Violeta Contreras García y Alejandro González
Varias han sido las ocasiones en las que se apela al Congreso mexicano para que revise los altos costos del espectro. Los gobiernos cambian y los curules se renuevan, pero va quedando una misma herencia para quienes vienen después: resolver esta problemática que es insostenible para el país y los propios objetivos de conectividad social del gobierno.
En los últimos cuatro años, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha alertado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acerca de cómo los altos precios de este recursos han retrasado el desarrollo digital de la economía mexicana y de su población.
De igual forma, ha sido un tema de discusión constante entre el órgano regulador y el Congreso. Algunos senadores y diputados han comprendido esta materia y la han adoptado como una iniciativa personal. En 2022, hubo especialmente dos propuestas destacadas: una de Cora Pinedo (Partido del Trabajo) y otra de Lucía Meza (Morena).
Cora Pinedo: espectro más barato para Oaxaca y Chiapas
Cora Pinedo Alonso, senadora por el Partido del Trabajo, presentó en septiembre de 2022 un proyecto de decreto que plantea reformar la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de adoptar un modelo que permita reducir los precios del espectro radioeléctrico en México.
La iniciativa propone ajustar a la baja los costos por derechos anuales que los operadores de telecomunicaciones pagan por utilizar este recurso y brindar la posibilidad de que las empresas cubran parte de las tarifas a través del despliegue de infraestructura.
DPL Spectrum
Espectro radioeléctrico
en México: oportunidad para la digitalización
En lugar de hacerlo por regiones, el proyecto contempla que los precios del espectro se fijarían por Área Básica de Servicio para las bandas de 814 a 894 MHz, la de 614 a 698 MHz y la de 1,427 a 1,518 MHz y 3,300 a 3,600 MHz.
De esta manera, se establece una tarifa distinta para los diferentes municipios del país. Por ejemplo, para la banda de frecuencias de 3.3 a 3.6 GHz el costo de cada megahercio sería el más alto, de mil 236 pesos por MHz, para todas las demarcaciones de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.
Mientras tanto, el precio por cada megahercio en esa misma banda sería de 15.91 pesos para todos los municipios de los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y de 23.53 pesos en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Lo anterior significa que las tarifas serían significativamente más económicas en las entidades federativas donde la brecha digital es más profunda, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el propio gobierno mexicano han identificado que en dichos estados existe la mayor proporción de población sin acceso a Internet o con servicios deficientes.
Al pagar precios más asequibles por el espectro en estas áreas geográficas, los operadores podrían tener mayor oportunidad de invertir en la implementación de banda ancha de alta capacidad para expandir su huella de cobertura.
Otro punto importante de la propuesta de la senadora Cora Pinedo es que busca aprobar en México el llamado “pago en especie” o intercambio de pagos por uso del espectro a través de obligaciones de cobertura en zonas prioritarias, que serían definidas por el IFT.
Este tipo de mecanismo ya se usa en otros países de América Latina, como Colombia, Perú y Brasil, y es identificada por organizaciones como la GSMA y el Banco Interamericano de Desarrollo como una buena práctica en la política digital.
La senadora del Partido del Trabajo plantea que los titulares de licencias de espectro puedan saldar hasta el 30 por ciento ―o hasta 2 mil 500 millones de pesos―de sus obligaciones anuales por el uso del espectro radioeléctrico mediante la inversión en conectividad.
Además, un acierto de la iniciativa de Pinedo Alonso es que basa su proyecto de decreto en un estudio del IFT, es decir, en los planteamientos técnicos del órgano experto en el sector.
El Instituto en múltiples ocasiones ha pedido al Congreso y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reconsideren los montos que se pagan por el uso de las frecuencias radioeléctricas, ya que el precio en México es uno de los más altos en la región latinoamericana y de los más caros del mundo.
Morena con visión en el Senado pero sin respaldo en el gobierno
Un mes después de la iniciativa de Cora Pinedo, la senadora Lucía Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena ―partido al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador―, envió una propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos en la que propone la disminución de estos en algunas bandas, y la acreditación a cambio de despliegue de infraestructura.
La propuesta se basó en los estudios y análisis hechos por diversas organizaciones públicas y privadas como las del IFT y las de la GSMA, que coinciden en que los altos costos anuales del espectro en México sobrepasan por mucho el promedio internacional.
Por ejemplo, la senadora Meza advierte en su análisis que el costo anual del espectro a nivel internacional ronda en el 20 por ciento del total de su valor, mientras que en México dicha cifra se dispara hasta el 85 por ciento.
Al igual que la de Cora Pinedo, la iniciativa de Meza busca que las inversiones en el despliegue de infraestructura, incluyendo los costos de operación relacionados, para ampliar la cobertura social se puedan acreditar como parte del pago anual de derechos por uso del espectro.
Todas las localidades que se beneficien de dicha expansión de los servicios serían aquellas que no cuenten con acceso a Internet móvil, de acuerdo con el Programa de Cobertura Social vigente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
El plan de la senadora de Morena guarda muchas coincidencias con el proyecto de decreto de la legisladora del Partido del Trabajo. También establece que los concesionarios de espectro sólo podrán pagar hasta el 30 por ciento de los derechos por el espectro mediante el mecanismo de cobertura o pago en especie.
Los rangos de bandas de espectro radioeléctrico que estarían incluídas para la acreditación son las de 2,500 MHz a 2,690 MHz, 1,580 MHz a 1,915 MHz, 1,930 MHz a 1,995 MHz, 1,710 MHz a 1,780 MHz y 2,110 MHz a 2,180 MHz.
Además, la propuesta de Lucía Meza incluye que los concesionarios también paguen en algunos casos cuotas diferenciadas de acuerdo con la región o área básica donde presten los servicios. Las frecuencias que se contemplan en la propuesta diferenciada son de 814 MHz a 824 MHz; 824 MHz a 849 MHz; 859 MHz a 869 MHz; y 869 MHz a 894 MHz.
El documento detalla las tarifas de espectro en diversas tablas, de acuerdo a la zona de cobertura, en los diferentes estados y localidades del país. Este planteamiento de precios diferenciados busca contrarrestar una realidad negativa que se ha observado en el mercado.
Con las condiciones actuales del precio del recurso radioeléctrico, se han quedado fuera de la conectividad y los servicios digitales millones de personas en México, sobre todo en zonas rurales y marginadas del país. Esto implica que la brecha digital se está convirtiendo en una cara más de la desigualdad social.
Pero si los costos del espectro se reducen hay más incentivos para que los operadores de telecomunicaciones expanden la cobertura a las zonas desconectadas, y se modernice la infraestructura para no sólo habilitar el acceso a Internet sino a una serie de productos y servicios digitales de mayor calidad, como servicios financieros, de educación o en la agricultura.
Aunque la propuesta surgió en la bancada de Morena en el Senado, mostrando ―al igual que Cora Pinedo―acogida de los estudios técnicos del IFT, no ha avanzado. Ya fue turnada a la Cámara de Diputados, donde espera ser estudiada y tal vez aprobada.
De todas maneras, necesita el respaldo del Ejecutivo para prosperar y que efectivamente se realicen cambios en la Ley Federal de Derechos. Sin embargo, Meza comparte con el presidente mexicano sólo el partido y no una visión de política digital.
En estos momentos, el Congreso se encuentra en receso y se avecina un periodo complejo, debido a la renovación en su totalidad de los legisladores en 2024. La agenda de temas digitales no suele tener prioridad en los asuntos por resolver, pero si antes de las elecciones del próximo año no se analiza a profundidad el espectro caro en México seguirá arrastrándose como un mal legado.