La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México puso en marcha un ambicioso plan para reducir la burocracia y optimizar la regulación en el sector.

El organismo someterá a consulta pública una propuesta normativa diseñada para dinamizar los procedimientos y suprimir costos administrativos innecesarios en el Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura.

De acuerdo con Norma Solano, comisionada presidenta de la CRT, esta medida representa el primer paso de una estrategia integral de simplificación.

Dijo que el objetivo principal es que las empresas reguladas puedan canalizar sus esfuerzos y recursos hacia la mejora de la calidad de los servicios que reciben los usuarios, en lugar de lidiar con trámites complejos.

“Con ello, la CRT se consolida como un regulador ágil, eficiente, que no pone trabas y que está a la altura de la modernización que exige el país”, indicó la comisionada presidenta.

Por ejemplo, se prevé que 17 gestiones relacionadas con concesiones se conviertan en notificaciones automáticas, lo que anula el tiempo de espera previo de 30 días hábiles.

En el resto de los procedimientos se proyecta recortar los requisitos en un 66% y agilizar los tiempos de respuesta en 83%.

Para consolidar esta propuesta, la CRT realizó una invitación a los interesados a participar en la consulta pública que estará vigente durante 20 días hábiles en el sitio oficial: https://portal.crt.gob.mx/consultapublica.

La Comisión informó que en línea con la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la Ventanilla Electrónica será establecida como el medio digital exclusivo para realizar estos trámites, fomentando así la competitividad y el crecimiento del sector de las telecomunicaciones al reducir significativamente los obstáculos administrativos.

En la Unión Europea (UE), una regulación “excesivamente compleja y onerosa impide la innovación tecnológica que impulsa el crecimiento de los competidores globales”, considera Meta.

De acuerdo con Helen Charles, directora de Políticas Públicas y Monetización de la compañía, el informe de Mario Draghi sobre la competitividad de la UE deja claros los importantes desafíos que se derivan de estos regímenes regulatorios.

Entre ellos, Charles citó la mensajería empresarial que permite interactuar con las empresas para hacer preguntas y buscar productos. Según Meta, diariamente se producen 600 millones de conversaciones entre personas y empresas a través de WhatsApp, Messenger e Instagram Direct, el 80% de las personas a nivel mundial se comunican con una empresa al menos una vez a la semana y triunfa en lugares como Brasil, India e Indonesia.

Sin embargo, advirtió que, debido a las limitaciones de productos derivadas de la regulación europea, la disponibilidad y adopción de la mensajería empresarial en la región están significativamente por detrás de la competencia global.

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La ejecutiva explicó que fuera de la Unión Europea, las empresas disponen de herramientas que les permiten comprender quién está interesado en su producto o servicio y chatear rápidamente con ellos, pero en la UE no pueden hacerlo porque la Directiva de Privacidad Electrónica (ePD) les impide acceder a estos datos.

Por ello, Meta considera que las interpretaciones extremas de normas de datos de la UE, aunada a la falta de consideración de los objetivos de competitividad en Europa, “están obstaculizando el crecimiento y socavando la experiencia del cliente de millones de ciudadanos de la UE”.

Según la gigante tecnológica de redes sociales, las interpretaciones regulatorias sobre capacidades cruciales como la segmentación, el análisis de la audiencia y las tasas de clics implican que las empresas de la UE no pueden “beneficiarse del uso de la información de datos y la automatización que sus competidores globales utilizan para lograr un mejor retorno de la inversión y una mayor interacción”, lo que, a su juicio, obliga a las empresas europeas a usar herramientas menos eficaces y útiles.

Además, Charles agregó que la regulación excesiva no sólo afecta la mensajería, sino también a las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial (IA), que, calculó, van meses por detrás de otros países.

Simplificación regulatoria: el camino a seguir  

Por ello, Meta concluyó que “la simplificación es urgentemente necesaria para la UE”, y exhortó a los responsables políticos a revisar el enfoque de la “obsoleta ePD” y el manejo de datos de mensajería, para “lograr un equilibrio entre el fomento del crecimiento económico y la protección de la privacidad de los ciudadanos europeos”.

“Los ciudadanos y las empresas necesitan que la UE reajuste su enfoque regulatorio y proporcione un marco y gobernanza que garanticen una interpretación coherente, equilibrada y pro-innovación de la ley”, concluye el texto firmado por Helen Charles.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia emitió una nueva resolución para actualizar y simplificar el marco regulatorio para ciertos servicios de comunicaciones y contenidos audiovisuales, con la intención de reconocer los avances tecnológicos y las nuevas condiciones del mercado. Entre estos nuevos cambios se incluye una menor carga regulatoria para redes 3G y HFC.

Mediante las Resoluciones CRC 7810 y 7811 de 2025, la CRC adelantó la simplificación de 190 medidas regulatorias, de manera total o parcial, que se aplican actualmente a la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y postales y a la emisión de contenidos audiovisuales.

Según explica el órgano regulador, las Sesiones de la Comisión que integran la CRC, la de Comunicaciones y la de Contenidos Audiovisuales, adoptaron una nueva metodología de simplificación del marco regulatorio que permitió optimizar y dar mayor claridad a las medidas implementadas. Esta evaluación dio como resultado la reducción del 12.77 por ciento de las normas de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Entre algunas de las medidas implementadas a partir de la evolución del mercado, la CRC emitió la creación de un contrato único convergente para facilitar la contratación de los servicios fijos y móviles pospago.

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Al cierre de 2024, Colombia contaba con 22 millones 700 mil usuarios pospago, lo que representa cerca del 24.7 por ciento del total de suscriptores móviles en el país.

La CRC también propone la eliminación de indicadores de calidad para el servicio de voz móvil en 3G, al considerar que el uso de servicios de voz móvil a través de esta red ha registrado un decrecimiento en los últimos años, llegando a una participación del 30.1 por ciento en diciembre de 2024. La resolución elimina la obligación de medir y reportar indicadores de calidad a partir del 1 de enero de 2026.

Algunos países como Estados Unidos, Australia y otros de Europa ya han realizado el apagado total de redes 3G, mientras que operadores de países como España, Portugal y China anunciaron que realizarían el apagado de estas redes en 2025, a favor de las tecnologías 4G y 5G.

La resolución también implementará la eliminación del bloqueo de dispositivos móviles por no homologación y simplificación del registro de IMEI. Para ello, la CRC simplificará los trámites que deben realizar los usuarios para registrar el IMEI de aquellos equipos que hayan sido adquiridos fuera del país.

De acuerdo con la resolución 5050 emitida en 2016, los equipos que no hayan sido homologados para Colombia serían bloqueados para su uso.

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Las nuevas medidas adoptadas por la CRC también establecen el uso de un formato unificado de reporte para pequeños ISP, con la intención de disminuir la carga administrativa de los proveedores del servicio de Internet con menos de 30 mil accesos residenciales, por lo que harán menos reportes al año. La simplificación redujo de 12 a 4 la cantidad de archivos que deben reportar anualmente al sistema Colombia TIC desde el 1 de enero de 2026.

Finalmente, la CRC implementará un sandbox regulatorio convergente. Esto implicará la unificación de las reglas, fases y criterios, a la vez que se aclaran las condiciones en las que se deben presentar propuestas al mecanismo alternativo de regulación que involucre análisis convergentes, es decir, de parte de ambas Sesiones de la Comisión, sin afectar su independencia.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos implementó este 20 de marzo un conjunto inicial de medidas que ayudarán a acelerar la transición de las antiguas líneas de cobre a una infraestructura de red moderna en comunidades de todo el país.

Estas medidas ayudarán a garantizar que los proveedores desplieguen redes mejoradas de alta velocidad a más estadounidenses con mayor rapidez, en lugar de obligarlos a seguir invirtiendo recursos en el mantenimiento de redes de cobre con décadas de antigüedad y cada vez más caras.

“Las normas obsoletas de la FCC han dejado a los estadounidenses en la vía lenta durante demasiado tiempo”, declaró su presidente, Brendan Carr, quien detalló que “han obligado a los proveedores a destinar recursos al mantenimiento de las antiguas y costosas redes de cobre en lugar de invertir en la infraestructura moderna de alta velocidad que los estadounidenses desean y merecen”.

Carr explicó que, al eliminar algunos de los problemas regulatorios que retrasan innecesariamente el retiro, estas medidas buscan agilizar el desmantelamiento de las redes de cobre antiguas para que los proveedores puedan migrar a los consumidores y sus nuevas redes de alta velocidad con mayor rapidez.

Las medidas iniciales que adoptó la Oficina de Competencia de Líneas Fijas son las siguientes:

• Una aclaración que permitirá a los proveedores utilizar procedimientos simplificados con mayor frecuencia al solicitar la interrupción de las líneas de cobre.
• Una exención que permite a los proveedores retirar las redes de cobre, no sólo en los casos en que los servicios de voz de reemplazo estén disponibles de forma independiente, sino también en los casos en que dichos servicios estén disponibles en paquetes.
• Una orden que elimina los requisitos innecesarios que entraban en vigor cuando un proveedor “adjuntaba” un servicio antiguo, es decir, dejaba de ofrecerlo a nuevos clientes.
• Adopta una orden que elimina los costosos y excesivos requisitos de notificación en los casos en que no ofrecen un beneficio demostrable.

“Este conjunto inicial de medidas impulsa el proceso en la dirección correcta y crea los incentivos adecuados para que los proveedores inviertan y construyan nuevas redes de comunicaciones en todo el país. Nuestro objetivo es liberar miles de millones de dólares para nuevas redes que, de otro modo, se habrían desviado a líneas de cobre costosas y obsoletas”, agregó Carr.

La FCC aclaró, no obstante, que si bien fomentará el desmantelamiento del cobre, también mantendrá vigentes las normas de protección al consumidor, como la exigencia de interoperabilidad y la prevención de aumentos de precios, para garantizar que los consumidores que migraron a nuevas redes tengan acceso a servicios a precios similares o menores.

Fuente: Prensa CRC

La propuesta de simplificación normativa presentada es resultado del trabajo conjunto de las sesiones que conforman la Comisión, la Sesión de Comisión de Comunicaciones y la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, dando un enfoque integral al proyecto al involucrar la regulación de todos los sectores regulados por la CRC: telecomunicaciones, incluido televisión, contenidos audiovisuales y servicios postales.

Para el desarrollo de este proyecto, la CRC diseñó y dispuso diferentes espacios de socialización y participación que permitieron la construcción de la propuesta resultado del trabajo conjunto entre el regulador, los regulados y demás grupos de valor interesados.  

La propuesta regulatoria que se somete a discusión sectorial involucra, entre otras, las siguientes medidas:

Eliminación del bloqueo de Equipos Terminales Móviles por no homologación: Con lo que se disminuyen los costos operacionales y de implementación en los que incurren los Proveedores de Redes y Servicios Móviles (PRSTM) para el cumplimiento del régimen de restricción a la operación de Equipos Terminales Móviles (ETM) hurtados o alterados.

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Más simplificación regulatoria, revisión de las dinámicas del mercado móvil, la sostenibilidad de las inversiones en las redes y el contenido son los focos en los que trabaja con más énfasis la Comisión Reguladora de Comunicaciones de Colombia (CRC), según revelaron los comisionados Felipe Díaz y Sadi Contreras Fuset. Los ejecutivos coincidieron en la visión del mercado regional digital como solución a parte de los problemas que aquejan a América Latina en materia digital.

“Estamos discutiendo la agenda regulatoria con todo el ecosistema”, inició Díaz en diálogo con DPL News. Agregó que el regulador se encuentra “analizando las dinámicas de competencia del mercado móvil” y trabaja en una nueva etapa de simplificación para dejar fuera normas obsoletas. Otro punto clave es la ciberseguridad; mientras el país trabaja en una Agencia de Ciberseguridad, la CRC busca “fomentar la discusión y generar recomendación a partir de acuerdos” en ese segmento.

En tanto se avanza en cuestiones como sandboxes regulatorios ágiles y fácilmente trasladables a la realidad, y revisa cambios en la normativa vigente para ser más eficiente, el regulador también trabaja en “la disyuntiva que existe en la sostenibilidad de la inversión en las redes”, un punto que Díaz prefiere no llamar todavía Fair Share, porque “eso sería abordarlo desde la posible solución y no desde la problemática”. El ejecutivo añadió que “se encuentran haciendo contacto con todos los involucrados para abordar este tema con la responsabilidad que merece”.

Contreras Fuset consideró que “Colombia ha logrado, junto a otros reguladores como el IFT de México o la Anatel de Brasil, asumir un liderazgo y una madurez en materia regulatoria, pensando en el sector privado pero también protegiendo poblaciones vulnerables”. En este sentido, destacó el crecimiento en acceso y conectividad; no obstante, enfatizó que “construyendo infraestructura, un poco se nos olvidó que al final del día todas esas redes sirven para llevar un contenido”. La CRC trabaja, entonces, “no sólo en acompañar la conexión a la red, sino en cómo va a consumirse el contenido”.

Internet “globalizó los problemas y las virtudes”, por lo que para Contreras Fuset es fundamental que la región avance en conjunto en la búsqueda de soluciones. “La comunidad latinoamericana tiene una necesidad. La Unión Europea lo tiene, Estados Unidos y China también; solo faltan África y América Laina. Establecer un mercado común con peso en la toma de decisiones traerá beneficios a todos”, resaltó quien también hizo énfasis en la necesidad de “cambiar la cara” de los reguladores, que ya no deben ser vistos como inquisidores sino como escenario para debate de políticas favorables a la innovación.

Fuente: Prensa CRC

Sobre ampliar el término para la presentación de comentarios al documento de formulación del proyecto de “Simplificación Regulatoria 2024”, esta Comisión informa a todos los interesados que el plazo para ello ha sido ampliado hasta el 1 de octubre de 2024.

Los aportes y comentarios adicionales se atenderán a través de los siguientes canales:
 
– Correo electrónico: simplificacionregulatoria2024@crcom.gov.co
– Facebook: a través del grupo “Comisión de Regulación de Comunicaciones”
– Twitter: mencionando la cuenta @CRCCol

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Fuente: Prensa CRC

En este contexto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publica para conocimiento de los agentes interesados del sector, el Documento de Formulación del Proyecto “Simplificación Regulatoria 2024”. En este documento se expone el marco teórico, la justificación, los objetivos y la metodología del proyecto de simplificación. A dicho documento se anexan los listados de normas y temáticas que podrían ser susceptibles de simplificación que fueron identificados a través de la consulta pública que se llevó a cabo entre el 30 de mayo y el 22 de julio de 2024.

Se invita a los agentes interesados a presentar observaciones al documento publicado, entre el 28 de agosto y el 17 de septiembre de 2024, a través de los siguientes medios:

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El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil aprobó, en una reunión este jueves 7 de marzo, la apertura de una consulta pública por 45 días sobre la revocación de diversas resoluciones y regulaciones. La propuesta es del consejero Vicente Aquino y tiene como objetivo simplificar el entorno regulatorio, eliminando normas obsoletas e ineficientes.

“Desde 2017, la Anatel ha trabajado activamente en la revisión y revocación de regulaciones obsoletas. En 2019, se revocaron expresamente 170 resoluciones y, en 2023, la Agencia revocó 37 resoluciones y sustituyó 36 normas relacionadas con la asignación de bandas de frecuencia de audio”, argumentó Aquino en su informe.

El análisis del actual marco regulatorio de la Agencia reveló 144 resoluciones vigentes, que están siendo examinadas en un proceso llamado “guillotina regulatoria“. La Anatel busca identificar normas cuyos problemas ya no existen, aquellas ineficaces para resolver problemas aún presentes y reglas que pueden mejorarse para soluciones más eficaces.

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De esta manera, el área técnica propuso la revocación inmediata de 10 resoluciones, Siendo dos de ellas las resoluciones 549 de 2010 y 655 de 2015. La primera está relacionada con la remuneración por el uso de redes y perdió su eficacia después de la revocación de un dispositivo posterior.

La segunda trata del seguimiento de compromisos de adquisición de productos nacionales, los cuales ya fueron cumplidos, volviéndola obsoleta.

La preocupación central de la Anatel es evitar la imposición de barreras innecesarias, la creación de reservas de mercado y la imposición de especificaciones técnicas abusivas. El compromiso con la innovación y la reducción de los costos de transacción también orienta las acciones de la Agencia en este sentido.

La nueva Ley para el Fomento de un Perú Conectado impulsará las inversiones del sector de telecomunicaciones y la conectividad, al brindar al sector mayor certidumbre jurídica en un momento desafiante para el mercado por la presión en sus ingresos y al facilitar la expansión de infraestructura en las zonas rurales, destaca Carlos Huamán Tomecich, director Ejecutivo de DN Consultores.

Ayer, el gobierno peruano emitió esta ley que contempla una serie de medidas para promover el despliegue de infraestructura de banda ancha fija y móvil, sobre todo en las áreas rurales y de prioritario interés social. En entrevista con DPL News, el especialista explica las implicaciones de esta nueva ley.

1. Ventanilla digital única

En primer lugar, la ley ordena la creación de una ventanilla digital única para atender los trámites y solicitudes de instalación de infraestructura. Carlos Huamán señala que esta disposición es relevante debido a que acelerará la tramitología que se requiere para la expansión de las redes, en armonía con el entorno, el ambiente y la cultura.

2. Análisis y simplificación regulatoria

Además, la legislación hace obligatorio el análisis de impacto regulatorio ex-ante para la adopción de cualquier normativa relativa a la infraestructura; e instruye al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) a simplificar la regulación y eliminar las normativas ineficientes y obsoletas.

“Va a contribuir a que exista una discusión seria con los involucrados respecto a la pertinencia de cada medida, y así evitemos la normativa que termine siendo contraproducente”, aunado a que toda nueva regulación deberá evaluar primero si es sostenible para el mercado y congruente con los objetivos de reducción de la brecha digital.

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3. Sustituye obligación de telefonía pública por banda ancha

Otro punto destacado es que la ley señala que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá sustituir las obligaciones aún existentes de los operadores sobre prestar servicios de telefonía pública por la provisión de Internet de banda ancha.

Carlos Huamán detalla que hasta 2007 todavía la ley determinaba que los proyectos de telecomunicaciones en las zonas rurales obligaban a los operadores a prestar telefonía pública. Pero, a medida que se expandió el acceso a la telefonía móvil, este servicio quedó en desuso.

Hoy las licencias y concesiones de espectro ya no incluyen compromisos de cobertura de telefonía pública. Esta ley, considera el experto, acaba por eliminar dicha disposición que nació en los años 90 y que simplemente en la actualidad no tiene sentido.

4. Acota la velocidad mínima garantizada

La ley también contempla que la velocidad mínima garantizada de 70 por ciento (respecto al nivel contratado por los usuarios), establecida en una ley en la materia, se aplicará a los servicios de banda ancha soportados en tecnología de nueva generación.

Cuando surgió la ley de velocidad mínima, fue muy criticada por la industria debido a que resultaría muy complejo y casi imposible cumplir con ese parámetro en las zonas rurales dado que existen factores externos que están fuera del control de los operadores, como el suministro de energía eléctrica o las condiciones geográficas.

Además, se advertía que incluso esta normativa generaría impactos negativos en la conectividad, pues las empresas podrían subir los precios de los servicios o acotarían la cobertura a zonas donde fuera posible cumplir, abandonando aquellas que no resultarían viables.

Sin embargo, en opinión de Huamán, la Ley para el Fomento de un Perú conectado especifica que la aplicación de la velocidad mínima garantizada sólo se tendría que hacer en ciertos casos, especialmente con nuevas tecnologías como la fibra óptica, con la que es técnicamente posible brindar una mayor rapidez en el servicio de banda ancha.

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5. Extiende la vigencia de la aprobación automática

Por otro lado, la ley incluye una disposición complementaria para ampliar la vigencia de la Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. Recién el año pasado, el gobierno dio luz verde a la extensión de su vigencia por 10 años. Ahora esta normativa estará en vigor de forma indeterminada o casi de por vida mientras no se indique lo contrario.

Se trata de una regulación importante para el despliegue de infraestructura, ya que, entre varios aspectos, determina la aplicación de la aprobación automática: cuando no hay respuesta por parte de las autoridades para un trámite o solicitud de instalación por parte de las empresas, se entiende que hay una aprobación automática.

Dadas todas estas medidas, el director Ejecutivo de DN Consultores considera que la ley se trata de una regulación positiva que permitirá a los operadores y al gobierno avanzar en aumentar la cobertura y el acceso a la tecnología 4G y la fibra óptica en el ámbito rural.

Pero no sólo eso, sino que ayudará al ecosistema a prepararse para las tecnologías de última generación como 5G, pues las nuevas redes exigen un esfuerzo mayor en el despliegue de infraestructura e incentivos de inversión para llegar a más lugares del país.