La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) convocó a un Grupo de Trabajo (GT) para monitorear la situación del Grupo Oi. El objetivo es verificar si la actuación del operador pone en riesgo “la continuidad del servicio, los derechos de los usuarios, la calidad de la prestación y el mantenimiento de las condiciones de concesión”, según el asesor Alexandre Freire, relator del proceso.
Grupo de Trabajo Anatel
El GT evaluará y propondrá medidas para enfrentar las consecuencias de una posible discontinuidad de la operación de Oi y podrá solicitar la asistencia de la Procuraduría Federal Especializada de Anatel para que la Agencia contribuya con el Poder Judicial en un posible nuevo proceso de concurso público (RJ).
Anatel también podrá seguir las reuniones del Consejo de Administración, de la Dirección Ejecutiva y de cualquier foro deliberativo del Grupo Oi que trate el tema.
El directorio de Anatel también determinó medidas para Oi, como notificar al GT cualquier cambio en la participación accionaria de Oi en V.tal y presentar en el plazo de 60 días:
- flujo de caja consolidado, con comparación con lo previsto en el Plan de RJ y la justificación de las diferencias con lo realizado;
- descuento de previsión de flujo de caja consolidado, “dividido entre flujo de caja operativo, flujo de caja de actividades de inversión y flujo de caja de actividades de financiación, en el horizonte de plazo hasta el final de las concesiones de telefonía fija”;
- hipótesis y supuestos económico-financieros que sustentan la proyección del punto anterior, tales como “la rentabilidad esperada de las principales inversiones previstas y el coste de contratación de préstamos y financiaciones y su compatibilidad con las inversiones previstas”; Es
- “resaltar las fuentes de fondos provenientes de desinversiones por parte de otras sociedades, realización y aprobación de operaciones con partes relacionadas, constitución de gravámenes o gravámenes de cualquier naturaleza sobre activos permanentes, y constitución de garantías vinculadas a bienes y derechos de los concesionarios del grupo, y la realización de activos permanentes que tengan relación directa o indirecta con los servicios de telecomunicaciones delegados”.
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Recuperación judicial
De aprobarse la nueva RJ, el GT dará seguimiento a la asignación de créditos de futuras enajenaciones de activos y las propuestas del Plan de Recuperación Judicial, principalmente relacionadas con la enajenación de activos.
Para Oi, Anatel determinó que presentara a la Agencia copia de la petición inicial de RJ; notificar a Anatel para participar en las reuniones de los comités consultivos de gestión relacionados con cuestiones de enajenación de activos, formas adicionales de financiamiento, entre otras medidas.
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Sin embargo, en caso de quiebra, Anatel ya aclaró que se deben tomar medidas para la continuidad del Servicio de Telefonía Fija Conmutada (STFC). Esta es una de las mayores preocupaciones de la Agencia.
El presidente de Anatel, Carlos Baigorri, convocó para este martes a una reunión entre los miembros del Directorio de Oi, su presidente ejecutivo y los asesores de la Agencia. La idea es que la empresa aclare y presente más detalles sobre la situación actual y las perspectivas futuras, principalmente sobre el impacto en el STFC.
Crisis de Oi
La semana pasada, la empresa solicitó la protección de los acreedores en preparación para un segundo RJ. El Tribunal del 7º Tribunal Corporativo del Distrito Judicial de Río de Janeiro ya accedió a la solicitud de Oi; como resultado, se suspenden los pagos a los bancos, por ejemplo. El tribunal también otorgó a la empresa 30 días para presentar la solicitud de RJ.
Las justificaciones de Oi fueron factores impredecibles, como el cambio en el cronograma de fusiones y adquisiciones de la compañía, lo que resultó en un mayor consumo de capex para la expansión de fibra, la pandemia de Covid-19 y la caída en los ingresos por concesiones de voz fija.
Además, el negocio de fibra óptica y su crecimiento aún no fueron suficientes para solventar el endeudamiento de la empresa.
Unos días antes, un grupo de accionistas de Oi solicitó una Junta General Extraordinaria, que se realizará el 6 de marzo, para discutir una posible destitución del directorio de la empresa, evidenciando el tenso ambiente en Oi.
El primer RJ de la empresa finalizó a finales del año pasado, después de seis años. En la ocasión, Oi afirmó que el final del proceso mostró “el cumplimiento de las obligaciones asumidas ante sus acreedores hasta la fecha de cierre del concurso judicial” y destacó la transformación de su funcionamiento.