“De la misma manera que no podemos luchar solos contra el cambio climático, tampoco podemos ir contra los retos de desarrollo tecnológico si lo hacemos en unas regiones y no en todas”, señaló Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, durante un congreso en el que se presentó origen, objetivos y desafíos de la recientemente publicada Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales.

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La funcionaria valoró el espíritu del documento y aseguró que “América Latina tendrá un papel central en la agenda europea de la segunda mitad de 2023”, periodo en el que España ocupará la presidencia del Consejo Europeo. “Es ahora cuando Iberoamérica debe redefinir sus estrategias mirando hacia el futuro, la digitalización debe ser protagonista”, agregó para luego insistir con la idea de que la evolución debe ser “con las personas en el centro”.

La carta se trabajó durante cinco meses. En el marco de su presentación oficial, el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, habló de una triple dificultad en su confección: primero, alcanzar el consenso entre 22 países y, segundo, hacerlo en el marco de niveles de desarrollo y etapas de digitalización muy distintas. Como tercer ítem, mencionó que los involucrados entregan la responsabilidad regulatoria a organismos de distintas naturalezas.

“Se convocó a un total de 80 funcionarios de los 22 países y hubo un intercambio por parte de 11 reparticiones de gobierno distintas. Fueron 140 días de trabajo con ocho reuniones —una presencial, el resto virtuales— y se procesaron más de mil aportaciones”, añadió Juan Alejandro Kawabata, director de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la Segib. Sumó que la diversidad de actores “es un gran activo, una red sólida para la futura implementación de la carta”.

Tras el repaso de cada uno de los puntos del documento, los participantes valoraron aspectos como la inclusión de un capítulo específico relacionado a derechos de niños, niñas y adolescentes y el respeto de valores como la privacidad, además de poner el foco en las personas “abandonando concepciones previas, donde se daba prioridad a los Estados o los mercados”, aportó Allamand. Durante el encuentro, se habló de América Latina como un sitio que se caracteriza por una “altísima desigualdad” y en donde urgen políticas públicas a favor del cierre de todas las brechas.

“Estamos orgullosos de ser parte de la construcción de este instrumento y apostamos que esta carta pueda guiar los procesos de actualización normativa en la materia para que la transformación digital sea instrumento de ampliación de acceso a la educación, salud y cultura”, amplió José David Montilla, viceministro de Agenda Digital de República Dominicana. El carácter de adhesión voluntaria del documento fue otro de los ejes de la conversación.

“Sea cual fuera el modelo, estamos en un momento en el que los Estados deben defender el esquema de derechos en el mundo digital y fomentar la cooperación para que las respuestas no sean parciales”, consideró Enrique Goñi, presidente del Instituto Hermes, en su rol de moderador.

En la misma vereda se ubicó Verónica Wahlberg, de la Secretaría de Innovación Pública de Argentina, que hizo énfasis en la importancia de “asegurar que los derechos de la ciudadanía fuera de línea sean garantizados también en entornos digitales”.

Por su parte, Gladys Antonieta Moran Ríos habló en representación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador. “Ratificamos el compromiso para emprender acciones que aseguren el cumplimiento de la carta, pues consideramos que las TI son transversales a las actividades que realizamos y que no se puede entender a las sociedades modernas sin los compromisos digitales”, apuntó en representación del país que actualmente tiene la presidencia pro-tempore de la Comunidad Iberoamericana.

Así, los participantes hicieron énfasis en que ahora comienza la etapa de búsqueda de aplicación del compromiso firmado. “La carta no refleja la posición de ninguno en particular ni el 100 por ciento de los intereses de cada uno. Es fruto del acuerdo, de la pluralidad y aquí radica su valor”, finalizó Kawabata, dejando claro que la implementación será la etapa más compleja de este cúmulo de buenas intenciones que ahora deben convertirse en realidad.

“La digitalización conlleva una profunda transformación que impacta en todos los aspectos de la vida de las personas y presenta enormes desafíos que deben abordarse garantizando el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de deberes y el desarrollo de sociedades digitales justas, seguras, resilientes y sostenibles”, comienza la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, que presenta problemáticas y acciones para garantizar derechos en el entorno digital.

El documento se firmó en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado de Gobierno, celebrada en República Dominicana, de la que participaron altas autoridades de los países que son parte del bloque. La discusión se concentró en temas digitales, medioambiente, seguridad alimentaria y financiamiento internacional. También fue parte de la agenda la promoción del uso del español y el portugués como lenguas de comunicación y de trabajo en los ámbitos de la tecnología, la ciencia y la innovación.

La Carta Iberoamericana deriva oficialmente de “la necesidad de abordar una problemática de acuciante actualidad”, expresada en los siguientes términos: “las TIC brindan oportunidades y plantean desafíos, lo cual implica superar grandes obstáculos que enfrentan los países en desarrollo para acceder a ellas, tales como la falta de un entorno adecuado, recursos insuficientes, infraestructura, educación, capacidad, inversión, conectividad y el impacto de medidas coercitivas unilaterales”.

En 2021, España lanzó su propia Carta de Derechos Digitales, con el ojo puesto en una transformación sin daños colaterales. Sobre esa base nace esta propuesta iberoamericana que, aunque con sus particularidades, presenta una naturaleza similar: su carácter es declarativo y no vinculante, por lo que su contenido no afecta la aplicación de normas jurídicas internas de los Estados. En otras palabras, es un plan de acción, un manual de buenas prácticas que, de seguirse, podrían servir a las partes a cumplir objetivos en materia digital.

La carta propone 10 estrategias, cada una con un raconto de situación actual y acciones a las que se comprometen los 22 países en un plazo no definido. Antes de desmenuzar cada una se dejan en claro algunos conceptos: se entiende por derechos digitales los derechos humanos en entornos digitales, y los entornos digitales comprenden servicios, plataformas y aplicaciones que permiten interactuar a las personas y organizaciones en la producción, distribución y acceso tanto de datos como de información a través de medios virtuales.

Líneas de acción

1. Centralidad en las personas. Una transformación digital con las personas en el centro es casi slogan de las altas autoridades españolas al hablar de los desafíos que propone la cuarta revolución. Iberoamérica toma este concepto bajo el entendimiento de que “la transformación digital incide en todos los ámbitos de la sociedad y la vida de las personas”. En este contexto, se asume como desafío promover la construcción de una sociedad de la información inclusiva y fomentar condiciones estructurales, prácticas, herramientas y marcos regulatorios para un acceso universal, equitativo y asequible.

2. Inclusión digital. La existencia de la brecha digital limita el acceso a las TIC y plantea desafíos para el logro de la plena inclusión digital, lo que motiva a “concentrar esfuerzos para reducir las desigualdades y realizar acciones que fortalezcan la cohesión social”. Aquí también se habla de la necesidad de “evitar nuevas brechas” que puedan generarse en grupos en situación de vulnerabilidad.

3. Privacidad y seguridad de datos. Los firmantes defienden que la privacidad debe ser “especialmente protegida” en entornos digitales, por lo que se proponen fomentar entornos digitales seguros y confiables y desarrollar un marco legal para convertir la ciberseguridad y la lucha contra el cibercrimen en un “empeño colectivo orientado a garantizar los derechos de las personas”.

4. Educación, cultura y salud. En este punto se busca que la transformación “sea un instrumento que potencie el acceso pleno a la educación, la cultura y salud”, considerando que la creación de capacidades en materia TIC es “de gran prioridad en países de desarrollo” y que los niveles actuales de inversión no resultaron suficientes para satisfacer estas necesidades.

5. Atención a niñas, niños y adolescentes. Considerando que los niños, niñas y adolescentes están sujetos a una exposición especial y a mayor vulnerabilidad en los entornos digitales, se buscará promover políticas activas para asegurar el respeto a la integridad, intimidad y privacidad de las personas comprendidas en este rango etario. Aquí también se señala que se buscará que el tratamiento de datos personales de ellos sea “el mínimo indispensable”.

6. Participación social. Como la transformación digital creó nuevos canales de participación social, el plan es promover el derecho a “recibir libremente información veraz, desarrollar acciones para combatir la desinformación así como la libre elección de servicios y contenidos digitales”. Aparecen en este ítem conceptos como libertad de expresión, derecho a la información y la protección de los derechos humanos y valores democráticos.

7. Administración pública. Se entiende que el uso de las TIC es clave para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas al tiempo que el vínculo digital entre personas y Estado facilita una respuesta adecuada a sus necesidades. En este contexto, Iberoamérica quiere garantizar la prestación de servicios digitales por parte del Estado y que estos sean personalizados, sencillos, inclusivos, accesibles, interoperables y seguros.

8. Economía digital. El concepto de economía digital aparece como aliado indispensable para fortalecer la capacidad de los países hacia un desarrollo sostenible, que permita incrementar capacidades en pos del beneficio de las sociedades. Por ello, los países buscarán que “la transformación digital sea respetuosa de los derechos de las personas”, tanto en su faceta de trabajadores como en la de consumidores y usuarios”.

9. Tecnologías emergentes. Como en la carta española, en este ítem aparecen aspectos como Inteligencia Artificial, neurotecnologías o computación cuántica. El compromiso es abordar conjuntamente las cuestiones asociadas a las tecnologías emergentes, así como su uso seguro, ético y responsable.

10.  Cooperación. El último punto es, quizás, una síntesis de la idea regional en materia digital. El plan conjunto es que los Estados cooperen y encuentren soluciones a partir del diálogo científico, la transferencia tecnológica y la creación de capacidades científicas. También se suma a la agenda la idea de generar nuevas sinergias globales o regionales y dar seguimiento a la carta, al tiempo que se “rechazan las medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas”.

En resumen, la preocupación de los países de Iberoamérica ante “la persistencia de profundas brechas digitales” obliga a buscar herramientas para mejorar el acceso y aprovechar los beneficios que propone la transformación. La carta conjunta se propone como una de ellas, así como hoja de ruta para garantizar los derechos de las personas y el cumplimiento de los deberes en la nueva realidad digitales. El éxito de este documento, como de otros, se medirá en la capacidad de sus miembros de materializar lo que al momento sólo está escrito.

España y América Latina transitan una nueva etapa de lo que abiertamente podría llamarse conversación digital. Esta conversación sólo luce como tal: es desigual, casi un soliloquio, un listado de buenas ideas y prácticas que el viejo continente puede aportar a una tierra que mantiene entre sus desafíos convertir oportunidades en realidad. Esto no quiere decir que la región no pueda beneficiarse de este diálogo, todo lo contrario, pero sí que aquí tiene otro reto: discernir.

Hace algunos días se lanzó en Colombia la Alianza Digital, presentada públicamente como una “iniciativa conjunta” respaldada por 145 millones de euros del Equipo Europa. Su foco, se indicó, será “fomentar el desarrollo de infraestructuras digitales seguras, resilientes y centradas en el ser humano sobre la base de un mercado basado en valores y asegurando un entorno democrático y transparente”.

Otro paso de esta conversación tendrá lugar en las próximas horas. Es que el Rey de España, Felipe VI, viajará a República Dominicana para la celebración de la Cumbre Iberoamericana. El lema es “juntos por una Iberoamérica justa y sostenible” y la agenda propone, entre otros puntos, abordar el desafío de generar garantías para la creación de sociedades digitales “justas, equitativas e igualitarias”. Participarán del diálogo autoridades de los 22 países de Iberoamérica.

En la cuarta reunión de trabajo de la Secretaría General Iberoamericana se ratificó, además, la idea conjunta de las partes de avanzar en la adopción de una Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales, sobre la base de la presentada en España en 2021 con el ojo puesto en una transformación digital sin daños colaterales. Los detalles están por verse; sin embargo, una serie de lineamientos permiten aventurar algunos peligros de esta determinación.

Para avanzar sobre los peligros primero hay que revisar los principios y alcances que figuran en la carta española, documento que nació como idea en 2017, pero se hizo realidad casi cuatro años después. “No es un documento de meras intenciones, sino directrices del futuro sobre los derechos digitales frente al reto de la digitalización de la sociedad en España”, comentaba a DPL News José Luis Piñar, uno de los expertos que participaron de su confección.

¿Los motivos de su publicación? El desarrollo y la progresiva generalización de las tecnologías y de los espacios digitales de comunicación e interrelación que ellas abren dan lugar a nuevos escenarios, contextos y conflictos que deben resolverse mediante la adaptación de los derechos y la interpretación sistemática del ordenamiento en aras de la protección de los valores y bienes constitucionales y de la seguridad jurídica de la ciudadanía, operadores y administraciones públicos, dice el texto.

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El objetivo del documento es ser descriptivo, prospectivo y asertivo. Se divide en más de tres decenas de apartados que son parte de seis capítulos: derechos de libertad, derechos de igualdad, derechos de participación y de conformación del espacio público, derechos del entorno laboral y empresarial, derechos digitales en entornos específicos —aquí figuran aspectos como Inteligencia Artificial y neurotecnologías— y garantías y eficacia. La Carta de Derechos Digitales de España está disponible para su revisión aquí.

Así las cosas, y aún bajo una realidad que funciona en el marco de las buenas intenciones, extrapolar la carta española a la región podría tener consecuencias indeseadas. Hay, al menos, tres peligros: alcance, contexto y, sobre ellas, los detalles a revisar del texto original, que podría redundar en una sobreregulación inconveniente —aunque, otra vez, bien intencionada— que sea un estorbo para la innovación.

El alcance de la carta en la región será, al menos así se plantea, igual que en España: una hoja de ruta, un listado de buenas prácticas sin peso legal. “Está llamada a ser un instrumento sin carácter normativo y de adhesión voluntaria por parte de los Estados”, esgrimió la Secretaría General de Iberoamérica. Esto provoca dificultades para medir el alcance de su implementación y complejiza su incorporación. Es otros términos: si la carta fuera perfecta no sería igualmente suficiente por las limitaciones propias de su naturaleza.

Respecto del contexto, los desafíos y oportunidades del país europeo y los de América Latina son distintos, como diferentes son sus realidades políticas, poblaciones y culturas. En un paso más se podría indicar incluso que esta región demostró que en temas digitales hay retos comunes pero que las agendas y formas de buscar respuestas tienen serios matices según el país que se analice.

Una carta común podría no ser lo más efectivo para cumplir aquí los retos que se proponen allá.

El tercer ítem es quizás, el más relevante, y puede resumirse en un único concepto: la carta de derechos digitales en España no ha demostrado todavía su capacidad de solucionar problemas en el mundo offline y la sobrerregulación ha demostrado ser barrera de la innovación en distintas latitudes. Este tercer punto es, entonces, los problemas propios de la carta de derechos digitales y su posible impacto en otras latitudes.

En este contexto, la pregunta a responder es si América Latina realmente necesita una carta de derechos digitales. Inmediatamente surge otra: si la necesita, ¿debe ser producto o consecuencia del documento español? Una vez resueltas estas aparecerán algunas más, como la implementación de un texto común en las diferentes realidades que presenta la región y los peligros de generar barreras adicionales en el camino del tren de la digitalización, que avanza lento pero firme en esta parte del mundo.