jueves, agosto 11, 2022
HomeANÁLISISUruguay | Potencial impacto de la Rendición de Cuentas al sector

Uruguay | Potencial impacto de la Rendición de Cuentas al sector

El oficialismo presentó su proyecto con promesa cumplida: busca derogar la ley de medios vigente. Qué artículos rozan al sector. Qué sobra, qué falta y cómo lo tomó la industria. Los planes del gobierno con Antel bajo la nueva era de convergencia.

La decisión del Poder Ejecutivo de habilitar a cinco cableoperadores a dar Internet fue sólo el comienzo de una nueva etapa de debate sectorial en Uruguay. Ahora, el gobierno presentó su proyecto de Rendición de Cuentas e incluyó en él, tal como lo había prometido, la propuesta de derogar la Ley de Medios vigente. Aunque la iniciativa es la de mayor impacto, no es la única que atañe al mercado y que, por incorporación u omisión, avivará las llamas en una discusión que recién comienza.

Te puede interesar: Causas y efectos de la convergencia plena en Uruguay

Fue el pasado 30 de junio que el gobierno envió al Parlamento su propuesta para que sea discutida por la Cámara de Diputados primero y el Senado después. Son 304 artículos que, según sus defensores, garantizarán un refuerzo para los sectores como la educación, ciencia y tecnología y la educación pública. En la exposición de motivos hay un apartado específico de innovación y se contempla a las telecomunicaciones dentro de las misiones en materia de infraestructura. También se proponen cambios en la Ley de Protección de Datos Personales.

Derogación de la Ley de Medios

El artículo 206 es el que estará en el centro del debate en materia sectorial. Es el que proclama expresamente la derogación de la Ley 19,307, así como sus disposiciones modificatorias, concordantes y reglamentarias. En el siguiente apartado (207) se restablece la vigencia de las disposiciones afectadas por dicha ley y en el posterior (208) se indica que las concesiones otorgadas durante su vigencia se mantendrán en los términos establecidos en los actos administrativos correspondientes.

La derogación de la Ley de Medios promulgada por la administración de José Mujica fue una de las promesas del gobierno actual, incluso desde antes de convertirse en oficialismo. La discusión parlamentaria promete poner trabas a la continuidad de estos artículos dentro de la propuesta pero, si prospera, redundará, por ejemplo, en que ya no exista la prohibición para que cableoperadores ofrezcan Internet, en que no haya limitaciones a la titularidad de servicios de TV para abonados y que ya no exista el límite de 25 por ciento que hasta ahora aplica como máximo de suscriptores que podrá tener un único operador del servicio.

Lo que sigue llena, al menos parcialmente, los espacios que dejaría la eliminación de la normativa vigente. El artículo 210 proclama que las personas con discapacidad deberán tener derecho a la accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual para lo que, entre otros aspectos, se incorporarán sistemas de subtítulos, lenguaje de señas o autodescripción (artículo 211), en especial los contenidos de interés general como informativos, educativos, culturales y acontecimientos relevantes. Además, se avanzará en fomentar la producción de contenidos nacionales y la formación de profesionales afines, según el borrador.

Otro punto relevante: aunque quede sin efecto la Ley de Medios, seguirá vigente su artículo 39, pues el proyecto de Rendición de Cuentas propone que se mantenga la transmisión de partidos de las selecciones de fútbol y básquet por TV abierta. ¿Cómo lo especifica? Advierte que “no correrá exclusividad de transmisión” en encuentros internacionales de estos seleccionados. Esos eventos, si son transmitidos por TV, “deberán estar disponibles a través de un servicio de radiodifusión de TV abierta”. Tendrá que estar disponible en vivo y en directo –no diferido–.

Bloqueo de contenido ilegal

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) podrá solicitar la inhabilitación en tiempo real del acceso a contenidos ilegales de eventos deportivos en directo en línea, indica el artículo 115. Para esto debe haber una denuncia del titular de los derechos o su representante, a partir de la cual se podrán dictar medidas cautelares de bloqueo que se ejecutarán temporalmente, por un plazo no mayor a 30 días. Los proveedores de acceso a Internet o intermediarios deberán retirar las emisiones ilegales lo más rápido posible hasta un máximo de 30 minutos desde la notificación.

Sobre este punto, se agrega que “a efectos de evitar el bloqueo de contenido legal, la Ursec deberá promover el bloqueo del acceso completo a un servidor que aloja servicios y contenidos legales, sino únicamente al contenido ilegal”. También se pregonará la cooperación entre ISP y titulares de derechos. El artículo previo, el 214, hace énfasis en que si bien los intermediarios o ISP no son responsables por los datos almacenados o transmitidos, “deben actuar con prontitud para retirar el contenido o hacer que el acceso a él resulte imposible” en cuanto tenga conocimiento de que se haya ordenado retirarlo. Más tarde se busca sustituir el artículo 712 de la Ley 19,924, que atañe a la difusión de contenidos a través de Internet o red similar con fines comerciales por parte de personas no legitimadas a ofrecer dicho contenido.

Planes para Antel y otros

En la exposición de motivos hay detalles sobre los planes para la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel),  empresa en la que, según el texto, se alcanzó un 37 por ciento de ejecución del plan previsto de inversiones para la actual administración –de 811 millones de dólares. La estatal apuntará a ampliar sus redes para alcanzar nuevos clientes; proyecta seguir con el despliegue de fibra óptica, con foco en el interior del país y se propone “comenzar a adquirir parte del equipamiento necesario para avanzar en el despliegue de la tecnología 5G.

También en la exposición de motivos, el apartado con foco en la innovación señala que “teniendo en cuenta las capacidades existentes en el país, se entiende que hay áreas donde el país debe apostar a fortalecer y desarrollar ecosistemas dinámicos y empresas de alto valor agregado”. En consecuencia, se propone priorizar tres segmentos: la tecnología digital aplicada a innovación; la biotecnología, aplicada a la salud humana y animal, nuevos materiales y alimentos avanzados, la vacuna y la farmacéutica y la tecnología verde: las energías renovables, los nuevos combustibles y nuevos materiales asociados a la economía circular.

Hay otros artículos con impacto indirecto en el sector, entre ellos los significan la reasignación de presupuesto para áreas audiovisuales, el que crea un fondo con destino a la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación liderado por jóvenes y aquél por el que se da al Ejecutivo facultad para constituir el Fondo de Desarrollo Audiovisual y Cultural para los Medios Públicos. También se indica que los funcionarios públicos con más de cinco años de actividad en Ursec podrán solicitar su incorporación definitiva.

El apartado 290, en tanto, indica que la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, conjuntamente con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) suscribirán un acuerdo de complementación técnica y de servicio de tecnología para asegurar la continuidad operativa y los planes de trabajo en el marco del Programa Salud.uy. Se encomienda, en este sentido, al Ejecutivo que determine la fecha de suscripción del acuerdo entre las partes.

Quejas

“Nos preocupan los artículos 214, 215 y 216”, dijo a DPL News Raúl Echeberría, director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI). “El objetivo es compartido pero, tal como fueron propuestos, aportan más riesgos y problemas que beneficios”, indicó para luego agregar que “si bien es claro que se busca atacar la transmisión ilegal de señales televisivas, el texto actual refiere a un conjunto mucho más amplio de contenidos audiovisuales, lo cual es negativo”.

Para la asociación, los puntos abordados en esos ítem requieren “mucha más discusión”. Adicionalmente, considera que los mecanismos de bloqueo de contenidos en tiempo real “no ofrecen suficientes garantías y ponen responsabilidad excesiva en los hombros de distintos participantes de la cadena”. La propuesta de ALAI es no modificar al momento el artículo 721 de la ley 19,924 ni agregar nuevos mecanismos que ya fueron considerados y desechados tras el debate de esa normativa.

En los mismos artículos (y en otros) concentraron sus quejas otras entidades. El Director Ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez, señaló en su cuenta de Twitter que la propuesta da “más poderes al regulador para ordenar a redes sociales y telefónicas a eliminar contenidos audiovisuales y bloquear cuentas y sitios Web sin orden judicial”. En este contexto, coincidió en que “la Rendición de Cuentas no es el lugar (ni da tiempo suficiente) para analizar y debatir cuestiones tan complejas”. También señaló que derogar la Ley de Medios generaría un serio retroceso en materia de libertad de expresión.

“No obstante, tal como se propone el artículado, es importantísimo que se generen mayores instancias de cooperación público-privada y entre los privados en ese tema. En eso estamos totalmente de acuerdo con el gobierno”, retomó Echeberría, que se mostró optimista en poder conversar sus comentarios en las instancias venideras. Mientras tanto, analizarán las implicancias de otros artículos, como aquellos que introducen modificaciones a la ley de protección de datos personales. “La discusión recién comienza, hay tiempo para tener posiciones más concluyentes”, concluyó.

También presentó su postura la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias (AMDA), la cual consideró que “la derogación de la ley de Medios implicaría un grave retroceso en distintos ámbitos: mayor concentración de medios en pocas manos, discrecionalidad y, por tanto, menos transparencia en el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión; eliminación del derecho a la objeción de conciencia, se acabaría la autonomía de los medios públicos y regresarían las obsoletas facultades para cerrar medios de comunicación que, por ejemplo, afecten 'la imagen y el prestigio de la República'”.

En una carta firmada por su presidenta, Beatriz Solíz Leree, la entidad hizo énfasis en un punto que fue el más discutido fuera del debate puntual en materia sectorial: “Como lo han advertido diversas organizaciones en la sociedad de Uruguay, (de aprobarse el proyecto) se restituirían normas aprobadas durante la dictadura en los años setenta y ochenta y que son contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información que se han impulsado a través de distintos mecanismos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CICH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

En cuanto a los derechos de las audiencias, agregó AMDA, “una mayor concentración (...) y el debilitamiento en la autonomía de los medios públicos tiene una afectación muy grave en la pluralidad, diversidad y la inclusión de los contenidos y es fuente para alentar lo que ha combatido desde hace décadas como los discursos de odio y discriminación, entre otros. (...) También se modificaría el reconocimiento de los derechos de las audiencias y las bases fundamentales para su tutela”. En este contexto, la asociación pidió que “se impida esta acción antidemocrática y la reforma a la ley de Medios sólo se centró en los artículos que de acuerdo a la Corte tuvieron problemas de inconstitucionalidad”.

Impacto por omisión

No aparecen en la propuesta dos artículos que sí fueron parte de la partida el año pasado, pero que no se mantuvieron tras el trámite parlamentario. No figura en esta nueva propuesta la creación de un Fondo Nacional de Telecomunicaciones ni tampoco aparece el apartado que disponía que las transferencias en la titularidad de los servicios de comunicaciones –incluido acciones– deberían contar con previa autorización del Poder Ejecutivo.

También hay que hablar de omisión de un viejo reclamo de los privados: la propuesta del gobierno ni siquiera menciona la posibilidad de incluir obligaciones de compartición a Antel. El punto quedará, al menos con esta redacción, entre los pendientes de una eventual nueva Ley de Medios, que se ha debatido también largamente en Uruguay aun con otra normativa como parte de la legislación vigente.

Lo cierto es que hay una larga lista de artículos del proyecto de Rendición de Cuentas que rozan el sector. El corto tiempo que existe para el debate y lo complejo de los temas a tratar –y que estos no han podido resolverse en discusiones más específicas– es el alma de las quejas y un arma que podría terminar por declinar la posibilidad de que los ítems mencionados permanezcan en el documento definitivo. Los que sí sean incorporados se sumarán a la normativa del sector, que está en proceso de cambios en Uruguay.

Nicolás Larocca
Nicolás Larocca
Licenciado en Comunicación Audiovisual, periodista y locutor integral. Analista con más de nueve años de experiencia en el mercado de las telecomunicaciones en Iberoamérica. Se ha desempeñado en diversos medios radiales, digitales y en gráfica como productor, redactor y editor de contenidos. Participó de eventos de relevancia internacional como Futurecom, ABTA Expo & Conference, el Congreso Latinoamericano de Satélites, Punta Show Summit y más de 100 congresos con temática TIC en Argentina.

Publicidad

LEER DESPUÉS