Por qué Costa Rica Digital

La primera edición de Costa Rica Digital: el camino hacia la conectividad para el desarrollo económico y la digitalización fue un evento convocado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para reunir a los líderes en el sector de las telecomunicaciones, autoridades, reguladores y desarrolladores de tecnología que buscan explorar las oportunidades ilimitadas de las Redes de Nueva Generación, donde la conectividad, la innovación y la competitividad convergen, así como explorar las políticas públicas para detonar las oportunidades y desafíos de la transformación digital en Costa Rica.

Costa Rica Digital, realizado el 18 de junio de 2024 en San José, fue una plataforma de diálogo público privado e intercambio de experiencias donde la neutralidad tecnológica, la confianza digital y la colaboración se convirtieron en los temas catalizadores para invertir, innovar y crecer en el mundo digital, donde destaca el despliegue de redes neutras de hiperconectividad.

El evento ofreció una visión única de cómo estas tecnologías revolucionarias están transformando el panorama digital en Costa Rica. Desde la mejora de la conectividad hasta la creación de nuevas oportunidades de negocio, las redes están impulsando la economía digital donde ya han sido desplegadas.

La banda ancha está redefiniendo industrias enteras. Desde la salud y la educación hasta la industria manufacturera y el turismo. Estas redes de última generación están desbloqueando un potencial sin precedentes para la innovación y la eficiencia.

Costa Rica Digital conectó con los principales actores del sector, permitió intercambiar ideas y colaborar en la creación de un futuro digital inclusivo, sostenible y más inteligente para Costa Rica.

Conoce aquí los mensajes clave de Costa Rica Digital

Principios clave para la conectividad y la confianza digital

Costa Rica requiere políticas públicas y regulaciones colaborativas claras, certeras y basadas en los principios de neutralidad tecnológica y confianza digital que permitan el despliegue de redes de banda ancha neutras que impulsen el desarrollo tecnológico, industrial y económico del país y la adopción de estándares globales de ciberseguridad, coincidieron especialistas.

Durante el evento se mencionó que las redes de banda ancha pueden impulsar el desarrollo tecnológico, industrial y económico de Costa Rica bajo los principios de neutralidad tecnológica, confianza digital y colaboración en el despliegue de infraestructuras digitales, destacando los beneficios de este enfoque para un desarrollo equitativo y sostenible. Las políticas tecnológicas fomentan un entorno propicio para la innovación y el crecimiento económico.

Expertos discutieron la importancia de establecer marcos regulatorios sólidos para proteger el ecosistema digital. Para el despliegue de redes de hiperconectividad se requieren estándares globales de ciberseguridad, políticas públicas y marcos regulatorios colaborativos para proteger todas las industrias y los ciudadanos, que fortalezcan la seguridad cibernética en el entorno digital actual, promover la resiliencia cibernética y garantizar la protección de la infraestructura crítica.

A continuación presentamos los mensajes clave de quienes participaron en el evento. 

En el contexto del despliegue de infraestructura para nuevas tecnologías, como 5G, lo que está esperando el sector privado es algo que siempre ha caracterizado a Costa Rica, la seguridad jurídica, considera la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

“Uno de los principios que están consagrados en la ley es el tema de la neutralidad tecnológica”, declaró Andrés Oviedo, coordinador de la Comisión de Telecomunicaciones, Innovación y Digitalización de la UCCAEP, en entrevista con DPL News.

“Si yo o cualquier empresa, va a invertir en el desarrollo de quinta generación, que el día de mañana yo pueda hacer mi desarrollo sin ningún problema, teniendo claro qué voy a hacer, que nadie me va a limitar acceso a las tecnologías”, detalló.

5G: dos condiciones

“5G va a ser más intensivo en el despliegue de infraestructura”, prosiguió Oviedo, y explicó que el pliego de condiciones publicado en junio de 2023 por la Superintendencia de Telecomunicaciones establecía dos condiciones que podrían perjudicar el despliegue de las redes:

1. Los operadores de telecomunicaciones no podrían utilizar la infraestructura ya instalada.
2. Los operadores que participen por el espectro también van a tener obligaciones de cobertura y plazos para cumplirlas.

Respecto al primer punto, Oviedo advierte que tendrían que empezar a trabajar sobre nuevo; mientras que, en cuanto al segundo, dado que estipula que, para los adjudicatarios de la banda de 700 MHz, 40 por ciento tiene que estar listo en los primeros 12 meses y, los adjudicatarios de las bandas medias, 2.3 y 3.5 GHz, el 20 por ciento de sus sitios también tendría que desarrollarse en el primer año, debido a los obstáculos en los permisos locales, sería muy complicado cumplir con el plazo.

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“Eso, de cara a lo que quiere con el 5G, son condiciones que no favorecen el despliegue de la infraestructura”, sentencia. Para el ejecutivo, el factor crucial en este asunto es el tiempo, ya que en Costa Rica construir una torre de telecomunicaciones puede tardar 15 meses, por lo que no considera que “sea una necesidad de ley; la ley existe. Es un tema de que ejercitemos lo que establece la ley”.

Oviedo celebra que la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, haya manifestado que no tiene que ser una subasta con fines recaudatorios. “El precio del espectro debería ser bajo para que los operadores hagan infraestructura y en eso estamos totalmente de acuerdo”, declara.

Finalmente, advierte que en Costa Rica existe un operador estatal que no va a tener esas obligaciones: “Ellos sí podrían utilizar su propia infraestructura y no van a tener obligaciones de cobertura porque no van a participar del proceso. Entonces, esas son cosas que hay que considerar”, declara. 

Ciberseguridad

“El tema de la ciberseguridad, hoy, en el momento en que estamos, es crítico y fundamental”, tanto para las empresas como para los usuarios, explica Oviedo, quien resalta su importancia porque una filtración de datos puede quebrar o comprometer financieramente a las empresas.

“Es un tema sumamente delicado, adicional a que 5G va muy enfocado a los temas industriales: 5G no es más velocidad en el teléfono —y la vas a tener—; es Internet de las Cosas (IoT), Big Data. Entonces es muy importante el cuidado de la ciberseguridad”, detalla.

Casos industriales y nuevas habilidades

UCCAEP proyecta que los sectores turístico, agropecuario y médico son los que podrían verse más beneficiados con 5G, aunque advierte que para aprovechar todo el potencial el país tiene que invertir en educación.

“Costa Rica se ha caracterizado históricamente por un enfoque en el tema educativo, pero nosotros también tenemos que ir pensando en modificaciones a la currícula académica”, declara y menciona la analítica de datos y la ciberseguridad como las áreas en las que el país necesita reforzar la educación.

Recuento de las leyes para el despliegue de infraestructura

En materia de telecomunicaciones, Costa Rica tiene un vasto aparato legal y jurisprudencia, por lo que, para fomentar lo que se requiere es ejecutarlo. Desde la Ley General de Telecomunicaciones y el ordenamiento del 2008, cuando se dio la apertura del sector, ya se contemplaba el tema.

“Lo bueno de que Costa Rica haya ingresado tarde a la apertura de las telecomunicaciones es que nos permitió recoger las mejores experiencias, entonces ya desde ahí, desde 2008, se preveía que la infraestructura era un tema crítico”, explica Oviedo.

Como ejemplo, expone que, en el artículo 74 de la Ley de la Autoridad Reguladora del Servicio Público, se declara de interés general la infraestructura de telecomunicaciones. Sin embargo, recuerda que hacia 2011, con el nuevo concurso y el despliegue de las redes móviles por los operadores entrantes ‘se empezaron a ver inconvenientes con los gobiernos locales’.

En 2012, la Sala Constitucional emitió un criterio que estableció que las telecomunicaciones están por encima de la autonomía municipal, por lo que los gobiernos locales no pueden ir en contra del despliegue de infraestructura 

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“Ha indicado que es de interés nacional, que permite ejercitar otros derechos, que las autoridades tienen que resolver en tiempo. Es simplemente un tema que las personas que están a cargo de eso lo hagan”, asevera.

Y, más recientemente, en 2020 ó 2021, se planteó una Ley para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, que entró a regir en el 2023.

Finalmente, hace referencia a un ‘castigo’ para los funcionarios que no resuelvan a tiempo incluido en la ley: el silencio positivo, el cual establece que, si un operador presenta todos los requisitos para construir una torre o un poste y no hay respuesta de la autoridad en 30 días, se da por entendido que fue autorizado, por lo que sólo debe presentarse una declaración jurada y puede empezar a construir.

“Siempre hemos estado dispuestos a compartir experiencias, a decir hacia dónde va el mercado para poder tomar decisiones en materia política y definir políticas públicas que ayuden a maximizar los beneficios que tiene Costa Rica como país”, declara y enfatiza que estos no son temas de una cámara o de un sector específico: “El sector telco —o el sector TIC— es un sector que es transversal a todas las industrias, entonces todos tenemos que estar involucrados en estas discusiones”, declara.

“Es un tema de voluntades y a mí me llama poderosamente la atención porque mucha gente dice: ‘Nosotros queremos que las telecomunicaciones vengan aquí, a las zonas más alejadas’ Sí, perfecto, los operadores de telecomunicaciones también tienen esas ganas, pero entonces faciliten”, concluye.

Una serie de factores han ralentizado el lanzamiento de la subasta 5G de Costa Rica, que se ha estado delineando desde 2021, pero el entusiasmo por el despliegue de esta tecnología mantiene a los operadores móviles expectantes. Ese es el caso de Liberty Costa Rica.

“Tenemos el entusiasmo, tenemos las ganas, tenemos las inversiones. Y lo que ocupamos es tener seguridad jurídica, tener previsibilidad de los eventos que están planeando las autoridades para poder atenderlos en tiempo y forma”, aseguró José Gutiérrez, director Legal y de Regulación de Liberty Costa Rica.

En el marco del evento Costa Rica Digital, Gutiérrez reafirmó el interés de la empresa de telecomunicaciones en participar en la licitación de espectro. Sin embargo, advirtió, se requieren condiciones claras y adecuadas para tener éxito en el desarrollo de 5G.

“Hay una disparidad enorme de espectro, hay mucho concentrado en manos del Grupo ICE: es un espectro que ha estado ocioso durante años. La Sutel ha emitido más de 20 informes técnicos, en los que ha señalado una y otra vez que el espectro está ocioso o no se está utilizando correctamente”, dijo el ejecutivo a DPL News.

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En su plan de desarrollo del sector de telecomunicaciones, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) preveía años atrás que la subasta 5G se llevaría a cabo entre 2022 y 2023. Pero eso no sucedió.

Las bandas identificadas como prioritarias para el despliegue de la tecnología de quinta generación son, principalmente, la de 3.5 y 2.6 GHz. Sin embargo, la empresa estatal ICE (que opera la marca Kölbi) mantenía frecuencias en dichos rangos del espectro de manera ociosa. Es decir, el recurso no se aprovechaba.

Por lo tanto, el gobierno comenzó una tarea de recuperación del espectro para 5G, que implicaba que el ICE devolviera el espectro de mutuo acuerdo con el Micitt. Y aunque el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ordenó la devolución, el proceso se judicializó respecto a la banda de 2.6 GHz y no se ha logrado completar al 100 por ciento.

José Gutiérrez lamentó que la recuperación de la banda de 2.6 GHz se vio frustrada porque el ICE decidió llevar el tema a los tribunales. “El espectro de 2.6 GHz es una banda que, por sus características y sus bondades, cada vez toma más relevancia”, pero no estará en la subasta 5G.

En ese contexto, el director legal de Liberty Costa Rica destacó la importancia de “disminuir esas asimetrías en el espectro”, dado que generan incertidumbre en el sector de telecomunicaciones.

“A Costa Rica le ha tomado bastante tiempo poder caminar en la subasta. Yo haría un llamado a las autoridades en tres términos, en tres elementos: uno, tener una hoja de ruta clara que contemple todos los hitos, tanto presentes como a futuro, para poner a disposición el espectro que la industria y que los usuarios necesitan”.

“Dos, conducir una subasta sin fines recaudatorios, con una vocación que maximice el beneficio de la tecnología en términos socioeconómicos. Y tres, también que se pueda nivelar la cancha (…); plantear una asignación de espectro simétrica en nuestro país para beneficio de los usuarios finales”, expuso.

Certeza sobre la cadena de suministro 5G

Otro de los ámbitos en los que Liberty Costa Rica pide certeza jurídica es en la normativa sobre ciberseguridad que delineará el despliegue de las redes 5G en el país.

En septiembre de 2023, el gobierno emitió un reglamento de ciberseguridad que prohíbe la instalación de equipos elaborados por empresas que no están adheridas al Convenio de Budapest, al considerar que representan un “riesgo alto” para la ciberseguridad cibernética del país.

Sólo 66 países del mundo han ratificado dicho acuerdo, que además no aborda estándares de ciberseguridad, sino que sólo recomienda una tipificación legal de lo que se puede considerar un cibercrimen.

Varios países, incluyendo a China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y México no han firmado el Convenio de Budapest. Y, en general, este no tiene un carácter vinculante para el sector.

La Sutel, organizaciones sectoriales, asociaciones internacionales, legisladores y empresas han advertido que el reglamento no tiene una justificación técnica, y piden que se reconsidere su aplicación. En febrero, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica suspendió temporalmente la normativa, pero el tema aún está en una batalla judicial.

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José Gutiérrez señaló que dicho reglamento de ciberseguridad ha generado incertidumbre sobre los alcances que pueda tener en el despliegue de la tecnología de 5G.

“Es un tema ciertamente que merece atención por parte de las autoridades, que merece revisión, toda vez que se restringe la cadena de abastecimiento, la cadena de suministro, hay efectos que se deben considerar”, comentó.

Resolver estos desafíos podría destrabar el proceso de subasta 5G en el corto plazo, y brindar la certidumbre jurídica que el mercado aclama para planear las inversiones que requerirá montar la nueva tecnología y una serie de nuevos servicios de valor agregado.

Además, destacó José Gutiérrez, permitirá impulsar la implementación de banda ancha móvil, que es clave para el desarrollo y futuro de Costa Rica.

“La banda ancha, tanto móvil como fija ―puntualizó―, está íntimamente relacionada con la generación de nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo del capital humano.

“En tanto las autoridades puedan equilibrar esos elementos, nosotros como operadores vamos a estar en la mejor disposición de realizar las inversiones y hacer el acompañamiento necesario para potenciar el desarrollo de la tecnología y el desarrollo económico del país”, concluyó.

Históricamente, Costa Rica se ha caracterizado por ser un país en donde la neutralidad impera por encima de los juicios geopolíticos y por su espíritu imparcial ante la turbulencia internacional: muestra de ello es que no tiene ejército desde 1948, aseguró Johana Obando, diputada en la Asamblea Legislativa.

Ahora, con la acelerada evolución tecnológica y los cambios que desencadenan, ese rasgo de neutralidad es clave para potenciar el desarrollo social y económico en el país, aseveró la legisladora por el Partido Liberal Progresista.

En el marco del evento Costa Rica Digital, Obando habló sobre la importancia de que las políticas de ciberseguridad sean agnósticas con el objetivo de propiciar un entorno competitivo para el despliegue de tecnologías de vanguardia.

“Las políticas deben ser agnósticas (…). En lugar de especificar o privilegiar ciertas tecnologías, las normativas deben establecer criterios basados en los resultados y objetivos de seguridad, tales como la integridad y confidencialidad de la información”.

“Y las otras suposiciones que responden a aspectos geopolíticos y no técnicos deberían estar fuera de la discusión cuando se habla de tecnología. Como país, hemos abrazado abiertamente los principios de la democracia, de la libre competencia, del libre mercado y, sobre todo, de la neutralidad”, advirtió.

Para la diputada, la neutralidad tecnológica es una condición necesaria para impulsar el desarrollo digital del país en un contexto global de hiperconectividad y alcanzar las metas de desarrollo económico y prosperidad social que se ha trazado el sector público.

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Actualmente, el mundo atraviesa por un revolución digital sin precedentes, enfatizó Obando, y Costa Rica debe plantearse hacia dónde se dirige y qué beneficios quiere obtener de la ola de innovación generada por tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial o el metaverso.

Pero el país se está quedando atrás, en parte debido a alejarse de la neutralidad tecnológica, afirmó la diputada.

El retraso actual en el despliegue de la tecnología 5G que registra el país se debe a razones no técnicas sino geopolíticas, destacó Johana Obando.

Costa Rica aún no despega en 5G, mientras que en otras naciones, como Japón, incluso ya se están planteando 6G. Esa tardanza, expone, afecta directamente el desarrollo económico y social.

Las declaraciones de la diputada se dan en un contexto en el que el gobierno emitió recientemente un reglamento de ciberseguridad que prohíbe la participación de ciertos actores en el despliegue de las redes 5G. Actualmente, el tema ha escalado a los tribunales.

Johana Obando expuso que la Asamblea Legislativa está abordando el tema de la ciberseguridad y otros proyectos relacionados con la protección de datos, la gobernanza de las tecnologías digitales y los mercados digitales, con el objetivo de contar con leyes que promuevan la competitividad del país.

“Necesitamos crear marcos legislativos robustos que respondan a la necesidad de la ciudadanía y no a la necesidad de los legisladores o de las personas que están en el escritorio”.

“[Queremos] una Costa Rica abierta a los mercados, una Costa Rica abierta a las tecnologías de punta. Tenemos que involucrar la transparencia como medida fundamental, la interoperabilidad, la adopción de estándares abiertos, y la inversión en educación y capacitación constante”.

Sólo así se podrá garantizar el desarrollo social y económico del país, y, al mismo tiempo, el cierre de brechas y una mayor accesibilidad de la tecnología en la educación para todas las personas”, señaló la legisladora.

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Capital humano y financiero para la ciberseguridad

En el debate sobre la ciberseguridad, el capital humano, la infraestructura y el capital financiero son otros elementos importantes que se tendrían que considerar, apuntó José Pablo Sibaja Jiménez, secretario de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.

Durante su participación en el evento, el legislador destacó que en el gobierno y empresas se debe promover la formación de personas con habilidades para enfrentar las vulnerabilidades cibernéticas y detectar situaciones de riesgo, como los correos fraudulentos para el robo de información.

En el ámbito financiero, lo que hoy el sector público destina a fortalecer su ciberseguridad y atender sus brechas internas es insuficiente, consideró Sibaja Jiménez.

“Lo que se le asigna al tema de la ciberseguridad en comparación con otros rubros es verdaderamente vergonzoso (…) Estamos en pañales en entender esa importancia de invertir esos recursos tan urgentes y tan necesarios en la prevención” de riesgos, agregó.

Buena parte de los riesgos de ciberseguridad se deben a errores humanos, a acciones o inacciones de empleados que pueden originar la exposición de datos o brechas de seguridad.

En ese sentido, el diputado señaló que se necesita una capacitación en materia de ciberseguridad, sobre todo para funcionarios del sector público, y que se fijen sanciones y responsabilidades a entidades que no resuelvan brechas de seguridad cibernética.

San José, Costa Rica.- “El tema de 5G es fundamental. Costa Rica tiene una oportunidad de oro, que es, en la próxima subasta que se va a realizar, poder nivelar la cancha”, declaró José Gutiérrez, secretario de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).

En su participación en el evento Costa Rica Digital, Gutiérrez recomendó que la subasta 5G tenga 3 características:

1. Una hoja de ruta que abarque espectro, infraestructura y pruebas a partir del diálogo público-privado y con los generadores de contenido.
2. Que sea sin fines recaudatorios.
3. Que ponga a disposición de la industria la cantidad suficiente de espectro.

Gutiérrez, a su vez director senior de Legal y Regulatorio de Liberty Costa Rica, detalló que en el país existen retos a nivel de asimetría en las diferentes regulaciones con los gobiernos locales, así como de interoperabilidad de las redes y armonización regulatoria. Asimismo, abogó por la compartición de infraestructura fija y móvil, no sólo pasiva, como postes y ductos, sino también de las redes de telecomunicaciones.

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“La infraestructura es fundamental porque es la columna vertebral de las redes de telecomunicaciones y el avance digital de Costa Rica”, enfatizó, y enumeró tres recomendaciones para la política digital del país:

1. Formular políticas de espectro a largo plazo.
2. Facilitar el despliegue de infraestructura.
3. Modernizar los marcos de política y regulación a partir de análisis con criterios de eficiencia, innovación y generación de nuevas oportunidades de negocio.

Respecto a la competitividad digital, de cara a la próxima asignación de espectro radioeléctrico para la red 5G, hay “voluntad de inversión, voluntad de participar en un concurso de espectro, pero una vez que este espectro esté en manos de los operadores, se requieren todas las facilidades para que esa inversión fluya”, señaló Maryleana Méndez, secretaria ejecutiva de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), en un panel previo.

Acelerar la preparación digital

El presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas Costa Rica (AZOFRAS), Carlos Wong, indicó que el país necesita acelerar su preparación en materia digital, ya que esto impulsará la productividad y la eficiencia operativa, ahora que la toma de decisiones está cada vez más basada en datos.

Wong detalló que en el país persisten retos de seguridad cibernética, integración de sistemas —viejos y modernos—, apoyo a la pequeña y mediana industria, interoperabilidad, neutralidad y fiabilidad de la red.

Por ello, exhortó a seguir trabajando en los entornos de la infraestructura, el desarrollo de aplicaciones y la ciberseguridad. Y enfatizó que la regulación debe garantizar una ‘cancha limpia, neutral, que permita seguir creciendo’.

Por su parte, Adolfo Cruz, presidente de la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), compartió que quisiera ver a Costa Rica como un desarrollador y no un consumidor de tecnología, aunque advirtió que para ello se necesita la alfabetización digital.

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Wong secundó la importancia de trabajar en la base fundamental, que es la gente, y capacitarla en aspectos lingüísticos y digitales. Además del fortalecimiento del capital humano, hizo un llamado a evaluar la velocidad del desarrollo digital del país y mantener la infraestructura —tanto de telecomunicaciones como de energía— competitiva.

Cruz resaltó el potencial de todas las tecnologías, y reconoció que, si bien el país todavía no tiene 5G, ha estado preparándose para lo que viene: “Estamos construyendo una autopista”,expuso, aunque aclaró que lo más importante serán los vehículos que correrán sobre ella: la salud, la educación, la manufactura y los servicios, todos los cuales se verán potenciados por la Inteligencia Artificial.

Finalmente, ambos ponentes coincidieron en la necesidad articular un esfuerzo nacional para aprovechar el auge tecnológico, ya que el país tiene todas las condiciones para lograrlo. “Necesitamos montarnos en el avión de 5G desde hace rato”, concluyó Wong.

San José, Costa Rica.- De cara a 5G, Costa Rica requiere respetar el ordenamiento jurídico y garantizar la seguridad a la inversión, ya que, si sube el riesgo, sube el costo de instalación de una red que necesita 10 veces más antenas, además de fibra óptica, advirtió Maryleana Méndez, secretaria ejecutiva de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).

“Es clave que la seguridad jurídica y los principios de la ley se respeten”, puntualizó Méndez, quien citó la neutralidad tecnológica y el fomento a la competencia, y recordó que, desde la apertura del mercado, el país se ha caracterizado por dar seguridad jurídica a la inversión de telecomunicaciones.

“Sin inversión no hay infraestructura y sin infraestructura no hay digitalización”, enfatizó Méndez durante su participación en el panel Políticas tecnológicas, beneficios de las redes y la conectividad para la transformación digital de Costa Rica Digital, cuya organización celebró, ya que 5G será clave para la automatización y la digitalización de las industrias.

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En su turno, Andrés Oviedo, coordinador de la Comisión de Telecomunicaciones, Innovación y Digitalización de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), dijo que algunos de los mayores retos en 5G son la nivelación –ya que el operador estatal ICE posee más espectro para servicios móviles (IMT), además de ser dueño del 60 por ciento de la red de postería del país–, así como la capacitación, para averiguar qué inversiones van a traer al país.

Maryleana Méndez también se refirió a los retos de hacer instalaciones en predios públicos, asignar espectro de forma asequible y los reglamentos de las municipalidades. 

Regulación y voluntades

Oviedo enfatizó que lo que Costa Rica ha hecho bien es la promulgación de una buena regulación, ya que la Ley General de Telecomunicaciones no ha tenido reformas sustanciales, aunque advirtió que el despliegue de infraestructura no es un tema de regulación, sino de voluntades.

Maryleana Méndez señaló que el Fondo de Servicio Universal de Costa Rica se ha utilizado plenamente para el desarrollo de infraestructura y reconoció los controles ex ante y de abogacía de la competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). 

Mientras que la presidenta del Consejo de la Sutel, Cinthya Arias Leitón, enfatizó que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) ha desplegado 12 por ciento de la cobertura, 2 mil kilómetros de fibra óptica y hoy tiene presencia en 128 distritos.

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Arias Leitón expuso que Sutel es un regulador independiente y técnico, lo cual ha sido fundamental para resguardar su papel como una autoridad reguladora y sectorial de competencia. Y agregó que esto les ha permitido tener prospectiva.

Oviedo también mencionó la emisión de un reglamento de acceso a infraestructura compartida y reconoció la disposición de los gobiernos locales de colaborar. Y, como ejemplo de la voluntad, citó la iniciativa ‘Conectamos la esperanza’ de la UCCAEP, gracias a la cual el despliegue de una torre se redujo de 15 meses a 2 semanas.

San José, Costa Rica.- Para promover el desarrollo local de infraestructura, capital humano e inversión, Costa Rica y América Latina necesitan contar con conectividad confiable que posibilite conectar a personas y empresas.

Esta conectividad confiable debe evaluarse con base en estándares internacionales y no sólo tomando en cuenta el país de origen de las empresas o el lugar donde estas desarrollan tecnología, explicó David Hoffman, profesor de Práctica de Políticas de Ciberseguridad en la Escuela de Políticas Públicas de Sanford de la Universidad de Duke.

Durante el evento Costa Rica Digital, que se llevó a cabo este martes en la ciudad de San José, el experto afirmó que se necesitan “criterios objetivos sobre si la tecnología ha sido diseñada para servir al propósito teleológico de mejorar las vidas de personas individuales”.

“Los gobiernos pueden entonces exigir seguridad por diseño, privacidad por diseño y florecimiento humano por diseño, a través del cumplimiento de estos estándares internacionales”, agregó.

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Por su parte ―continuó―, seguir estándares internacionales para medir la confiabilidad de la tecnología también permite a las empresas saber que pueden invertir en tecnologías digitales que abonen al “florecimiento humano”.

Hoffman puntualizó que los estándares globales de confiabilidad abarcan la teología, es decir, que exista un propósito claro para el uso de una determinada tecnología y genere un impacto positivo; la transparencia respecto al uso y protección de los datos; así como el comercio de servicios digitales de manera interoperable.

“En la década de 1960 iniciamos el camino de una red de redes basadas en estándares internacionales abiertos que permitieran la interconexión y el desarrollo local de un stock de hardware, software y servicios que puedan combinar las mejores tecnologías sin importar de dónde vengan”.

“Hemos obtenido enormes beneficios de este enfoque, incluido el crecimiento económico y los ecosistemas locales que desarrollan pequeñas empresas, especialmente en el área de software y servicios”, señaló el especialista.

David Hoffman consideró, además, que en el futuro próximo los estándares globales deben seguir guiando el desarrollo del ecosistema digital.

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Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, puntualizó, la confiabilidad significa ejecutar procesos responsables en el desarrollo y operación de tecnología “para garantizar que podamos continuar confiando en una red global de tecnología internacional e interoperable”.

Costa Rica y América Latina se encuentran ante oportunidades importantes en el ámbito digital, como el despliegue de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o la evolución de las cadenas de suministro, dijo el profesor de la Universidad de Duke.

En ese sentido, David Hoffman destacó la importancia de crear un enfoque regional para la coinversión; para impulsar el capital humano, de infraestructura y de riesgo; al igual que para aumentar la confiabilidad de sus implementaciones de tecnología.

San José, Costa Rica.- La conectividad y la digitalización son esenciales para la competitividad de la economía costarricense y el sector empresarial está listo para dar el salto a lo digital, aseguró Maritza Hernández, presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

Sin embargo, para dar ese salto el sector empresarial necesita políticas claras y condiciones adecuadas para impulsar la competitividad del país de la mano de las tecnologías como 5G, destacó Hernández en el marco del evento Costa Rica Digital, que se lleva a cabo en la ciudad de San José.

“Costa Rica ―agregó― necesita darle condiciones a las empresas para que sean competitivas en el mundo”: una de ellas es la conectividad, que es esencial para alcanzar un mayor desarrollo económico.

La presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), Cynthia Arias, coincidió con Maritza Hernández en que “la digitalización abre un abanico de posibilidades de crecimiento económico”.

Por ello, dijo que las empresas necesitan estar conectadas para competir en el mercado internacional, ser más eficientes, llegar a nuevos nichos y clientes, y brindar servicios de mayor calidad a los usuarios.

Arias resaltó que la base de la digitalización es la infraestructura, como las redes móviles, la fibra óptica para la banda ancha fija, la Inteligencia Artificial.

“Sutel está comprometida con el desarrollo y la mejora continua de esta infraestructura para garantizar a todos los ciudadanos que tengan acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, confiables y asequibles”, comentó.

Más allá del ámbito económico, la presidenta de la Sutel destacó que también la digitalización puede ayudar al país a superar algunos de nuestros desafíos más apremiantes: por ejemplo, la mejora de la educación, el acceso a la salud, así como la prevención y gestión de la atención de desastres naturales.

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En opinión de Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, “Costa Rica tiene un elemento que es absolutamente excepcional y distinto a cualquier historia de éxito en materia de conectividad en la región. Su historia digital de éxito es muy reciente (…). Estamos hablando ya de 15 años”.

Para que esa historia de éxito se prolongue, Negrete resaltó la relevancia de la neutralidad tecnológica en las políticas públicas, ya que esto permitirá generar procesos de competencia más efectiva en la prestación de servicios de conectividad y mayores beneficios para la ciudadanía.