Diputada del PAN pide a estados vigilar registro de apps de transporte en México
Una legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Joanna Alejandra Felipe Torres, exhortó a los gobiernos estatales de México a asegurarse de que las apps de transporte que operan en sus territorios cumplan con el debido registro legal, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y especialmente de las mujeres usuarias.
La diputada propuso un punto de acuerdo mediante el cual busca que las autoridades de las entidades homologuen sus procesos de acuerdo con lo que dice la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en relación con las plataformas de transporte.
Hay tres elementos centrales que contempla el punto de acuerdo: en primer lugar, pide que las entidades aceleren el proceso de reformas para incluir la perspectiva de género dentro de sus marcos normativos de movilidad.
Asimismo, exhorta a las dependencias de transporte de los estados a que vigilen el debido registro de las aplicaciones digitales, pues de esto depende que se ofrezcan condiciones óptimas de seguridad que favorezcan la prevención de situaciones de riesgo, el acoso y la violencia.
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Por último, se pide a las instituciones reguladoras de transporte que publiquen de manera regular un reporte en el cual detallen los estándares de seguridad que cada plataforma digital implementa dentro de su territorio, con el objetivo de evaluarlos y que la ciudadanía tome decisiones más informadas para su movilidad.
La diputada del PAN reconoce en el documento que las plataformas digitales de transporte como DiDi, Uber, Cabify e InDrive han generado un abanico de posibilidades de negocio, de generación de ingresos y de opciones de movilidad. Sin embargo, considera que también aparecen nuevos retos que se deben superar, relativos a la seguridad de los usuarios y, especialmente, las mujeres.
En el uso de algunas aplicaciones de movilidad, frecuentemente se registran situaciones de agresión, acoso y hostigamiento sexual, incluso violaciones y feminicidios, advierte el punto de acuerdo.
Por ejemplo, se cita el caso de inDrive en diversas entidades del país.
“Los usuarios han denunciado a plataformas como InDrive por facilitar que a través de ésta se ofrezcan o soliciten prácticas sexuales. Asimismo, las autoridades han evidenciado que miles de vehículos y conductores vinculados a dicha aplicación están prestando servicios a pesar de no estar registrada como lo determinan las leyes correspondientes”, alerta.
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Joanna Felipe Torres explica que no cumplir con las normativas locales en la materia obstaculiza que las personas puedan ejercer su derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Además, el punto de acuerdo considera que la falta de registros de algunas aplicaciones de transporte afectan las finanzas públicas locales, ya que el no pago de impuestos merma la posibilidad de contar con recursos para el desarrollo e implementación de políticas públicas de movilidad.