Brasil podría ser la brújula de América Latina para la seguridad infantil en línea

Incluso aunque no esté diseñada específicamente para ellos, la tecnología ya es parte de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes alrededor del mundo. Por eso, el debate sobre la seguridad infantil en línea está cobrando mayor relevancia en el tablero internacional.

Cuando una adolescente abre una red social desde su teléfono, el espacio de aprendizaje, entretenimiento y conexión con sus amigos puede ser también una puerta de entrada a riesgos como el acoso, la exposición a contenidos dañinos o el contacto con desconocidos.

En 2017, Molly Russell, una adolescente británica de 14 años de edad, se quitó la vida. Tras su muerte, su padre denunció que estuvo expuesta a contenido relacionado con autolesiones, depresión y suicidio en plataformas digitales.

Casos como este se han multiplicado en diversos países, lo que ha incentivado una discusión que hoy recorre al mundo: ¿quién debe asumir la responsabilidad de proteger a las infancias en Internet?

Por mucho tiempo, la respuesta quedó principalmente en manos de las propias plataformas tecnológicas, que establecieron sus reglas de seguridad y moderación de contenidos bajo esquemas de autorregulación.

Sin embargo, el crecimiento acelerado de las redes sociales, los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) y los servicios digitales dirigidos a públicos cada vez más jóvenes llevó a varios gobiernos a replantear ese modelo.

En América Latina, Brasil busca abrir una nueva ruta con el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia (ECA digital). Con esta normativa, el país apuesta por un enfoque que no pretende expulsar a niñas, niños y adolescentes del entorno digital, sino establecer nuevas obligaciones para las empresas que construyen y administran esos espacios.

Para María Badillo, asesora de Políticas para la Privacidad Global del Future of Privacy Forum, esta legislación representa un cambio de paradigma porque reconoce que los riesgos digitales no son fenómenos aislados de Internet, sino problemas sociales que también se trasladan al mundo virtual.

“Hasta hace muy poco no se había tomado demasiada importancia a problemas que ya eran muy evidentes que existen en la vida real y que se están trasladando al entorno digital y están teniendo verdaderos efectos de forma cada vez más masiva”, explica la experta en entrevista con DPL News.

Para la experta, la experiencia brasileña destaca porque intenta construir una propuesta que equilibra la seguridad infantil, privacidad, innovación tecnológica y derechos fundamentales.

La especialista señala que la expansión de tecnologías como la Inteligencia Artificial ha acelerado los riesgos para ciertos grupos más vulnerables, incluyendo a las infancias, lo que hace necesario que los gobiernos ejecuten acciones concretas.

Prohibir no es la solución

Uno de los principales debates internacionales sobre seguridad infantil en línea es si los gobiernos deben restringir el acceso de menores a redes sociales o establecer obligaciones específicas para las plataformas.

Algunos países como Australia y Dinamarca prohibieron el uso de redes sociales a menores, obligando a las empresas de Internet a establecer controles más estrictos o, de lo contrario, pueden recibir duras sanciones. Otras naciones ―entre ellas, Canadá, Francia, España y Grecia― están analizando proyectos que aspiran a avanzar en la misma dirección.

Mientras tanto, Brasil eligió otro camino: establecer reglas sobre cómo deben operar los servicios digitales, qué controles deben implementar y qué responsabilidades deben asumir.

Según Badillo, el enfoque brasileño puede ser más sostenible porque reconoce la complejidad técnica y social del problema.

“Brasil dice: en lugar de restringir, lo que nosotros vamos a hacer es regular cómo se accede a estas plataformas, qué tipo de controles vamos a poner y qué tipo de reglas le vamos a dar a las plataformas”, explica la especialista.

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La abogada del Future of Privacy Forum cuestiona que las prohibiciones puedan resolver por sí solas los riesgos digitales, debido a que los adolescentes encuentran herramientas para evadirlas; por ejemplo, el uso de redes privadas virtuales (VPN).

“Muchos de estos adolescentes o niños incluso saben cómo darle la vuelta a acceder a contenidos que no están disponibles en su región o que no están disponibles por un tema de edad”, señaló.

Además, advirtió que los problemas que afectan a los menores en Internet no nacieron exclusivamente en el entorno digital.

“Los depredadores sexuales, el abuso, el bullying, la explotación infantil también están en la vida real. Son problemas que no hemos logrado solucionar tampoco en el mundo real”, advierte.

Por ello, Badillo considera que cualquier restricción debe estar acompañada de políticas educativas, sociales y de acompañamiento para evitar que únicamente se traslade el problema a otro espacio.

¿Una hoja de ruta para América Latina?

Brasil ya tiene experiencia en regulación digital. Su Ley General de Protección de Datos Personales fue considerada un referente regional y ahora el ECA Digital podría seguir un camino similar en materia de seguridad infantil.

María Badillo destaca que el país sudamericano ha tenido una posición más activa frente al papel de las plataformas digitales y su responsabilidad en la protección de usuarios.

Brasil también innovó con la adopción de la Ley de Protección de Datos Personales y tiene un rol muy activo en la discusión regulatoria sobre tecnología, plataformas digitales e Inteligencia Artificial, que puede inspirar al resto de la región.

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Sin embargo, la especialista alerta que América Latina enfrenta el riesgo de adoptar modelos regulatorios únicamente por influencia política o tendencias internacionales, sin analizar si realmente funcionan.

Chile analiza un proyecto de ley que plantea prohibir el uso de redes sociales por parte de menores de 14 años, a excepción de quienes tengan autorización de la madre, padre o tutor.

En tanto, en México algunos gobiernos estatales han comenzado a discutir medidas para limitar el acceso de menores a redes sociales. Al respecto, Badillo expone que otro reto que puede surgir es tener una regulación fragmentada que complique la operación de servicios digitales.

“Si eso empieza a suceder a nivel del país, en algún momento va a haber tensión y va a haber demasiada fragmentación legislativa”, explica. La especialista compara este riesgo con Estados Unidos, donde la ausencia de una legislación federal integral sobre privacidad ha generado diferentes obligaciones según cada estado.

Desafíos de la ECA Digital

Aunque el ECA Digital establece principios generales, su implementación dependerá de las reglas secundarias que publique la autoridad brasileña de protección de datos. Badillo detalla que uno de los puntos más complejos será determinar qué empresas están sujetas a la regulación.

La ley utiliza un criterio basado en la “probabilidad de uso”; es decir, no solamente contempla plataformas diseñadas para menores, sino también servicios que pueden resultar atractivos o accesibles para ellos y que representen riesgos.

“Ese estándar de probabilidad de uso, con esos tres parámetros, legalmente es todo un meollo”, advierte Badillo. Por lo tanto, la autoridad deberá definir qué significa que un servicio sea “atractivo” para menores, qué características determinan que sea fácil de utilizar y cómo evaluar los riesgos asociados.

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Verificación de edad

Otro de los grandes retos será la implementación de mecanismos de verificación de edad. El ECA Digital prohíbe la simple declaración del usuario sobre su edad y exige sistemas más robustos. Sin embargo, esto abre un debate sobre cómo confirmar que un usuario es menor o mayor de edad sin recolectar demasiada información personal.

María Badillo señala que estos mecanismos deberán respetar principios fundamentales de privacidad, como la minimización de datos, la transparencia y la eliminación segura de información una vez realizada la verificación.

Para la especialista, la experiencia de la autoridad brasileña en protección de datos será clave para evitar que la búsqueda de mayor seguridad infantil genere nuevos riesgos de vigilancia o uso indebido de información.

Proteger a menores desde la arquitectura digital

El ECA Digital determina que la misma autoridad encargada de protección de datos asumirá también responsabilidades relacionadas con la seguridad infantil en línea. Así, la Agencia Nacional de Protección de Datos de Brasil amplió su mandato para supervisar ambos ámbitos, una estructura que, según Badillo, podría convertirse en un modelo interesante para otros países.

“Ahora quizás necesitamos otro tipo de expertise, de autoridad reguladora para proteger las infancias en línea”, puntualiza Badillo.

La implementación del ECA Digital será gradual. La autoridad brasileña ya inició consultas públicas, solicitó información a empresas y abrió investigaciones sobre tiendas de aplicaciones, consideradas puntos de entrada al ecosistema digital.

Badillo considera, además, que el éxito de esta regulación dependerá de la colaboración entre gobiernos, empresas, sociedad civil, padres y los propios menores. “Para la solución a un tema tan complejo ―concluye― siempre es necesario también tener en cuenta las voces de otros sectores”.