Proponen crear registro de conductores y repartidores de plataformas digitales en Perú

El Congreso estudia un proyecto de ley que plantea crear un registro nacional de conductores y repartidores de plataformas digitales, con el fin de mejorar la seguridad de los viajes y combatir la aparición de nuevas modalidades de robo.

Crédito: Adobe Stock

Auristela Ana Obando Morgan, del partido Fuerza Popular, presentó en el Congreso de Perú un proyecto de ley que busca crear un registro nacional de conductores y repartidores de plataformas digitales como Uber, DiDi e InDrive.

La congresista plantea desarrollar este registro con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de los usuarios de servicios de transporte y entrega de productos por aplicación.

El registro permitiría identificar a conductores y repartidores de plataformas, y distinguirlos de las personas que hacen un mal uso de las aplicaciones con el propósito de cometer actos delictivos.

Si bien las plataformas brindan una alternativa de generación de ingresos para miles de familias en el país, también se han dado casos de quienes las utilizan indebidamente para otros fines, ya que se hacen pasar por conductores y repartidores o falsifican cuentas.

De acuerdo con la iniciativa, se ha detectado una nueva modalidad de robo en Lima, conocida como “falso repartidor”. Muchos habitantes han denunciado que personas se hacen pasar por repartidores de plataformas para cometer robos y asaltos.

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Además, en el mercado negro se ha observado la venta de perfiles falsos de conductores o repartidores de aplicación desde los 100 soles. Estas cuentas se pueden utilizar para cometer actos delictivos.

Por eso, el proyecto señala que el registro nacional ayudaría a facilitar la identificación y seguimiento de los prestadores de servicio, brindando condiciones mínimas de seguridad.

La congresista argumenta que también el registro facilitará la fiscalización por parte de las autoridades correspondientes, lo que promoverá un mayor cumplimiento de las normativas locales y nacionales.

Y, asimismo, contar con el registro podría ser una herramienta en la prevención de delitos, ya que facilitaría la identificación y rastreo de individuos que utilizan plataformas digitales para cometer delitos.

Por otro lado, la iniciativa contempla que el registro podría tener un uso adicional al proporcionar datos demográficos y económicos detallados sobre las personas que prestan servicios en plataformas digitales.

“Estos datos son valiosos para comprender mejor la fuerza laboral en este sector y el diseño de diversas políticas públicas”, sustenta el documento.

La institución encargada de administrar, organizar, supervisar, verificar y actualizar dicho registro sería el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con información como documentos de identidad, antecedentes policiales y penales, permisos migratorios y licencia de conducir, cuando sea aplicable.

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Sin embargo, el proyecto señala que se prohibiría cualquier exigencia o requisitos legales discriminatorios por razones de raza, color, sexo, religión, nacionalidad, afiliación política, orientación sexual u origen.

En cuanto a las plataformas como Uber, DiDi e InDrive, la iniciativa advierte que serían responsables de verificar la validez de los números únicos de registro antes de permitir la suscripción y participación de un prestador de servicios

Y deberán asegurarse de que el número de registro de la persona conductora o repartidora sea visible a los usuarios en la aplicación móvil.

La iniciativa de Auristela Ana Obando Morgan se presentó el 30 de mayo en el Congreso peruano. Actualmente, se encuentra bajo estudio de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

No es esta la primera vez que ingresa al Congreso un proyecto de ley que busca regular las plataformas de transporte y reparto, incluyendo medidas como registros de los socios colaboradores.

Incluso, a nivel local los municipios han emitido ordenanzas para crear padrones de repartidores y conductores, entre otras cosas.

Sin embargo, a nivel nacional no se ha concretado alguna propuesta, ya que no sólo se limitan a la generación de un registro sino también abordan otras cuestiones fiscales, conceptuales y laborales sobre las plataformas digitales que son más complejas y requieren un debate más amplio.

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