En una era marcada por la digitalización, también las autoridades fiscales se vuelven “migrantes digitales” y enfrentan varios desafíos para regular nuevos modelos de negocio propios de la economía digital, procurando la recaudación de impuestos sin ahogar la innovación y el crecimiento de este sector.

La fiscalización y recaudación de impuestos provenientes de los negocios digitales ―plataformas de transporte, servicios de streaming o marketplaces― es un tema que los países están discutiendo a nivel local y también a nivel global.

Si bien es un tema en desarrollo, sobre el cual aún no existe una normativa internacional, especialistas, académicos y representantes de la industria coincidieron, en un foro organizado por la UNAM, en que la regulación fiscal de la economía y las plataformas digitales debe brindar seguridad jurídica, un piso parejo, una adecuada definición de los distintos modelos de negocio y servicios y un espacio de colaboración.

Alejandro Escobedo, director legal senior de DiDi México, explicó que el análisis de la regulación fiscal comienza por definir adecuadamente la economía digital y cuáles son los diferentes servicios digitales que se prestan.

En México, las plataformas digitales están obligadas a retener los impuestos IVA (impuesto al valor agregado) e ISR (impuesto sobre la renta) de los ingresos de sus socios conductores, para facilitar la recaudación por parte del Servicio de Administración Tributaria, adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las leyes del IVA e ISR actualmente equiparan en un concepto a diferentes plataformas de intermediación, como las plataformas de transporte y entrega de productos a domicilio, y los servicios de streaming, puntualizó Escobedo en un conservatorio sobre economía digital en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Sin embargo, existen diferencias importantes entre estos modelos de negocio, aunque ambos pertenezcan a la economía digital. Incluso, existen servicios digitales que aún ni siquiera están contemplados en los marcos legales.

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En ese sentido, Alejandro Escobedo dijo que un primer desafío es una correcta definición de los modelos y también la determinación de lo que se está gravando respecto a cada modelo en particular y por qué.

Juvenal Lobato, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resaltó también la importancia de las regulaciones locales a nivel nacional para la recaudación de impuestos.

Por ejemplo, además de la retención de IVA e ISR a nivel federal en México, en la Ciudad de México las plataformas de transporte y reparto están obligadas a pagar un aprovechamiento por el uso de infraestructura urbana como las vialidades.

“¿Queremos llegar a esa parte? Es decir, ¿eso realmente es lo que nosotros buscamos gravar o es la actividad propiamente que genera la ganancia y la utilidad?”, cuestionó Lobato sobre el caso de la capital mexicana.

La fiscalización de la economía digital no debería disfrazar o simular otros cobros con fines recaudatorios, sino gravar propiamente la actividad económica en cuestión según sus ganancias y utilidades, opinó el académico.

Juvenal Lobato agregó que “las autoridades deben ser muy cuidadosas: no se pueden prestar a un acto de simulación meramente recaudatorio sin que trascienda verdaderamente un adecuado gravado en su caso para las plataformas”.

Otro de los desafíos para la fiscalización de la economía digital es la seguridad jurídica y el llamado “piso parejo” de la competencia. El director legal senior de DiDi México señaló que en el país todas las empresas de intermediación, en tanto habilitan una plataforma que pone en contacto a conductores y repartidores con usuarios finales, deben cumplir con la retención de impuestos.

Esto implica, apuntó Escobedo, que las autoridades implementen acciones para asegurarse que todos los actores cumplan con las obligaciones establecidas en la ley, especialmente aquellos que participan como servicios de intermediación, en referencia a la plataforma de transporte inDrive u Only Fans.

De esta manera, se garantiza que las empresas de la economía digital tengan seguridad jurídica y un “piso parejo” que les permita cubrir sus obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, invertir.

“La seguridad jurídica que reclaman también los contribuyentes, los modelos de negocio. Nadie se quiere arriesgar a poner un emprendimiento y luego tener alguna revisión fiscal, algún problema con las autoridades”, comentó Israel Santos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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Además de estos puntos, la regulación fiscal del sector digital se enmarca en un contexto global. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene un enfoque de dos pilares para abordar los desafíos fiscales de la economía digital.

El primer pilar se enfoca en el derecho impositivo para los mercados sobre una parte del beneficio final de un grupo multinacional; el segundo, en una tasa impositiva mínima de 15 por ciento sobre las empresas multinacionales de la economía digital.

La tributación de la economía digital “parte de una estructura tributaria internacional mayor, que de alguna forma limita o posibilita las posibilidades de las economías locales de aplicar determinadas reglas fiscales”, afirmó Ana María Morales, investigadora de Fundar.

Morales comentó que los países de América Latina, y todos aquellos donde las empresas no tienen sede o base de operaciones, necesitan tener acceso a los procesos de negociación en la OCDE sobre la tributación digital, con el fin de posicionar sus intereses y también se beneficien de la redistribución.

El Universo

Las condiciones en que se dio la renovación de licencias con las empresas telefónicas hace 10, 15 o 20 años definitivamente no serán las mismas, ya que el contexto actual ha marcado una evolución y eso debe ser considerado por los diferentes países, incluido Ecuador, según el Estudio de Renovación de licencias de espectro en América Latina, presentado por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).

Ese informe muestra que Ecuador “tiene grandes retos en materia de espectro radioeléctrico”, indicó la secretaria general de Asiet, Maryleana Méndez, en un encuentro telemático en el que participaron representantes del sector de telecomunicaciones de Ecuador, Colombia, Perú y Brasil el martes 19 de septiembre.

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Con las elecciones presidenciales en puerta, Tigo considera que el principal desafío que tendrá el próximo gobierno de Colombia será garantizar la conectividad universal y zanjar la brecha digital, una tarea que también se propuso la actual administración.

Para conectar a las 20 millones de personas que aún no tienen acceso a Internet, la empresa de telecomunicaciones propuso cinco acciones al futuro nuevo gobierno que tomará posesión en agosto de este año tras la salida de Iván Duque.

1. Concentrarse en 4G

Tigo planteó que el despliegue de las redes 4G para expandir la cobertura debe ser una prioridad para la nueva administración, porque el acceso a esta tecnología se traduce en más oportunidades sociales, productivas y económicas para la población.

El desarrollo de esta tecnología en el país ya lleva 10 años, pero su penetración todavía no supera el 50 por ciento y hay 10 millones de personas que aún dependen de las redes móviles 3G ó 2G para conectarse.

“Eso es como si hoy, en pleno Siglo XXI, tuviéramos a más de 10 millones de compatriotas viendo televisión en blanco u negro”, advirtió. Según estimaciones de la compañía, un aumento de 10 puntos porcentuales en la conectividad móvil ayudaría a que el PIB per cápita crezca un 0.4 por ciento.

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2. Reducir el precio del espectro

Las redes de telecomunicaciones tienen como ingrediente principal al espectro radioeléctrico. En ese sentido, Tigo subrayó que el nuevo gobierno debe cambiar una visión recaudatoria por una de conectividad en la asignación de las frecuencias.

Con base en datos de la GSMA, el operador advirtió que Colombia es el tercer país de la región que licitó la banda de 700 MHz con un precio más caro.

Claro, Tigo y WOM pagaron un costo entre 15 y 20 por ciento mayor al promedio que desembolsaron las empresas en otros mercados de América Latina (Panamá, Argentina o Brasil, por ejemplo) por frecuencias en dicha banda.

“El próximo gobierno debe dimensionar que cada peso que los operadores paguen por la licencia de espectro es un peso que le quita al despliegue de infraestructura para conectar a los colombianos que aún no tienen acceso a Internet de alta velocidad”, dijo la compañía.

3. La conectividad como pilar de la reactivación económica

La tercera acción que debería impulsar el nuevo gobierno, de acuerdo con Tigo, es ver a la conectividad como un pilar de la reactivación económica tras los estragos causados por la pandemia de la Covid-19.

Durante el tiempo más álgido de la contingencia sanitaria, la resiliencia de las redes de telecomunicaciones permitió mantener el funcionamiento de actividades esenciales para la población, como los servicios médicos y la educación.

“Más y mejor conectividad es lo que el país necesita para seguir transitando el camino de la reactivación económica. La conectividad abre las puertas para impulsar la economía digital, que vio un crecimiento explosivo durante la pandemia”.

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4. Revisar las contraprestaciones al FuTIC

Además, Tigo pidió al próximo gobierno que considere reducir al 1 por ciento la tasa de contraprestación que hacen los operadores de telecomunicaciones al Fondo Único TIC, dado que así se podría generar más innovación e inversiones.

Colombia debería estar a la par del estándar latinoamericano, pues la mayoría de países de la región tienen una tasa de un punto porcentual, señaló la empresa.

5. Garantizar la seguridad jurídica

Por último, la compañía resaltó la importancia de garantizar la seguridad jurídica que requieren las inversiones de todos los actores del sector a largo plazo. El gobierno debe establecer reglas claras que apliquen a todos por igual.

Así, los inversionistas decidirán inyectar más recursos en Colombia, pues se necesitará alrededor de 47 por ciento más de las inversiones actuales para alcanzar un alto nivel de infraestructura que posibilite el cierre de la brecha digital, comentó Tigo.

El proyecto de reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador fue presentado ante el Ejecutivo este miércoles 26 de enero de 2022.

Este proyecto, conformado por 107 artículos, nueve títulos, tres disposiciones transitorias y una final “permite una adecuada protección de este derecho fundamental frente al avance tecnológico y brinda seguridad jurídica”, aseguró la titular de la Dirección Nacional de Registros Públicos (Dinarp), Angie Jijón Mancheno, ante el Secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo. 

Durante su intervención, la titular de la Dinarp agradeció la colaboración de todos los organismos extranjeros y entidades nacionales que participaron en la elaboración del reglamento. 

Y explicó que el documento se fundamenta en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo y los preceptos dados por los órganos de la Unión Europea.

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Por su parte, la Ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Vianna Maino, destacó que la propuesta le permitirá a Ecuador contar con las garantías y bases para la defensa de los derechos y libertades en torno al uso correcto de la información.

“Los datos son una situación global y, por ende, su protección tiene que obedecer a un concierto jurídico y práctico de orden internacional”, agregó. 

Con esta ley y su reglamento, “Ecuador forma parte de los países de la región donde la protección de datos personales es una prioridad”, dijo, por su parte, Robert Pantzer, especialista en Gobernanza, Seguridad Ciudadana y Género del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Mientras que la experta internacional María Solange Magueo señaló que este documento fue muy cuidadoso en introducir y adoptar derechos “que se han gestado en esta nueva ola de modernización de derecho a la protección de datos personales, como por ejemplo el de portabilidad”.

Y, finalmente, Luis Idrovo, registrador mercantil de Durán-Samborondón y coordinador de la redacción del documento, destacó que en la normativa se contempla la importancia de profesionalizar al delegado de protección de datos personales que establece la ley, lo cual resulta fundamental por ser quien supervisa, audita y se encarga de informar a la autoridad de control si se cumple o no con lo establecido en la ley.