Proceso Jorge Bravo
Suena bonito, es loable y se imagina mejor una Ciudad de México libre de cables en el espacio aéreo. Sin embargo, una política de soterramiento de esa infraestructura esencial podría impactar en los precios de los servicios de telecomunicaciones, en las inversiones de tecnologías futuras, en la productividad de las industrias y en el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de los habitantes de la capital del país.
En la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México (presidida por la panista María Gabriela Salido) se discute la iniciativa de Ley para el Retiro de la Infraestructura Aérea y Aprovechamiento del Subsuelo de la Ciudad de México. La propuesta del gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum señala que toda infraestructura que se instale, construya, modifique o repare para la prestación de servicios públicos deberá ser subterránea.
Los prestadores de servicios (eléctricos, hidráulicos, de gas o telecomunicaciones) que tengan instalada infraestructura aérea en la vía pública de la Ciudad de México, deberán soterrar sus cables de manera programática en apego al Plan General y el Programa Anual de Despliegue y Retiro de Infraestructura que se diseñen.
La iniciativa advierte que durante el soterramiento de la infraestructura los prestadores deberán garantizar que los usuarios de dichos servicios (personas, hogares, negocios, hospitales, el gobierno) no sufran afectaciones en los mismos. Pero retirar el cableado para enterrarlo en el subsuelo ya implica una afectación a los servicios y a las actividades cotidianas que se realizan a través de las telecomunicaciones.
La propuesta señala que los operadores deberán identificar o etiquetar sus cables y retirar en un periodo máximo de un año los cables e infraestructura en desuso, lo cual es un periodo extremadamente corto dadas las complejidades urbanas de la metrópoli.
Los cables que no estén identificados serán retirados por las alcaldías. Se trata de una medida unilateral, desproporcionada y autoritaria que afecta la conectividad de hogares, negocios y oficinas públicas. Arrancar los cables afecta el derecho de acceso a las TIC y con ello otros derechos fundamentales y la productividad de personas e industrias. La recuperación de los gastos por el retiro de infraestructura correrá a cargo de los prestadores de servicios.
Es sencillo deducir por qué parte de la infraestructura (cables) se instala en el espacio aéreo. Es más económico y rápido de instalar y fácil de reparar cuando los usuarios presentan fallas en el servicio u ocurre un desastre natural o accidente.
Soterrar la infraestructura de telecomunicaciones implicaría costos de los servicios e inversiones prohibitivos para la población y los operadores. Poco se menciona, pero la Constitución Política de la Ciudad de México señala que las autoridades impulsarán el uso de las TIC y que habrá acceso gratuito de manera progresiva a Internet en todos los espacios públicos, para lo que se requieren inversiones e infraestructura.
En la Ciudad de México vivimos 9.2 millones de personas en 2.7 millones de viviendas. Existen 6.3 millones de usuarios de Internet y un total de 156 líneas de telefonía, 100 accesos a Internet y 69 accesos a televisión de paga por cada 100 hogares. Además de 109 líneas de servicio móvil por cada 100 habitantes.
Además, existen 427 mil 948 unidades económicas, siendo la Ciudad de México la entidad del país con más negocios después del Estado de México. El 92% de estas unidades económicas (396 mil 030) son mipymes de 1 a 10 personas. Sólo 19.7% de estas micro, pequeñas y medianas empresas en la capital del país tiene acceso a Internet (Anuario Estadístico 2020 del IFT).
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señala que entre los beneficios que reciben las mipymes al contar con servicios fijos de telecomunicaciones se encuentran la cercanía y que más clientes conocen la empresa, incrementos de ventas y clientes, reducción de costos, desarrollo de nuevos productos y servicios, rapidez y disminución de costos en la entrega de los mismos, además de la eficiencia del trabajo de los empleados.
La propuesta señala que la ciudad contará con un inventario con la infraestructura existente de los operadores de telecomunicaciones instalada para prestar servicios que se encuentre en el subsuelo y el espacio aéreo, que permita al gobierno una eficiente planeación, control y vigilancia del uso y aprovechamiento del subsuelo de la ciudad. Pero es muy poco tiempo hacerlo 60 días después de que se ponga a disposición la plataforma.
Suena bien contar con una plataforma y Ventanilla Única Digital de Trámites; sin embargo, la regulación y obligaciones en materia de información de infraestructura de telecomunicaciones deben ser definidas por el IFT, por lo que las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Obras y Servicios capitalinas estarían invadiendo atribuciones del regulador sectorial en la administración y operación de la plataforma, exigiendo un inventario de infraestructura al cual no están obligados ciertos operadores en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La iniciativa no considera el despliegue de infraestructura para la implementación de nuevas tecnologías. En la Ciudad de México existen alrededor de 13 mil 500 km de fibra óptica desplegada. Apenas 39.5% de los accesos residenciales de Internet fijo son mediante fibra óptica.
Las futuras redes de quinta generación requerirán aún más inversiones e infraestructura para desplegarse. Las redes de Internet de las cosas también demandan más espacios e instalaciones para conectar objetos, cámaras de videovigilancia, semáforos, vehículos, medidores de gas o agua para una mejor seguridad pública, movilidad y provisión de servicios públicos digitales.
Las ciudades deben ser creativas, conectadas y sostenibles para mejorar la calidad de vida de millones de personas que las habitan. Las urbes son vitales para resolver los principales desafíos sociales, ambientales y económicos. Para ello cuentan con la infraestructura del siglo XXI, la de banda ancha e Internet. Una nueva planificación y diseño urbanos combinan políticas públicas y estrategias innovadoras a través del uso y aprovechamiento de las TIC.
La colaboración, digitalización, automatización, la Internet productiva y la virtualización son algunos conceptos clave que surgen con el desarrollo continuo de las TIC. Las ciudades conectadas con redes inteligentes aprovechan la infraestructura urbana y tecnológica con el objetivo de proveer bienestar digital y garantizar derechos fundamentales como educación, salud, trabajo, seguridad y acceso a la cultura. No es arrancando cables ni elevando el costo de instalación de redes como la CDMX será una ciudad conectada y de vanguardia.