Ley ómnibus de Milei: incentivo a grandes inversiones y Arsat entre las empresas privatizables
La propuesta será remitida al Congreso para su revisión en sesiones extraordinarias. Las claves para el sector.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso de Argentina un proyecto de ley (llamado ley ómnibus) que incluye a Arsat entre las empresas públicas sujetas a privatización y crea un régimen de incentivos a las grandes inversiones en infraestructura y tecnología, con beneficios fiscales.
El artículo 8 del texto es el que propone una lista de empresas públicas susceptibles a que el Ejecutivo proceda a su enajenación. Allí aparece la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), además de otras como Radio y Televisión Argentina S.E y la agencia de noticias Télam. La venta de activos públicos fue una de las promesas de campaña de Milei.
El anexo II dispone la generación de un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), lo que es igual a “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” a propuestas “útiles y conducentes para la prosperidad del país”. Entre los sectores incluidos en el RIGI figuran el de infraestructura y el de tecnología.
Declara de interés nacional las grandes inversiones, y genera condiciones de previsibilidad y estabilidad para los desarrollos. Tendrán beneficios tributarios y aduaneros (flexibilidad para las importaciones).
Por otra parte, se propone “crear, modificar, transformar y/o eliminar fondos fiduciarios públicos, inclusive los destinados a subsidios, a efectos de lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control de la utilización de los recursos públicos”. Esto podría redundar en cambios en el Fondo de Servicio Universal, otro de los pedidos recurrentes de la industria en los últimos años.
En total, el proyecto de ley contiene 664 artículos que serán revisados en sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 31 de enero. La iniciativa razona su necesidad en que “Argentina está inmersa en una profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes”. Determina, además, declarar la emergencia pública en todos estos conceptos hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2025.
También se establece que quien “impidiera o entorpeciera (…) el normal funcionamiento (…) de los servicios públicos de comunicación (…) será reprimido con prisión de un año a tres años y seis meses”. Los servicios de comunicaciones fueron incorporados como esenciales en el reciente decreto emitido por Milei, por lo que debe garantizarse su prestación (cobertura mínima de 75%) ante eventuales conflictos colectivos.
Hay otros puntos con potencial impacto en el sector, como la posible modificación de la ley de Defensa de la Competencia (crea un Tribunal de Justicia experto en Defensa de la Competencia) y alteraciones en la promoción de actividades culturales, como el cine.
A estos ítems hay que agregar los cambios previstos por el decreto emitido la semana pasada, que genera modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en la Ley Argentina Digital, la desregulación de los servicios de Internet satelital y la decisión de que el Poder Ejecutivo no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos. En este aspecto, también se modificó el sistema de importaciones por uno nuevo que no requerirá aprobación previa de licencias.
