Un informe reciente de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anacom) de Portugal mostró que, desde finales de 2009 hasta noviembre de 2021, los precios de las telecomunicaciones en el país aumentaron un 7 por ciento, mientras que en el resto de la Unión Europea disminuyeron 9.7 por ciento. De enero a noviembre de este año, los precios subieron un 0.6 por ciento.
En comparación con noviembre del año pasado, el operador MEO aumentó el valor de seis servicios; Nos aumentó las tarifas mensuales mínimas de cinco servicios y redujo las de dos ofertas; Vodafone, por su parte, aumentó los precios mensuales de tres servicios y redujo las de dos. La empresa que más redujo el costo para el consumidor fue NOWO, que aumentó el precio de dos servicios y redujo la tarifa mensual de nueve de ellos.
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los altos precios de las telecomunicaciones y los bajos niveles de uso de la banda ancha móvil son los responsables de retrasar la transformación digital del país.
El estudio OECD Economic Surveys: Portugal 2021 muestra que el número de suscriptores de banda ancha móvil por cada 100 habitantes y el tráfico de datos móviles por usuario son aproximadamente un 30 por ciento más bajos que el promedio de la OCDE. Lo mismo ocurre con la velocidad de descarga promedio y la disponibilidad 4G.
El análisis de la OCDE es que esto se debe al bajo acceso a Internet por ingresos: sólo la mitad de los hogares más pobres tenían Internet en casa en 2019. Y uno de los factores que contribuyen a los altos precios es el mercado concentrado.
En Portugal, sólo tres empresas dominan la cuota de mercado y tienen altos márgenes de beneficio, en comparación con otros mercados europeos.
La OCDE recomienda evitar la lealtad de los usuarios y brindar información más transparente sobre la calidad de los servicios, además de investigar los altos precios.
Subasta 5G
Otro factor que dificultó la digitalización del país fue el retraso del 5G. La subasta de espectro para esta tecnología móvil duró más de 200 días y finalizó en octubre, con seis empresas ganadoras.
Los operadores acusan a la Anacom de cambiar las bases de licitación durante el proceso, mientras que la Agencia culpa a las empresas por el retraso en la finalización.
