Claves para entender el dilema que atraviesa Medellín por las acciones de EPM en Tigo UNE
El pasado 16 de agosto, la Comisión Primera del Concejo de Medellín, Colombia, negó el proyecto de acuerdo 99 de 2022 por el que la alcaldía busca vender el 50.1 por ciento de las acciones de EPM (Empresas Públicas de Medellín) con las que se quedó la ciudad en UNE e inversiones Telco, a través de EPM y el Inder, tras la fusión con la multinacional Millicom en 2014. Sin embargo, con tres votos a favor y tres en contra el proyecto se negó.
Cabe aclarar que los miembros del Concejo son siete; sin embargo, uno de ellos, Carlos Andrés Ríos, tiene impedimento de voto porque su hermano trabaja en Tigo.
La transacción, que representaría entre 2.3 y 2.8 billones de pesos colombianos, inició hace un año (2021), pero sólo hasta el 2 de junio se citó el primer debate que luego fue aplazado hasta el día 21 del mismo mes, en donde se negó por primera vez con una votación que quedó cuatro a tres en contra de la ponencia en la Comisión Primera.
El mismo 16 de agosto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decidió apelar la decisión.
Dos días después, el jueves 18 de agosto, se llevó a cabo un tercer debate en el que otra vez el Concejo negó la apelación con la que la administración de Medellín quería revivir el debate sobre la venta de las acciones de EPM en Tigo-UNE. No contó con los votos en la plenaria para reactivar el proceso, por lo que ahora se encuentra archivado.
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Al respecto, Quintero anunció en su cuenta de Twitter que esto puede significar perder 3 billones de pesos en manos de una empresa privada y EPM debe insistir.
Sobre este tema, Marc Eichmann, expresidente de UNE (2011-2014) y profesor MBA de la Universidad de los Andes, comentó a DPL News que “ejercer la opción de protección de patrimonio para que EPM pudiese salir del negocio de las telecomunicaciones –si lo considera le permite–, es parte de la cláusula muy bien diseñada que protege dicho patrimonio. De hecho, si no se consigue comprador para el 50.1 por ciento de EPM, entonces ambos estarían obligados a vender, es decir, el 100 por ciento de las acciones”.
En este sentido, el Concejo de Medellín debería aprobar el proyecto, lo que convierte a este dilema en un conflicto político porque, según Eichmann, es debido a que el alcalde no genera la confianza suficiente para administrar ese dinero.
“Al final se trata de una pugna política y los partidos de oposición impiden que el dinero le llegue a Quintero, y al final todo dependerá de lo que pueda negociar el alcalde con el Consejo con el fin de que le pasen el proyecto”, explicó Eichmann.