Queremos invertir en 5G pero necesitamos seguridad jurídica: Liberty Costa Rica

José Gutiérrez, director legal de Liberty Costa Rica, pidió al gobierno resolver la disparidad de espectro que favorece a Grupo ICE y brindar certidumbre sobre la licitación 5G.

Una serie de factores han ralentizado el lanzamiento de la subasta 5G de Costa Rica, que se ha estado delineando desde 2021, pero el entusiasmo por el despliegue de esta tecnología mantiene a los operadores móviles expectantes. Ese es el caso de Liberty Costa Rica.

“Tenemos el entusiasmo, tenemos las ganas, tenemos las inversiones. Y lo que ocupamos es tener seguridad jurídica, tener previsibilidad de los eventos que están planeando las autoridades para poder atenderlos en tiempo y forma”, aseguró José Gutiérrez, director Legal y de Regulación de Liberty Costa Rica.

En el marco del evento Costa Rica Digital, Gutiérrez reafirmó el interés de la empresa de telecomunicaciones en participar en la licitación de espectro. Sin embargo, advirtió, se requieren condiciones claras y adecuadas para tener éxito en el desarrollo de 5G.

“Hay una disparidad enorme de espectro, hay mucho concentrado en manos del Grupo ICE: es un espectro que ha estado ocioso durante años. La Sutel ha emitido más de 20 informes técnicos, en los que ha señalado una y otra vez que el espectro está ocioso o no se está utilizando correctamente”, dijo el ejecutivo a DPL News.

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En su plan de desarrollo del sector de telecomunicaciones, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) preveía años atrás que la subasta 5G se llevaría a cabo entre 2022 y 2023. Pero eso no sucedió.

Las bandas identificadas como prioritarias para el despliegue de la tecnología de quinta generación son, principalmente, la de 3.5 y 2.6 GHz. Sin embargo, la empresa estatal ICE (que opera la marca Kölbi) mantenía frecuencias en dichos rangos del espectro de manera ociosa. Es decir, el recurso no se aprovechaba.

Por lo tanto, el gobierno comenzó una tarea de recuperación del espectro para 5G, que implicaba que el ICE devolviera el espectro de mutuo acuerdo con el Micitt. Y aunque el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ordenó la devolución, el proceso se judicializó respecto a la banda de 2.6 GHz y no se ha logrado completar al 100 por ciento.

José Gutiérrez lamentó que la recuperación de la banda de 2.6 GHz se vio frustrada porque el ICE decidió llevar el tema a los tribunales. “El espectro de 2.6 GHz es una banda que, por sus características y sus bondades, cada vez toma más relevancia”, pero no estará en la subasta 5G.

En ese contexto, el director legal de Liberty Costa Rica destacó la importancia de “disminuir esas asimetrías en el espectro”, dado que generan incertidumbre en el sector de telecomunicaciones.

“A Costa Rica le ha tomado bastante tiempo poder caminar en la subasta. Yo haría un llamado a las autoridades en tres términos, en tres elementos: uno, tener una hoja de ruta clara que contemple todos los hitos, tanto presentes como a futuro, para poner a disposición el espectro que la industria y que los usuarios necesitan”.

“Dos, conducir una subasta sin fines recaudatorios, con una vocación que maximice el beneficio de la tecnología en términos socioeconómicos. Y tres, también que se pueda nivelar la cancha (…); plantear una asignación de espectro simétrica en nuestro país para beneficio de los usuarios finales”, expuso.

Certeza sobre la cadena de suministro 5G

Otro de los ámbitos en los que Liberty Costa Rica pide certeza jurídica es en la normativa sobre ciberseguridad que delineará el despliegue de las redes 5G en el país.

En septiembre de 2023, el gobierno emitió un reglamento de ciberseguridad que prohíbe la instalación de equipos elaborados por empresas que no están adheridas al Convenio de Budapest, al considerar que representan un “riesgo alto” para la ciberseguridad cibernética del país.

Sólo 66 países del mundo han ratificado dicho acuerdo, que además no aborda estándares de ciberseguridad, sino que sólo recomienda una tipificación legal de lo que se puede considerar un cibercrimen.

Varios países, incluyendo a China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y México no han firmado el Convenio de Budapest. Y, en general, este no tiene un carácter vinculante para el sector.

La Sutel, organizaciones sectoriales, asociaciones internacionales, legisladores y empresas han advertido que el reglamento no tiene una justificación técnica, y piden que se reconsidere su aplicación. En febrero, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica suspendió temporalmente la normativa, pero el tema aún está en una batalla judicial.

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José Gutiérrez señaló que dicho reglamento de ciberseguridad ha generado incertidumbre sobre los alcances que pueda tener en el despliegue de la tecnología de 5G.

“Es un tema ciertamente que merece atención por parte de las autoridades, que merece revisión, toda vez que se restringe la cadena de abastecimiento, la cadena de suministro, hay efectos que se deben considerar”, comentó.

Resolver estos desafíos podría destrabar el proceso de subasta 5G en el corto plazo, y brindar la certidumbre jurídica que el mercado aclama para planear las inversiones que requerirá montar la nueva tecnología y una serie de nuevos servicios de valor agregado.

Además, destacó José Gutiérrez, permitirá impulsar la implementación de banda ancha móvil, que es clave para el desarrollo y futuro de Costa Rica.

“La banda ancha, tanto móvil como fija ―puntualizó―, está íntimamente relacionada con la generación de nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo del capital humano.

“En tanto las autoridades puedan equilibrar esos elementos, nosotros como operadores vamos a estar en la mejor disposición de realizar las inversiones y hacer el acompañamiento necesario para potenciar el desarrollo de la tecnología y el desarrollo económico del país”, concluyó.

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