La Corte Suprema de Chile reafirmó un fallo judicial que determina que Uber, Easy Taxi y Cabify no incurren en prácticas anticompetitivas en el mercado de transporte de pasajeros, luego de los reiterados reclamos de los grupos taxistas.

El fallo de la Corte le da la razón a la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que rechazó en marzo de 2021 las demandas por parte de los grupos taxistas. El Tribunal consideró que no se presentaron suficientes pruebas que permitieran acreditar las presuntas conductas anticompetitivas.

Tras la determinación del TDLC, el Sindicato de Trabajadores Independientes “Taxis Chile” y otros gremios interpusieron recursos de reclamación ante la Corte Suprema contra las aplicaciones tecnológicas.

De nueva cuenta, la Corte desestimó los reclamos de los taxistas y dijo que la oferta de un mejor servicio por parte de un agente económico (las plataformas) es legítima en la medida en que cada persona o asociación tiene la libertad de ejercer una actividad económica sin importar que ya existe otro actor en el mismo mercado (los taxistas).

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La Corte Suprema también destacó que es igual de válida la preferencia de los clientes por determinados productos o servicios con base en eficiencia y mejoras. Sólo uno de los jueces, el ministro Muñoz, opinó que sí existen indicios de prácticas que dañan la competencia.

Taxis Chile reclamó a través de sus recursos que Uber, Easy Taxi y Cabify no cumplen con la normativa vigente para el transporte público, no pagan impuestos ni se adhieren a la ley laboral, lo cual, a su juicio, representa una competencia desleal.

Otro de los argumentos del grupo fue que las plataformas digitales ofrecen precios demasiado bajos con la intención deliberada de atraer a los pasajeros, lo cual es depredatorio para los taxistas, y aprovechan la mala reputación de los taxis y otras ventajas para “robar” a los clientes.

Ante esto, las aplicaciones tecnológicas señalaron que son empresas que ofrecen servicios en el sector de transporte privado con características muy diferentes, por lo que no se ciñen a la regulación del transporte público como pretenden los taxistas.

Uber explicó que el servicio que presta es de intermediación entre conductores y usuarios a través de su plataforma, por lo que no se encuentra en el mercado de transporte público. Respecto a las tarifas económicas, la empresa destacó que es resultado de la competencia y las bajas barreras de acceso al mercado propio de su modelo de negocios, y no de prácticas anticompetitivas.

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Las empresas de Internet señalaron que sí declaran impuestos de acuerdo con la normativa. Por ejemplo, Cabify comentó que cumple con sus obligaciones tributarias, al declarar cada año su tasa de renta efectiva.

El fallo de la Corte pretende poner punto final a la batalla legal de los taxistas contra las plataformas digitales de transporte, pues al menos desde 2016 las agrupaciones de taxis han demandado que no se permita la operación de las aplicaciones o se suscriban a la misma regulación que el taxi.

Aun así, Chile carece de una normativa específica que contemple la operación del nuevo modelo de negocios de las plataformas en el mercado de transporte, con el fin de brindar certidumbre a este sector. Algunos proyectos de ley ya se están estudiando en el Congreso, y en el ámbito del trabajo en 2022 el país emitió un nuevo marco normativo que es precursor en América Latina.

Las noticias que llegan de Chile hacen sonar las alarmas de alerta en lo que respecta a las plataformas de transportes de pasajeros. Es que el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Juan Carlos Muñoz, alertó a los usuarios sobre las eventuales consecuencias que podría tener utilizarlas en declaraciones confusas que podrían generar un efecto indeseado. ¡Cuidado!, no hay que proteger las calles de las plataformas.

La máxima autoridad del país en la materia aseguró que se masificaron las fiscalizaciones en el marco del plan Calles Protegidas. “El transporte informal no cumple con los estándares que se le exige al transporte remunerado de pasajeros. Queremos que estén todos bajo las condiciones de legalidad”, dijo a la prensa.

A noviembre, el proyecto había generado un aumento de 29 por ciento en las fiscalizaciones: se hicieron más de 512 mil controles, 114 mil infracciones y se retiraron de circulación por incumplimientos a seis mil 500 vehículos. 

Aquí viene el problema. Es que el funcionario señaló durante el evento que quienes manejan utilizando plataformas no son choferes profesionales y agregó que incluso podrían no responder al pasajero por daños y perjuicios en casos de siniestro, consignó el medio local La Hora. 

Las declaraciones de Muñoz se suman a la reciente polémica por el dictámen presentado por la Dirección del Trabajo para dar sentido y alcance a los cambios a la ley laboral que atañe a las plataformas digitales. 

Es que para las plataformas esta visión es inexacta en al menos cinco puntos: las facultades de la Dirección del Trabajo, el contexto de trabajo en las plataformas digitales, las definiciones, el contrato de trabajadores independientes y las normas comunes a trabajadores dependientes e independientes.

En este contexto, resulta pertinente dar claridad sobre la función, alcance y condiciones en las cuales prestan servicios plataformas de movilidad en Chile. 

La declaración gana relevancia por el peso específico de su emisor y en un mundo que ha pasado de 152 a 777 empresas de plataformas que dan trabajo a miles de personas entre 2010 y 2020. 

Además, incluso según informes locales, el crecimiento de la economía de plataformas y del trabajo en ellas “representa oportunidades para la creación de empleo y la organización de los procesos productivos”.

Los cambios en el Código del Trabajo de Chile entraron oficialmente en vigencia en septiembre y su aplicación en los hechos es la que ahora es escenario de debate en el país. 

El dictamen presentado por la Dirección del Trabajo para dar sentido y alcance a la ley no convence a las plataformas digitales, que ya habían mostrado sus dudas durante el proceso de análisis modificación de la normativa, que se formalizó en marzo. Qué dice y cómo las afecta.

Las 36 páginas del texto intentan poner blanco sobre negro (aunque no necesariamente lo logra) en al menos cinco cuestiones: 

1. Facultades de la Dirección del Trabajo, con la relación entre plataformas y trabajadores como susceptible de su fiscalización.
2. Contexto de trabajo en las plataformas digitales, señalando expresamente que el avance tecnológico y sus consecuencias en el mercado laboral y productivo debe respetar los derechos fundamentales de los trabajadores.
3. Definiciones, indicando qué se entiende por empresa de este rubro, distinguiendo entre trabajadores dependientes, independientes, presunción de laboralidad y principios de ajenidad en la organización, el mercado y la marca.
4. Contrato de trabajadores independientes, segmento en el cual se pronuncia en temas como honorarios, cobertura social y derecho de desconexión, entre otros puntos.
5. Normas comunes a trabajadores dependientes e independientes, con detalles en cuestiones como el tratamiento de los datos de los trabajadores, prohibiciones, capacitación y cálculos de indemnizaciones.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el número de empresas de plataforma que dan trabajo se multiplicó al pasar de 152 a más de 777 entre 2010 y 2020, indica el texto como último reporte disponible para un mercado que además ha tenido la pandemia como catalizador de crecimiento en el mundo y múltiples beneficios para las economìas locales. 

Luego, agrega que el crecimiento de la economía de plataformas y del trabajo en ellas “representa oportunidades para la creación de empleo y una organización de los procesos productivos”.

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Considerando que esta nueva realidad es materia de entendimiento de quienes toman decisiones, es que las plataformas se mostraron disgustadas durante el tratamiento con el avance de una ley que amenaza el modelo de negocio de firmas que funcionan, en todas las acepciones de la palabra, a favor del crecimiento laboral y económico de un mundo en crisis y bajo estructuras no tradicionales.

Ahora, la nueva normativa no parece encontrar herramientas facilitadoras para su aplicación en su dictamen, más bien todo lo contrario. 

Desde Uber pidieron que se deje sin efecto por considerar que “el pronunciamiento es contrario a la naturaleza de la normativa despachada por el Congreso”. 

En declaraciones tomadas de  Diario Financiero, la empresa consideró que el documento “impide que la regulación produzca sus efectos por restringir la posibilidad de prestación de servicios por parte de trabajadores independientes”.

Las dudas de las plataformas no se limitan a eso sino a que, por como está escrito, el texto no delimita la competencia de la Dirección del Trabajo a la fiscalización y establece nuevos criterios e indicios de laboralidad para trabajadores sin tener en cuenta consideración previas a la implementación de la ley. 

Además, creen que no es claro sobre el concepto de ofrecer “un servicio subyacente” ni se presenta claramente el concepto de “servicios efectivamente prestados”. 

Más: se persiste en la obligación de las empresas de entregar, de manera gratuita, elementos de protección personal a trabajadores en cualquier caso y no hay pronunciamiento sobre la aplicación ni cobertura del seguro de daños a los bienes personales que utilice el trabajador de plataformas digitales.

Así las cosas, las plataformas piden revisión del dictamen que se atribuye competencias de Tribunales de Justicia con argumentos peligrosos, pues desconocen el trámite legislativo y el propio espíritu de la ley intentando reescribirla. 

El documento desentiende que la tecnología es catalizador de oportunidades y las empresas de este tipo vehículos para la generación de nuevos empleos y ambientes propicios para el crecimiento económico en clave digital. 

Peor aún: su razonamiento atenta contra los propios trabajadores a quienes dice proteger.

En términos menos técnicos, Chile tiene la oportunidad de que el diablo no esté en los detalles, al menos no esta vez.