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La decisión forma parte del plan de ajuste impulsado desde la Casa Rosada, que ya había puesto en marcha una reestructuración profunda en el sector audiovisual tras la llegada del economista Carlos Pirovano al frente del INCAA. Asimismo, el traspaso de CineAr a una empresa estatal controlada por la Secretaría de Medios, concretado en marzo, representó el primer paso del Poder Ejecutivo para asumir el control directo de los contenidos y avanzar con su privatización.

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El Poder Ejecutivo envió ayer a los distintos bloques de la Cámara de Diputados las modificaciones a la “Ley de Bases” del Gobierno (llamada ley ómnibus), donde eliminó más de 100 artículos con los que buscará dictamen para el tratamiento en el Congreso. Algunos cambios que podrían impactar en el sector TIC son las modificaciones al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, los cambios en la Ley de Defensa de la Competencia, y la posible privatización de Arsat.

En el texto original enviado al Congreso decía que Arsat era parte de las 41 empresas públicas factibles de privatización. En el nuevo texto se establece que el Estado debe mantener el control de la compañía de telecomunicaciones y sólo puede avanzar en la privatización parcial. Mientras que otras compañías como Radio y Televisión Argentina S.E. o la agencia de noticias Télam se mantienen como susceptibles a que el Ejecutivo proceda a su enajenación.

En cuanto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, una serie de normas que incentivan y protegen inversiones en infraestructura y tecnología, entre otros sectores, el nuevo texto establece el monto mínimo de 300 millones de dólares para los proyectos. A su vez, se le dio la potestad al Poder Ejecutivo de establecer topes mínimos mayores por sector productivo de hasta 900 millones de dólares. También se habilitó la posibilidad de que una empresa pueda tener más de un proyecto de inversión.

Por último, el nuevo texto modifica lo planteado para la Ley de Defensa de la Competencia, donde elimina la posibilidad de intervenir sobre operaciones ya concretadas, y establece que el Tribunal de Defensas de la Competencia se conformará con cinco integrantes designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, y tendrá un Consejo Asesor Académico con 15 miembros expertos.

Esta tarde comenzará a tratarse en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el nuevo texto de la ley.

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso de Argentina un proyecto de ley (llamado ley ómnibus) que incluye a Arsat entre las empresas públicas sujetas a privatización y crea un régimen de incentivos a las grandes inversiones en infraestructura y tecnología, con beneficios fiscales.

El artículo 8 del texto es el que propone una lista de empresas públicas susceptibles a que el Ejecutivo proceda a su enajenación. Allí aparece la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), además de otras como Radio y Televisión Argentina S.E y la agencia de noticias Télam. La venta de activos públicos fue una de las promesas de campaña de Milei.

El anexo II dispone la generación de un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), lo que es igual a “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” a propuestas “útiles y conducentes para la prosperidad del país”. Entre los sectores incluidos en el RIGI figuran el de infraestructura y el de tecnología.

Declara de interés nacional las grandes inversiones, y genera condiciones de previsibilidad y estabilidad para los desarrollos. Tendrán beneficios tributarios y aduaneros (flexibilidad para las importaciones).

Por otra parte, se propone “crear, modificar, transformar y/o eliminar fondos fiduciarios públicos, inclusive los destinados a subsidios, a efectos de lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control de la utilización de los recursos públicos”. Esto podría redundar en cambios en el Fondo de Servicio Universal, otro de los pedidos recurrentes de la industria en los últimos años.

En total, el proyecto de ley contiene 664 artículos que serán revisados en sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 31 de enero. La iniciativa razona su necesidad en que “Argentina está inmersa en una profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes”. Determina, además, declarar la emergencia pública en todos estos conceptos hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2025.

También se establece que quien “impidiera o entorpeciera (…) el normal funcionamiento (…) de los servicios públicos de comunicación (…) será reprimido con prisión de un año a tres años y seis meses”. Los servicios de  comunicaciones fueron incorporados como esenciales en el reciente decreto emitido por Milei, por lo que debe garantizarse su prestación (cobertura mínima de 75%) ante eventuales conflictos colectivos.

Hay otros puntos con potencial impacto en el sector, como la posible modificación de la ley de Defensa de la Competencia (crea un Tribunal de Justicia experto en Defensa de la Competencia) y alteraciones en la promoción de actividades culturales, como el cine.

A estos ítems hay que agregar los cambios previstos por el decreto emitido la semana pasada, que genera modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en la Ley Argentina Digital, la desregulación de los servicios de Internet satelital y la decisión de que el Poder Ejecutivo no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos. En este aspecto, también se modificó el sistema de importaciones por uno nuevo que no requerirá aprobación previa de licencias.

El megadecreto de desregulación de la economía argentina, firmado por el presidente Javier Milei, presenta menos cambios de los esperados para el sector de las telecomunicaciones, ya que se especulaba con la eliminación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 que impuso el control tarifario para los operadores. El capítulo XXII, que habla específicamente de medidas para el segmento de comunicaciones, propone sólo la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26,522) y la Ley Argentina Digital (27,078).

Según el texto al que accedió DPL News, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se cambian los límites de multiplicidad de licencias, que figuran en su artículo 45, y se deja sin efecto el artículo 46, que estipulaba que las licencias de servicio de radiodifusión directa por satélite y de licencias de servicios de radiodifusión móvil tendrán como condición de otorgamiento y continuidad de su vigencia que no podrán ser acumuladas con licencias de otros servicios propios de distinta naturaleza, salvo para la transmisión del servicio de televisión terrestre abierta existente en forma previa a los procesos de transición a los servicios digitalizados y el canal que lo reemplace oportunamente.

De la Ley Argentina Digital, en tanto, se sustituyen los artículos 6, 10 y 34, lo que redunda en la incorporación de los servicios que podrán registrar los prestadores de TIC al de radiodifusión por suscripción mediante cualquier vínculo. Además, se establece que la provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones “será libre” y que sólo se requerirá a titulares registro a efectos de coordinar el uso de frecuencias y eventuales interferencias.

En cadena nacional, el presidente destacó 30 de las medidas incluidas en el decreto, entre las que mencionó la “desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink”. El propio Elon Musk, presidente de la empresa, había celebrado el triunfo de Milei en las elecciones y ahora funcionarios del gobierno habían adelantado intenciones de que la satelital opere en el país.

El primer mandatario destacó otras acciones con impacto en el sector: la derogación de la Ley de Promoción Industrial y de la norma que impide la privatización de empresas públicas, entre las que se encuentra Arsat y medios públicos. El texto además establece que el Poder Ejecutivo no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos.

Se esperaba la derogación del DNU 690, un punto que finalmente no fue de la partida. La normativa que declara a las TIC servicios públicos en competencia y limita aumentos para operadores había recibido críticas de referentes de la Libertad Avanza durante la campaña electoral. Su impacto es igualmente limitado por amparos de inconstitucionalidad obtenidos por las compañías.

Milei había prometido la desregulación de la economía bajo la premisa de que “el Estado tiene que reducir su participación para dar lugar al sector privado”, como defendió el ahora ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, cartera de la que se desprenderá la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad. El presidente también prometió deshacerse de los activos y medios públicos y eliminar el Banco Central.

La semana pasada, además, el ministro de Economía, Luis Caputto, señaló que Argentina cambiará el Sistema de Importaciones SIRA por “un sistema estadístico que no requerirá la aprobación previa de licencias”, un anuncio que fue tomado con optimismo por el sector que reclamaba reglas más ágiles para operar. “Aún existen múltiples cuestiones críticas que deben resolverse para recuperar previsibilidad”, alertó en tanto el presidente de Cabase, Ariel Graizer.

El texto que había estado en trámite desde abril de 2023, cuando el Consejo del Programa de Asociaciones e Inversiones (CPPI) de Brasil recomendó la exclusión de Telebras y Correios del Programa Nacional de Privatización (PND), terminó el 30 de junio por medio de un decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con la resolución publicada en el Diario Oficial de la Unión.

La resolución que inhabilita a Telebras e de Correios del PND fue firmada por el ministro Principal de la Casa Civil, Rui Costa y por el ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, en edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión del 5 de abril, pero dependía de la sanción presidencial, la cual fue dada y ya está vigente.

El decreto también excluye a otras empresas estatales de la lista de privatizaciones establecida por el gobierno anterior. Además de Telebras y Correios, estaban Serpro (Servicio Federal de Informática), Dataprev (empresa de tecnología e información previsional) e incluso Agência Brasil (EBC).

El gobierno del Reino Unido ha decidido llevar a cabo la venta de Channel 4 antes de las elecciones generales de 2024, toda vez que los ministros aseguran que la privatización es la mejor manera de “sostener” el sector de radiodifusión del servicio público del país.

Después de realizar la consulta sobre su privatización, los ministros sostienen que la propiedad pública no permite que el canal le haga frente a un “panorama de medios competitivo y cambiante”. Su argumento principal se centra en que un cambio de propiedad le “quitará la camisa de fuerza a la emisora”, dándole libertad para innovar y crecer, que le permita apoyar a las industrias creativas del país.

En respuesta, la emisora indicó sentirse “decepcionada” con la decisión y agregó que la privatización representa un largo proceso legislativo, que se podría extender más allá de 2024.

“Channel 4 se comprometió con el gobierno a lo largo de la consulta, demostrando cómo puede continuar encargando programas del sector independiente que representen los aspectos de la vida británica y que contribuyan con la sociedad, manteniendo la propiedad pública”, destacó la emisora.

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El gobierno británico espera que la emisora se presente a licitación a finales de 2023, con una posible recaudación de más de mil millones de libras. Las ganancias de la venta se planean reinvertir en un “dividendo creativo”, reservando dinero para producción independiente y nivelando la creatividad en partes prioritarias del país. Channel 4 ​​seguirá siendo una emisora ​​de servicio público, que deberá comprometerse con la transmisión de noticias en horarios de máxima audiencia.

Si bien Channel 4 ​​genera más del 90 por ciento de sus ingresos a partir de la publicidad, lo que le ha permitido cumplir con su servicio público sin recurrir al apoyo de los contribuyentes, actualmente se enfrenta a gigantes como Netflix, Amazon y Disney, que le han provocado una pérdida significativa de audiencia.

Lucy Powell, secretaria de Cultura, escribió en Twitter que “esto refleja a un gobierno sin timón”, y que no tiene sentido vender Channel 4 a una empresa extranjera, que costará puestos de trabajo y oportunidades y además afectará la “economía creativa”.

Hace unos días, el gobierno anunció la llegada de Sir Ian Cheshire, director no ejecutivo del grupo de telecomunicaciones BT, como presidente del Canal. Por lo que el siguiente paso es la emisión de un documento de política de libro blanco antes de que concluya abril e incluir las propuestas de venta dentro de un nuevo proyecto de ley de medios en el Discurso de la Reina Isabel II para mayo.

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La Cámara de Diputados aprobó el pasado 5 de agosto el Proyecto de Ley 591/2021, que autoriza la exploración por parte del sector privado de todos los servicios postales. El asunto pasó al Senado.

La propuesta, apoyada por el Ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, establece las condiciones para la privatización de la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (ECT o Correios) y coloca a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) a cargo de la regulación de los servicios postales. Es decir, la Anatel deberá definir un plan general de metas, inspeccionar y aplicar sanciones, entre otros aspectos.

Actualmente, las empresas privadas pueden operar el servicio a través de franquicias, pero los precios siguen la tabla de Correios, que tiene el monopolio.

La garantía de universalización es uno de los puntos principales del texto aprobado, ya que la empresa que compre Correios debe continuar con el servicio postal universal y tendrá prohibido cerrar sucursales esenciales en áreas remotas de Brasil. A cambio, el comprador tendrá derechos exclusivos para prestar servicios durante al menos cinco años.

También se creará una tarifa social para pagar el servicio de los usuarios que no puedan costear el servicio, y los empleados tendrán sus puestos de trabajo garantizados durante 18 meses.

En 2020, Correios alcanzó 1.53 mil millones de reales en ingreso neto, el más alto de los últimos 10 años.

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Programada para 2022, la privatización de Serpro (Servicio Federal de Procesamiento de Datos) fue objeto de un estudio de Data Privacy Brasil, Desafíos legales y regulatorios de la privatización de Serpro. En el documento, Diogo R. Coutinho, profesor de la Universidad de São Paulo, muestra que la operación puede provocar un mal uso de los datos.

Creado en 1964, Serpro es hoy uno de los principales proveedores de soluciones tecnológicas para el Estado brasileño, responsable del desarrollo de varios sistemas estratégicos, como la declaración del impuesto sobre la renta, el CPF (registro de persona física, por sus siglas en inglés), el CNPJ (registro nacional de persona jurídica), la factura electrónica, entre otros.

El servicio fue incluido en el Programa Nacional de Privatización (PND) del gobierno federal el año pasado, a través del Decreto Presidencial No. 10.206.

Para el experto, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) tiene un papel fundamental en la operación, y debe actuar como regulador en el proceso. Sin embargo, la ANPD aún no está completamente estructurada como organismo regulador.

“La preparación para la privatización de Serpro está en marcha sin que la autoridad reguladora de datos personales en el país haya (i) terminado de organizar, (ii) abordado, con base en sus competencias, varios temas cruciales en forma de normativas y estudios (informes ), entre los que destaca el régimen de las empresas estatales de procesamiento de datos y (iii) tuvo la oportunidad de profundizar en el caso Serpro en particular ”, dice el documento.

Otro problema es la falta de definición sobre los planes de la empresa. “¿Tendrá la Serpro privatizada los privilegios de que disfruta hoy? Si la respuesta es sí, habrá un cambio de ‘monopolio’ público a ‘monopolio’ privado. ¿Qué buenas razones justifican esto? ”, Pregunta Coutinho.

Uno de los puntos más sensibles del proceso es el destino de las bases de datos de Serpro. “La inseguridad jurídica puede no sólo socavar las pretensiones privatizadoras del gobierno al hacer incierto el desempeño de la futura empresa privada, sino que, aún más grave, puede conducir al desmantelamiento de importantes acciones públicas en el área de Tecnología de la Información y procesamiento de datos. También puede, no menos indeseable, conducir o agravar la comercialización indebida y no autorizada de datos personales por parte de una empresa privada que los haya obtenido de una colección original destinada a otros fines”, destaca.

Además, Coutinho cree que no hay suficiente motivación o reflexión sobre la necesidad de privatizar Serpro en los documentos disponibles sobre el proceso.

El informe también presenta una nota técnica del Ministerio Público Federal, que señaló algunos obstáculos para la venta de la empresa. Uno de ellos trata de la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD), que prohíbe el tratamiento de datos personales “con fines de seguridad pública, seguridad del Estado o investigaciones penales” que lleve a cabo una empresa privada.

La nota también menciona que, como tiene contratos con el Ejército, la privatización de Serpro pone en riesgo la seguridad nacional.

Estado de Alerta

En Uruguay, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones de Uruguay (Sutel) encendió las alarmas ante la posibilidad de que la gestión de Lacalle Pou privatice proyectos del área y desguace áreas de trabajo con las últimas leyes que dictó.

Para Sutel, la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la nueva Ley de Medios, «buscan debilitar la entidad nacional de Telecomunicaciones y ponerla en desventaja competitiva con las grandes multinacionales».

Asimismo, denunció que «la nueva ley de medios burlan la decisión de nuestro pueblo que en 1992 y 2001 fue muy claro en las urnas y con su firma en defensa del patrimonio nacional y la soberanía».

También el colectivo sindical alertó que Lacalle Pou estima aplicar métodos similares a los Gobiernos del Partido Nacional y Colorado, los cuales «pretendieron aniquilar la empresa pública y entregarla a las multinacionales en detrimento a la Nación».

Teletime – Marcos Urupá

O Governo Federal entregou nesta quarta-feira, 24, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o Projeto de Lei prometido em outubro do ano passado e que permite a privatização dos Correios e transforma a Anatel também em reguladora do do Sistema Nacional de Serviços Postais (SNSP). O projeto, apesar de ampliar significativamente as atribuições e responsabilidades da Anatel, não prevê ampliação da estrutura da agência.

Segundo o ministro Fabio Faria, em paralelo à tramitação do Projeto de Lei no Congresso, o MCom realizará debates e estudos para encontrar a melhor definição do modelo de desestatização dos Correios. Poderia ser, por exemplo, a venda direta, a venda do controle majoritário ou de apenas parte da empresa. A ECT foi qualificada no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) em outubro de 2019.

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