Anacom pide a operadores lusos considerar contexto social en los aumentos de precios

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La Autoridad Nacional de Comunicaçiones (Anacom) pidió a los proveedores de servicios de telecomunicaciones que tengan en cuenta el contexto de aumento de la inflación en Portugal al revisar sus precios.

“La Anacom entiende que existen importantes razones económicas y sociales que deben ser debidamente consideradas por las empresas del sector en el marco de posibles revisiones en los precios de los servicios de comunicaciones electrónicas a ocurrir en los próximos meses”, dice la nota emitida la semana pasada. Para la Autoridad, esta es una de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial.

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Además, la Anacom enumeró otras seis recomendaciones para las empresas de telecomunicaciones:

  1. Garantizar que cualquier aumento de precios tenga en cuenta el contexto social y económico del país;
  2. No cobrar cargos en caso de resolución anticipada del contrato por parte de los consumidores que hayan contratado una oferta de tarifa social de acceso a Internet de banda ancha;
  3. Promover acuerdos para el pago de facturas a plazos en situaciones de dificultad del usuario, para evitar la suspensión y extinción del contrato;
  4. Disponer la reducción contractual sin penalización, en particular para los usuarios que acrediten encontrarse en situación económica vulnerable;
  5. Brindar un servicio de asesoramiento tarifario para que los usuarios se enteren de ofertas más ventajosas, por ejemplo;
  6. Brindar ofertas con configuraciones más simples, enfocadas en atributos esenciales, sin atributos o servicios no valorados por los consumidores;
  7. Fomentar el atractivo de las ofertas aisladas de servicios (1P) y mejorar su difusión y visibilidad.

La decisión de la Anacom destaca que la inflación estimada para 2022 es de 7.4 por ciento y que esta presión se siente de manera desigual entre las familias más ricas y las más pobres.

También recuerda que la proporción del gasto de los hogares en servicios de comunicación en Portugal es superior a la media de la Unión Europea –3.2 por ciento en 2015 frente al 3.1 por ciento de la media de la región– y que los precios en el país son más altos que en el contexto europeo.

La Autoridad espera garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales, evitando que los aumentos perjudiquen a los consumidores.