Reforma Jorge Fernando Negrete P.
“Ustedes ponen la tecnología, nosotros la regulación”: Paula Bertolini, directora de DPL News.
Eso me decía Paula durante el Mobile World Congress (MWC), cuando razonábamos la decisión del presidente Pedro Sánchez, de España, de proponer una carta de derechos culturales en el marco de la Cumbre Iberoamericana de presidentes que organiza la Secretaría General Iberoamericana (Segib).
Creo que es una decisión equivocada que confiesa un desconocimiento de la realidad política, económica y de la relación entre derechos fundamentales y el derecho de acceso a Internet y servicios de telecomunicaciones en América Latina.
Decía Sánchez en su discurso de apertura al MWC: “España ha sido pionera en la Carta de Derechos Digitales. Fue la fuente de inspiración para la declaración de derechos y principios digitales de la Comunidad Europea (…). Pronto, además, en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en marzo en República Dominicana, esperamos lograr esa carta de derechos digitales de toda la comunidad iberoamericana”.
Visto así de fácil, suena atractivo y es de fácil venta.
La realidad. Las cartas de derechos digitales son el extremo más reciente de una obsesiva y profusa tradición regulatoria europea. Europa regula intensamente: competencia económica, protección al consumidor, protección de datos personales, y ahora mercados y servicios digitales.
La intensidad hiperregulatoria en Europa la ha vuelto una zona de innovación y transformación digital, pero a punta de toneladas de dinero público, al haber destruido los incentivos del mercado. España anunció en 2022 casi 80 mil millones de dólares para la transformación digital de administraciones públicas, empresas y ciudadanos. El gobierno europeo anunció una cantidad arriba de 160 mil millones de euros para lo mismo.
Los fundamentos. La Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital y la Carta de Derechos Digitales tienen un común denominador: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Unión Europea está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Estos principios y definiciones tienen más de 70 años de deliberación y acuerdos. Batallas épicas para hablar un mismo lenguaje, equivalencia constitucional y derechos fundamentales.
¿Los valores sobre democracia y derechos fundamentales de la Comunidad Europea y España son los mismos que en América Latina? No. ¿Compartimos el mismo valor o equivalencia jurídica en materia de derechos fundamentales y políticos en América Latina? No.
América Latina no ha iniciado una conversación parecida a la europea. Atrás de la Carta de Derechos Digitales viene una espléndida, farragosa y bienintencionada hoja de ruta que lleva a Europa a justificar la regulación intensiva del mundo digital.
He señalado que Europa vive en una desconfianza recíproca con sus pares chinos y estadounidenses. No termina de quedar contenta con sus decisiones geopolíticas al ser un desierto digital. Quiere ser un hub digital, pero regula en sentido contrario.
¿El efecto sobre los derechos digitales en Europa será equivalente en América Latina? No. Pero sí puede desencadenar una escalada de hiperrregulación, desconfianza digital y destrucción de empresas e innovación en la región.
La democracia, por ejemplo, es un concepto que todos entienden, pero se comprende de diversas formas por los países. Imaginen lo digital, conjugado con democracia, acceso a la información pública, competencia económica, educación y salud… en Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora México, Colombia y Argentina. Todos piensan distinto sobre los mismos conceptos.
América Latina necesita empleos, no que los destruyan como en Europa y su política de agresión a la economía colaborativa. América Latina genera más startups y fintechs que Europa. América Latina no necesita una carta de derechos digitales, necesita una agenda para la inclusión digital, la transformación digital, la competitividad y la innovación.
Presidente de DPL
Twitter @fernegretep
