Aprobación de PL que sanciona el delito de robo de equipos de telecomunicaciones es fundamental para el crecimiento de Brasil

Autor: Conexis Brasil Digital

Todos los días, en todos los estados del país, miles de brasileños están incomunicados, sin servicio de Internet y teléfono, como consecuencia de robos, hurtos y vandalismo en las redes de telecomunicaciones. Estas son acciones criminales que atacan cables, equipos, antenas y toda la infraestructura de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y dañan la vida de millones de brasileños, que no pueden comunicarse, acceder a Internet para estudiar y trabajar y sin tener acceso a servicios públicos como policía, bomberos y emergencias médicas.

Para que el país se beneficie efectivamente de los avances derivados de la expansión de la conectividad, que incluyen la telemedicina, las ciudades inteligentes, la manufactura 4.0 y la agroconexión, es necesario frenar radicalmente estas acciones delictivas. El sector de las telecomunicaciones tradicionalmente invierte más de 30 mil millones de reales cada año para ofrecer un marco sólido a la población y las empresas, desde la infraestructura hasta el servicio al consumidor final. Todo este esfuerzo se ve comprometido cuando no se dan las condiciones básicas para el correcto funcionamiento de la operación.

Para dimensionar el problema, vale mencionar la encuesta realizada por Conexis Brasil Digital, que señala que durante el año 2021 se sustrajeron o robaron 4.12 millones de metros de cables de telecomunicaciones, lo que dejó a 6 millones de personas sin acceso a las telecomunicaciones, perjudicó a las empresas, gobierno y la sociedad en su conjunto.

Además de la pérdida de recaudación fiscal, la delincuencia impacta la caja de los operadores de telecomunicaciones, quienes acumulan pérdidas millonarias con reposición de equipos, pérdida de clientes y sanciones regulatorias. Y otra grave consecuencia: los recursos sustraídos quitan dinero que podría invertirse en ampliar la conectividad.

Es necesaria una acción coordinada de seguridad pública que involucre a los tres poderes -Judicial, Legislativo y Ejecutivo-, tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, a fin de aprobar leyes que impongan penas más estrictas para este tipo de delitos, además de mayores inspección preventiva.

Hay proyectos para aumentar el rigor en la lucha contra estas acciones criminales que se vienen dando desde hace muchos años y la celeridad para tener un desenlace positivo se vuelve cada vez más fundamental para el buen funcionamiento de toda la economía y los servicios públicos. En ese sentido, defendemos la urgente aprobación del PL (proyecto de ley) 5846/16, que aumenta la sanción de quienes cometen estos delitos. Para acelerar el avance del proyecto, lo ideal es aprobar una solicitud urgente, priorizando la votación en el Pleno de la Cámara.

Entre otros puntos, el proyecto de ley establece que la prestación de servicios de telecomunicaciones utilizando equipos de origen delictivo será considerada clandestina, sometiéndose a los poseedores a la sanción prevista en la Ley General de Telecomunicaciones.

A fines del año pasado, el sector de las telecomunicaciones lanzó una Carta Abierta a la Sociedad advirtiendo el impacto de estas acciones delictivas, a lo que se suma otro problema aún más delicado, que es el bloqueo de acceso a los equipos de los proveedores de servicios para el mantenimiento de sus equipos. utilizados para prestar el servicio.

La aprobación del PL 5846/16 será una acción de fundamental importancia para ayudar a resolver esta situación que tanto daño hace al país. Los brasileños ya no pueden ser privados de los servicios de conectividad u obligados a contratarlos de empresas ilegales, sin derechos, garantías y sujetos a precios abusivos.