Cambios en proyecto de ley de Seguridad Digital de Ecuador enciende alarmas en la industria
Este 7 de mayo se realizará el segundo debate y posible votación del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Digital de Ecuador.
La Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana (AMCHAM) alertaron sobre cambios realizados en el proyecto de ley de Seguridad Digital del país, los cuales no fueron socializados con los actores interesados y “desnaturalizan el objetivo del proyecto original”.
Este martes 7 de mayo se realizará el segundo debate y posible votación del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Digital, por lo que las entidades solicitaron ser consideradas dentro del marco de discusión de las propuestas.
Entre las modificaciones al proyecto de ley –y que preocupan a la industria– se encuentra el cambio de la entidad rectora, que pasaría del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Mintel) al Ministerio del Interior, ya que por determinación de la Ley de Transformación Digital, el ente rector del marco nacional de seguridad digital es el primero.
Las entidades también aseguran que existen definiciones imprecisas y demasiado amplias respecto a términos como: soberanía digital, servicios esenciales, infraestructura crítica digital y proveedores de servicios, lo que “obstaculizará el desarrollo del sector tecnológico y la transformación digital del sector público”.
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Asimismo, advierten la inexistencia de definiciones claras sobre cuáles serán las obligaciones que deberán cumplir desde el sector privado. “Estas quedan supeditadas a la emisión de normativas secundarias por parte del Sistema Nacional de Seguridad Digital, el Comité y los Subcomités que se formen a partir de este sistema, y la Autoridad de Protección de Datos Personales”.
La Citec, ALAI y AMCHAM señalan que también “se analiza la posibilidad de realizar cambios regulatorios relativos a incentivar la localización forzada de datos de instituciones del Ejecutivo, lo cual representaría un retroceso para la transformación digital y las cuestiones ya superadas con la Ley Fintech que permitieron la eliminación de barreras comerciales y la operación de empresas de servicios tecnológicos en el país”.
Recordaron que el deber del Estado es ofrecer seguridad y estabilidad jurídica respecto a las leyes que se expidan, por lo que las reformas deben responder a la tendencia internacional en materia de transformación digital y ciberseguridad.
