Guadalajara, Jalisco.- El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, invertirá 17 por ciento más que el de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en energía en México, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó un funcionario de la Secretaría de Energía (Sener).

Durante el sexenio 2024-2030, la inversión estimada para la CFE es de 23 mil 400 millones de dólares, frente a los 19 mil 992 millones que invirtió en el sexenio anterior, adelantó Jorge Islas, subsecretario de Planeación y Transición Energética de Sener.

Durante la ponencia “Estrategia nacional del sector eléctrico”, que presentó en el marco de Ecomondo y RE+ en Guadalajara, Jalisco, Islas señaló que el gobierno anterior realizó una gran inversión en energía, aunque reconoció que gran parte fue en ciclos combinados. Del total, la CFE destinó más de 15 mil millones de dólares a la generación, 4 mil 600 a la transmisión y 278 en la distribución.

Islas detalló que habrá más energía y una mayor inversión en transmisión, que casi duplica la del sexenio anterior. En esta administración, la CFE tiene previsto destinar 12 mil 300 mdd a la generación, 7 mil 500 millones a transmisión y 3 mil 600 millones a la distribución.

También apostará por la energía intermitente, como la solar, con el despliegue de las etapas 3 y 4 de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, con lo que se añadirán 3 Gigawatts (GW) al que actualmente está desplegado, lo que dará un total de 4 GW y exigirá evacuar la energía de Sonora.

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Estabilización y escenarios de la transición energética 

Islas recordó que el actual gobierno llegó a Palacio Nacional tras una serie de apagones ocasionados por las olas de calor, por lo que adoptó, sucesivamente, planes de confiabilidad, Medio 5 Generación, transición y, finalmente, un plan medio de cogeneración de 2,400 MW.

Ahora, detalló, la Secretaría tiene dos escenarios: uno medio, en el que el 38 por ciento de las energías son limpias y el 62 por ciento provendría de hidrocarburos; y el alto, en el que 45 por ciento sería energía limpia y el 55 por ciento térmica, lo que implicaría una reducción de 12.7 por ciento en las emisiones de CO2.

En su escenario más ambicioso, que contempla la conclusión de las cuatro etapas de Puerto Peñasco, además de centrales eólicas, geotérmicas, hidroeléctricas y de bioenergía, el nuevo gobierno busca duplicar la energía limpia del 22.5 por ciento (80 TWh) en 2024 al 45 por ciento (156 TWh) en 2030, en un consumo total de 413 TWh. 

Islas abundó en las reformas constitucionales que cambiaron a Pemex y la CFE de empresas productivas del Estado a empresas públicas, y explicó que detrás subyace el motivo de que tengan también una vocación de justicia social: “No queremos una empresa que se dedique exclusivamente al lucro”, advirtió.

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Inversión privada

“En este sexenio la iniciativa privada podría invertir [en energía] más que en cualquiera de las últimos sexenios”, aseguró Islas, incluido el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que trascendió como el de la liberalización energética, acotó, y dijo que podría hacerlo a través de esquemas mixtos y privados. Aunque  recordó que el Estado mantendrá el 54 por ciento de la inversión total.

Generación distribuida podría duplicarse 

Por otro lado, el funcionario compartió que el país tiene una capacidad instalada de generación distribuida de 4.44 GW en 518 mil acuerdos, de la que prácticamente la totalidad es la solar fotovoltaica (99.4%), y podría duplicarse hasta los 8 GW en el próximo lustro.

Con 658 MW, Jalisco se mantiene como líder en este rubro, seguido por Nuevo León, Chihuahua y Guanajuato. 

Gov.br

Opresidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, discursou, nesta segunda-feira, 30 de setembro, na abertura do Seminário Empresarial Brasil-México, encontro que promove a relação comercial entre os dois países. Lula está na capital do país mexicano, Cidade do México, em visita oficial até esta terça, dia 1º de outubro.

O potencial da economia mexicana e brasileira é extraordinário. Eu acho que nós ainda não conseguimos utilizar 70% do potencial que nós temos e, por isso, precisamos fazer novos acordos. Discutir a fundo, sem medo, tendo sempre em conta que uma boa política de relação comercial é uma via de duas mãos”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

O evento ocorre paralelamente aos compromissos do presidente Lula, que está no México para participar da posse da primeira presidenta eleita no país, Claudia Sheinbaum. “Sou muito grato pela relação de amizade com empresários, sindicalistas, políticos, partidos e com movimentos sociais que eu fiz no México. É uma alegria imensa estar aqui”, declarou Lula em sua fala inicial. 
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El Heraldo de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de la aprobación de la reforma para eliminar a los organismos autónomos del país, mismos que fueron creados en el periodo neoliberal, pues aseguró que estos solo buscan proteger los intereses particulares y no los intereses públicos.

Al explicar que es lo que pasará si es que se aprueba la reforma que propuso el pasado 5 de febrero, López Obrador declaró que los integrantes de dicho organismo van a convertirse en una oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), como lo era antes.

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Gabriel Székely, director de la Anatel (Asociación Nacional de Telecomunicaciones) de México, hizo duras críticas al bajo desarrollo digital del país, este miércoles 24 de septiembre durante el evento México Digital Summit. El director del regulador mexicano habló sobre una crisis de falta de espectro para satisfacer la demanda de la población “en el tiempo requerido” y realizó comparaciones con Brasil.

“Tenemos tendencia, desafortunadamente, a promover redes locales cuando ya se entiende que no funcionan”, dijo. Székely defendió que la implementación de redes requiere más conocimiento y experiencia, y que los cambios de gobierno no han avanzado, todos han estado utilizando los recursos de manera ineficaz, aunque subrayó que este es un problema antiguo, no sólo de los últimos seis años (refiriéndose al gobierno de AMLO).

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El director del regulador mexicano también citó la reciente inversión anunciada por el gobierno brasileño de 33 mil millones de dólares en tecnología de punta, y realizó comparaciones con Brasil en lo que respecta a las conexiones de banda ancha, nivel de innovación y redes móviles.

“Creo que tenemos algo urgente que resolver, para que se puedan dar oportunidades a las empresas que no han existido”, dijo a la audiencia. “Esto requiere mucho más esfuerzo de lo que hemos logrado, pero creo que se avecina una nueva era para nuestro país”, concluyó.

Proceso Jorge Bravo

La aprobación de la reforma al Poder Judicial en México, que plantea la elección de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular, ha generado un profundo y polarizado debate sobre sus consecuencias, en este caso en sectores estratégicos de la economía, como telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación (TIC) y el sector digital.

La reforma judicial, impulsada por el presidente López Obrador, busca “democratizar” el acceso a la justicia a través de la elección popular de las autoridades judiciales. Este enfoque radical ha suscitado preocupaciones sobre la captura política del sistema judicial. La elección de jueces llevaría a una politización del Poder Judicial, comprometiendo su independencia y capacidad para impartir la justicia y proteger los derechos fundamentales.

Estas industrias, altamente reguladas y con fuertes operaciones internacionales, requieren un marco jurídico predecible y confiable para atraer inversiones, fomentar la innovación y garantizar el acceso a derechos humanos, como el acceso a las TIC. Los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y digital dependen de una regulación estable que permita el desarrollo de infraestructura y servicios bajo un marco de competencia equitativa.

Esto se refleja en la creación de organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyo objetivo es procurar la imparcialidad y el correcto funcionamiento del mercado.

La elección de jueces y ministros de la SCJN a través del voto popular plantea desafíos, particularmente en la percepción de imparcialidad y especialización en la resolución de controversias altamente técnicas y tecnológicamente complejas que afectan a estas industrias definidas por la innovación.

Los litigios en telecom, radiodifusión, mercados digitales y competencia económica suelen implicar análisis complejos de normativas técnicas, competencia regulatoria, acuerdos internacionales, propiedad intelectual y protección de derechos fundamentales. La influencia de intereses políticos en la designación de jueces compromete la capacidad de estos tribunales para resolver disputas con objetividad y con el nivel de experiencia necesarios.

En cuanto al impacto directo, se generan condiciones de mayor incertidumbre en la resolución de controversias que involucren, por ejemplo, disputas por el espectro radioeléctrico, fusiones de empresas, licitaciones o la interpretación de cualquier normativa relacionada con lo digital. Esta incertidumbre puede disuadir a los inversionistas extranjeros de comprometer recursos en el país, ante el temor de una politización del sistema judicial y el costo regulatorio que implica.

Un aspecto clave es la posibilidad de que esta reforma judicial lleve al siguiente paso, la desaparición de organismos como el IFT y la Cofece, creados como parte de la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013 para garantizar un sector competitivo y promover el acceso universal a servicios de calidad.

Dicha reforma establece, entre otras cosas, que los actos, omisiones o normas generales emitidos por estas instituciones sólo pueden ser impugnados a través de juicios de amparo indirecto, sin posibilidad de suspensión de los efectos. Esto otorga una protección jurídica robusta a las decisiones de estos organismos, refuerzan su autonomía y reducen la posibilidad de interferencia política.

A la pérdida de especialización de los jueces, la extinción del IFT y de la Cofece generaría un vacío institucional en la regulación y supervisión de sectores clave, y plantea dudas sobre qué entidades asumirían todas sus funciones. Un escenario es la transferencia de estas atribuciones a dependencias del Poder Ejecutivo, lo cual implica una reducción de independencia en las decisiones regulatorias.

Esto acarrea un incremento en la discrecionalidad del gobierno sobre temas técnicos y económicos, lo cual afecta la competencia y la neutralidad regulatoria. Además, la desaparición de estos órganos socavaría la confianza en la seguridad jurídica en áreas estratégicas como la infraestructura digital.

Aunque la elección popular de jueces y ministros de la SCJN no cambiaría la estructura legal existente, sí introduce riesgos. Las leyes que regulan las telecomunicaciones, TIC y la competencia económica podrían permanecer intactas en primera instancia, pero la interpretación de estas normas por parte de jueces y tribunales influenciados por dinámicas políticas o populistas alterarían su aplicación y efectividad.

A corto plazo, el impacto podría ser limitado en términos de cambios normativos. Sin embargo, a mediano y largo plazos la influencia del voto popular en la designación de jueces generaría fallos judiciales inconsistentes o guiados por intereses políticos, lo cual debilita la certidumbre jurídica que tanto necesita el sector tecnológico y de telecomunicaciones. El resultado sería un sistema judicial menos técnico y más proclive a favorecer decisiones populistas.

La incertidumbre jurídica comenzaría a reflejarse en decisiones judiciales erráticas en casos técnicos y en estrategias legales populistas, afectando la confianza de los inversionistas. Existe el riesgo de que las decisiones judiciales se vean influidas por consideraciones políticas más que por criterios estrictamente legales, lo cual afecta la previsibilidad de las resoluciones.

La rotación de jueces y magistrados lleva a cambios en la interpretación de leyes, reglamentos y jurisprudencias, todo un ambiente de incertidumbre para las empresas del sector. La elección popular resulta en la designación de jueces con menor experiencia o conocimiento en temas de telecomunicaciones y competencia económica, lo cual ha llevado una década construir.

La previsible extinción de organismos autónomos como el IFT y la Cofece provocaría además un vacío regulatorio y un incremento en la discrecionalidad del gobierno. Esto afecta la neutralidad competitiva y la regulación independiente del sector tecnológico y de telecomunicaciones. Un sistema judicial politizado no es un escenario deseable al generar incertidumbre y comprometer la defensa de derechos digitales fundamentales.

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El Economista Jorge Bravo

El presidente López Obrador presentó su sexto y último informe de gobierno con algunas metas de conectividad alcanzadas y resultados en sus programas de acceso a Internet.

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes planteó que al término del gobierno de la Cuarta Transformación en 2024, 77.2 por ciento de la población sería usuaria de Internet. Asimismo, proyectó que en 2024 la población con cobertura de servicios de banda ancha llegaría a 95%.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 del Inegi registró que había 97 millones de personas usuarias de Internet, equivalentes a 81.2% de la población de 6 años de edad o más, por lo que al presentar el sexto informe de gobierno ya se habría alcanzado la meta prevista por la administración de AMLO en usuarios de Internet

En cuanto a la cobertura móvil, la Red Compartida de Altán Redes (con mayoría de capital estatal) tuvo un avance de hasta 78.6% de cobertura poblacional, equivalente a 88.3 millones de habitantes, ubicados en más de 126 mil localidades, incluidos 91 pueblos mágicos. La Red Compartida habría instalado hacia el final del periodo 70,336 sitios con tecnología 4G LTE.

Sólo la cobertura de Altán Redes no habría logrado ese 95% de cobertura de servicios de banda ancha móvil, pero sí con la ayuda agregada de las torres instaladas por CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. A junio de 2024 se instalaron 2,844 torres de telecomunicaciones con equipo 4G LTE, con cobertura en 20,065 localidades en beneficio de 18,016,286 habitantes.

Precisamente, el último informe de gobierno señala que para garantizar las telecomunicaciones en las zonas más vulnerables del país y reducir la brecha digital que permita que las zonas desfavorecidas se integren a actividades productivas, a junio de 2024 CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos instaló un total de 105,651 sitios públicos con Internet gratuito.

Hay que recordar que el gobierno de AMLO desconectó todos los sitios públicos del ex programa México Conectado del ex presidente Peña Nieto que había llegado al final de su sexenio a 101,00 puntos con Internet, por lo que de no haberlo eliminado, pudo haber duplicado el número de puntos conectados.

Internet para todos fue uno de los diez programas prioritarios del gobierno de AMLO. En la Consulta Nacional del 26 de noviembre de 2020, obtuvo una aprobación de la población de 91.62%, superior al tren maya (89.87%), las becas a los estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior (90.11%) o las becas y capacitación a 2.6 millones de jóvenes (91.09%).

AMLO se comprometió a “promover la cobertura, el acceso y el uso de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en condiciones que resulten alcanzables para la población, con énfasis en grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, para fortalecer la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

A través del Programa Conectividad para el Bienestar, publicado apenas el 20 de febrero de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, enfocado en promover el acceso a los servicios de telecomunicaciones e Internet con énfasis en grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, el gobierno entregó 307,777 tarjetas SIM con acceso a Internet, mensajes de texto y servicio de voz durante 12 meses a personas beneficiarias.

Este programa resulta muy positivo y debería de ampliarse aún más porque consiste en dotar de tarjetas SIM con Internet a jóvenes o personas de la tercera edad de los programas sociales de la 4T. Esta iniciativa no sólo facilita el acceso a Internet por un año, también crea una demanda de servicios de telecomunicaciones para que las personas beneficiarias contraten con algún operador el servicio de Internet más adelante.

En lo que se refiere al proyecto de Aldeas Inteligentes, el programa cuenta con 79 aldeas en 17 entidades federativas. Consiste en proveer conectividad satelital gratuita a Internet en sitios públicos de localidades rurales de difícil acceso, que cuenten con proyectos productivos y de beneficio a la comunidad. En 75 aldeas el acceso a Internet se proporciona como contraprestación de la Capacidad Satelital Reservada del Estado que deben proporcionar los operadores satelitales.

Precisamente, el 25 de abril de 2024 se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en Materia de Capacidad Satelital como Reserva del Estado, para regular el uso de esta capacidad satelital para temas de seguridad nacional y otros servicios satelitales que requiera el Estado.

A pesar de los avances, persisten importantes retos en materia de conectividad, particularmente en las zonas rurales y marginadas, donde la infraestructura sigue siendo insuficiente para garantizar una cobertura universal. La meta del 95% de cobertura de banda ancha no se ha logrado, es necesario un esfuerzo y una mayor inversión para asegurar que realmente todos los mexicanos puedan acceder a los beneficios de la era digital. La sostenibilidad y la expansión de estas iniciativas de telecomunicaciones será un desafío crucial para la futura administración de Claudia Sheinbaum.

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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concluyó su sexenio con una cobertura de Internet a 120 millones de habitantes.

De acuerdo con las cifras reveladas en el Sexto Informe de Gobierno, en este sexenio ha crecido el acceso a Internet 20 por ciento, al pasar de 75.5 por ciento cuando inició la administración de López Obrador, al 95.6 por ciento de la población al concluir su mandato. 

El Informe detalla que esta cobertura incluye 99 mil sitios de Internet gratuito en 2 mil 469 municipios del país.

Sitios terrestres y satelitales para ampliar la cobertura

Respecto a los sitios instalados que permitieron ampliar la cobertura de Internet en todo México, el Informe señala que de julio de 2023 a junio de 2024 se instalaron 24 mil 157 sitios adicionales para llegar a un total de 105 mil 651 sitios en todo el país.

Detalla que de la tecnología 4G LTE de la Red Compartida, se instalaron 9 mil 504 sitios sobre la huella de cobertura de la red de Altán Redes, de la cual el Gobierno de México es socio mayoritario, para llegar a 70 mil 336 sitios. 

El Sexto Informe de Gobierno también reporta la instalación de 6 mil 249 sitios que utilizan tecnología ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), para alcanzar un total de 11 mil 818.

Respecto al Internet satelital, el gobierno de López Obrador reportó la instalación de 8 mil 404 sitios, para llegar a un total de 23 mil 497 sitios. Esta tecnología utiliza la comunicación vía satélite para brindar acceso a Internet en ubicaciones donde las infraestructuras terrestres son limitadas o nulas.

Gobierno de México también despliega fibra óptica

El Sexto Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador también reporta el despliegue de la “Red Nacional de Transporte de Datos”.

Señala que en junio de 2023 se formalizó el contrato de servicio de instalación de equipo de transporte de fibra óptica oscura mediante tecnología DWDM 2023-2024, a través del cual a junio de 2024 se tienen instalados 176 equipos, instalaciones que se encuentran en implementación y aumentarán su número, alcanzando una mayor cantidad de puntos de interés a lo largo del país.

Aseveró que en esta etapa se planea alcanzar un estimado de 20 mil kilómetros de fibra óptica en cuatro hilos (dos capas ópticas) para aprovechar la infraestructura actual de la Comisión Federal de Electricidad en los tendidos de alta y media tensión. 

Actualmente, se cuenta con 194 rutas contempladas de 245; es decir, llevan un avance de 79 por ciento.

Banda ancha móvil a través de la Red Compartida

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador rescató al consorcio Altán Redes y ahora es socio mayoritario de este proyecto que fue el emblema de conectividad del sexenio de Enrique Peña Nieto. 

El último informe de AMLO reveló que al 30 de junio de 2024 se avanzó con la instalación de 2 mil 844 torres de telecomunicaciones con equipo de Radio 4G LTE respecto de las 920 torres con las que se contaba al 30 de junio de 2023.

Lo anterior permitió que se diera cobertura móvil en 20 mil 065 localidades en beneficio de 18 millones 16 mil 286 habitantes a lo largo y ancho de México.

Dicha cobertura permitió que de abril de 2022 a junio de 2024 se activaran 536 mil 173 servicios de movilidad (telefonía y banda ancha inalámbrica Mifi), lo que, de acuerdo con el Informe, contribuyó a disminuir la falta de acceso a tecnologías de la información y comunicación, que sufren millones de habitantes en localidades rurales de difícil acceso en el territorio nacional.

“La lógica de generación de valor en la economía, con objeto de impulsar y sostener el bienestar para la población, mediante nuevos esquemas de desarrollo económico y social que privilegien a los sectores sociales más vulnerables y regiones más rezagadas. Se diseñó un paquete social, Súmate CFE Internet 33 pesos al mes, exclusivo de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”, asegura el documento.

El Sexto Informe detalla que el paquete mencionado consta de una oferta de 33 pesos que incluye 1GB de navegación en best effort, 600 Mb para navegación en redes sociales, 100 minutos de voz y 50 mensajes de texto, con una tarjeta SIM gratuita que se activa en los dispositivos de las personas usuarias que radican en las localidades autorizadas y que son compatibles con la Banda 28.

Este paquete actualizó su precio a 33 pesos el 6 de mayo de 2024 (antes costaba 30 pesos), con lo cual, afirma el gobierno, continuará ofreciendo por casi un peso al día, Internet y telefonía para las comunidades más alejadas (1.10 pesos al día).

Para dar continuidad a los servicios, se detalla, se abrieron 240 puntos de distribución de tarjetas SIM, ubicadas en 175 oficinas de Financiera para el Bienestar y 65 en oficinas del Servicio Postal Mexicano, localizadas en las 32 entidades federativas.

El servicio de recargas se encuentra disponible de manera física en 19 mil 355 establecimientos, distribuidos en mil 585 sucursales de Financiera para el Bienestar, 861 oficinas del Servicio Postal Mexicano y 16 mil 909 puntos en pequeños comercios en todo el país.

Gobierno impulsa otros proyectos de conectividad

El Sexto Informe también revela que durante 2023, CFE TEIT celebró un convenio con el gobierno de la Ciudad de México para proporcionar Internet móvil gratuito en las unidades del Sistema de Transporte Eléctrico de esta ciudad, que son los autobuses mejor conocidos como Trolebús.

Por otro lado, durante 2024, con el objeto de ampliar la conexión a un mayor número de comunidades y personas con servicios de telecomunicaciones, CFE TEIT inició la instalación de cabinas telefónicas con servicio de telefonía sin costo en zonas rurales, proporcionando la accesibilidad e inclusión en las comunidades más alejadas.

Proceso Jorge Bravo

Desde el principio de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como organismo constitucional autónomo. Esta intención, respaldada actualmente por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ha generado preocupación en el sector de las telecomunicaciones, la radiodifusión, la industria digital y tecnológica y entre los defensores del derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y de las audiencias.

La primera vez que AMLO mencionó la posibilidad de eliminar el IFT fue en una conferencia de prensa el 7 de enero de 2021, argumentando que los organismos autónomos representan una carga para el erario público, son fruto del neoliberalismo y no han cumplido con sus objetivos de acabar con los monopolios.

Esta visión simplista e ideológica no toma en cuenta el rol fundamental que juega el IFT en la regulación y supervisión del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, industrias estratégicas para el desarrollo económico y social de México.

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica de 2013, junto con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, fueron concebidas para ser implementadas por el IFT.

Este organismo se concibió dentro de la idea del nuevo Estado regulador, con un carácter autónomo, independiente, técnico y especializado para que las decisiones regulatorias se tomaran con base en criterios predominantemente técnicos y no políticos, aunque sería ingenuo suponer que la política ha estado excluida de la toma de decisiones.

La extinción del IFT tendría consecuencias para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, porque significa la politización automática de las decisiones regulatorias.

Dentro del paquete de iniciativas constitucionales y legales que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024, así como el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, menciona que las funciones regulatorias del IFT serían asumidas por “la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión” dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En esta dependencia del gobierno federal, que a partir de la nueva administración estará a cargo de Jesús Esteva Medina, “se continuarán atendiendo los asuntos sobre el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones”.

Con el IFT el otorgamiento y revocación de concesiones se había convertido en un procedimiento técnico, que cambiará a político cuando quede en manos de la SICT.

La falta de reguladores independientes (recuérdese que también está contemplada la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica) podría favorecer las prácticas anticompetitivas, afectando a los consumidores con precios más altos y menos opciones y calidad, incluidos en servicios digitales.

El diseño institucional de un organismo autónomo, independiente, técnico y especializado como el IFT es superior a un modelo subordinado o desconcentrado del gobierno federal. La independencia del IFT ha sido clave para su eficacia y credibilidad, permitiéndole tomar decisiones basadas en el interés público y no en agendas políticas.

Preservar el IFT y fortalecer la coordinación y la colaboración institucional con el gobierno federal de la presidenta Sheinbaum en materia de políticas públicas de telecomunicaciones y digitales tiene más ventajas que la desaparición del IFT.

Dejar las decisiones regulatorias y políticas en manos del gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes conlleva desventajas porque ya conocemos ese modelo. Las decisiones podrían estar influenciadas por intereses políticos de los funcionarios y económicos de las empresas, afectando la imparcialidad y equidad del mercado.

La extinción y la falta de un regulador independiente vuelve a generar incertidumbre en la industria y los mercados, afectando la inversión en el sector.

En lugar de extinguir al IFT, es imperativo que el gobierno de Claudia Sheinbaum y el IFT dialoguen para alcanzar de manera conjunta los objetivos de conectividad y prosperidad digital compartida para México. La colaboración entre el gobierno y el IFT puede fortalecer las políticas públicas digitales y garantizar un entorno regulatorio eficiente.

La desaparición del IFT también tendría implicaciones en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC): es una violación a los compromisos asumidos por México en el tratado, lo cual generaría litigios internacionales y afectaría la relación comercial, principalmente con Estados Unidos.

Si el Congreso aprueba la extinción del IFT, surgirán consecuencias legales y judiciales, como que empresas afectadas podrían iniciar litigios internacionales bajo el TMEC y otros acuerdos comerciales. Así como dar lugar a controversias constitucionales, cuestionando la legalidad de la medida. En tanto que diversos actores podrían presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando revertir la decisión.

La extinción del IFT sería un retroceso a un diseño institucional que ya fue superado. La independencia y autonomía del IFT son principios esenciales para un sector de telecomunicaciones y radiodifusión más eficiente. Es políticamente superior que el gobierno y el IFT trabajen juntos para coordinarse y alinearse a las políticas públicas, fortalecer la regulación y promover la digitalización y la prosperidad digital compartida para todos los mexicanos.

Twitter: @beltmondi

CNNExpansión

Hace dos años, el gobierno federal ayudó a Altán Redes a salir de su concurso mercantil, mediante una inversión de capital de 161 millones de dólares por parte de la banca de desarrollo. Esta acción la hizo con la finalidad de generar una sinergia entre ambas partes para cerrar la brecha digital del país; y hasta ahora, la relación entre el Estado y la empresa de la Red Compartida se había manejado como colaborativa, pero hoy dio un nuevo giro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), será la encargada de manejar a Altán Redes para continuar con el propósito de llevar internet a todos los mexicanos durante la próxima administración de Claudia Sheinbaum.

Leer más: https://expansion.mx/tecnologia/2024/07/15/cfe-telecom-manejara-altan-redes

El Gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha logrado conectar a Internet a 22.7 millones de mexicanos desde que asumió la presidencia y hasta el 2023.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en México hay 97 millones de personas que usaban Internet, es decir, 81.2 por ciento de la población de 6 años de edad o más.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente, en México existían 74.3 millones de mexicanos con acceso a Internet, de acuerdo con el  propio Inegi.

Las mismas cifras oficiales señalan que el hoy expresidente Enrique Peña Nieto logró conectar en total a 28 millones de personas en todo su sexenio.

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De acuerdo con especialistas, el reto que le tocó al presidente López Obrador fue más grande que el sexenio anterior, pues con Peña Nieto se conectaron las grandes ciudades, lo que resultó más sencillo en el despliegue de infraestructura, mientras que en la actual administración les tocó avanzar más en zonas rurales, donde no existía infraestructura.

En 2023, el grupo de 18 a 24 años de edad presentó el mayor porcentaje de personas usuarias de Internet, con 96.7 por ciento. Entre 2022 y 2023, el grupo con mayor incremento fue el de 55 a 64 años, que aumentó 6.9 puntos porcentuales su uso de Internet. El grupo de 12 a 17 años presentó la misma participación, 92.4 por ciento, en este periodo.

Graciela Márquez Colín, presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se refirió durante la presentación de la ENDUTIH 2023 a las diferentes brechas digitales que aún existen en México.

Respecto a la brecha digital de género, dijo que en 2023, un 81.4 por ciento de las mujeres usaba Internet, frente a 81 por ciento de los hombres. “Si bien se trata de una diferencia pequeña, es la primera vez que el porcentaje de usuarias es mayor al de usuarios”, comentó.

Otra brecha destacada en ENDUTIH, dijo Márquez Colín, son los casi 20 puntos porcentuales que existen entre las personas usuarias de Internet del ámbito rural y urbano. 

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En el mismo sentido, la encuesta revela una distribución desigual de los recursos tecnológicos entre las entidades federativas. Mientras que hay estados donde nueve de cada 10 usan Internet y tienen celular, en otros son seis de cada 10.

“Estos contrastes se asemejan a indicadores de realidades tan distintas como las que podemos encontrar en países con distintos niveles de desarrollo”, dijo la presidenta del Inegi.

Las entidades federativas con los mayores porcentajes de personas usuarias de Internet en 2023 fueron Quintana Roo, con 91.6 por ciento; Baja California 90.9 por ciento, y Jalisco, con 89.7 por ciento.

Las que registraron los menores porcentajes fueron Veracruz, con 71.8 por ciento; Oaxaca, 70.6 por ciento, y Chiapas, con 59.9 por ciento.

En 2023, respecto al promedio de tiempo de uso de Internet, las personas usuarias de 18 a 24 años registraron el promedio más alto, con 5.9 horas por día; siguieron las personas de 25 a 34 años y de 12 a 17 años, con 5.6 y 4.7 horas por día, respectivamente.