La República

Bajo el lema “AMíTambiénMePasó”, bancos, cooperativas y la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) buscan encender las alertas sobre la creciente ola de delitos informáticos en Costa Rica. 

Y no es para menos: las denuncias por cibercrímenes presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San José aumentaron un 88% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Uruguay tiene una nueva ley para la prevención y castigo de delitos informáticos. Contiene una serie de cambios sobre distintos artículos del Código Penal y sobre la ley contra el lavado de activos, al tiempo que da autorización a instituciones financieras para inmovilizar cuentas posiblemente afectadas y las faculta para crear registros para identificar operaciones fraudulentas; también se generarán campañas de educación.

Desde ahora, recibirá castigo de tres meses a tres años quien por medios telemáticos vigile, persiga o procure cercanía física con una persona de modo que altere gravemente el desarrollo de su vida. Será agravante para este delito que se cometa contra un menor, adulto incapaz o vulnerable, o que se haga contra personas con las que previamente se haya tenido una relación afectiva.

Por medio de esta ley se considera autor de fraude informático a quien introduzca al error a alguna persona para obtener información mediante tecnologías de la información, efectúe manipulaciones para generar pagos no consentidos por parte de terceros o utilice tarjetas, códigos o cualquier medio de pago para realizar transferencias no consentidas con el fin de obtener un provecho en daño de otro. En estos ítems los agravantes serán delitos en los que medie parentesco o vinculación laboral, o los que se hagan contra el Estado.

En tanto, a través de un agregado al artículo 358 quarter del Código Penal, se castigará con hasta 24 meses de prisión a quien por cualquier medio y sin autorización destruya, altere o inutilice datos o sistemas informáticos con la finalidad de causar un daño. También se contemplan acciones contra quienes incurran en interceptación ilícita, suplantación de identidad y para quienes compren, adquieran o produzcan programas o sistemas informáticos que se usen para la comisión de delitos.

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Sobre la campaña educativa, se indica que estará a cargo del Poder Ejecutivo y que deberá estar enfocada en el manejo de finanzas personales y ciberseguridad. Tendrá que contener información sobre medios de pago, cuentas bancarias, acceso al financiamiento, instituciones financieras, planificación presupuestaria, antecedentes crediticios, fraude digital, ejercicio de derechos en el entorno digital y mecanismos de defensa al usuario financiero, entre otros.

El registro de ciberdelincuentes, en tanto, estará a cargo de instituciones de intermediación financiera y entidades emisoras de dinero electrónico, los mismos que estarán autorizados a dejar sin efecto movimientos de cuentas cuando hubieran tomado conocimiento por medios fehacientes que las cuentas fueron sujeto de operaciones desconocidas o no autorizadas por sus titulares.

Hubo 2.4 millones de cuentas de usuarios en línea vulneradas en Argentina en el primer trimestre de 2024, cifra 295 por ciento más alta que hace un año. 

Según Surfshark, el país se ubica en el puesto 26 en el mundo en el acumulado desde 2004, con un total de 69 millones de cuentas vulneradas. De ellas, 24.1 millones tienen direcciones de correo electrónico únicas, lo que da un promedio de 2.9 veces por cuenta.

Argentina presentó 210.7 millones de registros personales expuestos en las últimas dos décadas, con un promedio de 3.1 veces por correo. Se filtraron en ese período 40.6 millones de contraseñas locales, lo que puede conducir a robo de identidad, extorsión y otros delitos asociados.

En el mundo se filtraron 17 mil millones de cuentas de usuarios desde 2004. Se registraron, en tanto, 400 millones de casos en el primer trimestre de este año, señaló la portavoz de Surfshark, Lina Survila, quien instó a “todos a permanecer atentos, crear contraseñas seguras y tener cuidado al compartir información personal en línea”.

El Peruano

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N° 1591, el cual modifica diversos artículos de la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos, para promover el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales por los niños y adolescentes, además de elevar las penas de los ilícitos.

De acuerdo con el nuevo texto del artículo 5, el que por internet u otro medio análogo contacte con un menor de 14 años para solicitar u obtener de este material pornográfico, o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o un tercero, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de nueve años.

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vtv.gob

En el VII Congreso de Seguridad organizado por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), se debaten las diferentes políticas públicas que desarrolla la Policía de Miranda para disminuir los delitos y la criminalidad, entre ellas el uso de ciencia y tecnología, informó director de la policía estadal, Luis José García Pinto.

Durante su intervención como ponente, acotó que el uso de la tecnología, aunado a las relaciones con las comunidades, ha sido fundamental en el fortalecimiento de la seguridad en Miranda, donde la policía se mantiene desplegada con las brigadas y servicios especiales, de la mano con los gobiernos nacional y municipal.

“Hablamos sobre los ejes de atención como los Cuadrantes de Paz, fortalecimiento del sistema policial, prevención del delito y de las drogas, el sistema de justicia y sistemas de gestión de riesgo”, dijo.

García Pinto explicó las estrategias de seguridad ciudadana que se ejecutan en la entidad, que busca no solamente disminuir la criminalidad, sino también tener una policía con más capacidad de respuesta y atención a las comunidades.

En la actividad también participaron como ponentes el alcalde del municipio Guaicaipuro, Farith Fraija; el secretario de Seguridad Ciudadana de esa localidad, Carlos Andrade; así como representantes de los poderes públicos, alumnos y profesores de la UNES.

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El diputado Javier López Casarín presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto para la creación de una Ley Federal de Ciberseguridad en México, que buscaría fortalecer la protección de datos e información en línea, implementar políticas y procedimientos de seguridad cibernética, crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad y un Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad, así como definir infracciones y sanciones para combatir los riesgos cibernéticos.

La iniciativa destaca la importancia de la ciberseguridad para la protección de los sectores productivos, los servicios y la seguridad nacional, así como la necesidad de capacitación de los usuarios. La propuesta busca establecer políticas públicas en esta materia para enfrentar los desafíos que surgen con el uso de tecnologías de información y telecomunicaciones, y garantizar la protección de la información personal de los ciudadanos mexicanos.

Según el documento, la nueva ley busca atender algunos de los retos que enfrenta actualmente la seguridad en el ciberespacio en México, tales como la falta de definición de delitos, así como establecer atribuciones, competencias y responsabilidades entre autoridades, y atender la existencia de instrumentos jurídicos desagregados y no homogéneos.

También buscará promover la colaboración entre gobiernos locales e instituciones de justicia, la colaboración con la iniciativa privada, y la adhesión de México a tratados internacionales en materia de ciberseguridad.

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El proyecto define como amenazas aquellas que comprometan la operación y capacidades de las instancias de seguridad nacional, potencialicen el impacto de amenazas previstas en la Ley de Seguridad Nacional, y afecten el funcionamiento de algún sistema o Infraestructura Crítica de Información.

Entre los principales delitos que define la ley en materia de ciberseguridad, destacan el fraude informático, el tratamiento ilegal de datos personales, la generación y difusión de material pornográfico infantil, la incitación a la violencia a través de medios digitales y el contacto con menores de edad con fines sexuales.

Las sanciones propuestas por algunos de estos delitos incluyen entre cinco a 20 años de prisión y multa de mil a 20 mil unidades de medida de actualización por obtener información personal y financiera a través de sistemas informáticos sin autorización del titular, por el trato doloso de datos personales, así como por el robo de identidad.

En algunos casos específicos, como en los sistemas bancarios, financieros, gubernamentales e infraestructuras críticas de información, las penas pueden aumentar hasta en una mitad.

La iniciativa también castiga con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil unidades de medida de actualización a personas que produzcan o diseñen material digital que “incite, facilite, induzca u obligue a personas a ocasionar un daño físico, psicológico o material” a sí mismos o terceros.

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Los delitos con fines sexuales también se castigarán con entre siete a 14 años de prisión y multa de mil a 10 mil unidades de medida de actualización.

La Fiscalía General de la República contará con una fiscalía especializada para investigar y perseguir estos delitos cibernéticos. Además, se implementarán políticas y procedimientos de seguridad cibernética y se establecerán infracciones y sanciones para combatir los riesgos cibernéticos.

La iniciativa propone la emisión de una Política Nacional de Ciberseguridad del Estado mexicano, “que contendrá las acciones necesarias para reducir riesgos cibernéticos, proteger la información, los bienes, los derechos de las personas y su seguridad”.

En conjunto con esta política, se buscará establecer también una Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Seguridad de la Información, que funcionará como un órgano consultivo. La CITICSI estará presidida por el titular de la Estrategia Digital Nacional y los titulares de las unidades TIC de las secretarías de Estado, así como del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras.

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Entre las atribuciones de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, según el proyecto de decreto, se encuentran: generar un Registro de Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos Públicos y Privados; establecer los esquemas de coordinación e intercambio de información; esquemas de cooperación con organismos internacionales y autoridades extranjeras en materia de ciberseguridad; diseñar criterios técnicos para la detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos en TIC y promover mecanismos de certificación en materia de ciberseguridad.

También deberá promover el desarrollo de programas de capacitación de ciberseguridad y promover el desarrollo y consolidación de una cultura nacional de ciberseguridad; operar el Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad; elaborar el mapa de riesgos de las Infraestructuras Críticas de Información y apoyar a las autoridades competentes en el análisis de riesgos de estas infraestructuras; y solicitar la baja inmediata a proveedores de servicio o administradores, de direcciones IP, aplicaciones, dominios y sitios de Internet a través de los cuales se realicen conductas ilícitas.

La ley también da nuevas facultades a las instancias de ciberseguridad para solicitar información a las entidades públicas y privadas, cuando se investiguen amenazas inminentes y concretas a la seguridad nacional.

El documento menciona que es necesario que las empresas extranjeras que brinden servicios en México cuenten con representación jurídica física en el país, quien deberá servir como punto de contacto y colaborar con las autoridades mexicanas. Dentro de estas empresas entran cualquiera de servicios digitales (redes sociales, comunidades de videojuegos, entretenimiento o infraestructura digital) o telecomunicaciones.

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Brasil completó este miércoles 30 de noviembre, su adhesión al Convenio sobre delitos cibernéticos, también conocido como Convenio de Budapest, la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. En una nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública señalaron que el acuerdo tiene como objetivo facilitar la cooperación internacional en la lucha contra los delitos cibernéticos.

Los Ministerios explicaron que Brasil depositó, en el Consejo de Europa, la carta de adhesión al Convenio de Budapest, concluyendo el proceso.

Al participar en el grupo, el país contará con una herramienta adicional para combatir de manera efectiva los delitos que requieren vías más rápidas de cooperación internacional. “Las autoridades brasileñas tendrán un acceso más rápido a las pruebas electrónicas producidas bajo jurisdicción extranjera, lo que tendrá un impacto positivo en términos de persecución penal de los delitos cibernéticos”, dice el comunicado.

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El Convenio de Budapest enumera los tipos de delitos, como la interferencia con los sistemas, las violaciones relacionadas con el contenido o los derechos de autor, y establece procedimientos para la cooperación internacional.

El principio general del documento dice que las partes cooperarán entre sí en la aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes en la mayor medida posible “a los efectos de investigaciones o procedimientos relativos a delitos penales relacionados con sistemas informáticos y datos”.

El año pasado, entidades de tecnología de la información y la comunicación firmaron una carta apoyando la adhesión de Brasil al Convenio. Para las asociaciones, el acuerdo garantizará al país un marco legal más calificado para acoger innovaciones en la economía digital como 5G, IoT e Inteligencia Artificial.

El país se suma a 67 miembros, incluidos ocho latinoamericanos.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, inauguró el primer cuartel local de la Jefatura Nacional de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, con el objetivo de aumentar la prevención de delitos informáticos de alta complejidad. Trabajará en el recinto el Departamento Forense Digital, a cargo del tratamiento de la evidencia digital y su análisis forense.

También está contemplada la participación de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, que tiene a su vez al Equipo de Investigación de Delitos Informáticos y de Alta Complejidad y el Equipo de Investigación contra el Abuso Sexual de niños, niñas y adolescentes en línea, que contempla áreas como el groming y la comercialización, almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil.

“Estamos redoblando los esfuerzos para atacar la criminalidad de los nuevos tipos de delitos y sus causas profundas, con acciones y recursos”, dijo el mandatario.

El presupuesto presentado al Congreso para 2023 propone un refuerzo de los recursos destinados a la policía local. La inversión en esta infraestructura, además, se enmarca en la entrada de vigencia de la ley 21,459 de delitos informáticos.

Chile tiene nueva ley de delitos informáticos. La discusión que inició a fines de 2018 se refleja en el documento publicado oficialmente en las ultimas horas, que cuenta con 21 artículos más algunos ítems transitorios que adecuan la normativa local al Convenio de Budapest. El texto reemplaza a la ley 19,223 y tiene implicancias para los operadores de servicios de telecomunicaciones.

Los artículos 1 a 9 tipifican como delitos y mencionan la pena a la que serán susceptibles quienes los cometan. Habla, entre otros aspectos, de ataque a la integridad de un sistema informático, acceso ilícito, ataque a la integridad de los datos, falsificación de datos y fraude informático; también señala como delito entregar u obtener dispositivos creados o adaptados para la perpetración de este tipo de hechos.

El artículo 10, por su parte, menciona como agravante cometer un delito abusando de una posición de confianza en la administración del sistema informático y/o de la vulnerabilidad, confianza o desconocimiento de niños, adolescentes o adultos mayores. Más tarde se especifican los procedimientos y luego hay disposiciones finales y transitorias, entre las que aparecen las autoridades que velarán por el cumplimiento de esta normativa.

Respecto de su impacto a operadores, la normativa finalmente autoriza al Ministerio Público a requerir en ocasión de una investigación penal a cualquier proveedor la conservación o protección de datos informáticos o información concretas incluidas en un sistema informático. Los datos se conservarán por 90 días, prorrogables por el mismo tiempo por única vez. Las empresas requeridas estarán obligadas a “prestar colaboración” y “guardar secreto del desarrollo de esta diligencia”.

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Desde la llegada de las tarjetas crédito y débito a los sistemas bancarios, la forma en que las personas realizaban sus compras y pagos ha venido evolucionando. Hoy es posible imaginar que este tipo de trasferencias se puedan realizar con tan solo sonreír a una cámara, agitar la mano o mirar fijamente un lector.

Los pagos biométricos son ese sistema de autentificación que, a través de la información biométrica de una persona, es decir la huella digital, la voz, el reconocimiento facial, prometen revolucionar el futuro de los pagos y facilitar aún más el mundo transaccional.

En diversas empresas del mundo se está probando la biometría como estrategia para cerrarle el camino a los delitos por internet y rebajar así las suplantaciones de identidad y el fraude en el mundo digital.

“La forma en que pagamos debe seguirle el ritmo a la forma en que vivimos, trabajamos y hacemos negocios, ofreciendo a los consumidores opciones con altos niveles de seguridad”, dijo Ajay Bhalla, presidente de Cyber & Intelligence de Mastercard, en un informe publicado en medios británicos.

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