La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Tamara Ćapeta, emitió una opinión en la que recomienda el establecimiento de límites a la capacidad de los Estados miembros para prohibir equipos de telecomunicaciones por motivos de seguridad nacional. Según la abogada, las restricciones deben basarse en riesgos concretos y específicos, más que en simples sospechas generales o sesgos geopolíticos.

Ćapeta emitió un análisis respecto a la disputa en Estonia, donde Elisa, uno de los tres principales proveedores de telecomunicaciones del país, impugnó ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Tallin una resolución que le denegó autorización para utilizar equipos 2G/4G y 5G fabricados por el fabricante chino Huawei, al ser considerado por las autoridades estonias como proveedor “de alto riesgo”.

Elisa sostiene que las autoridades estonias —el Consejo de Ciberseguridad del Comité de Seguridad (KJN) y la Oficina de Protección de los Consumidores y Supervisión Técnica (TTJA)— no demostraron la existencia de un riesgo real para la seguridad nacional, ni la probabilidad de materialización de dicho riesgo, ni el alcance potencial del perjuicio.

Además, la empresa alega que el breve periodo de transición constituye una prohibición retroactiva que equivale a una expropiación de sus bienes, por la cual debería recibir una indemnización.

Por su parte, las autoridades estonias argumentan que las decisiones se basan en una evaluación de riesgos donde basta con la probabilidad y previsibilidad de una amenaza, y que tales decisiones son competencia exclusiva del Estado, sujeta únicamente a un control judicial limitado.

El gobierno también señala que basó su decisión en la Recomendación de la Comisión sobre ciberseguridad de 2019, la Evaluación de riesgos coordinada y el Conjunto de instrumentos 5G del Grupo de Cooperación SRI, así como la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación del conjunto de instrumentos 5G, los cuales identificaron que los equipos de Huawei presentaban “riesgos sustancialmente más altos”.

La Comisión justificó las restricciones o exclusiones a Huawei por parte de los Estados miembros basándose en el “vínculo entre [dicho] proveedor y el gobierno de un tercer país determinado, la legislación del tercer país y las características de la propiedad corporativa del proveedor”.

Por un lado, la abogada reconoce la importancia de aplicar medidas que permitan garantizar la seguridad en el uso de redes de telecomunicaciones, pero aclara que una restricción sólo es legal “si el riesgo para ese interés es genuino, presente y suficientemente grave en el caso particular”. En ese sentido, los gobiernos deben señalar riesgos concretos vinculados a equipos específicos, no basarse en sospechas geopolíticas amplias.

En su opinión, Ćapeta consideró que “el mero hecho de que una medida nacional se haya adoptado con el propósito de proteger la seguridad nacional no puede hacer inaplicable el derecho de la UE ni eximir a los Estados miembros de cumplirlo”.

“A este respecto, un Estado miembro no puede justificar tal restricción invocando únicamente razones de seguridad nacional. Por el contrario, la legislación que permite tal restricción […] debe obligar a las autoridades competentes […] a evaluar si el equipo concreto en cuestión representa realmente tal riesgo para la seguridad de la red nacional de telecomunicaciones”, señala el documento.

“Si bien esta evaluación puede ser diferente en lo que respecta a los riesgos procedentes de terceros Estados o de sus proveedores, no puede basarse en una sospecha general; por el contrario, debe incluir una evaluación específica del uso al que se destina dicho equipo y de los riesgos asociados al mismo”, agrega.

Ćapeta reconoce que estas medidas constituyen restricciones al mercado interno, ya que pueden limitar cómo los operadores de telecomunicaciones construyen y gestionan sus redes, haciendo “el acceso y el ejercicio de ese servicio menos atractivo o más difícil”.

El documento entregado por la abogada se trata de una opinión no vinculante, pero se espera que el TJUE siga las recomendaciones y dé respuesta a los cuestionamientos presentados. El fallo definitivo podría llegar en los próximos meses, para después ser turnado nuevamente al tribunal estonio, el cual determinará si las restricciones impuestas a Elisa son acordes al derecho de la UE.

Con esta medida, Estonia se sumaría a otros países de la Unión Europea, como Alemania y el Reino Unido, que han impuesto restricciones al uso de equipo fabricado por Huawei, al ser considerado un riesgo para la seguridad nacional por sus posibles vínculos con el Partido Comunista de China (PCCh). El fabricante ha negado que esté sujeto al control del gobierno chino, a la vez que sus equipos se ajustan a la regulación local y cumplen con las medidas de seguridad establecidas en los estándares de las redes móviles.

Canal AR

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva normativa que prohíbe el uso de celulares durante las clases en las escuelas secundarias, tanto públicas como privadas. La medida alcanza a estudiantes y también a docentes frente a alumnos, y establece que cualquier actividad pedagógica digital deberá realizarse exclusivamente con computadoras y dispositivos provistos por la institución y bajo planificación y supervisión docente.

Leer más: https://www.canal-ar.com.ar/34079-Es-una-maquina-de-distraccion-la-Ciudad-prohibe-los-celulares-en-clases-de-secundaria.html

El diablo está en los detalles. Los pormenores del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos traen consigo novedades importantes para el sector, pues el país sudamericano se compromete a “utilizar proveedores de tecnología de comunicación que no comprometan la seguridad y la propiedad intelectual de la infraestructura de las TIC”. Esto ya se ha visto en otras latitudes y podría significar, de avanzar sin cambios en la revisión que debe hacer el Congreso, la prohibición de proveedores tecnológicos chinos en Argentina.

La determinación incluye 5G, 6G, satélites y cables submarinos.

También se dispone que Argentina cooperará con expertos tecnológicos de Estados Unidos para implementar medidas de control suficientes en las instalaciones espaciales operadas por otros países; alineará estándares de desempeño y ciberseguridad con la contraparte; y adoptará mayores medidas de seguridad de datos y ciberseguridad en las licitaciones de equipos.

En Paraguay, la falta de neutralidad tecnológica en el pliego para la adjudicación de espectro para 5G generó una limitada participación de operadores en la subasta. Hasta entonces, Costa Rica había sido el único país de la región en tomar un camino similar, al excluir a empresas chinas de sus redes basando su decisión en un Reglamento de Ciberseguridad presentado algunos años atrás.

En Europa, en tanto, también avanza el objetivo de prohibir equipos chinos a partir de distintos instrumentos regulatorios y bajo promesas de mayor seguridad en las redes. Un estudio de GSMA de 2019 estimó en 62,000 millones de euros el monto adicional que deberán invertir los operadores europeos ante la prohibición de incluir equipos de telecomunicaciones de este tipo. Al mismo tiempo, la decisión retrasaría el tiempo de adopción tecnológica.

En Argentina, Personal (Telecom) anunció recientemente la decisión de “diversificar” su ecosistema de partners con la incorporación de tecnología Nokia a su core 5G.

Buenas prácticas regulatorias

El documento firmado por ambos países también pone a Argentina el deber de “adoptar e implementar buenas prácticas regulatorias que aseguren mayor transparencia, previsibilidad y participación a lo largo de todo el ciclo de vida regulatorio”, a lo que se suman obligaciones adicionales como asegurar que leyes y resoluciones estén disponibles rápidamente en línea y la publicación de regulaciones planteadas en el corto plazo, además de la incorporación de nuevas herramientas de revisión de impacto regulatorio.

Propiedad intelectual y datos

En materia de propiedad intelectual, Argentina deberá establecer un “estándar sólido de propiedad intelectual” y sistemas eficaces para la aplicación de derechos de propiedad intelectual en las esferas civil, penal y fronteriza. Además, tendrá que adoptar nuevas instancias de aplicación de ley penal contra infractores de derechos asociados a esta materia.

Se incorporarán medidas para “dar certeza respecto a la posibilidad de trasladar datos personales desde Argentina a Estados Unidos”, como la inclusión de Estados Unidos como país que brinda una protección de datos adecuadas conforme a la legislación local; se reconocerá como firma digital válida la firma electrónica creada en Estados Unidos que esté respaldada por un certificado digital; y el país pedirá participar como asociado en el Foro Global de Reglas de Privacidad Transfronteriza y en el Acuerdo de Cooperación Global para la Aplicación de la Privacidad.

Comercio digital

Argentina asume compromisos en materia de comercio digital como el de evitar impuestos a los servicios digitales ni otros similares que discriminen a empresas estadounidenses de hecho o derecho, facilitar el comercio electrónico con Estados Unidos y avanzar con la contraparte en una colaboración mutua para abordar desafíos en materia de ciberseguridad.

También se establece un marco seguro y favorable para las actividades de startups, fintechs y empresas tecnológicas.

Minerales críticos

Además, durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, Argentina y Estados Unidos suscribieron un Instrumento marco para el fortalecimiento del suministro en minería y procesamiento de minerales críticos.

Este acuerdo contempla el uso de herramientas de financiamiento público y privado, la simplificación de los procesos administrativos de permisos y la cooperación en áreas como el mapeo geológico, el reciclaje y la gestión de materiales críticos. Incluye, además, acciones conjuntas orientadas a “promover mercados más transparentes” y a fortalecer la participación y “el posicionamiento de Argentina como actor relevante en cadenas globales de suministro de alto valor estratégico”.

Altos ejecutivos de Nokia advirtieron que las autoridades chinas estarían preparando medidas para excluir a la compañía y otros proveedores de Occidente de proveer equipo para sus redes de telecomunicaciones. Las medidas serían producto de la escalada de tensiones entre China contra Estados Unidos y Europa, luego de que estos últimos ejercieran restricciones a la operación de proveedores de origen chino.

Durante una conversación con la prensa por la inauguración de las nuevas instalaciones de I+D y producción de Nokia en Oulu, Finlandia, Tommi Uitto, presidente de Redes Móviles, reveló que fueron las propias autoridades chinas quienes le confirmaron a la compañía que preparan una serie de medidas para excluir a ciertos proveedores de sus redes.

“Un alto organismo nos lo ha dicho verbalmente cuando preguntamos si es cierto que los fabricantes occidentales están excluidos de su mercado en nombre de la seguridad nacional. La respuesta fue afirmativa. Es una declaración bastante contundente”, declaró Uitto al diario finés Talouselama (Vida Económica).

Ante este escenario, el directivo consideró que la Unión Europea se verá obligada a establecer medidas más contundentes contra los proveedores de telecomunicaciones chinos que operan en el continente. Aunque algunos países europeos ya han implementado medidas para excluir a proveedores considerados de alto riesgo como Huawei de sus redes, los ejecutivos de Nokia sugirieron que otros países sin restricciones podrían verse obligados a implementar una regulación similar.

Según Uitto, las medidas recíprocas podrían permitirle a Nokia ganar mercado en países que aún no implementan ninguna restricción contra “proveedores de alto riesgo”.

Por su parte, Justin Hotard, CEO de Nokia, argumentó que “Europa tiene que hacer dos cosas. Una es que no podemos permitir proveedores de alto riesgo en nuestras redes. ¿Por qué lo permitimos, sobre todo cuando no nos permiten participar en sus mercados?”, según cita Mobile World Live.

El segundo paso sería una revisión de la regulación para abordar los desafíos estructurales del mercado europeo de las telecomunicaciones. En línea con el discurso de la industria europea, Hotard abogó por una aplicación más laxa de la regulación de competencia, que permita la consolidación de los operadores en la región, para la formación de grupos mejor capitalizados y con mayor capacidad de innovación.

Uitto reconoció que los proveedores occidentales –incluyendo Ericsson– han experimentado una disminución constante de su cuota de mercado en China, donde Nokia actualmente posee aproximadamente el 3%.

En un inesperado giro de eventos, Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, apoyó la petición de ByteDance ante la Suprema Corte del país para evitar la suspensión de Tiktok, bajo el argumento de que atenta con la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

En un amicus curiae enviado por Trump a la Suprema Corte del país, el futuro presidente afirma que “se opone a prohibir TikTok en Estados Unidos en esta coyuntura, y busca la capacidad de resolver los problemas en cuestión por medios políticos una vez que asuma el cargo”.

El futuro presidente de los Estados Unidos indica que no se pronuncia sobre el fondo del litigio, pero pide al máximo tribunal del país que suspenda la fecha de entrada en vigor de la ley para que su próxima administración pueda negociar una solución.

En el documento, el empresario reconoce la dificultad del caso en el que se enfrentan la protección a la libertad de expresión al país y, al mismo tiempo, la posible interferencia de actores externos considerados como una amenaza a la seguridad nacional, en este caso, China.

El documento afirma que al considerar su próximo nombramiento como presidente de Estados Unidos, su experiencia como empresario y como influencer en las redes sociales, “es el único que posee la experiencia consumada en la negociación, el mandato electoral y la voluntad política para negociar una solución”.

Al respecto, el documento muestra su experiencia como usuario de TikTok, en la que posee cerca de 14.7 millones de seguidores, así como el lanzamiento de su propia red social TRUTH, para respaldar sus argumentos. Asimismo, el propio Trump asumió como promesa de campaña evitar la prohibición de TikTok.

La ley de prohibición de TikTok, firmada por el actual presidente Joe Biden, obligaría a la red social a suspender actividades en Estados Unidos a partir del próximo 19 de enero. La ley había dado 270 días a la compañía para vender sus operaciones a un inversionista estadounidense.

Aunque el empresario también había buscado la prohibición de TikTok durante su primer mandato, cuando impulsó diversas restricciones a la operación de compañías chinas, actualmente se ha mostrado a favor de su operación, al considerar que la red social es necesaria para mantener la competencia en un mercado fuertemente dominado por Meta.

ByteDance, por su parte, presentó sus últimos argumentos frente a la Suprema Corte, enfocándose principalmente en defender su operación bajo el argumento de que se trata de un atentado en contra de la libertad de expresión, tanto en contra de la compañía como de los 170 millones de usuarios estadounidenses de la red social.

“En una acción sin precedentes, el Congreso ha ordenado el cierre de una de las plataformas de expresión más importantes de Estados Unidos. El gobierno admite, además, que lo hizo en parte por temor a que el editor estadounidense de la plataforma pudiera verse presionado indirectamente por China para alterar la mezcla de “contenido” con el fin de influir en las mentes estadounidenses. Esa justificación está en guerra con la Primera Enmienda”, afirma la compañía.

ByteDance, matriz de TikTok, considera también que aunque reconoce la capacidad del Congreso para defender al país de amenazas extranjeras, entre sus herramientas no se encuentra “suprimir la libertad de expresión”, a la vez que no se consideraron otras posibles alternativas que permitieran atender el conflicto.

Por otro lado, ByteDance se refiere también a sus intentos por demostrar que se encuentra fuera de la influencia del gobierno chino, al señalar que su operación no es una “compañía china ni es propiedad de alguna”. La empresa ya había intentado alternativas como su Proyecto Texas, para demostrar que la mayor parte de su operación se realiza en suelo estadounidense.

“TikTok Inc. es una empresa estadounidense ejerciendo la discreción editorial sobre una plataforma estadounidense. La Primera Enmienda la protege plenamente del intento del Congreso de prohibir su funcionamiento, basada en su supuesta susceptibilidad a la influencia extranjera”, afirma la compañía en su documento.

La intervención de Trump y la presentación de argumentos frente a la Suprema Corte representan la última oportunidad de la compañía para evitar la suspensión de sus operaciones en los Estados Unidos, en tanto, espera un juicio oral el próximo 10 de enero de 2025.

Pese a los múltiples juicios abiertos y las apelaciones presentadas en contra de la prohibición de TikTok en Estados Unidos, jueces federales determinaron que el proceso es constitucional y que este debe seguir su curso, por lo que la aplicación dejará de funcionar el próximo 19 de enero, en tanto no se complete su venta a un inversionista estadounidense.

El 24 de abril de este año, el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley para prohibir la operación de TikTok en Estados Unidos. ByteDance, compañía china dueña de la aplicación, tendría nueve meses a partir de la firma de la ley para desprenderse de la aplicación, con una posible prórroga de tres meses si el gobierno estadounidense considera que hay progreso.

El decreto forma parte de una serie de restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de compañías chinas, en medio de la desconfianza y los conflictos geopolíticos entre ambas naciones. Las medidas incluyen desde restricciones de acceso a tecnología clave como semiconductores, hasta la prohibición de operación en suelo estadounidense de empresas chinas de telecomunicaciones, redes sociales y drones, entre otras.

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En particular, el gobierno estadounidense considera que la operación de TikTok representa una amenaza a la privacidad y seguridad de la información de sus usuarios, así como una puerta de entrada a la influencia de gobiernos extranjeros en la política nacional.

A partir de la firma del decreto, se han presentado múltiples casos de inconstitucionalidad en contra de la medida, tanto de la propia plataforma como de algunos influencers. ByteDance presentó su denuncia el 7 de mayo de este año, al acusar que el decreto era inconstitucional, buscando protección bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense referida a la libertad de expresión.

Sin embargo, la semana pasada, un panel de jueces federales del Distrito de Columbia determinó la constitucionalidad del acto, al señalar que los casos de prohibición a la operación de compañías consideradas un riesgo a la seguridad nacional ha sido una facultad del gobierno estadounidense.

Hace unos días, el mismo panel rechazó pausar la entrada en vigor de la ley el próximo 19 de enero, en tanto la compañía busca que su caso se discuta en la Suprema Corte.

Al respecto, los jueces determinaron que “en consonancia con el calendario propuesto por las partes, el 6 de diciembre de 2024 este tribunal confirmó por unanimidad la constitucionalidad de la Ley con respecto a cada una de las demandas presentadas por los demandantes y denegó por improcedentes las solicitudes alternativas de los demandantes de una medida cautelar y de nombrar a un perito especial”.

Mientras que ByteDance ha buscado evitar vender su popular plataforma a un inversionista tercero, la compañía también se ha centrado en generar alternativas que le permitan seguir operando en los Estados Unidos, incluyendo el Proyecto Texas para garantizar que los datos de los usuarios sean almacenados en suelo estadounidense, así como la creación de un algoritmo específico para la audiencia del país, alejándose de su operación china.

Tras perder esta apelación, cada día se incrementa más la posibilidad de que TikTok deje de operar en la nación norteamericana, en tanto Google y Apple ya fueron advertidas que deberán de dejar de distribuir la aplicación en sus respectivas tiendas para Android y iOS.

ByteDance aún espera que su caso llegue a la Suprema Corte, aunque expertos consideran que las posibilidades de obtener un fallo a favor son mínimas, al considerar que la ley recibió apoyo bipartita, así como por la inclinación política de los jueces.

La última esperanza de la compañía es apelar al presidente entrante Donald Trump, quien se ha mostrado errático respecto a la operación de TikTok. Aunque durante su primer mandato también intentó prohibir la operación de la aplicación, en meses más recientes se ha mostrado a favor de la plataforma, al considerar que el mercado de redes sociales requiere competencia frente a la dominancia de Mark Zuckerberg y sus plataformas de Meta.

TikTok se encuentra en una posición crítica tras enfrentar duras preguntas en su primer interrogatorio ante un tribunal federal de apelaciones este lunes, en su esfuerzo por evitar una prohibición en Estados Unidos.

La aplicación, propiedad de la empresa china ByteDance, podría ser bloqueada a partir del 19 de enero de 2025, a menos que se venda a una compañía estadounidense. Durante la audiencia, el abogado de TikTok, Andrew Pincus, defendió que la ley que prohibiría la plataforma viola la Primera Enmienda, argumentando que afectaría la libertad de expresión de la empresa y a sus 170 millones de usuarios en EE. UU.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, encabezado por Sri Srinivasan, mostró escepticismo hacia los argumentos de TikTok, destacando las preocupaciones de seguridad nacional, según un informe de Bloomberg y Reuters.

Los jueces cuestionaron si la propiedad china de ByteDance podría representar un riesgo, ya que el gobierno estadounidense sostiene que China podría usar TikTok para acceder a grandes cantidades de datos de los usuarios y manipular la información que consumen.

El abogado del Departamento de Justicia, Daniel Tenny, enfatizó que las preocupaciones de seguridad nacional son legítimas, destacando que el riesgo de que el gobierno chino manipule la plataforma es real y difícil de monitorear. En respuesta, Pincus argumentó que el gobierno no ha proporcionado pruebas concretas de que TikTok sea una amenaza.

Durante la audiencia, el juez Sri Srinivasan también comparó la situación con la de un país en guerra, preguntando si el Congreso podría impedir que un enemigo extranjero posea una fuente de información clave. El abogado de TikTok, Andrew Pincus, respondió que cualquier ley que afecte derechos fundamentales debe someterse a un “escrutinio estricto”, lo que indica que TikTok considera que sus derechos constitucionales están siendo violados.

La ley, firmada por el presidente Joe Biden, establece que ByteDance debe vender TikTok antes del 19 de enero, aunque podría recibir una prórroga si demuestra avances hacia la venta. Tanto TikTok como el Departamento de Justicia esperan un fallo antes del 6 de diciembre, que podría llevar el caso a la Corte Suprema.

Este caso surge en un momento clave, en las semanas previas a las elecciones presidenciales de EE. UU., donde tanto el expresidente Donald Trump como la vicepresidenta Kamala Harris están activos en la plataforma. Trump ha prometido evitar la prohibición de TikTok si es reelegido en noviembre, en un esfuerzo por atraer a los votantes jóvenes.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia escuchará el próximo 16 de septiembre los argumentos para impugnar la ley que pretende prohibir TikTok, a menos que su empresa matriz china, ByteDance, acepte deshacerse de sus activos.

Esta ley, firmada en abril por el presidente Joe Biden, exige que la popular aplicación de videos corte lazos con su propiedad china por motivos de seguridad nacional. En mayo, un grupo de creadores, junto con TikTok y ByteDance, presentaron una demanda para impedir la ley, argumentando que afectaría el derecho a la libertad de expresión de más de 170 millones de usuarios estadounidenses.

Según informó Reuters, los creadores, TikTok y ByteDance deben presentar sus escritos legales antes del 20 de junio, mientras que el Departamento de Justicia tiene hasta el 26 de julio para responder. Ambas partes esperan un fallo antes del 6 de diciembre.

La audiencia de TikTok se llevará a cabo en las semanas finales de las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Un aliado inesperado de TikTok en este asunto es el candidato republicano Donald Trump, quien ha expresado su preocupación por la prohibición de la plataforma; algunos analistas consideran que es una táctica para conectar con los votantes más jóvenes.

TikTok ha declarado anteriormente que vender su propiedad china no es ni tecnológica ni comercialmente viable, y que preferiría cerrar la plataforma en EE. UU. antes que venderla.

Además, Reuters informó previamente rumores de que TikTok estaba trabajando en la creación de un clon de su algoritmo de uso exclusivo para los usuarios estadounidenses, como una alternativa para evitar la prohibición. Sin embargo, TikTok negó esta información, insinuando que está dispuesta a enfrentarse en juicio para mantener el control de su tecnología.

TikTok ha dado el primer golpe en su lucha para evitar su prohibición en Estados Unidos, tras la promulgación de una ley que busca cortar cualquier vínculo que la aplicación tenga con China.

La empresa matriz de TikTok, ByteDance, junto con la propia aplicación, ha presentado una demanda ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, argumentando que esta ley es inconstitucional y atenta contra la Primera Enmienda, que protege los derechos de libertad de expresión.

La plataforma explicó que la “desinversión calificada” exigida por la ley para permitir su operación en Estados Unidos no es posible en términos comerciales, tecnológicos ni legales, especialmente dentro del plazo de 270 días impuesto por la misma.

Además, TikTok señaló que, incluso si fuera posible la venta, la ley representaría un intento inconstitucional por parte del gobierno estadounidense de utilizar el motivo de proteger la seguridad nacional como pretexto para cerrar o prohibir a la fuerza plataformas y editores de periódicos o sitios web, lo que pondría en riesgo el derecho de los ciudadanos de expresarse libremente.

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“Los patrocinadores de la ley eran conscientes de que la desinversión no es posible. No hay duda: la ley obligará a cerrar TikTok antes del 19 de enero de 2025, silenciando a los 170 millones de estadounidenses que utilizan la plataforma para comunicarse de maneras que no se pueden replicar en ningún otro lugar”, afirma ByteDance en la demanda.

La “Ley de Aplicaciones Controladas por el Adversario”, firmada por el presidente Joe Biden en abril, establece un plazo de nueve meses para que ByteDance venda TikTok a un nuevo propietario, con el objetivo de proteger los datos de los usuarios estadounidenses de posibles intervenciones del gobierno chino.

La demanda podría extender este plazo hasta que se resuelva legalmente el conflicto, evidenciando la firme determinación de ByteDance de mantener el control de la tecnología de TikTok, incluso a costa de perder uno de sus mercados internacionales más importantes.

El gobierno de China anunció la introducción de nuevas reglas que buscarán impulsar la sustitución de tecnología estadounidense de computadoras y servidores utilizados en tareas del gobierno y militares. 

Estas nuevas reglas implicarían la prohibición para el uso de procesadores de fabricantes como Intel y AMD, además de software desarrollado por Microsoft, según información del Financial Times (FT).

De acuerdo con FT, las nuevas reglas anunciadas formarían parte de la estrategia del gobierno chino, conocida como xinchuang, para impulsar tecnología desarrollada de forma local y lograr la autosuficiencia en áreas de gobierno nacional, estatal y militar.

Las normas mandan que las agencias de gobierno y órganos de partido incluyan nuevos criterios de “seguridad y confiabilidad” para la adquisición de nueva tecnología. La tecnología que cumple los nuevos criterios incluye únicamente compañías chinas y está sancionada por el Centro de Evaluación de Seguridad de Tecnologías de la Información.

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Financial Times reportó que la lista de tecnología aprobada por el Centro incluye únicamente procesadores fabricados por Huawei y Phytium, esta segunda, empresa estatal de tecnología.

Estas reglas funcionarían también como respuesta del gobierno chino a las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense en contra del uso de tecnología desarrollada por compañías chinas.

Estados Unidos ha publicado diversas reglamentaciones que prohíben la venta de semiconductores aptos para tareas de Inteligencia Artificial (IA) a organizaciones chinas, que se suman a las restricciones para el uso de tecnología china en redes de telecomunicaciones.

El medio también señala que el órgano supervisor de la administración del gobierno chino mandó a sus dependencias completar la transición a proveedores locales hacia el 2027.

Se espera que estas nuevas prácticas tengan un impacto negativo sobre las finanzas de compañías estadounidenses. Se estima que durante 2023, las ventas en China representaron 27 por ciento de los ingresos globales de Intel, y 15 por ciento de AMD.