La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó un proyecto de ley para garantizar el acceso universal, libre y gratuito al Internet de banda ancha en los espacios públicos y el transporte colectivo de la capital del país.
El proyecto plantea que el gobierno deberá planear y ejecutar acciones para la instalación de infraestructura que permita brindar este servicio en los puntos de espacio público, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el pleno desarrollo de competencias y habilidades digitales.
Al tratarse de un derecho que está consagrado en la Constitución Política, el documento señala que el acceso a Internet no podrá ser objeto de restricciones, salvo que sea necesario para proteger la seguridad, el orden público, la salud o las garantías de otras personas.
La iniciativa busca que las entidades públicas privilegien el despliegue gradual y progresivo de infraestructura propia para la prestación de Internet. Mientras eso sucede, la Jefatura de Gobierno por sí misma o la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) podrá celebrar contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos con terceros.
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En el marco de sus competencias, la ADIP tendrá a su cargo la política de conectividad e infraestructura de la capital, por lo que coordinará su implementación en el gobierno capitalino y las alcaldías, y emitirá las disposiciones correspondientes.
Cada institución u organismo deberá considerar en el proyecto de obra de inmuebles públicos la instalación de infraestructura pasiva y activa necesaria para la red de área local, la cual incluye la red cableada de datos, construcción de nodos de datos, puntos de acceso inalámbrico y cuarto de telecomunicaciones (con adecuaciones eléctricas y de enfriamiento).
La propuesta de Sheinbaum también contempla que se priorizará la instalación de puntos de acceso a Internet en los pueblos, barrios y comunidades con mayor rezago digital; así como en los inmuebles destinados a la educación pública, la salud, oficinas de gobierno, centros comunitarios, parques, plazas públicas y sistemas de transporte público.
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Para ser considerada de calidad, el proyecto indica que la conexión a Internet deberá ser de por lo menos 3 Mbps de velocidad de descarga. Además, las instituciones tendrán la responsabilidad de resguardar la información y proteger los datos personales de las personas bajo estándares de ciberseguridad.
De todas formas, el proyecto plantea que el acceso a Internet gratuito no recopilará datos personales de los usuarios. Pero, aún así, la Secretaría de Seguridad Ciudadana establecerá y dirigirá acciones para difundir acciones preventivas respecto a la identificación y denuncia de delitos cibernéticos, especialmente para evitar la incidencia de violencia digital, que afecta desproporcionadamente a las mujeres.
