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CEO de América Móvil aboga por Fair Share
La contribución justa (Fair Share) al despliegue y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones es una condición esencial para garantizar el futuro de la conectividad en América Latina; todas las empresas del ecosistema digital deben aportar, sostuvo el director ejecutivo de América Móvil, Daniel Hajj.
En el marco del Mobile360 que se realizó esta semana, el CEO advirtió que “el crecimiento en el tráfico de datos aumenta el costo para los operadores e impone desafíos para disponer de recursos que permitan ampliar servicios de calidad”.
Durante el mismo evento, la GSMA expuso que existen tres principales generadores de tráfico de datos a nivel mundial: Meta (Facebook), Alphabet (Google) y TikTok, que en conjunto son responsables del 80 por ciento de todo el tráfico de descarga en las redes móviles. Para atender esa demanda, los operadores deben invertir más, pero piden que la responsabilidad sea compartida.
En medio de esta discusión sobre Fair Share, Carlos Baigorri, presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, dijo que la región puede plantear su propia solución a esta problemática como un mercado digital único, y no sólo seguir los modelos que se plantean en otras regiones del mundo con realidades distintas.
Altos costos del espectro, esto dice el representante TIC de Claudia Sheinbaum
La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), por conducto de su director general, Gabriel Székely, conversó con José (Pepe) Merino, quien fuera titular de la Agencia de Innovación Pública (ADIP) de Ciudad de México en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y quien formará parte del próximo gobierno de la primera Presidenta de la historia mexicana.
Al referirse al tema del espectro, Merino acusó que los altos costos no es el principal problema para el despliegue, sino incluso acusó que hay falta de compromiso por parte de algunas empresas, aunque no mencionó cuáles.
Y es que dijo que existen soluciones regulatorias para poder disminuir los costos del espectro, pero para ello se necesita compromiso de las empresas.
“Hay algunas soluciones, incluso hasta regulatorias, que podrían reducir el costo del espectro, sí, sin duda. Lo que yo no necesariamente comparto es que el costo del espectro sea el principal impedimento para despliegue y producción de servicios. Hay ejemplos de empresas que se han comprometido a desplegar pero que no lo han hecho, y de cobertura, y de uso de espectro.
“No sólo es un tema de transparencia, al final el espectro es un bien público que tiene que asignarse donde genera mayores rendimientos públicos, y el concepto de rendimiento público es distinto al control de una empresa”, apuntó José Merino, de quien aún no se sabe cuál será su función en el próximo gobierno federal.
En septiembre podría desaparecer el IFT
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México tiene los días contados.
Ignacio Mier, coordinador del partido oficialista Morena, en la Cámara de Diputados, aseveró en conferencia de prensa que el proyecto de nación de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, va a dar continuidad a los proyectos del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El próximo 1 de septiembre inicia actividades la nueva legislatura en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, mientras que el 31 del mismo mes concluye la administración de Lopez Obrador.
Mier dijo que votarían 18 iniciativas, entre ellas, la que contempla la desaparición de los organismos autónomos.
Subasta de espectro regional en Colombia tendrá que esperar
La subasta de espectro regional que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) de Colombia tenía pensada para agosto se aplazará hacia finales de este 2024, probablemente en diciembre, debido a que el sector atraviesa una situación financiera difícil.
Gabriel Jurado Parra, viceministro de Conectividad del MinTIC, dijo, en su visita a México por el Mobile360, que la institución realizó consultas privadas con todos los posibles interesados en la licitación regional de manera individual. Las empresas manifestaron que, aunque quieren el espectro, no es un buen momento financiero, ya que existen renovaciones de licencias en puerta y obligaciones de cobertura por cumplir.
Mientras tanto, el Ministerio está analizando un posible modelo de reuso del espectro y la posibilidad de que se adjudique espectro reutilizado a pequeños proveedores de Internet, dado que son actores muy relevantes para la conectividad en zonas remotas del país.
Gobierno y telcos vuelven a renegociar las licencias de espectro en Ecuador
Ecuador reinició las mesas de negociación con Claro y Movistar para la renovación de las licencias de espectro, proceso que esperan que finalice en septiembre. El ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), César Martín detalló que una parte “importante” del pago los operadores lo deberán realizar en efectivo,“porque lo necesitamos y los operadores deberán hacer un esfuerzo”. Y el resto será a través de obligaciones como cobertura en áreas rurales, carreteras, escuelas, normas de calidad actualizadas y roaming nacional.
“Lo que se está buscando es que la totalidad de las obligaciones se desarrollen dentro de los primeros cinco años del contrato”, aseguró.
Según se supo en febrero pasado, unos 410 millones de dólares estima obtener el gobierno de Ecuador por las renovaciones de las concesiones de espectro de Claro y Telefónica y una eventual subasta 5G, de acuerdo con el justificativo de ingresos y egresos del Ministerio de Economía. En una entrevista con DPL News, Martín explicó que luego del proceso de renovación de licencias, los operadores podrán solicitar frecuencias 5G sin la necesidad de una licitación.
Reglamento de ciberseguridad 5G bloquea neutralidad tecnológica en Costa Rica: CIEMI
El Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales (CIEMI) de Costa Rica
considera que el reglamento de ciberseguridad para servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) bloquea los principios de competencia efectiva y neutralidad tecnológica contenidos en la Ley General de Telecomunicaciones No. 8646.
En una carta pública dirigida a la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, CIEMI asentó que el decreto “no puede tomarse como base” y “no aporta elementos relevantes en temas técnicos para proyectos de telecomunicaciones”. Y exhortó al Micitt a proponer los protocolos y normativas técnicas existentes, definidos por organismos internacionales, como la UIT, la alianza Open RAN y 3GPP, previa consulta con los operadores y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
La Junta Directiva del CIEMI, cuyo propósito es dar opinión y asesorar a instituciones públicas y privadas, argumentó su posición al exponer que Convenio de Budapest (de Europa sobre Ciberdelincuencia) citado en el Decreto, “es para que los gobiernos de los países firmantes, como Costa Rica, desarrollen políticas públicas en materia de ciberdelincuencia” y “no es vinculante para operadores de redes de telecomunicaciones o fabricantes de tecnología de telecomunicaciones”.
Estados Unidos critica modelo de Fair Share de Brasil
(Contenido en portugués)[1]
El gobierno de los Estados Unidos criticó el modelo de “fair share” propuesto por la Anatel de Brasil, al constatar que puede distorsionar la competencia, perjudicar a los consumidores y violar el principio de neutralidad de la red. En su contribución para la Toma de Subsidios nº 26, Estados Unidos citó ejemplos internacionales fallidos, como en Corea del Sur, donde las tarifas de “pago directo” redujeron las inversiones y aumentaron los costos para los usuarios, y en Europa, donde el BEREC advirtió que tales tarifas podrían permitir que los ISP exploten monopolios de terminación, perjudicando el ecosistema de internet.
Como base, el gobierno de Estados Unidos destacó que el crecimiento de la banda ancha móvil en Brasil aumentó un 8,7% de 2019 a 2022, acompañado por un aumento proporcional del uso de internet del 8,9% en el mismo período. Argumentaron que la cobranza del “fair share” podría elevar los costos de los operadores, que serían transferidos a los consumidores, y resaltaron la importancia de un modelo que incentive inversiones en nuevas tecnologías e infraestructura, beneficiando a los consumidores a largo plazo.
Darío Genua asumirá la Secretaría de Innovación de Argentina
El Jefe de Gabinete en la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones y ex director de Telecom Argentina (en representación de Anses entre 2016 y 2018), Dario Genua, será confirmado en el cargo de secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina, un puesto al momento vacante por la renuncia de Alejandro Cosentino. De esta cartera se desprenden las decisiones TIC, a través de la Subsecretaría de Conectividad.
Cosentino dejó su cargo en las últimas horas, tras la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Durante su gestión, insistió con el plan de “dejar hacer” de la administración Milei y se mostró abierto al diálogo con la industria. También valoró cambios como la libre importación, celebró el fin del DNU 690 y planteó la necesidad de cambios en los aportes no reembolsables.
Dentro de la Secretaría de Innovación se mantienen, al menos hasta el momento, otras cuatro carteras: la subsecretaría de Conectividad, cuyo titular es Héctor Huici; la de Ciencia y Tecnología, cuya titular es Paula Nahirñak; y la de Innovación, a cargo de María José Martelo. También funciona allí la Oficina Nacional de Contrataciones.
[1] Governo dos EUA critica modelo de fair share proposto pela Anatel
O governo dos Estados Unidos criticou o modelo de fair share proposto pela Anatel, ao constatar que ele pode distorcer a concorrência, prejudicar os consumidores e violar o princípio de neutralidade da rede. Em sua contribuição para a Tomada de Subsídios nº 26, os EUA citaram exemplos internacionais malsucedidos, como na Coreia do Sul, onde as taxas de “pagamento direto” reduziram investimentos e aumentaram os custos para os usuários, e na Europa, onde o BEREC alertou que tais taxas poderiam permitir que ISPs explorassem monopólios de terminação, prejudicando o ecossistema da internet.
Como embasamento, o governo dos EUA destacou que o crescimento da banda larga móvel no Brasil aumentou 8,7% de 2019 para 2022, acompanhado por um aumento proporcional do uso da internet de 8,9% no mesmo período. Eles argumentaram que a cobrança do fair share poderia elevar os custos das operadoras, que seriam repassados aos consumidores, e ressaltaram a importância de um modelo que incentive investimentos em novas tecnologias e infraestrutura, beneficiando os consumidores a longo prazo.