Un tribunal del Poder Judicial de la Federación en Cancún le dio la razón a Uber en su batalla por operar libremente en Quintana Roo, México. Los jueces otorgaron a la plataforma de transporte un amparo que le permite brindar servicios, luego de más de cinco años de restricciones en la entidad.
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito falló a favor del funcionamiento de Uber en el estado, ya que consideró que las actuales leyes de transporte del estado son inconstitucionales y no pueden aplicarse a Uber.
Los magistrados determinaron que la legislación actual no contempla a las plataformas digitales de movilidad, a las cuales no pueden aplicarse las mismas reglas que el servicio de transporte público o del concesionado.
A diferencia del taxi tradicional, las aplicaciones como Uber aprovechan la tecnología para fungir como intermediarias en la prestación de un servicio privado de transporte, por lo que no requieren una concesión.
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El tribunal concluyó que, dada esta distinción, las plataformas digitales requieren ser reguladas bajo un marco normativo actual que las considere como tal, en lugar de buscar que encajen en la regulación convencional.
La resolución de los jueces también tomó en cuenta las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que años atrás ya se había pronunciado acerca de las diferencias entre las aplicaciones de movilidad y los taxis. El organismo ya había advertido la necesidad de crear categorías distintas en la ley.
Uber ha tenido que librar una larga batalla en los tribunales para lograr que se permita su operación en Quintana Roo, mientras que los grupos de taxistas se oponen y promueven recursos legales para bloquearla.
El año pasado, la SCJN ordenó al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Cancún que resolviera el amparo mediante el cual la plataforma pedía no ser considerada como un servicio público, y se le exente de tramitar una concesión.
Particularmente, la Suprema Corte dijo que los tribunales colegiados de la ciudad debían resolver el recurso, partiendo de los criterios que emitieron jueces en Yucatán y Colima en temas similares. En ambas entidades, los tribunales concluyeron que las plataformas brindan un servicio privado de transporte, y no público.
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Tras conocer el fallo del tribunal de Cancún, las agrupaciones de taxistas se manifestaron afuera de las instalaciones de los juzgados de distrito. Cientos de vehículos de taxis y conductores bloquearon el acceso durante varias horas, exigiendo que no se permita la entrada de Uber.
Si bien la plataforma tecnológica ya tiene el amparo del tribunal, también deberá enfrentarse al Instituto de Movilidad estatal, que en ocasiones anteriores ha desplegado operativos para inmovilizar los vehículos asociados a Uber y no ha aceptado las resoluciones de la SCJN.
Quintana Roo no es el único estado de México donde las aplicaciones tecnológicas tienen restricciones para operar. La falta de modernización en las normativas ha dado pie a que las dependencias implementen trabas, como las amenazas de multas y los operativos.
Otras entidades, como la Ciudad de México, ya han reformado el marco normativo para dar certidumbre a esta nueva modalidad de transporte. En cualquier caso, su regulación es una materia que sigue en curso.