Las plataformas digitales contribuyen a la formalización fiscal de sus colaboradores, ya que buscan cumplir con la ley y utilizan tecnología que facilita la trazabilidad de las operaciones, coincidieron expertos e industria durante el Conversatorio Jurídico-Fiscal: Mejores Reglas para la Economía Digital.

Alehira Orozco, directora de Relaciones con Gobierno de Mercado Libre, consideró que se deben de eliminar algunos mitos en relación a la operación de plataformas digitales, que a veces llegan a considerarse como facilitadores de la evasión fiscal, cuando sucede lo contrario, y son estas las que ayudan a que prestadores de servicios se sumen a la economía formal.

Destacó que desde Mercado Libre “se propicia la inclusión financiera, porque gracias a ella y los servicios financieros digitales que ofrecemos, podemos incluir a aquellas personas que han estado fuera de las oportunidades económicas y sociales y de bancarización”.

Para cumplir con este objetivo, la directiva señaló que la tecnología es una herramienta que permite la formalización, ya que se cuenta con la trazabilidad de las operaciones, al tiempo que da confiabilidad y seguridad. Además, aunque las personas suelen ser temerosas de formalizar sus operaciones por el pago de impuestos, indicó que incluso les puede traer beneficios como el aumento de sus ventas mediante la adopción de terminales punto de venta, por ejemplo.

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Al respecto, Luis Arturo Castañeda, experto en el Régimen Fiscal para Plataformas Digitales y Abogado en DLG, mencionó que el gobierno debe cambiar su visión respecto a las plataformas digitales. Por un lado, debe entender la mecánica de los planes de negocios y el cómo operan, para establecer un marco regulatorio que sea sencillo, eficiente y neutral respecto a temas digitales. En segundo lugar, se debe entender que las plataformas digitales son un coadyuvante para la formalización, ya que en la economía colaborativa se dan facilidades para reportar los ingresos al fisco.

Antonio Fáundez, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, coincidió en que las plataformas digitales tienden a generar la formalización de contribuyentes, dado que facilitan el pago de impuestos mediante tecnología y educación.

Sin embargo, los expertos también alertaron que aún existen otras plataformas que se aprovechan de las “áreas grises” de la ley. Por ejemplo, plataformas que dicen no hacer labores de intermediación –que deberían ser gravables–, sino que ofrecen servicios de publicidad, que no está considerado en la ley.

En ese sentido, esto provoca que haya usuarios o colaboradores que en lugar de elegir una plataforma que cumple con la ley, elija otras que son menos exigentes, generando un tipo de informalidad digital, lo que al mismo tiempo daña la sana competencia, advirtió Castañeda.

Los panelistas coincidieron en que se deben buscar sinergias entre gobierno e industrias para establecer ciertos parámetros que permitan evitar la informalidad, sin que se dañen los modelos de innovación.

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Por otro lado, Fáundez destacó que las administraciones públicas han adoptado nuevas herramientas tecnológicas para facilitar el pago, pero consideró que esta debe garantizar que también se preserva el derecho de los contribuyentes a la privacidad.

Al respecto, se refirió a la adopción de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que podría ayudar a detectar patrones o anomalías para hacer más eficiente la recaudación de impuestos. Sin embargo, también alertó que los algoritmos detrás de esta IA pueden crear el riesgo de “categorizar” a los contribuyentes, y en consecuencia, vulnerar algunos de sus derechos.

Por ejemplo, algún contribuyente que por su actividad constantemente sea erróneamente señalado con alguna falta en los sistemas de la administración tributaria. Los panelistas consideraron que se deben implementar mecanismos de transparencia que permitan al contribuyente aclarar su situación y conocer el por qué el algoritmo lo considera en riesgo.

Castañeda indicó que el uso de IA debe garantizar los derechos humanos de los contribuyentes a la privacidad, la seguridad jurídica, al secreto fiscal, y que garantice al contribuyente conocer qué información se obtiene de sus operaciones y cómo se usa.

La tecnología ha dinamizado la aparición de nuevos servicios, productos y plataformas digitales que generan beneficios para las personas, como el acceso a oportunidades económicas, educativas y de consumo, propias de la economía digital, que antes no tenían.

Sin embargo, a la par de que la economía digital se expande y evoluciona, también se presentan desafíos y malas prácticas que ponen en riesgo sus beneficios sociales y la protección de los derechos de los usuarios.

Durante un conversatorio sobre “Mejores reglas para la economía digital”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialistas del sector advirtieron que la presencia de malos actores ponen en peligro el impacto social que ha demostrado tener el sector digital, refiriéndose a plataformas como inDrive u Only Fans.

Por ejemplo, en el ámbito financiero han surgido diversas plataformas que facilitan el acceso a servicios financieros entre personas que no estaban bancarizadas: tarjetas de débito y crédito, préstamos, financiamiento y servicios de inversión, entre otros.

La tecnología, en ese sentido, ha democratizado el acceso a muchos servicios, destacó Liliana Herrera, directora de Asuntos Públicos de Tala, una Fintech que proporciona préstamos personales.

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El 52 por ciento de los clientes de Tala en México ―detalló―son mujeres, y 70 por ciento de las usuarias se dedican al comercio de diferentes productos a través de Internet. En su mayoría, estas mujeres utilizan sus préstamos para sus negocios.

Herrera resaltó que esto pone de manifiesto el potencial de las tecnologías para causar un impacto social en las comunidades.

Pero aún hay mucho por hacer, puntualizó la ejecutiva. En la actualidad, existen unas 4 mil millones de personas que todavía no tienen acceso a servicios financieros, equivalente al 2 por ciento de la población mundial, lo que significa un reto por delante.

Además, pese a sus posibles beneficios, en la economía digital también existen riesgos como la presencia de “malos actores”; es decir, empresas que incurren en malas prácticas, como el no cumplimiento de la regulación, que podrían desencadenar daños a los usuarios.

Liliana Herrera explicó que, por ejemplo, buena parte de las personas que usan las tecnologías financieras no tiene una experiencia previa con los servicios financieros. Y si no hay una adecuada gestión por parte de algunas plataformas, se generan daños.

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Otro ámbito en donde existen malos actores es en el comercio electrónico. Domingo Ruíz López, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, expuso que algunas plataformas mienten acerca de los productos que comercializan.

Particularmente, ingresan productos al mercado sin pagar los impuestos correspondientes a la exportación, una práctica de evasión fiscal que no sólo daña el desarrollo del mercado sino también la protección de los derechos de los consumidores.

Domingo Ruiz señaló que la regulación de la economía digital, para abordar estos riesgos, debe basarse en principios del Derecho, enfocándose en la protección y derechos de los consumidores.

“Aunque debemos soltar la necesidad de regular todo, también necesitamos reglas claras que las empresas sepan y cumplan, y que desincentiven a los malos actores”, afirmó Liliana Herrera.

León Felipe Sánchez Ambia, abogado experto en Derecho de Internet, añadió que esto no significa satanizar la innovación en el entorno digital o criminalizar ciertos modelos de negocio, sino lograr un equilibrio con reglas claras que también den cierto espacio a la autorregulación.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México implementará Inteligencia Artificial (IA) para diversos procesos de fiscalización, entre ellos, evitar la evasión de impuestos, reveló la institución.

De acuerdo con el propio SAT, se trata de su Plan Maestro 2024, en el que destaca la aplicación de Inteligencia Artificial para mejorar los procesos de fiscalización, así como el fortalecimiento de la atención al contribuyente.

Incluso, la IA ayudará al SAT en temas como el contrabando o empresas fachada.

Este tipo de análisis los realizará con herramientas como modelos de analítica de grafos y Machine Learning, con los cuales se va a clasificar a los contribuyentes de riesgo, identificar redes complejas de elusión y evasión fiscal, así como detectar inconsistencias en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) asociadas con el contrabando y empresas fachada.

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“Esta tecnología se enfocará en sectores como automotriz, bebidas alcohólicas y cigarros, construcción, farmacéutico, hidrocarburos, logística, plataformas tecnológicas, servicios inmobiliarios, seguros y servicios financieros, y transporte.

“De igual forma, se va a fortalecer la fiscalización a esquemas de fideicomisos y empresas de intermediación crediticia, revisión a plataformas tecnológicas, de comercio y cobros electrónicos, así como de operaciones de comercio exterior y operativos de combate al contrabando y seguimiento al cumplimiento de obligaciones de controles volumétricos”, aseveró el SAT.

La institución agregó que el Plan Maestro 2024 también establece mejoras para una atención más eficiente en los más de 35 trámites que se realizan de manera presencial, por lo que las solicitudes de citas se atenderán dentro de los primeros 10 días hábiles.

A través del Plan Maestro 2024 y el uso de la IA, el SAT tiene como objetivo mantener o mejorar la recaudación que en 2023 fue de 4 billones 517 mil 730 millones de pesos.

El gigante del comercio electrónico, Amazon, se acaba de librar de tener que pagar a las autoridades de Luxemburgo hasta 250 millones de euros que supuestamente debía en impuestos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aprobó este miércoles 12 de mayo las ventajas fiscales que Luxemburgo le otorgó a Amazon y concluyó que no se demostró una reducción indebida de la carga fiscal de la filial europea de la compañía de Jeff Bezos.

En 2017, la Comisión Europea ordenó a Luxemburgo que recuperara los millones que había concedido a la compañía en ventajas fiscales ilegales. Según la Comisión, el acuerdo “permitió a Amazon pagar sustancialmente menos impuestos que otras empresas”.

En su sentencia, la Justicia europea consideró inexistente la ventaja selectiva que interpretó la Comisión Europea en su decisión en contra del acuerdo diseñado por Luxemburgo para Amazon.

La casa matriz de Google, Alphabet, anunció que ya no usará la laguna fiscal conocida como “Double Irish With A Dutch Sandwich” (llamado también “doble irlandés”), técnica que permitió al gigante tecnológico retrasar el pago de impuestos estadounidenses sobre las ganancias internacionales durante años.

Un portavoz de Google confirmó que la compañía eliminaría la estructura de licencias de propiedad intelectual, mediante la cual las ganancias internacionales se canalizan a través de Irlanda y hacia los paraísos fiscales del Caribe, fuera del alcance de las autoridades fiscales estadounidenses. Esta práctica empleada por Google durante años permitió reducir sus facturas de impuestos en cientos de miles de millones de dólares.

El cambio simplificará los arreglos fiscales de Google en línea con los esfuerzos de la OCDE para limitar la evasión fiscal internacional, luego de los cambios en las legislaciones de Estados Unidos e Irlanda (Estados Unidos realizó una reforma impositiva donde redujo las tasas y le dio tiempo hasta 2020 a las empresas para dejar el régimen de evasión en Irlanda).

De acuerdo con una noticia de The Guardian, se estima que, para fines de 2017, algunas de las compañías más rentables de Estados Unidos, incluida Apple (la más grande por capitalización de mercado), habían secuestrado más de 1 billón de dólares en el extranjero utilizando el “doble irlandés” para estacionar miles de millones en “compañías fantasmas”.

Durante más de una década, las leyes fiscales holandesas, irlandesas y estadounidenses permitieron a Google disfrutar de una tasa impositiva efectiva de un solo dígito sobre las ganancias no estadounidenses, estimada en alrededor de una cuarta parte de la tasa impositiva promedio en los mercados extranjeros.

La tecnología como precursor de la defensa y libertad de los usuarios en línea podría también ser tomada como rehén o aliada en casos de lavado de dinero y otros cientos de delitos. Sin embargo, las brechas de seguridad y violación de derechos humanos y civiles básicos han logrado voltear la mirada del ojo público a nivel mundial en busca del primer gobierno que no rebase la delgada línea entre cuidar de su nación, o bien, violar su privacidad.

Recientemente, Francia dijo que seguirá adelante con su postura planteada acerca del rastreo de redes sociales con el fin de detectar la evasión de impuestos, de acuerdo con un dictamen publicado por el tribunal constitucional el 27 de diciembre.

No obstante, la rigurosa estrategia del gobierno francés incluye algunas limitaciones sobre la información recopilada debido a una protesta por la privacidad.

La delgada línea de la privacidad

De acuerdo con el consejo constitucional, se censuraron parcialmente por un periodo de tres años a las administraciones tributarias y aduaneras, la recopilación de datos personales de acceso público de ciertos operadores web de manera automatizada con el fin de encontrar infracciones; no obstante, en caso de existir anomalías importantes, las mismas instituciones tendrán las herramientas, conforme a marco jurídico, para la búsqueda de fraude y evasión fiscal en redes sociales, básicamente en busca de pruebas de ingresos no declarados o incoherencias.

Asimismo, el documento detalla que, en caso de existir pruebas suficientes, las autoridades tributarias podrán acceder a dispositivos personales para fines de la investigación, legislación que pone en riesgo la privacidad de datos.

Pese a que el mismo tribunal constitucional dijo que la privacidad y libertad de expresión podrían verse comprometidos, dio luz verde a la legislación.

Por su parte, el Ministro de Acción Pública y Cuentas, Gerald Darmanin, escribió en su cuenta de Twitter: “El #Budget2020 prevé el uso de datos públicos de las redes sociales para orientar mejor los controles fiscales y aduaneros. El Consejo Constitucional acaba de juzgar este experimento de acuerdo con la Constitución”. Con su mensaje minimiza la importancia de la medida aprobada, así como los esfuerzos de los protestantes. El funcionario dijo que en el Reino Unido y Estados Unidos se tenían medidas similares.

Fiscales italianos abrieron una investigación sobre una supuesta evasión de impuestos dirigida a Netflix, señalaron fuentes cercanas al caso que citó el diario italiano Corriere della Sera.

De acuerdo con la causa, la plataforma de streaming debería pagar impuestos en Italia a pesar del hecho de que no tiene presencia física localmente, debido a la infraestructura digital que utiliza. Para los fiscales de Milán, los cables y servidores utilizados por Netflix equivalen a una presencia física en el país europeo.

“Los cables, la fibra óptica, las computadoras, los servidores y los algoritmos, según los investigadores”, escribe Corriere della Sera, “son las estructuras que reemplazaron las viejas fábricas y herramientas de producción en la era de Internet y que traerían a Netflix de vuelta al concepto de ‘material estable”. Y por esta razón, debería pagar impuestos en Italia.

Vale aclarar que Netflix cuenta con 1.4 millones de suscriptores en Italia.

La fuente dijo que la investigación había sido provocada por controles realizados por la policía fiscal de Italia. Dado el tamaño de la supuesta evasión fiscal, los fiscales estaban obligados a abrir una investigación.

Apple apeló contra la orden de la Unión Europea (UE) para que la compañía pague 14 mil millones de dólares en impuestos atrasados a Irlanda. La Comisión Europea encontró en 2016 un acuerdo entre Irlanda y Apple que era contrario a la legislación de la UE.

Según la investigación de la Comisión, el gobierno irlandés permitió a Apple transferir todas sus ganancias de ventas en Europa hacia dos subsidiarias fantasma con sede en Irlanda: Apple Sales International y Apple Operations Europe, para así evitar pagar los respectivos impuestos del bloque.

Irlanda siempre se ha beneficiado por las inversiones de compañías multinacionales que son atraídas por las bajas tasas de impuestos. El gobierno irlandés también se opuso a la orden de la UE.

Por su parte, Apple, que es el mayor contribuyente del mundo, niega haber actuado fuera de la ley. El abogado de Apple, Daniel Beard, dijo que la orden de hace tres años “desafía la realidad y el sentido común”.

Irlanda afirma ser objeto de críticas injustificadas, y que el caso de Apple se debe a un desajuste de los sistemas de impuestos tanto irlandés como estadounidense.