La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de Argentina resolvió a favor de Telefónica en la medida cautelar en la que la empresa solicitó la suspensión del DNU 690 y sus consecuencias. El fallo en segunda instancia –la primera lo había desestimado– es un nuevo golpe al gobierno a 16 meses de la declaración de las TIC como servicio público aunque, en la práctica, los operadores ya no cumplen a rajatabla con los alcances de la medida.

“Estamos convencidos que todo el ecosistema necesita reglas claras que den previsibilidad y permitan la sostenibilidad de la industria; motor estratégico para el crecimiento del país y desarrollo de la sociedad”, dijo la empresa tras celebrar la medida que, como en otros casos, se aplicará inicialmente por el plazo de seis meses.

La nulidad alcanza específicamente a los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto y también declara la inaplicabilidad de la resolución 1466/2020, que disponía límites máximos en los aumentos; la 203/2021, de adecuación de precios minoristas para proveedores de servicios móviles; y de la 204/2021, de adecuación de precios minoristas para otros servicios, entre otros.

El caso de Telefónica se suma al de otras empresas que ya han logrado fallos favorables por este tema. El más resonante, por el ida y vuelta que provocó con el gobierno, fue el de Telecom Argentina, pero hubo otros, entre ellos el de Telecentro y DirecTV. El listado de fallos en su contra llevó al gobierno a presentar proyectos para convertir el Decreto en ley, un objetivo que todavía no superó la etapa de debate.

Después de varios días de tensa calma, declaraciones del presidente Alberto Fernández reactivaron la puja por los precios en Argentina. El primer mandatario ratificó que Internet será servicio público en el país “para que no roben con las tarifas”, y el sector, particularmente las pymes, reaccionaron.

“Se enojan porque dije que Internet es servicio público, que se enojen, vamos a hacerlo así para que llegue a todos y todas las argentinas y para que no nos estafen y roben con las tarifas”, fueron las palabras textuales que utilizó Fernández sobre el tema en el marco de la presentación de Argentina Programa.

Así, el funcionario dejó claro que no es idea del gobierno dar marcha atrás con el DNU 690 y sus reglamentos, a pesar de que varias instancias judiciales fallaron a favor de los operadores, dando vía libre a estos para fijar precios. El caso más resonante fue el de Telecom Argentina, pero hubo otros, entre ellos DirecTV y Telecentro.

El primero en recoger el guante fue el Presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Ariel Graizer. “Para que la conectividad llegue a todos de nada sirve declarar Internet como servicio público (…), como el gas y el agua potable que no llegan a todos, a pesar de serlo hace décadas. ¡Se necesita una industria competitiva y reglas claras!”, expresó.

Fue justamente Graizer quien en un evento reciente dijo que los accesos a Internet seguían creciendo en el país, pero a un ritmo más bajo que antes y que, en las condiciones actuales, llevaría 12 años cumplir con la idea de universalización del servicio. “Les pedimos que no nos ayuden tanto”, había bromeado otro ejecutivo en el mismo encuentro.

Desde la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet Pymes (Cacpy) publicaron: “Que Internet sea un servicio público no garantiza achicar la brecha. Controlar los precios perjudica inversiones y baja la calidad de servicios. Las empresas que brindamos servicios TIC no robamos ni estafamos a nadie. Invertimos a riesgo propio”.

La Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI) fue la más dura en la respuesta y hasta pidió a Fernández revisar sus dichos. “El presidente nos trató (a los prestadores) de ladrones, ni más ni menos. Si eso piensa, señor presidente, radique la denuncia correspondiente. Hay expresiones desafortunadas que no tienen retorno. Recapacite”, señaló.

No acusaron recibo, por su parte, los prestadores de mayor tamaño del país, a quien a todas luces en realidad iba dirigido el mensaje de Fernández. Las autoridades locales ya se habían pronunciado en contra del accionar de empresas de mayor tamaño cuando Telecom recibió el primer visto bueno de la justicia en su puja con el gobierno por este tema.

En el marco de la presentación de resultados trimestrales que tuvo lugar antes de las declaraciones de Fernández, el CEO de Telecom Argentina, Roberto Nobile, señaló que el gobierno “pone en juego hasta 4.5 puntos del PBI regulando precios”. Los dichos de una y otra parte sólo prometen mantener encendida una disputa que parecía haber bajado el tenor en las últimas semanas.

La sala II del Tribunal Contencioso Administrativo Federal de Argentina decidió este miércoles brindarle una medida cautelar a DirecTV y Telecentro que suspende, por seis meses, los efectos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que declaró servicios públicos a las comunicaciones y fijó un control de precios.

La cautelar también incluye las resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) número 1466/2020, 1467/2020 y 204/2021.

El tribunal concluye, de acuerdo con un análisis, que “la configuración de circunstancias que prima facie colocan bajo serio y fundado cuestionamiento el estándar de razonabilidad y la legitimidad del decreto 690/20 y de las resoluciones del Enacom adoptadas en consecuencia, por la directa afectación que generan a los derechos de propiedad de las accionantes” (DirecTV y Telecentro).

Esta cautelar se suma a la que ya había logrado Telecom Argentina a finales de abril pasado por el mismo Tribunal. Esta medida fue recurrida por el Enacom, recurso que fue denegado ayer.

También hubo otros fallos emitidos por la justicia cordobesa a favor de Catriel Televisora Color y de TV Cable Color, y de la justicia misionera a favor de Video Color Campo Grande.

De esta forma, la industria de telecomunicaciones sigue cosechando victorias en el camino judicial contra la norma que impuso el control de precios en Argentina.

El decreto 690 en Argentina trajo consigo la Prestación Básica Universal (PBU), una resistida propuesta por la que los operadores deben dar servicios a un precio establecido por las autoridades. ¿El objetivo? Asegurar la conectividad de las personas de bajos recursos en el contexto de pandemia. Según pudo saber DPL News, la propuesta no fue la más elegida por los usuarios y el gobierno tomó nota: se juntó con los operadores para que llegue a tres millones de personas.

El encuentro, uno más para debatir estos temas, estuvo a cargo del Jefe de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero. Participaron la Presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; la Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; el Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, y representantes de las empresas, entre otros. No fue virtual como otras reuniones, sino que tuvo lugar en el salón Eva Perón de la Casa Rosada.

“Tuvo origen en la necesidad que tienen los argentinos y argentinas de poder acceder a la conectividad y a la obligación del Estado y las empresas de garantizar el acceso”, resumió el regulador en un comunicado y agregó el objetivo: se analizaron los indicadores de pobreza e indigencia para identificar la urgente necesidad de hacer efectiva la política de tarifas acordadas y reglamentada oportunamente, y garantizar el acceso en el corto plazo para más de tres millones de personas de 750 mil hogares.

En palabras de Tolosa, “la conectividad es una plataforma de acceso a la educación, la salud y, en este sentido, lo que estamos haciendo ahora es darnos un plazo, un marco regulatorio para que en 30 días tres millones de argentinos tengan PBU en sus casas”. No queda claro cómo se buscará ese número ni a qué servicios se refiere exactamente, ya que la PBU alcanza a los cuatro tradicionales (Internet, telefonía fija y móvil y TV de paga).

“El gobierno se pone de manera conjunta a trabajar con las telefónicas para llegar a cada hogar, manteniendo el compromiso vigencia de una PBU de 350 pesos (3.7 dólares) mensuales, que son 150 pesos (1.6 dólares) de WhatsApp ilimitado y 200 pesos (2.1 dólares) por un giga de datos”, agregó Tolosa despejando dudas: parece que el desafío está dirigido exclusivamente al servicio móvil, el de mayor penetración del país, y el foco puesto en WhatsApp, un medio que demostró ser clave para la comunicación de las personas en el contexto de pandemia.

“Armamos una reunión de trabajo para solucionar temas y hacerle más fácil a los clientes acceder a la PBU”, dijo tras el encuentro Alejandro Lastra, director de Relaciones Institucionales de Telefónica. “Quedamos en trabajar, cruzar información, para seguir impulsando este tipo de medidas”, agregó su par local en Claro, Alejandro Quiroga López. El ejecutivo se refirió a la poca demanda que tuvo la PBU para la filial argentina de América Móvil en una charla con DPL News publicada esta semana.

La Cámara Argentina de Argentina (Cabase) dijo que el pedido de la PBU por parte de clientes  fue “menor que el 1 x 1000”. Su Presidente, Ariel Graizer, sugirió en un evento local que se busquen otras alternativas para garantizar el acceso por parte de la población. La industria propone como solución posible que se utilice el Fondo de Servicio Universal para que personas de bajos recursos puedan acceder a prestaciones. Por el momento, al parecer, el plan del gobierno es mantener esta estrategia y reunió al sector para profundizar su alcance.

No trascendió si en la reunión también se debatió sobre otro alcance del DNU 690, igual o más discutido: la fijación de topes de aumento para prestadores. Si bien el gobierno autorizó algunos incrementos tras las quejas de operadores que dijeron no poder sostener el negocio por una combinación explosiva entre la reglamentación, aumento de costos e inflación, el punto todavía se mantiene como eje de debate entre las partes. Hace unos días, de hecho, Movistar anunció un incremento para mayo y junio a sus clientes, y el Enacom respondió que no autorizó incrementos para esos meses.

La reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, que declaró servicio público a las comunicaciones argentinas y estableció un control en los incrementos de los precios, sumó nuevos capítulos estos días.

Por un lado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a las cooperativas, pymes y cableras de menos de 100 mil abonados a un nuevo incremento de las tarifas de un 7 por ciento (que se suma al 8% autorizado en enero y tras tener las tarifas congeladas en todo 2020). Pero por el otro, comienzan a resolverse algunos fallos a favor y en contra del decreto, que fue llevado a la Justicia por los operadores.

A través de la resolución 27/21 y 28/21, el Enacom autorizó a los proveedores de Internet, operadores de telefonía fija y de TV de paga que tengan menos de 100 mil abonados, a que incrementen hasta un 7 por ciento sus precios minoristas a partir de las facturas de febrero.

El sector pyme y cooperativo fue uno de los que se opuso a la congelación de precios y control de las tarifas, ya que sostenían que con la inflación acumulada durante 2020 (de 36 por ciento) y una devaluación de más del 30 por ciento en el valor del dólar oficial, los primeros aumentos autorizados no eran suficientes para sostener la estructura de costos de los servicios.

En un comunicado, las cooperativas reunidas en Catel, Coolsecor y Fedecoba celebraron el acuerdo específico del ajuste de las tarifas. “Seguimos dialogando para lograr una nueva adecuación en el mes de marzo. Por otro lado, estamos avanzando en las conversaciones sobre el precio de la Prestación Básica Universal y el equilibrio que las entidades están realizando en sus finanzas para poder seguir brindando a sus asociados servicios de calidad”. Agregaron que las preocupaciones que tenían con respecto a la reglamentación del DNU “fueron escuchadas por las autoridades”.

Batalla judicial

El DNU 690 fue judicializado en varios fueros por las empresas de telecomunicaciones. La semana pasada, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa, rechazó un planteo de Telecom Argentina y se negó a dictar una medida cautelar contra el DNU.

Mientras que el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba dictó una medida cautelar contra el decreto a pedido de la cableoperadora TV Cable Color S.A. Según el fallo, el juzgado verificó “que las normas cuya suspensión se solicita ocasionarán un perjuicio a la actora de no disponerse su suspensión, por tanto, la calificación de servicio público de los servicios TIC que ésta presta, la regulación de su precio por la autoridad de aplicación, la suspensión de todo aumento hasta el 31 de diciembre y la imposibilidad de cortar el servicio a aquellos usuarios que no pagan durante un periodo fijado en el art. 1 del Decreto 311/20, impedirá recuperar las inversiones realizadas y llevar a cabo nuevas necesarias para la correcta y debida prestación de los servicios”.

Tras conocerse el fallo de la justicia cordobesa, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) describió en un comunicado que la medida ordena al “Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

“La intervención estatal y el consecuente atraso en los precios, sumado al significativo aumento de los costos, muchos de ellos dolarizados, implican una disminución muy significativa de la generación de ingresos. Esto pone en riesgo la posibilidad de realizar inversiones de capital ya no para el crecimiento, sino para el propio mantenimiento de los servicios TICs que demandan los usuarios, que han demostrado con la pandemia requerir cada vez mayor ancho de banda, mayor velocidad, más tecnología y más contenidos”, explicó ATVC.

iProfesional – Andrea Catalano

Cableras y empresas de Internet, con Telecom a la cabeza, volvieron a reclamarle al Gobierno por haber sido declaradas servicio público y mantener congelados los servicios de telecomunicaciones.

Pidieron que el freno a los precio, considerada una “medida excepcional” en el marco de la pandemia, pueda revertirse a fin de garantizar las inversiones que el sector necesita para continuar ampliando las redes y mejorar los servicios a los usuarios.

A un mes y medio de que venza el plazo del DNU 690 respecto del congelamiento de los servicios de telecomunicaciones, las compañías de la industria no saben qué sucederá a partir del 1° de enero de 2021: si se autorizarán incrementos de precios o no, y en caso de que así sea, bajo qué premisas.

De hecho, en estos tiempos se deben definir los presupuestos para infraestructura correspondientes al año próximo y tampoco hay demasiadas novedades en ese sentido. Mientras el Gobierno ya dio señales de que las tarifas de gas y electricidad dejarán el congelamiento el año próximo, ningún funcionario afirmó nada respecto de Internet, televisión paga y telefonía móvil y fija.

El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, se limitó a asegurar que se avanzará “en la mejor reglamentación que salga”, sin dar más precisiones. Es la razón por la que la impronta política está cada vez más presente cuando hay un encuentro de este sector.

La mañana del segundo día de las Jornadas Internacionales de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC) estuvo plagada de datos y explicaciones sobre el funcionamiento del sector. El analista Enrique Carrier dio un panorama completo sobre las distintas decisiones que se fueron tomando desde el Gobierno una vez declaradas las restricciones de la pandemia y cómo se modificó el consumo del tráfico de Internet a partir de los nuevos comportamientos de los argentinos.

A los cableoperadores les preocupa que el congelamiento vaya más allá de lo expresado en el decreto 690
A los cableoperadores les preocupa que el congelamiento vaya más allá de lo expresado en el decreto 690
Luego fue el turno de Telecom. Roberto Nobile, CEO de la mayor empresa de telecomunicaciones del país, recordó que “el sector invirtió más de u$s20.000 millones en los últimos 10 años. Es un ecosistema compuesto por más de 1.200 empresas que dan servicio al 95% de los argentinos y genera 80.000 puestos de trabajo. Esto requiere de inversiones constantes, incluso estamos en el camino de reconvertir la red de cable a fibra”, aseveró. La inversión mencionada, enfatizó, representa el 2,4% del PBI.

Y luego señaló que el decreto 690 significó un cambio abrupto en las reglas de juego de la industria.

“El DNU 690 implica un cambio abrupto, afecta tanto a los grandes como medianos y pequeños operadores. Genera asimetrías y confunde medidas coyunturales con cambios de fondo que afectan a la sustentabilidad del ecosistema TIC”, agregó, aunque también se mostró confiado en la posibilidad de llegar a un diálogo amplio con el Gobierno.

Desde Supercanal, uno de los principales cableoperadores de las provincias y oriundo de Mendoza –que ostenta uno de los peores niveles de conectividad a nivel nacional- Facundo Prado manifestó la necesidad de que deje de verse al sector “desde la coyuntura del corto plazo”. Si bien destacó las iniciativas del Enacom en relación al uso de los fondos de Servicio Universal para alcanzar a las zonas desfavorables, se manifestó a favor de “avanzar en un consenso de desarrollo entre todos los sectores”.

Tal como suele pasar en el grueso de las conferencias virtuales que se transmiten vía streaming, Prado fue “victima” de los clásicos microcortes que sufren gran parte de los usuarios de Internet en el país. Esto muestra la necesidad de que se alcancen acuerdos amplios entre sector público y privado, ya no sólo para conectar a los “no conectados” sino también para elevar la calidad del servicio.

No al control de precios
La Red Intercable, uno de los principales protagonistas locales del encuentro, también tuvo voz en varios de sus referentes. “El DNU nos paralizó y nos sorprendió. El Gobierno debería habernos convocado para pedirnos opinión”, disparó para luego asegurar que el objetivo de esa herramienta es “controlar los precios”. Indicó, en este contexto, que “es el mercado y la competencia la que regula los precios”.

Las pyme de telecomunicaciones destacaron el rol que tienen desde hace décadas conectando diversas localidades del país
Las Pymes de telecomunicaciones destacaron el rol que tienen desde hace décadas conectando diversas localidades del país
Luego fue el turno de las Pymes, que debieron hacer propuestas para avanzar en la federalización, la conectividad y la inclusión, tres ejes en los que los tres oradores coincidieron en señalar como sobre los que siempre han trabajado.

Como era de esperar, y tal como viene sucediendo con toda la industria desde finales de agosto, cuando se emitió el DNU 690, las Pymes de telecomunicaciones defendieron su trabajo, consistente en llevar servicios a localidades de las provincias e, inclusive, del interior de ellas.

La palabra estuvo a cargo de Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), Marcelo Tulissi, representante de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pyme (CACPY) y Lucio Gamaleri, vicepresidente de la Red Intercable.

Libertad de precios, reglas claras y competencia fueron tres de las medidas que consideraron urgentes para revitalizar a un sector que se encuentra atravesado por una sucesión de “noes”: no al aumento de precios, no al corte de servicio a los morosos, no al acceso a ayuda estatal como los ATP, pero sí mantenimiento de servicios con aumentos de costos que se les hace cada vez más difícil de afrontar, señalaron.

Si bien no se dieron datos, en estos dos paneles se expuso la situación de Pymes de telecomunicaciones en situación de quiebra debido a lo apremiante que se les volvió la coyuntura teniendo en cuenta estas obligaciones.

Graizer, de CABASE, lo graficó de la siguiente manera. Apuntó que “el 12% de las conexiones nacionales ya son de fibra. El tráfico se incrementó en un 80% durante la pandemia, esto altera la ecuación económica dado que se cobra en pesos y se paga en dólares. Debemos lograr conexiones de calidad en las 2.600 localidades del país. Hay muchas conexiones con menos de seis megas aún, debemos mejorar eso”.

El 31% de esas localidades cuentan con accesos a Internet de menos de 6 megabits de velocidad, lo que demandará un esfuerzo para ver cómo es posible elevar la calidad de servicio en esas áreas.

Cuestionamiento sobre uso de fondos
Desde CACPY, Marcelo Tulissi, subrayó que “ser servicio público no es garantía de desarrollo” y enfatizó que “debemos seguir competiendo y volver a la libertad de precios. Nacimos como servicio en competencia y así llegamos a más de 10 millones de hogares. Entendemos el congelamiento como medida de excepción, pero la excepción no debe crear una medida de fondo como convertirnos en servicio público”.

Tulissi y Gamaleri cuestionaron la entrega de fondos del servicio universal para las SAPEM provinciales pues señalaron que están construyendo redes en donde ya hay además de no comprender por qué su finalidad apunta a competir con los privados.

“Nos desarrollamos durante 40 años sin ser servicio público, debemos salir del congelamiento y sentarnos a una mesa de todos. Nacimos del interior del interior. Necesitamos reglas claras. Somos esenciales pero tuvimos que soportar muchas cargas. El congelamiento de tarifas no puede sostenerse, debemos trabajar en conjunto para generar consenso”, puntualizó Gamaleri.

El representante de CACPY destacó que, una vez finalizada la pandemia, será necesario que el sector se siente a una “mesa de la industria en la que se pueda planificar a 10 años para dejar la inmediatez de las medidas de coyuntura”.

A finales del año pasado, las tres principales operadoras de telecomunicaciones conformaron una Mesa de la Industria TIC con el objetivo de generar un espacio de diálogo y debate con los distintos actores del sector y aportar ideas para la definición de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones.

Sin embargo, la declaración de la pandemia y las medidas que se tomaron en la Argentina a partir de marzo impidieron que se avanzara en las buenas intenciones que había trazado esa mesa conformada, en principio, por Telefónica, Telecom y Claro.

Silica Networks decidió continuar con su política de subsidiar el precio de la conectividad mayorista a los proveedores de acceso a Internet que brinden sus servicios a usuarios finales, extendiendo hasta el 31 de diciembre el congelamiento del tipo de cambio aplicable al precio del mega mayorista que se encuentra vigente desde el 15 de abril.

Esta política comercial aplica exclusivamente a ISPs que brindan sus servicios a usuarios finales y se prorrogó con el objetivo de acompañar a los clientes en el marco de los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que determinó el congelamiento de precios minoristas de la telefonía móvil, Internet, la TV por cable y la TV satelital hasta el 31 de diciembre.

Vale destacar que se trata de un desafío congelar los precios mayoristas para una compañía argentina, ya que la inflación del país en el último año fue del 42 por ciento y la devaluación fue de por lo menos 17 por ciento (los equipos y la conectividad internacional están dolarizados).

“Más allá de las medidas de corto plazo, hay un área inmensa de trabajo en relación a la sustitución de importaciones, que debería comenzar por los bienes culturales, reemplazando contenidos extranjeros por contenidos locales. Creo que debemos volver a recrear los medios de producción locales y reactivar la producción de contenidos nacionales, e ir reemplazando los formatos por mayor producción nacional”, afirmó Horacio Martínez, CEO de Silica Networks.