en la conectividad, pues las empresas podrían subir los precios de los servicios o acotarían la cobertura a zonas donde fuera posible cumplir, abandonando aquellas que no resultarían viables.
Sin embargo, en opinión de Huamán, la Ley para el Fomento de un Perú conectado especifica que la aplicación de la velocidad mínima garantizada sólo se tendría que hacer en ciertos casos, especialmente con nuevas tecnologías como la fibra óptica, con la que es técnicamente posible brindar una mayor rapidez en el servicio de banda ancha.
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5. Extiende la vigencia de la aprobación automática
Por otro lado, la ley incluye una disposición complementaria para ampliar la vigencia de la Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. Recién el año pasado, el gobierno dio luz verde a la extensión de su vigencia por 10 años. Ahora esta normativa estará en vigor de forma indeterminada o casi de por vida mientras no se indique lo contrario.
Se trata de una regulación importante para el despliegue de infraestructura, ya que, entre varios aspectos, determina la aplicación de la aprobación automática: cuando no hay respuesta por parte de las autoridades para un trámite o solicitud de instalación por parte de las empresas, se entiende que hay una aprobación automática.
Dadas todas estas medidas, el director Ejecutivo de DN Consultores considera que la ley se trata de una regulación positiva que permitirá a los operadores y al gobierno avanzar en aumentar la cobertura y el acceso a la tecnología 4G y la fibra óptica en el ámbito rural.
Pero no sólo eso, sino que ayudará al ecosistema a prepararse para las tecnologías de última generación como 5G, pues las nuevas redes exigen un esfuerzo mayor en el despliegue de infraestructura e incentivos de inversión para llegar a más lugares del país.
