T-MEC digital: la revisión que definirá el futuro económico de Norteamérica

El reloj de arena llegó a su fin y la cuenta regresiva comercial más importante de la región se activó de manera oficial. El 1° de julio de 2026, Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC de manera automática por un periodo extendido, abriendo en su lugar la puerta a un intenso proceso de discusión.

Por ahora, el acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan las inconformidades de cada parte o hasta su terminación, que sería en 2036.

Mientras tanto, se pondrá en marcha la revisión anual estipulada en el tratado, obligando a los tres socios a realizar una evaluación formal de sus pautas. Esto marca el inicio de un hito político y analítico crucial que definirá la certidumbre económica de los mercados para las próximas décadas.

Estados Unidos, México y Canadá se ven obligados a sentarse frente a frente para reevaluar a fondo las reglas del juego. El tablero global ha cambiado drásticamente desde la firma del acuerdo; la tecnología avanzó a un ritmo exponencial y el contexto geopolítico se ha vuelto mucho más desafiante.

Por lo tanto, este proceso analítico y político que arranca es la negociación estratégica que determinará la certidumbre económica y el liderazgo de la región para las próximas décadas.

Con esta entrega, DPL News inaugura una serie especial de análisis sobre el T-MEC digital, enfocada en desmenuzar, capa por capa, los ejes críticos, los puntos de fricción y las grandes oportunidades digitales que definirán el nuevo rostro del tratado.

Revisión del T-MEC ante los desafíos digitales

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría marcar el inicio de una nueva era en la cooperación económica de Norteamérica, distinguida por la digitalización y la acelerada transformación tecnológica de la mano de la Inteligencia Artificial (IA).

Si bien el acuerdo actual incluye disposiciones relacionadas con la economía digital, hoy esos marcos ya han sido superados debido a los, cada vez más, rápidos ciclos de innovación en un contexto geopolítico todavía más complejo y de constantes tensiones entre EE. UU. y China.

A medida que la IA, la computación en la Nube, las redes y los servicios digitales evolucionan, la región norteamericana necesita adaptarse para impulsar una mayor integración y competitividad.

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El valor económico del T-MEC no está en duda. Los tres países firmantes de este tratado representan, en conjunto, alrededor del 30% del PIB mundial, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por encima de la Unión Europea y China.

Juntas, las tres economías movilizan más de 250,000 millones de dólares anuales en comercio digital transfronterizo. En 2024, el cruce fronterizo de bienes y servicios tuvo un valor de 2,562 millones de dólares al día ó 1.8 millones por minuto.

Norteamérica ha logrado aumentar la comercialización de contenido nacional y regional dentro del bloque durante los últimos años, gracias a un entorno de mayor certidumbre e incentivos para la inversión.

Sin embargo, las medidas arancelarias por parte del gobierno de Estados Unidos han desestabilizado el libre comercio. Aunque hoy en día casi 60% de los productos importados de Canadá y México todavía ingresan a Estados Unidos libres de aranceles, EE. UU. ha impuesto restricciones unilaterales (al acero, el aluminio y otros productos automotrices, por ejemplo) que restan competitividad al mercado.

Por eso, de cara a la revisión del T-MEC, los países deben construir un entorno comercial más estable, certero y predecible frente a los desafíos económicos actuales y futuros. Ante ese reto, la cooperación tecnológica trilateral será fundamental para mejorar la implementación del tratado y adaptarlo a un nuevo panorama productivo.

Capítulo 19 en el nuevo entorno digital

El T-MEC fue pionero en incluir una visión digital del comercio. En especial, el Capítulo 19 introdujo normas para garantizar el libre flujo transfronterizo de datos, prohibió los aranceles a productos digitales y, entre otras cosas, reforzó la protección al consumidor y la privacidad de datos en el entorno digital.

Los flujos de datos transfronterizos son esenciales para el comercio y la innovación, pues permiten a las empresas acceder a información de distintas fuentes, gestionar sus operaciones y generar valor a partir de ello.

Gracias a eso, el sector financiero puede transferir datos de transacciones en milisegundos para prevenir y detectar fraudes. Asimismo, las micro, pequeñas y medianas empresas pueden acceder a plataformas de Nube o vender desde sus sitios web con menores costos de transacción e infraestructura, lo que facilita su integración a las cadenas de valor internacionales.

Aun más relevante es esta condición para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, ya que los sistemas de IA necesitan enormes volúmenes de datos para su entrenamiento e inferencia.

El tratado sentó las bases para una integración económica digital. Pero, desde 2020, el reloj tecnológico ha avanzado a un ritmo exponencial que los marcos jurídicos rara vez logran alcanzar.

El acuerdo sigue siendo una herramienta robusta para el comercio digital, pero presenta vacíos regulatorios y tensiones institucionales frente a la economía digital actual.

Los gobiernos, además, están implementando medidas que pueden ser barreras para el flujo de datos, debido a preocupaciones de privacidad y seguridad nacional. La Fundación de Tecnologías de la Información e Innovación (ITIF, por sus siglas en inglés) advierte que las políticas de localización de datos se están extendiendo alrededor del mundo.

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Tan sólo en 2021, 62 países habían impuesto 144 restricciones al flujo transfronterizo de datos y docenas más estaban estudiando el tema. Uno de los principales motivantes para estas normas es la soberanía digital, lo cual, según la ITIF, puede ser engañoso, pues la geografía no garantiza mayor privacidad ni ciberseguridad.

Por el contrario, la Fundación sostiene que fragmentar el almacenamiento de datos produce efectos negativos: entre ellos, menos seguridad y accesibilidad; el encarecimiento tecnológico, y la debilitación de la cooperación internacional para el desarrollo de una economía digital abierta y basada en reglas.

Otro de los desafíos en torno a la revisión del T-MEC apunta al cuestionamiento sobre si algunos de los compromisos de comercio digital del tratado están alineados con el nuevo impulso a la regulación.

Particularmente, se cuestiona si el compromiso suscrito en el T-MEC sobre moderación de contenido es el camino a seguir. Actualmente, el acuerdo brinda a las plataformas digitales protección contra la responsabilidad civil por el contenido de terceros, pero hay debates en curso sobre su pertinencia.

Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes

El texto original del pacto no contiene disposiciones específicas sobre Inteligencia Artificial (IA), Blockchain o computación cuántica. La IA ya se ha convertido en un motor de la productividad y las cadenas de suministro, por lo que la ausencia de reglas compartidas podría generar incertidumbre.

De acuerdo con un informe del Programa México del Diálogo Interamericano, la falta de disposiciones específicas sobre la Inteligencia Artificial en el Capítulo 19 es uno de los mayores retos pendientes.

En este ámbito, el centro de investigación señala la necesidad de establecer principios comunes para el desarrollo y la implementación responsable de la IA, que abarquen de entrada estos ámbitos:

• Propiedad intelectual e IA: hoy en día, no existe claridad sobre cómo aplicar los derechos de autor en el uso de datos masivos para el entrenamiento de modelos algorítmicos (IA Generativa), ni sobre la propiedad de los productos resultantes.
• Gobernanza de la IA: mientras Estados Unidos prioriza un modelo flexible enfocado en la velocidad y la innovación tecnológica, Canadá transita hacia esquemas pragmáticos y México opera en un relativo vacío de política pública integral en la materia.
• Ética y mitigación de riesgos: a medida que avance su adopción, será necesario evaluar la introducción de directrices éticas compartidas para el despliegue de la IA, mitigando riesgos sistémicos vinculados a los sesgos algorítmicos, la desinformación y los esquemas de vigilancia masiva.

Reconfiguración institucional en México

En 2025, México emitió una Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que transformó el aparato institucional del sector.

La nueva ley eliminó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y transfirió sus funciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Además, ese mismo año, el gobierno impulsó una reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, guiado por sus objetivos de austeridad y eficiencia del Estado.

Las reformas recientes en la arquitectura estatal de México representan uno de los mayores puntos de fricción para la implementación del tratado:

• Vacío de certificación: la disolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que vino con la simplificación orgánica, eliminó al órgano encargado de certificar las reglas de privacidad de la APEC, dejando a las empresas en un limbo legal para la transferencia segura de datos.
• Independencia regulatoria: la creación de la ATDT y la adscripción de la CRT y la Comisión Nacional de Antimonopolio (CNA) al Poder Ejecutivo generan dudas sobre la neutralidad competitiva y la independencia técnica exigidas en los Capítulos 18 sobre telecomunicaciones y 21 acerca de la política de competencia del T-MEC.
• Barreras no arancelarias: la nueva facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para exigir acceso en tiempo real y permanente a las bases de datos operativas de las plataformas digitales es, según la industria, una medida invasiva que vulnera los protocolos de seguridad corporativa y puede constituir una barrera no arancelaria al comercio digital.

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Canadá y los conflictos digitales

Ante la revisión del T-MEC, los conflictos digitales de Estados Unidos con Canadá se han centrado especialmente en el impuesto de 3% sobre servicios digitales que Ottawa aprobó en junio de 2024.

Dicho gravamen tenía un efecto retroactivo a enero de 2022 sobre los grandes proveedores de servicios digitales, incluyendo a marketplaces, plataformas de redes sociales o prestadores de publicidad en línea.

La medida molestó al gobierno estadounidense. En junio de 2025, el presidente Donald Trump amagó con dar por terminadas las negociaciones comerciales bilaterales debido a este impuesto.

Ante la presión, el gobierno canadiense se comprometió a derogar el impuesto, pero por ahora no lo ha eliminado formalmente.

Por otro lado, en 2023, Ottawa creó la Ley de Noticias en Línea, que exige a las principales plataformas digitales compensar a los medios nacionales por compartir enlaces o fragmentos de noticias. Esta normativa generó un amplio rechazo por parte de EE. UU. y las Big Tech, quienes argumentan que daña la comercialización de servicios en Norteamérica.

Internet Society considera que, contrario a sus intenciones, la ley canadiense impediría a las personas y las empresas acceder a una Internet abierta, y, en última instancia, no lograría su cometido de compensar a los medios.

En su lugar, las plataformas pueden optar por deshabilitar las noticias para evitar el impuesto, como ya sucedió con Meta tras el anuncio de la normativa.

La Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones de Estados Unidos estima que la Ley de Transmisión en Línea podría costarle a la industria estadounidense hasta 7,000 millones de dólares para 2030.

Ambas normativas han sido un punto de fricción entre EE. UU. y Canadá en la discusión sobre el acuerdo comercial, en medio de una afrenta de aranceles por parte de uno y otro que tuvo lugar en el último año.

Ecosistema de semiconductores

Otro de los temas digitales que podría marcar el rumbo del T-MEC es el de los semiconductores, componentes esenciales para vehículos, computadoras, consolas de videojuegos y una amplia gama de productos electrónicos.

Estados Unidos quiere crear una cadena de valor global de chips más resiliente, segura y sostenible, a fin de reducir su dependencia para garantizar el suministro de tecnologías críticas.

Un informe de The North American Project señala que el déficit comercial de Estados Unidos en Productos de Alta Tecnología (ATP) alcanzó un récord histórico de 414,600 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento del 39.5% respecto al año previo.

De este saldo, la categoría de Información y Comunicaciones absorbe 87% de la brecha total.

Taiwán por sí solo representa 21% del déficit total de productos de alta tecnología de Estados Unidos. En el rubro específico de semiconductores y componentes electrónicos, Taiwán suministra 35% de las importaciones estadounidenses.

Aunque México lidera en la exportación de equipos de cómputo terminados hacia EE. UU. con un 34.4% de participación, su aportación en la fabricación pura de semiconductores es de apenas un 5%.

Ante los riesgos geopolíticos que suponen los chokepoints marítimos asiáticos y las tensiones en el Estrecho de Taiwán, The North American Project considera que la revisión del T-MEC puede ser la palanca idónea para transitar hacia un modelo de co-producción profunda.

México busca capitalizar este momento mediante la inclusión de iniciativas sobre microchips que alineen el tratado con sus estrategias nacionales de semiconductores, buscando atraer fases de mayor valor agregado como el diseño y el empaquetamiento avanzado.

Al menos desde 2024, Estados Unidos selló una alianza con México para explorar oportunidades de crecimiento y diversificación del ecosistema de chips. Bajo esa línea, el T-MEC podría profundizar la cooperación regional en la materia.

La Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA) de Estados Unidos sostiene que el T-MEC ha impulsado el crecimiento, la innovación y el empleo en la industria de semiconductores.

Y de cara al futuro, la SIA considera que es vital mantener el acuerdo y ajustar disposiciones para fortalecer el ecosistema, relacionadas con las reglas de origen y la armonización de normas de cumplimiento y aplicación, entre otros aspectos.

Mientras tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad plantea que la revisión puede servir para coordinar inversiones, fortalecer manufactura, ensamble, prueba y empaquetado en la región, además de impulsar investigación y formación de talento.

Energía y Data Centers

Por otro lado, la relocalización de las cadenas productivas y el despliegue a gran escala de la Inteligencia Artificial ponen presión sobre las redes eléctricas en Norteamérica.

La relocalización de empresas y el auge de la Inteligencia Artificial han incrementado significativamente la demanda de Centros de Datos. En este contexto, la disponibilidad de energía confiable, competitiva y sostenible es un factor que puede bloquear o impulsar la inversión tecnológica en la región:

La Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) proyecta una inversión de 82,500 millones de dólares en construcción y equipamiento de Centros de Datos para el periodo de 2026 a 2031.

No obstante, esta expansión requiere la adición urgente de 1,700 megavatios (1.7 GW) de capacidad energética al sistema eléctrico nacional para poder sostener y conectar las cargas demandadas por las empresas.

Las reglas vigentes del T-MEC prohíben la localización forzada de servidores o infraestructura informática como condición para operar en un territorio. Sin embargo, la realidad operativa obliga a que los Centros de Datos se establezcan físicamente donde la red ofrezca transmisión, distribución e interconexión estable.

El debate trilateral presiona para robustecer las redes eléctricas y garantizar certidumbre jurídica a las inversiones privadas en autogeneración y energías renovables.

Además, la revisión del tratado incluye el escrutinio de las políticas energéticas. La falta de infraestructura, la demanda de recursos hídricos y la incertidumbre para la inversión privada en generación eléctrica han retrasado proyectos y obligado al sector a buscar otros esquemas.

Si Norteamérica busca liderar el desarrollo digital, su ventaja competitiva de abundancia energética —apoyada en el mercado integrado de gas y electricidad— debe sincronizarse con las necesidades de la infraestructura digital.

Ciberseguridad

El Capítulo 19 del T-MEC abordó la ciberseguridad mediante pautas generales de cooperación basadas en riesgos, pero la escala y sofisticación de las amenazas actuales exigen mecanismos mucho más vinculantes e institucionales.

México se encuentra en una posición especialmente vulnerable: es el país que recibe el mayor número de ataques digitales en América Latina, con 187,000 millones de intentos de ciberataques en 2022.

En un ecosistema productivo hiperconectado, una brecha digital en la infraestructura crítica de un socio interrumpe los flujos productivos y logísticos de las tres naciones de forma inmediata.

Durante el proceso de revisión, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información y el Consejo de la Industria de Tecnologías de la Información recomiendan no reabrir el texto base ya negociado del tratado, sino incorporar un anexo trilateral en ciberseguridad enfocado en compromisos como la armonización de regulaciones; principios de proveedores confiables siguiendo criterios objetivos y transparentes; e intercambio operativo de información sobre incidentes en tiempo real.

Geopolítica y el factor China

La mesa de negociación transcurrirá en un escenario global profundamente transformado y mucho más complejo que el de 2020. La era de la globalización abierta y las cadenas de suministro hiperfragmentadas ha cedido el paso a una era obsesionada con la seguridad económica, la resiliencia y la geopolítica de bloques.

Dentro de este nuevo ecosistema, tres factores moldean la narrativa de la revisión:

• Rivalidad con China como eje central: el gigante asiático es el verdadero “elefante en la habitación” de esta negociación. Estados Unidos, bajo la actual administración de Donald Trump, busca evitar la triangulación de productos chinos a través de la región. Washington presionará a México y Canadá para blindar las cadenas de suministro mediante reglas de origen más estrictas, controles a la inversión extranjera directa de terceros países y la exclusión de subsidios no de mercado.
• La encrucijada del nearshoring: para México, mantener la estabilidad del T-MEC es fundamental para materializar la relocalización de inversiones hacia su territorio. Aunque el país se beneficia de su cercanía geográfica y acceso preferencial al mercado estadounidense, las políticas estadounidenses exigen que se mitigue la incertidumbre y se asegure que el país sea percibido como un aliado confiable y no como una puerta trasera para la manufactura asiática.
• Frentes internos de fricción: el proceso arrastra disputas de fondo acumuladas en los últimos años. Destacan las diferencias en las reglas de origen del sector automotriz, las controversias por la política energética mexicana, las restricciones al maíz genéticamente modificado y el uso recurrente de los paneles del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. Asimismo, las dinámicas electorales intermedias en Estados Unidos añaden una presión política que endurece las posturas de negociación.

¿Integración o fragmentación?

La revisión que arranca este 1° de julio no será una simple auditoría de lo que ha funcionado en el pasado; es, en realidad, una renegociación estratégica sobre la gobernanza económica del futuro.

Para las tres naciones, el gran desafío será equilibrar sus intereses y presiones políticas internas con la necesidad de mantener a Norteamérica como el bloque económico más competitivo del mundo.

Los resultados de la revisión definirán si la región avanza hacia una integración productiva más profunda, capaz de competir con los bloques asiático y europeo, o si sucumbe ante una fragmentación regulatoria que debilite su liderazgo.