El proceso de venta de Millicom al empresario de telecomunicaciones Marcelo Claure o cualquier otro postor atractivo, sería una oportunidad relevante para el sector de telecomunicaciones de Colombia, que le permitiría atender algunos de los retos persistentes en la industria tales como: distorsiones provocadas por la participación estatal, la fragmentación del mercado, bajos incentivos a la inversión privada y bajos ingresos por usuario.
Mientras Millicom confirmó que está en pláticas de venta al empresario Marcelo Claure y el fondo de inversión Apollo Global Management, hasta el momento sólo circulan versiones respecto de las posibles intenciones de los inversionistas por las operaciones de Colombia, ya sea su interés de vender o de comprar el resto de la unidad.
Después de Guatemala, Colombia es la segunda operación más importante para Millicom, que aporta cerca de una cuarta parte de sus ingresos (23%) y donde atiende a más de 11 millones de consumidores del servicio móvil.
Sin embargo, estas operaciones en Colombia son compartidas con Empresas Públicas de Medellín (EPM), que posee 50 por ciento del capital accionario más una.
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Al considerar la importancia de esta filial para el grupo Millicom, la transacción de venta podría convertirse en una oportunidad para el gobierno de Medellín para capitalizar su actual posición en UNE, utilizar esos recursos para financiar la necesaria infraestructura de servicios públicos, y colocar los incentivos necesarios para impulsar la inversión privada en el sector.
La participación de EPM en UNE se ha mantenido en el centro del debate público en Colombia por varios años.
Hay quienes consideran que tener una posición accionaria en esta empresa representa una importancia estratégica para el país, pero también hay críticos (incluidos organismos multilaterales como la OCDE) que consideran que ha impuesto nuevas dificultades para el correcto funcionamiento del mercado, además de representar una carga (más que beneficio) para las finanzas públicas.
Aunque EPM posee 50 por ciento de las acciones más una de Tigo-UNE, es Millicom quien ejerce el control operativo y administrativo del operador después de haber pagado una prima en 2014, cuando se fusionaron ambas operaciones.
Durante la fusión también se impuso una cláusula que permitiría al gobierno de Medellín vender su posición en UNE.
La cláusula establece que si EPM decide vender su posición, Millicom podría adquirirla de manera preferente; de lo contrario, UNE tendría que ser vendida en su totalidad a un tercero.
Derivado de este acuerdo, actualmente la empresa estatal tiene poca o nula influencia sobre la estructura y estrategia del operador, pero con participación en los requerimientos de inversión y capitalización de UNE.
Asimismo, la alcaldía de Medellín, bajo la administración de Daniel Quintero, había presionado al Concejo de Medellín para aprobar la venta de la participación de EPM, que estima daría al gobierno recursos adicionales por cerca de 3 billones de pesos colombianos (628 millones de dólares).
Sin embargo, después de que el Concejo rechazó la venta de su participación en UNE por cuarta ocasión, y tomando en cuenta el proceso burocrático que se tendría que realizar si la venta fuera aprobada, Quintero descarta que la transacción vaya a lograrse durante su gestión.
En ese sentido, es sumamente probable que de aprobarse la venta de Millicom, los nuevos dueños aún tendrían que lidiar con el gobierno como inversionista de la unidad colombiana.
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EPM esperaba que los recursos provenientes de esta venta pudieran utilizarse para financiar su plan de inversiones para el periodo de 2022 a 2025, que requeriría un monto total por 18.7 billones de pesos (3.9 mil millones de dólares), que se utilizarían en proyectos principalmente relacionados con la generación y distribución eléctrica, abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales.
Al respecto, se debe considerar que EPM debe atender otros servicios públicos como el abastecimiento de agua, de gas y electricidad, que también requieren importantes montos de inversión.
Basta mencionar el empantanado proyecto de Hidroituango que ha requerido un mayor nivel de recursos a los estimados originalmente.
Aún es incierto cómo esta situación afectará la capacidad de expansión de UNE en la mejora y modernización de los servicios de telecomunicaciones, al considerar la creciente demanda de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación mediante fibra óptica y 5G.
EPM no ha registrado dividendos derivados de su participación en UNE, por el contrario, se ha visto obligada a inyectar más capital al operador.
Recientemente, en diciembre de 2021 se aprobó una capitalización de 305 mil millones de pesos colombianos para Colombia Móvil (matriz de Tigo-UNE), adicional a otros 280 mil millones que ya se habían aprobado en noviembre.
De quedarse con la operación de UNE, EPM tendría que presentar un plan de inversión en el sector de telecomunicaciones que le permita al operador mantener su competitividad frente al avance de otros grupos mejor capitalizados, que cuentan con mayor escala y han presentado sus propias estrategias para expandir las redes de nueva generación.
Un informe publicado por la Contraloría de Medellín en 2017 había advertido de las constantes pérdidas económicas que representaba esta compañía para el gobierno, y el riesgo que existía de una posible capitalización en el corto plazo.
Según cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Tigo invierte actualmente cerca de 24.3 por ciento de sus ingresos correspondientes al 2021.
Respecto al total de la inversión privada del sector en 2021, Tigo aporta poco más de 17 por ciento, por detrás del 49 por ciento de participación de Claro, de América Móvil.
Al considerar la alta demanda de recursos para ampliar la cobertura de las nuevas tecnologías de conectividad, autoridades y organismos multilaterales han recomendado que se avance en la consolidación del sector de telecomunicaciones, de modo que puedan generarse operadores de gran escala.
Precisamente, la consolidación de Millicom en Colombia, mediante la entrada de un nuevo grupo de telecomunicaciones con pleno control de la filial en el país y acceso a los mercados internacionales de capital, permitiría incentivar la inversión privada y la consecuente reducción de costos y de riesgo para las finanzas públicas.
Al respecto, la OCDE ha recomendado en más de una ocasión que el Estado se desprenda de sus participaciones en empresas del sector de telecomunicaciones, de modo que también se evite el conflicto a partir de tener al gobierno como regulador y entidad regulada.
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En el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones elaborado por la OCDE para Colombia, se recomendó expresamente que las autoridades colombianas no deben bloquear las tendencias de consolidación en las telecomunicaciones fijas.
El organismo internacional señala que “es necesario evitar los conflictos de intereses que surgen cuando los municipios poseen operadores locales y, al mismo tiempo, otorgan permisos para la instalación de las redes”.
Además de Tigo-UNE, el Estado colombiano también posee participaciones accionarias en Movistar y ETB.
Por otro lado, la OCDE y organismos industriales como la GSMA también han advertido en numerosas ocasiones que precios adecuados del espectro son un incentivo adicional para estimular la inversión en redes e infraestructura.
Un estudio elaborado por la GSMA en 2021 encontró que los costos anuales de asignación de espectro para algunas bandas en Colombia fueron hasta tres veces más altos que la mediana de América Latina, desde 2014 en adelante.
De haberse ofrecido mejores condiciones en pasadas licitaciones de espectro, la asociación afirma que la cobertura 4G se habría incrementado en cinco puntos porcentuales adicionales a 76 por ciento, con un aumento en la velocidad en 40 por ciento.
En ese sentido, atender la demanda de la industria por menores precios del espectro podría reforzar el interés del comprador de Millicom por la filial colombiana, y así obtener una mejor valoración por las acciones en poder de EPM, además de incentivar la posterior inversión en redes e infraestructura por parte de los nuevos dueños.
Cabe recordar que Millicom pagó a finales de 2021, hasta 2.2 mil millones de dólares para adquirir el 45 por ciento de las acciones que no poseía de su filial en Guatemala, para convertirse en el único dueño.
Aunque la compañía no se ha pronunciado respecto a la venta de UNE por EPM, se podría esperar el mismo interés por consolidar su posición en el país, a la vez que el actual proceso de venta de Millicom podría ser la oportunidad del gobierno de Medellín para llevar a cabo un proceso de venta favorable para las finanzas públicas.