El 2024 es un año crucial para las telecomunicaciones en Panamá, país que se propone modernizar su actual ley, que es de 1996, iniciar las gestiones para el despliegue de redes 5G y revisar las ofertas para un tercer operador, luego de la salida de Digicel. Todo, a puertas de un cambio de gobierno para el siguiente lustro, cuyas elecciones se realizarán este 5 de mayo.

En medio de los cambios, los planes de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) continúan en dirección de la evolución tecnológica. En conversación con DPL News, Armando Fuentes Rodríguez, Administrador General de la ASEP, compartió las estrategias que se adelantan para hacer realidad sus planes de modernización y evaluación y que marcarán una hoja de ruta para el fortalecimiento del ecosistema digital en Panamá.

Sharon Durán (SD): La ASEP estableció los precios que pagarán los operadores por el uso de las bandas bajas y medias para activar la tecnología 5G. ¿Qué se tuvo en cuenta para esta asignación?

Armando Fuentes (AF): Mediante la Resolución de Gabinete No. 38 de 11 de abril de 2024, el Consejo de Gabinete de Panamá autorizó a la ASEP a establecer en la suma de un millón 462 mil 997 balboas (1,464,525 dólares) por MHz y un millón 214 mil 287 balboas (1,215,555 dólares) por MHz, el precio que deben pagar las concesionarias móviles por el derecho de uso de las bandas bajas y bandas medias, respectivamente.

Este modelo de nueva valorización permitió definir un precio basado en bandas que, por recomendaciones de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), son requeridas para el lanzamiento de nuevas tecnologías, como son las redes de quinta generación (5G).

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Para definir la nueva valorización se contrató una consultora que elaboró un modelo basado en referencias y comparaciones con los países de nuestra región. Este modelo fue revisado por ASEP, y se realizaron ajustes paramétricos, para traer al presente el valor del espectro, considerando los niveles de penetración en Panamá, así como los niveles de cobertura móvil poblacional.

SD: ¿Alguno o algunos operadores tendrán algún tipo de prioridad?

AF: ¡No!, la prioridad de la ASEP es avanzar y propiciar que, a través de los procesos regulatorios, estos contribuyan al desarrollo de la tecnología 5G.

El proceso de asignación de espectro en Panamá está fundamentado en principios de trato igualitario y dentro del rol del regulador está el disponer del espectro móvil requerido por la industria, y cada operador comercialmente determina el tiempo oportuno para ir adquiriendo el recurso para nuevos desarrollos.

SD: ¿Cuál es el cronograma para los procesos de despliegue de 5G?

AF: Dado que la asignación de precios para la adquisición de las bandas bajas y bandas medias ya está definida, en los próximos dos meses se está planificando atribuir más espectro IMT, lo que permitirá que cada uno de los operadores móviles tenga opciones de adquirir espectro cuando lo consideren.

Por otro lado, el concepto de subasta no existe en la regulación panameña, como ocurre en otros países. En el caso de nuestra normativa, el espectro disponible para IMT se divide a partes iguales para cada uno de los operadores.

SD: Actualmente Panamá tiene dos operadores móviles. Sin embargo, la ley indica que deben existir mínimo tres. ¿Cómo se garantizará que cuando llegue el tercer operador tenga acceso a espectro para tecnología 5G?

AF: De acuerdo con la Ley 36 del 5 de junio de 2018, en el mercado panameño deben existir tres operadores móviles, por lo que la ASEP debe hacer las reservas de recursos para que se pueda realizar una próxima licitación pública para que entre a Panamá un tercer operador y a su llegada tenga disponible espectro para desarrollar tecnología 5G.

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Ley de Modernización TIC

SD: Panamá trabaja en su ley de Modernización TIC, ya que la legislación actual data de 1996. ¿Cómo avanza este proceso?

AF: El proyecto de modernización está dividido en dos fases, en febrero se hizo el lanzamiento de la primera fase que consistió en realizar el estudio y diagnóstico por parte de la UIT, en coordinación con nuestros especialistas técnicos y legales de ASEP.

Para esta primera etapa podemos comentar que se realizaron 39 jornadas de trabajo y reuniones con 31 organizaciones del sector público, privado, academia, sociedad civil y, por supuesto, con los concesionarios del sector telco y radio/TV.

Dentro de algunas conclusiones preliminares, quedó claro que se requiere modernizar las leyes, en las que se debe considerar la convergencia entre los sectores, ya que hoy en día vemos cómo los servicios de radio y TV se ofrecen sobre datos y servicios móviles.

También, la necesidad de establecer una hoja de ruta para modernizar la propia estructura del regulador y crear un ente en servicios de telecomunicaciones, radio y televisión separado de la regulación de los otros sectores de servicios públicos.

En una segunda fase, se debe proponer un documento que modernice la Ley de telecomunicaciones, de radio y TV, que tendrá que ser presentado a la Asamblea Nacional para discusión y aprobación.

SD: La Resolución AN No. 19022-Telco del 22 de febrero de 2024 establece nuevas disposiciones referentes al uso del espectro radioeléctrico para servicios de telecomunicaciones satelitales. ¿Qué establece esta norma respecto a la contraprestación económica?

AF: Recomendaciones de la OEA-CITEL establecen que los países deben propiciar una nueva normativa que permita el desarrollo de los servicios satelitales, en función de lo rápido que estos servicios permiten el cierre de la brecha digital. Por lo que la ASEP realizó cambios a las normas y precios que tenían más de 20 años de vigencia, que consisten en establecer un nuevo valor del espectro para uso satelital, logrando reducir un 75 por ciento el canon por el uso de espectro.

Además, se aprobó la compartición de espectro móvil terrestre con empresas satelitales y de espectro entre operadores móviles, lo que permitirá que empresas móviles se puedan apalancar con estaciones satelitales para ofrecer servicios móviles en regiones donde no es rentable instalar radio bases.

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Elecciones 2024 en Panamá

SD: ¿Cuáles serán los principales retos en términos de telecomunicaciones de la Presidencia del Gabinete que llegará a Panamá este año?

AF: Entre los principales retos en materia de telecomunicaciones que consideramos que deberá enfrentar el nuevo gobierno se encuentra la revisión de la hoja de ruta de la modernización de las leyes de telecomunicaciones, radio y televisión.

También deberá revisar la necesidad de realizar una nueva estructura orgánica de la ASEP, considerar la separación del sector de telecomunicaciones en un organismo independiente, autónomo, que tenga a su cargo el control y fiscalización solamente de los servicios públicos de telecomunicaciones, radio y televisión.

El tercer reto consiste en evaluar la necesidad de hacer un llamado internacional para realizar una licitación pública y promover la entrada del tercer operador móvil en el mercado panameño.

La salida de Digicel

SD: Tras la salida de Digicel del mercado panameño, ASEP anunció que “garantizará la migración de los usuarios”. ¿Qué estrategia emplearán?

AF: Trabajamos con fuerza en la comunicación. El 21 de marzo de 2024, la ASEP realizó una conferencia de prensa para anunciar a la ciudadanía, que debido a que no existen nuevos interesados para continuar el proceso de licitación pública y/o la compraventa de ciertos bienes, redes y equipos de la empresa Digicel, esta concesionaria le comunicó a la ASEP que procedería con el apagado de su red móvil en Panamá, lo cual realizaría el 20 de abril.

Luego, la ASEP le solicitó a Digicel presentar un Plan de migración de clientes, y organizó tres mesas técnicas, conformadas por personal técnico de Digicel, Tigo y CWP, que están siendo lideradas por ASEP, cuyo objetivo está enfocado en agilizar los procesos internos de cada empresa.

Como parte de los resultados de estas reuniones, los operadores iniciaron una campaña masiva de divulgación en medios digitales, televisivos y radiales, a efectos de guiar a los clientes/usuarios sobre el procedimiento de portabilidad.

Actualmente, 70 por ciento de los usuarios de Digicel ya migraron a otros operadores. Sin embargo, mientras no haya culminado el proceso de migración de los clientes, Digicel seguirá brindando el servicio para sus clientes.

El Día

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) celebró un acto junto al consejo directivo de la modernización de la Ley 53-98 que regula la instalación, mantenimiento y operación de redes. La actividad fue encabezada por el presidente de esa entidad, Nelson Arroyo.

El funcionario espera que esa ley tenga una mejor aplicación y que se encuentre un equilibrio que permita que se sientan a gusto con las prestadoras de servicios, pero sobre todo los usuarios que se incorporen a una serie de marcos regulatorios de las nuevas tecnologías.

Durante el conversatorio, los panelista plantearon el mejoramiento del servicio, en la red movil, y llevar calidad a todos los rincones del país

La política pública digital de Colombia en la actualidad se enmarca en la Ley de Modernización TIC, que entró en vigor en julio del año pasado y nació con la visión de promover la inversión en el sector y eliminar la brecha digital. A casi nueve meses de que viera la luz, hoy enfrenta uno de sus mayores retos para ser puesta en práctica en medio de la contingencia por el Covid-19, que exige aprovechar las tecnologías para mantener a la población conectada.

Pero este momento también puede ser una oportunidad. “A pesar de que esto ha sido una crisis que nadie esperaba, de ella también tenemos que buscar oportunidades (…). Realmente creo que esto nos puede ayudar a dar incluso un salto más grande y más rápido en términos de involucrarnos muy activamente en la cuarta revolución industrial”, dijo a DPL News la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Colombia, Sylvia Constaín.

En esta materia, la visión del gobierno colombiano tiene dos ejes: impulsar la conectividad y promover la transformación digital, a fin de acelerar la inclusión a la economía digital. Con eso en mente, Constaín lidera la estrategia actual para garantizar la conectividad del país, especialmente mientras la población debe permanecer en casa para mitigar la expansión del nuevo coronavirus.

“Si antes era importante que tuviéramos herramientas como Inteligencia Artificial (IA) o análisis de datos dentro de nuestras entidades, pues hoy lo es aún más, porque son herramientas que permiten saltos de competitividad y eficiencia muy importantes en estos momentos”, destacó.

Hoy, en medio de la crisis sanitaria, se hace aún más evidente la relevancia de las redes de telecomunicaciones y las TIC en las políticas gubernamentales, en la perspectiva empresarial y en casi cualquier aspecto de la vida. Debido al aislamiento social, “hemos aprendido un relacionamiento virtual, tanto laboral como personal, que nos va a permitir hacer un arranque mucho más rápido de la economía” en el día después de Covid-19.

Mientras llegamos a ese momento ―que podría extenderse por un periodo largo, pues varios especialistas coinciden en que la pandemia tendría más de una ola en tanto no se consiga una vacuna―, el Ministerio está acelerando algunos programas públicos y expandiendo el alcance de otros, relacionados con el comercio electrónico y el gobierno digital, por ejemplo.

Al igual que otras dependencias en diferentes países de América Latina, trabaja de cerca con la industria para activar ciertas ofertas de apoyo para los usuarios ante la pandemia, como el zero rating para sitios web de salud oficiales, la aplicación CoronApp y el portal nacional de aprendizaje en línea; envío sin costo de mensajes de texto, facilidades de pago en las facturas móviles; no cobro de intereses por mora; e incluso un plan de 1 GB gratis por un mes para cinco millones de clientes prepago.

Una de las acciones más relevantes ha sido la eliminación por cuatro meses del IVA (igual a 19%) al servicio móvil prepago y pospago, con el objetivo de volver más asequibles los paquetes que cuestan normalmente hasta 71 mil 214 pesos (18.4 dólares). Esto es buen ejemplo de medidas para mejorar la fiscalidad, según Mauricio Agudelo, experto del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), quien además lidera el programa de transformación digital de la entidad.

Otra de las disposiciones es facilitar que las cuadrillas técnicas de las empresas de telecomunicaciones puedan movilizarse en el espacio público para dar mantenimiento a las redes y desplegar infraestructura necesaria durante la emergencia de Covid-19, luego de que el gobierno decretó como esencial la prestación de servicios como el Internet y la telefonía.

Al mismo tiempo, se aprobó una condición temporal para que las licencias de despliegue de infraestructura se otorguen en máximo diez días ante la pandemia, mientras en una situación normal pueden tardar hasta 60. Si no se da una respuesta en ese tiempo, en automático se le deberá conceder el permiso al operador.

Con ello, se busca acelerar y agilizar la implementación de las redes, algo que además se ha promovido desde tiempo atrás. En diciembre, el MinTIC pactó una alianza con gobiernos locales y la industria para reducir las barreras regulatorias como la burocracia en los trámites, y así aumentar la penetración de tecnologías como la banda ancha.

Hasta ahora, la respuesta de las autoridades locales ha sido favorable, destacó Constaín. Además, el Ministerio está trabajando en incluir un “pasaporte de movilidad” en CoronApp, para que desde la aplicación alguna persona, que pertenezca a un sector exceptuado del aislamiento como el de telecomunicaciones, pueda obtener un certificado para realizar sus tareas sin problema.

No es momento para parar en 5G, sino de avanzar

Algunas proyecciones indican que la inversión en redes 5G no se va a paralizar pese a la crisis social y económica provocada por el coronavirus, en especial en Estados Unidos. Colombia tampoco quiere quedarse atrás y a inicios de abril lanzó la convocatoria para desarrollar pilotos 5G, la cual antes de abrirse ya tenía 76 interesados.

“Yo creo que en este momento más que nunca tenemos que seguir avanzando con toda la energía (…); este no es un momento para parar sino para avanzar” en una tecnología como 5G, de cara a la subasta por la banda de 3.5 GHz que espera se realice el próximo año, dijo la ministra.

Entre los solicitantes para participar en los proyectos 5G, ya hay operadores, entidades territoriales, operadores y universidades, cuyas solicitudes serán analizadas y, en dado caso, se les otorgará un permiso temporal de espectro para usar los 3.3–3.7 GHz, 24.25–27.5 GHz, 37–43.5 GHz, 45.5–47 GHz ó 47.2–48.2 GHz por seis meses.

“5G es una tecnología que va a traer soluciones muy reales a problemas en el país y en el mundo”, por eso no hay que dejarla atrás mientras a nivel global se atraviesa por una emergencia sanitaria, puntualizó. Incluso en algunos países, como en China de la mano de Huawei, se ha utilizado la red de quinta generación para conectar hospitales durante la pandemia.

Colombia además viene de una reciente subasta múltiple de espectro, a través de la cual se busca modernizar las redes para ampliar el alcance de 4G en el país y avanzar en el cierre de la brecha digital, y que fue puerta de entrada para un nuevo jugador al mercado (Partners). Las compañías que adquirieron frecuencias en la licitación de diciembre de 2019 se hicieron de obligaciones de cobertura, por lo que tendrán que llevar Internet a miles de localidades desconectadas del país.

Para Sylvia Constaín, esta crisis ha demostrado por qué era tan importante impulsar con urgencia la conectividad y el despliegue de infraestructura en el país, partiendo de la Ley de Modernización TIC. En ese sentido, comentó que el concurso del año pasado “fue un salto muy importante” para conectar a Colombia.

Las redes hoy están preparadas para soportar incrementos en el tráfico de datos, que ya se ha registrado en 38 por ciento, generados en la pandemia, y los operadores cuentan con el espectro suficiente para robustecer su capacidad debido a las frecuencias adquiridas en diciembre, pero de ser necesario se evaluaría la necesidad de asignar recurso radioeléctrico de manera temporal, explicó la ministra.

Por ahora, las empresas del sector de telecomunicaciones se mantienen monitoreando el comportamiento de las redes y podrán gestionar el tráfico en Internet, al priorizar las actividades como el teletrabajo, la educación en línea y el acceso a la salud, siguiendo algunas condiciones del regulador, para evitar congestiones debido al elevado consumo de datos en video en línea y otros contenidos de entretenimiento.

Este lunes quedó completamente integrada la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia, luego de tomar protesta a cuatro nuevos comisionados, quienes sesionarán en diferentes materias correspondientes a las tareas del regulador único del sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el postal y de contenidos audiovisuales.

Como parte de la Ley de Modernización del sector TIC, que entró en vigor el año pasado, la CRC tenía el mandato de evolucionar, fusionando las tareas de la extinta Agencia Nacional de Televisión, para encargarse del desarrollo de normativas convergentes y definir las reglas de competencia para el despliegue de infraestructura en el país.

La Comisión está conformada por dos sesiones: la de Comunicaciones, donde también participa la ministra TIC, Sylvia Constaín, y la de Contenidos Audiovisuales.

Al primer equipo se unieron Paola Bonilla y Nicolás Silva, para trabajar de la mano con Carlos Lugo Silva y Sergio Martínez. En la segunda sesión, estará Ernesto Orozco, José Fernando Parada y Mariana Viña Castro. Todos bajo el liderazgo de la Directora Ejecutiva del organismo, Zoila Vargas.

El nuevo regulador único tiene entre sus retos más urgentes el cierre de la brecha digital; la innovación en los marcos normativos para responder al escenario tecnológico actual; la modernización de las redes; incentivar las inversiones y eliminar barreras regulatorias, y mejorar la protección a los usuarios en la economía digital.

Durante el proceso de transición, la CRC destacó que no ha dejado de trabajar. Algunas de sus acciones han sido el diseño de una hoja de ruta para modernizar las redes móviles; los cambios a las condiciones de compartición de infraestructura eléctrica y la revisión de las agendas regulatorias respecto al sector TIC, de contenidos y postal.

Cartagena, Colombia. Después de que el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la Ley de Modernización TIC, Sylvia Constaín, ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, afirmó que la transición será rápida y transparente, por lo que esperan concluirla incluso antes de los seis meses que se tienen previstos.

Además, enfatizó que “la mejor herramienta para la equidad es estar conectados”, por lo que también es una tarea fundamental del Estado impulsar la digitalización, llevar las herramientas de conectividad a las personas y localidades que aún no las tienen, al incentivar la inversión privada, generar certeza jurídica, facilitar despliegue de infraestructura, así como fortalecer la TV pública y la radiodifusión con un regulador completamente independiente.

El país “se había quedado atrás en el marco institucional y jurídico. Nos habíamos quedado donde estábamos hace diez años, cuando la televisión se utilizaba solamente para ver TV y el teléfono para hacer llamadas”; con la reforma a la ley, se reconoce la innovación y se incentiva la inversión en beneficio de la sociedad, dijo en entrevista con DPL News, en el marco del 14º Taller Internacional de Regulación, organizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Aunque el regulador convergente, que absorberá, en conjunto con el Ministerio, las funciones de la Autoridad Nacional de la Televisión, tiene seis meses para completar su proceso de integración, Constaín puntualizó que la CRC no va a parar de trabajar y seguirá sesionando con tres comisionados en tanto se complete la transición.

Estas tres personas serán parte de una de las dos salas de decisión del regulador único: la Sesión de Comisión de Comunicaciones, con cinco integrantes, de los cuales uno será la ministra TIC, el otro será designado por el presidente en los próximos 30 días (a partir de la sanción) y los tres restantes serán elegidos por concurso.

Entre los cambios que se aplicarán con la legislación, Constaín resaltó que Colombia tendrá una mejor posición para competir por la inversión en el sector, ya que “estamos asignando espectro, no a 10 años, sino a 20; no con base en maximización del ejercicio financiero, sino con el bienestar social”.