Perú amplía por 10 años ley para expansión de infraestructura telecom

La ley establece un régimen especial y temporal para impulsar el despliegue de los servicios de telefonía e Internet en el país, sobre todo en zonas rurales y desconectadas.

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A pocos días de que caducara la normativa, el gobierno de Perú publicó este viernes una ley que amplía la vigencia de la Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones por 10 años más.

Dicha ley establece un régimen especial y temporal en todo el país para la instalación y expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones como la telefonía e Internet, principalmente en zonas rurales, de frontera y de preferente interés social.

La ley contempla impulsar medidas que promuevan la inversión privada en el despliegue de infraestructura necesaria para la prestación de esos servicios, así como medidas que faciliten las operaciones de las redes.

Originalmente, la Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones se emitió en mayo de 2007, con una vigencia de cuatro años. Después de haber expirado, en 2012 el Poder Ejecutivo la restableció por cuatro años más. En 2015, el Poder Ejecutivo volvió a emitir una extensión del plazo de vigencia por 10 años contados a partir de su restitución en 2012.

Esto significa que la ley iba a expirar en mayo del año en curso. Pero, con la nueva ampliación emitida por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso peruano, seguirá vigente hasta mayo de 2032.

A lo largo de los últimos años, la ley inicial ha sufrido algunas modificaciones pero su esencia continúa siendo promover la implementación de infraestructura para masificar la conectividad, sobre todo en las áreas desconectadas.

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Para lograr ese objetivo, la ley define importantes medidas como un régimen de permisos y autorizaciones a nivel regional, sectorial, municipal o administrativo, a fin de que se agilicen los trámites para la instalación de los elementos de las redes de telecomunicaciones.

También establece que las autorizaciones tendrán una aprobación automática si no hay respuesta por parte de las instituciones competentes; señala las reglas para la correcta implementación de la infraestructura sin interferir con el espacio público y el patrimonio cultural, comunitario, turístico e histórico, y promueve la optimización de las condiciones de compartición de infraestructura entre operadores.

Asimismo, la ley advierte que las tasas o derechos que se exigen a las compañías de telecomunicaciones por la obtención de permisos y autorizaciones deben corresponder a los costos reales en los que incurren las autoridades administrativas para su otorgamiento, y no perseguir fines recaudatorios.

En la extensión de la vigencia de la ley, también se señala que los operadores y proveedores de infraestructura pasiva podrán regularizar sus elementos instalados (torres o antenas, por ejemplo) con anterioridad tras la nueva entrada en vigor.

Lo anterior quiere decir que cualquier retiro, demolición o desmontaje impuesto antes puede quedar sin efecto si las compañías consiguen el visto bueno, incluso por medio de un procedimiento de aprobación automática.

A finales de marzo, el Congreso de Perú dio luz verde al dictamen para ampliar la vigencia de la Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. El principal argumento a favor fue que sus disposiciones son necesarias para lograr que el servicio de Internet esté disponible en todos los rincones del país, zanjar la brecha digital y permitir que los usuarios reciban servicios cada vez de mayor calidad.