El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, multó a Telegram por 1.2 millones de reales (unos 236 mil dólares) por incumplimiento de una decisión judicial. El 11 de enero, el ministro ordenó a la plataforma bloquear, en dos horas, cinco canales bajo pena de una multa diaria de 100 mil reales.
Telegram bloqueó cuatro canales, pero pidió al STF que reconsiderara la decisión sobre el canal del diputado federal electo Nikolas Ferreira (PL-MG).
“Telegram Messenger Inc. no bloqueó el canal https://t.me/nikolasferreira, y requiere que se reconsidere la decisión dictada para que se especifiquen los contenidos ilícitos (URLs específicas de las publicaciones) para que luego sean bloqueados periódicamente”, informó Moraes en la decisión.
Sin embargo, el ministro afirma que Telegram tiene la obligación de cumplir con las órdenes del Poder Judicial y, si no está de acuerdo, debe interponer un recurso.
Pese a ello, Moraes determinó que Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter y Youtube reactiven las cuentas de la diputada electa. La decisión se firmó el día 24 de enero, pero recién se publicó este jueves 26.
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“Como toda entidad privada que desarrolla su actividad económica en el territorio nacional, la red social Telegram deberá respetar y cumplir efectivamente las órdenes directas que emita el Poder Judicial respecto de hechos ocurridos o con sus efectos perennes dentro del territorio nacional; correspondiéndole, si lo considera necesario, demostrar su inconformidad a través de los recursos permitidos por la legislación brasileña”.
También explicó que su decisión no es un tema de censura previa porque no prohibió a los investigados expresarse en las redes sociales o fuera de ellas, sino que pretende “cesar la lesión o amenaza de lesión a derechos ya practicados por los investigados, con el objetivo de detener la difusión de discursos con contenido de odio, subversión del orden y estímulo a la ruptura de la normalidad institucional y democrática, materializados a través de la difusión de noticias y hechos falsos y fraudulentos”.
Como la plataforma recibió la carta el 13 de enero, el monto total de la multa sería de 1.2 millones de reales.
Contexto
La investigación en la que el ministro pidió el bloqueo de los canales de Telegram está siendo procesada por el STF como confidencial. Es decir, no se conocen las razones exactas por las que se bloquearon los canales.
Pero la decisión se produjo tres días después de los hechos delictivos en Brasilia, en los que simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y destrozaron los edificios del Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el STF, pidiendo incluso la intervención militar.
La regulación de las plataformas digitales ha sido abordada desde diferentes frentes en el gobierno. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Coordinación por los Derechos Digitales, evalúa la necesidad de adecuar o crear nuevas leyes para combatir las expresiones ilegales contra el Estado democrático de derecho en Internet.
La Secretaría Especial de Comunicación Social también tiene una cartera para analizar la regulación de las plataformas digitales, y el Congreso Nacional estudia un proyecto de ley para combatir las fake news.
Ericson Scorsim, abogado y consultor en Derecho Regulatorio de las Comunicaciones, entiende que el Marco Civil de Internet asigna responsabilidad a los proveedores de aplicaciones de Internet, pero que “la regulación de las plataformas digitales para la difusión de contenidos, redes sociales y mensajes, puede mejorar el ámbito normativo, a los efectos de la seguridad jurídica”.
El experto dice que un punto a mejorar es la responsabilidad de los financiadores de las campañas de desinformación y actos antidemocráticos y la condición de inhabilitación y pérdida del mandato electoral por apoyar actos antidemocráticos. “Debe quedar absolutamente claro que quien viole las reglas del juego político nunca podrá tener mandato”, comentó. “Es una norma en defensa del principio democrático”.
Scorsim también citó dos referencias internacionales: el Código de Conducta para Plataformas Digitales, para contener campañas de desinformación en línea en la Unión Europea, y el One Safety Bill de Reino Unido, con la clasificación de contenido ofensivo para la seguridad en el entorno digital.
“Las llamadas plataformas digitales tienen una enorme responsabilidad con las sociedades y comunidades donde operan”, dijo. “Por ello, la necesidad de un diseño normativo de las plataformas digitales, comprometido con los valores democráticos, para contener los abusos, lesiones y amenazas a los bienes fundamentales de las sociedades”.