La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) aseveró que las nuevas leyes en materia de transparencia y protección de datos personales aprobadas el 20 de marzo de 2025 por la Cámara de Diputados, representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de acceso a la información y la protección de los mismos.

La organización señaló que las modificaciones a la Ley de Transparencia eliminan garantías para la protección y el ejercicio del derecho de acceso a la información y el principio de transparencia.

Esto implica “una regresión en los avances normativos de ambos principios constitucionales que es incompatible con el principio de progresividad establecido en el artículo 1o constitucional”, advirtió R3D.

La organización señala que, en primer lugar, se eliminan las facultades de las autoridades de transparencia (federal y locales) de interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales cuando advirtieran legislaciones o actos ejecutivos que afectaran los principios constitucionales contenidos en la ley.

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Además, se incluyen figuras legales que podrán usarse para restringir el acceso a la información de interés público que son vagas y ambiguas, las cuales podrán ser usadas para restringir información protegida por el derecho de acceso y que no cumplen con los criterios que toda limitación a derechos debe cumplir (que sean claras y precisas, necesarias y proporcionales).

Asimismo, advierten que la propuesta de ley elimina criterios que fortalecían la transparencia, la máxima publicidad y el derecho de acceso a la información.

Especifica que la propuesta elimina la obligación de los sujetos obligados de “elaborar y reponer” información que debiera estar en su poder y suma el principio de “Documentación”, que explícitamente limita la obligación de generar información.

Por otro lado, elimina criterios interpretativos que protegían el derecho de acceso a la información al señalar que las excepciones de acceso debían cumplir con criterios de legitimidad y necesidad en una sociedad democrática.

R3D advierte que la propuesta crea un órgano desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo”, que no cuenta con autonomía y elimina requisitos para la integración de las autoridades que afectan la imparcialidad y profesionalización de las autoridades de transparencia.

Los principales retrocesos a la transparencia

• Se eliminan las facultades de las autoridades de transparencia de interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
• Se incluyen figuras legales que podrán usarse para restringir el acceso a la información de interés público que son vagas y ambiguas.
• La propuesta de ley elimina criterios que fortalecían la transparencia, la máxima publicidad y el derecho de acceso a la información.
• La propuesta crea un órgano desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo” que no cuenta con autonomía.
• La ley reduce el número de entidades que deben cumplir con las normas de protección de datos.
• Elimina la obligación de que los avisos de privacidad simplificados informen sobre los datos que serán tratados, incluyendo los datos sensibles.

El Economista Jorge Bravo

El 20 de marzo se celebró el Día Internacional de la Felicidad y la tecnología ya forma parte de este estado emocional y mental general de alegría, bienestar y satisfacción con la existencia y el sentido de la vida. ¿Cómo contribuye o afecta la tecnología a nuestra felicidad?

La tecnología digital ya forma parte de casi todos los aspectos de nuestras vida desde cómo nos comunicamos, aprendemos, trabajamos y la pasamos bien

La relación entre la tecnología y la felicidad es un tema cada vez más relevante en nuestra sociedad digital. Muchas personas creen que tener dispositivos sofisticados y de estatus social (asociados al poder adquisitivo para adquirirlos) y acceso a redes sociales y servicios digitales avanzados como plataformas por suscripción, es una forma de incrementar su felicidad.

La tecnología sí puede aumentar nuestra felicidad al proporcionarnos acceso a una variedad de experiencias y oportunidades como información, conocimientos o simplemente permitiéndonos hacer las cosas más sencillas y rápidas para disfrutar más tiempo libre y hacer más cosas que nos satisfagan.

Por ejemplo, los dispositivos móviles y el acceso a Internet permiten estar en contacto con seres queridos, aprender nuevas habilidades que incrementen nuestro potencial humano y explorar diferentes culturas, lo cual nos genera una sensación agradable con nosotros mismos y ante los demás.

Es indudable que la tecnología ha democratizado el acceso a la información y la educación, lo cual ayuda al desarrollo personal y profesional de las personas, lo cual nos pone contentos.

Pero la tecnología también tiene un impacto adverso en nuestra felicidad porque el uso excesivo de gadgets como smartphones, consolas o plataformas de las redes sociales puede llevar a la odiosa comparación social, la ansiedad y la depresión, principalmente entre los infantes, jóvenes y adolescentes.

La búsqueda de validación y reconocimiento en línea es una forma común de buscar satisfacción personal. Las redes sociales ofrecen una plataforma para mostrar nuestras vidas, recibir likes, corazoncitos, comentarios y conectarnos con los demás. Para algunos, esta exhibición y validación digitales se traduce en una sensación de felicidad tan instantánea como las interacciones que producen.

La dependencia hacia la aprobación digital de los demás afecta de forma contraproducente nuestra autoestima y bienestar emocional, así como estar atentos de forma obsesiva a lo que hacen o dejan de hacer las demás personas en sus publicaciones o estados digitales.

La psicóloga Susan David, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, autora del libro “Agilidad emocional”, señala que la dependencia de la validación externa lleva a una falta de autenticidad y autoaceptación genuinas, lo que puede socavar nuestra verdadera felicidad.

Otro estudio realizado por la Universidad de Cambridge encontró que las personas que utilizan las redes sociales más de una hora al día tienen 30% más probabilidades de sentirse infelices. Cada vez más evidencia científica señala que las personas que utilizan más dispositivos tienen un nivel de felicidad más bajo que aquellas que los utilizan menos. O que dejar de usar las redes sociales durante una semana aumenta significativamente el bienestar emocional de los participantes en dichas indagaciones.

Ya se sabe que el exceso de tiempo inmersos en dispositivos digitales y redes sociales está relacionado con problemas de salud mental como ansiedad y depresión. También existen otras afectaciones físicas a la vista por la intensidad de la luz azul-violeta de las pantallas o a la escucha por el uso excesivo de audífonos. Otro autor, Nicholas Carr, en su obra “¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?”, dice que la red nos ha vuelto superficiales.

Cada vez es más evidente que las redes sociales pueden tener un impacto tanto positivo como negativo en nuestra felicidad. Mejoran la conexión, aumentan la autoestima e incrementan la sensación de pertenencia a un grupo o comunidad. Sin embargo, también conllevan un estrés desmedido, la presión de compararse con los demás, un aumento de la tristeza y sensación de aislamiento, sin mencionar el contacto con discursos de odio, polarización y noticias falsas que desatan incertidumbre y zozobra.

Paradójicamente y por todo lo anterior, la tecnología también puede ser una herramienta útil para mejorar nuestro bienestar emocional. Existen apps de meditación, seguimiento del estado de ánimo, terapias en línea para ayudar a gestionar el estrés y cultivar la felicidad.

¿Tener los dispositivos más avanzados nos hace más feliz? En 2007 se lanzó el iPhone y en Nueva York había filas kilométricas para adquirir el nuevo teléfono. Según un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard, poseer productos autónomos (aspiradoras robóticas, podadoras de césped o electrodomésticos inteligentes) aumenta la felicidad porque nos ahorra tiempo para hacer otras cosas.

Los especialistas en salud mental, bienestar y felicidad recomiendan establecer límites y momentos específicos para usar la tecnología y evitar la distracción constante. No delegar las interacciones a lo digital y priorizar la interacción cara a cara; conectar no con interfaces sino con personas. En todo momento cultivar relaciones significativas y enriquecedoras. Desarrollar hobbies y actividades al aire libre o en la naturaleza que no impliquen el uso de tecnología.

Disfrutar el momento, la experiencia y la compañía; dejar de tomarle foto a todo lo que hacemos, dejar de compartir estados y poses en nuestros perfiles en redes sociales y dejar de pensar en el qué dirán los demás en el mundo virtual…

Twitter: @beltmondi

Fuente: vtv.gb.co

En el contexto de la alianza entre la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (Uneti) y la Gobernación del estado Miranda, se llevó a cabo la décima tercera edición del ciclo formativo dirigido a docentes y comunidades en general a través de un conversatorio.

Se trata de una estrategia de acción pública que pretende promover la equidad social en el acceso a la información y la satisfacción de necesidades y derechos sociales para aprovechar el surgimiento acelerado de la revolución digital.

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MinTEL

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) recibió dos reconocimientos por cumplir al 100 por ciento con lo establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), durante el 2022 y el primer semestre de 2023.

Estos distintivos fueron emitidos desde la Defensoría del Pueblo y por la Corporación Participación Ciudadana, al garantizar el manejo transparente de la información; así como al promover la participación de los ecuatorianos en la adopción de decisiones de intereses ciudadanos.

Estas instituciones monitorean permanentemente el cumplimiento de la norma legal y la documentación que se difunde en las páginas web institucionales, con el fin de promover acciones que permitan un rol participativo y democrático de la ciudadanía.

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Argentina está en camino a modificar la Ley de Protección de Datos Personales: la Agencia de Acceso a la Información Pública lanzó a consulta pública una nueva versión del texto vigente desde el año 2000.

Los argumentos para cambiar la normativa son varios pero podrían resumirse en “la necesidad de que el país mantenga los estándares de protección capaces de compatibilizar la economía digital, la innovación tecnológica y la protección de derechos fundamentales”, indica el texto publicado como anexo de la resolución 119/2022.

La propuesta, que estará abierta a comentarios hasta el 30 de septiembre, aplica al tratamiento de datos personales, sean ellos parte o no de una base de datos. Indica que los datos deben ser recogidos con fines determinados, tratados de forma adecuada y ser veraces, completos y comprobables; regirá sobre su tratamiento el principio de neutralidad tecnológica. Se detallan, además, políticas de tratamiento en casos como información crediticia y transferencias internacionales, y constan multas y sanciones para quienes no cumplan.

Derechos de los titulares de los datos

Los titulares de datos tendrán derechos de acceso y también de rectificación, oposición y supresión de sus datos personales al responsable del tratamiento en ciertos casos, como cuando la información sea inexacta, no haya prestado consentimiento o ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recolectados respectivamente. También podrán obtener una copia de los datos o transferirlos a otro responsable cuando sea técnicamente posible siempre que no vulnere derechos de terceros o infrinja obligaciones legales.

El artículo 30, en tanto, señala que el titular de los datos tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado de datos, incluida la elaboración de perfiles, que le produzca efectos jurídicos perniciosos, lo afecte significativamente de forma negativa o tenga efectos discriminatorios. El interesado “tiene derecho a solicitar la revisión por una persona humana de las decisiones tomadas sobre la base del tratamiento automatizado o semiautomatizado que afecten sus intereses”, indica el documento y agrega que el responsable del tratamiento debe adoptar las medidas para salvaguardar los derechos de los titulares de datos.

De aprobarse sin cambios, este punto seguramente traerá cola. Aunque los detalles todavía están en discusión y su verdadero alcance se conocerá en la eventual reglamentación de la iniciativa, la reciente puja Google – De Negri, que terminó a favor del buscador, abrió un sinfin de debates sobre la frontera entre la protección de datos personales y libertad de expresión en el país.

El derecho a la protección de datos personales está reconocido en el artículo 43 de la Constitución Nacional y varios países de la región han actualizado su normativa –entre ellos Brasil y Ecuador– y otros están en proceso de hacerlo, defiende la Agencia de Acceso a la Información Pública. Agrega que el nuevo texto toma los lineamientos del proyecto presentado en 2018 pero incorpora “nuevos estándares, recomendaciones y lecciones aprendidas” debatidas en las mesas de trabajo de las que participaron autoridades nacionales e internacionales.

Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que en el último lustro (2016 a 2021) la coalición #KeepItOn ha registrado 931 cortes de Internet en 74 países, principalmente orquestados por los gobiernos en periodos de conflicto, tensión política, procesos electorales o protestas sociales.

Las crecientes interrupciones de acceso a este servicio a nivel mundial son una muestra del menoscabo a los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión y el acceso a la información, que son pilares para las sociedades libres y democráticas, alertó la ONU.

De acuerdo con el reporte, los bloqueos de acceso a Internet normalmente consisten en cortes totales, pero los gobiernos también recurren cada vez más a limitar el ancho de banda, bloquear el acceso a determinados canales de comunicación y sitios Web, y restringir el servicio móvil a redes 2G para dificultar su uso efectivo.

Al bloquear totalmente o limitar el acceso al servicio de Internet, no sólo se están violando los derechos humanos, sino que también se está poniendo en peligro la seguridad y bienestar de la población, ya que un corte de Internet la mantiene desconectada y sin poder acceder a servicios esenciales de información o salud, por ejemplo.

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La ONU explica en su informe que las modalidades de interrupción del acceso a Internet han evolucionado, pasando de intervenciones generales a enfoques más específicos, debido a los cambios tecnológicos y la aparición de nuevas herramientas de vigilancia.

Incluso, a medida que los operadores despliegan las redes 5G alrededor del mundo, la organización advierte que se corre el riesgo de que se produzcan nuevas interrupciones con un nivel de selectividad mayor, aprovechando las características de segmentación y diferenciación de la red asociada a esta tecnología.

Muchos de los cortes de Internet se centran en determinadas regiones, ciudades o barrios por horas, meses o hasta años, dependiendo de los objetivos que tenga cada bloqueo, pero también pueden afectar a países enteros. Por ejemplo, en ocasiones se desencadenaron “asedios digitales” por periodos cortos para acallar el periodismo independiente, la viabilidad de los servicios públicos o el intercambio de información en un contexto social crítico.

Inclusive, la Organización de las Naciones Unidas señala que algunos “países que disponen de amplias capacidades tecnológicas, jurídicas e institucionales para controlar eficazmente su infraestructura de la información pueden ejercer una censura sistemática sin tener que recurrir a interrupciones temporales”.

Durante la última década, los bloqueos de acceso a Internet han ocurrido en contextos particulares de conflicto o tensiones económicas, políticas y sociales. Casi la mitad de los cortes de servicio entre 2016 y 2021 se registraron durante protestas, crisis políticas y movilizaciones sociales.

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En estos ámbitos, las interrupciones de acceso a Internet socavan la posibilidad de movilización y visibilidad social, ayudan a reprimir las protestas, crean obstáculos para la circulación de información, merman el debate público y alimentan la desconfianza de la ciudadanía en procesos como elecciones.

Una buena parte de lo que se conoce hasta ahora sobre la censura en línea y los bloqueos de Internet es gracias a las asociaciones civiles. La ONU explica en el reporte que los gobiernos no suelen reconocer que han impuesto una interrupción de la conexión, ni ofrecen la mínima explicación sobre las medidas adoptadas.

“No se conocía la justificación oficial de las interrupciones del acceso a Internet de 228 episodios registrados por grupos de la sociedad civil en 55 países entre 2016 y 2021. En 138 casos, no se sabe qué autoridades ordenaron la medida”.

“En otros casos, las órdenes de interrupción del acceso a Internet se publican mucho más tarde o los gobiernos ejercen una presión considerable sobre las empresas tanto para que cumplan esas órdenes como para que no den a conocer a la población la información sobre las medidas adoptadas”, alerta el documento.

Aunque a veces los gobiernos justifican sus acciones con base en un orden legal, la ONU sostiene que impera la discrecionalidad de las autoridades, pues alegan motivos de seguridad nacional o la necesidad de restringir “información dañina” para apagar la llave de Internet. Sin embargo, la mayoría de las medidas son arbitrarias y sólo siguen fines políticos, incompatibles con los derechos humanos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) buscarán en conjunto frenar arbitrariedades en el ejercicio de la función pública a través de un acuerdo de colaboración.

Ambas instituciones mexicanas firmaron un acuerdo de colaboración que prevé la promoción de la cultura de la transparencia, el acceso a la información, datos abiertos y uso responsable de las telecomunicaciones y servicios digitales, a través de campañas editoriales, programas, eventos y otros proyectos.

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada Presidenta del INAI, aseguró que el organismo que preside y el IFT son instituciones generadoras de equilibrios de poder, con capacidad para frenar la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública, en los ámbitos especializados de su competencia.

“Hoy nuestro país ha entrado a una nueva etapa en lo que refiere a los organismos constitucionales autónomos, pues una vez que muchos de estos se han creado, nos corresponde entonces consolidar la eficiencia y la eficacia de nuestras funciones; para lograrlo, resulta indispensable hacer efectiva nuestra función y posibilitar la colaboración y la suma de esfuerzos interinstitucionales, de ahí que resulte tan relevante el convenio que celebramos (con el IFT)”, aseveró Ibarra.

Adolfo Cuevas Teja, comisionado Presidente del IFT, señaló que este convenio constituirá un “paso firme y decidido” que permitirá, a ambas instituciones, llevar a cabo acciones para impulsar el desarrollo adecuado de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones con apertura, transparencia y acceso a la información por parte de todos los interesados.

Por su parte, el comisionado Arturo Robles Rovalo señaló que es indispensable tomar acciones conjuntas para que los millones de usuarios que navegan diariamente en la red estén conscientes y puedan prevenir los riesgos que corren en línea, tales como la usurpación de identidad, el fraude, el robo de datos, la divulgación de datos personales y otros delitos cibernéticos.

Ambas instituciones señalaron que el convenio permitirá un máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones en favor de los mexicanos.

Detallaron que realizarán “programas, eventos, trabajos o proyectos que tengan como finalidad promover, entre otros, la cultura de la transparencia, la transparencia proactiva, el gobierno abierto, el acceso a la información, los datos abiertos, la gestión, tratamiento y conservación de archivos, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, la competencia económica y su interrelación con estos, así como la regulación y promoción de la confianza y el uso responsable y seguro de las telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como los servicios digitales”.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que el acuerdo administrativo que firmó el Ejecutivo federal –bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador– y 18 secretarías de Estado para agilizar obras y proyectos, y clasificarlos como asuntos de seguridad nacional, afectará el derecho al acceso a la información.

El documento incluye el desarrollo de obras a cargo del gobierno en el sector de las telecomunicaciones, comunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energético, puertos y aeropuertos.

“Declarar de forma genérica como de ‘seguridad nacional’ proyectos y obras de infraestructura es desproporcionado. Propicia y fomenta opacidad, prácticas de ocultamiento y posibles actos de corrupción, aun cuando se diga que su intención sea concretar proyectos, cumplir promesas de campaña y evitar amparos.

“Al enmarcar proyectos y obras en proceso bajo la categoría de ‘seguridad nacional’, reserva toda la información pública y sus soportes documentales, anulando el derecho a la información y, con ello, contraviniendo lo reconocido y establecido en la Constitución, la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, advirtió la Amedi.

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Además, la Asociación señaló que aquellas obras que el acuerdo enmarca en el tema de “seguridad nacional” no concuerdan con la definición de lo que la ley establece como temas de seguridad nacional.

A través de una postura pública, la Amedi aseguró que tal declaratoria se trata de una situación grave, ya que fomenta la opacidad, las exime de la rendición de cuentas y propicia que sean realizadas con una inadmisible discrecionalidad.

La Amedi reconoció la importancia de agilizar trámites y procedimientos para el desarrollo de infraestructura, sobre todo en situaciones como la pandemia de Covid-19; sin embargo, remarcó que es necesario que no se oculte o reserve la información que debe ser pública.

“Que la Estrategia Digital Nacional defina de una vez por todas una política pública para la modernización y digitalización de la Administración Pública Federal a través de la adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

“Que a través del gobierno electrónico se procure la eficiencia administrativa y la actualización tecnológica como acciones permanentes encaminadas a construir un Estado y ciudadanía digitales que garanticen la prestación de servicios públicos eficientes y el ejercicio de derechos fundamentales como acceso a la información, comunicación, educación, salud y trabajo. Lo anterior, respetando los principios de transparencia y rendición de cuentas de un gobierno abierto”, exigió la Amedi.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México tiene dos objetivos en torno a su micrositio sobre ciberseguridad: integrar toda la información de dependencias de gobierno de manera sencilla, y alfabetizar a los usuarios para que tengan un entorno más seguro.

Alfonso Hernández Maya, titular de la Coordinación General de Política del Usuario en el IFT, platicó con DPL News sobre los motivos para lanzar el sitio ciberseguridad.ift.org.mx y qué es lo que los usuarios encontrarán en él.

¿Cuál fue la necesidad que hubo para pensar en la creación de un sitio como el que desarrollaron?

El tema importante es que inciden diferentes instancias gubernamentales y de la iniciativa privada. Hay mucha información que tienen todos ellos y creemos que es importante potenciar este esfuerzo individual y colocarlo en un solo lugar.

La alfabetización es un tema fundamental, trabajos de lo que se debe realizar por cualquier estado y país; un componente es que se le informe a ciudadanos. Por ejemplo, la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), la Guardia Nacional, entre otras instituciones han generado materiales importantes que tienen que ver con la atención que ofrecen en sus facultades para dar al usuario.

En el caso de la Condusef, posee información para orientar a usuarios de servicios financieros, y es diferente al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Nosotros en el sitio lo juntamos y presentamos de manera clara y con espacios específicos para cada tipo de usuario.

¿Cómo colaboran con las instituciones públicas y privadas?

Se necesitaba colocar toda esta información en un solo lugar, por lo que entablamos labores de colaboración con estas instituciones. Tuvimos una receptividad extraordinaria por cada una de ellas. Obviamente es un paso importante a labores de colaboración y se estarán suscribiendo convenios específicos con más instituciones. Recientemente firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y en los próximos días anunciaremos otros convenios en los que compartimos información.

La alfabetización juega un papel fundamental en esto y estamos buscando lo mismo a través de dichos convenios, empujar este esfuerzo de manera continua y permanente.

¿Cómo está construido el micrositio del IFT? ¿Qué información ofrece?

La información está segmentada en el micrositio atendiendo a la población objetivo a la que queremos llegar. Hay información muy puntual para padres, niños, adultos mayores o empresas. Se empieza a tener cierta sofisticación y los tecnicismos empiezan a hacerse más complejos, como el robo de identidad, y lo que se trata de hacer es que el conocimiento que se esté dando pueda ser escalable, desde lo más sencillo a lo más complicado.

Si tengo un problema de carácter financiero resuelvo mi problema en Condusef, pero si tengo un problema con mis hijos, a lo mejor ni estoy enterado de que existen instancias gubernamentales que ven esos temas. La información debe actualizarse permanentemente, hay un grupo de trabajo específico que está constantemente para ver si se encuentra algún material nuevo.

¿Qué diferencias hay entre el nuevo micrositio de ciberseguridad del IFT y otros, incluso internacionales?

Tenemos una línea estratégica específica, como el de plataformas de comercio electrónico con reportes periódicos respecto a términos y condiciones de las principales plataformas del país. Es complicado conocerlos, porque cuando entras a la página o tienda vas a comprar y difícilmente ves los términos y condiciones. Todo esto forma parte de la información que empezamos a detectar en el Instituto y así surgió el esfuerzo.

Empezamos a ver que otras instancias gubernamentales lo traían, por ejemplo el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) ve protección de datos. Es así como estamos jugando este rol, lo mismo con la banca, donde hay prácticas cada vez más sofisticadas y se requiere de la suma de esfuerzos.

Lo que hicimos fue una revisión de diferentes micrositios y vemos que México se coloca a la vanguardia. La presentación seccionada al público objetivo es algo que le va a dar mucha transparencia a los usuarios respecto a lo que quieren consultar. Hay características que no se observan en otros sitios web de la región y básicamente tener cerca de 20 instancias nacionales e internacionales lo hace diferente a los demás.

¿Qué esperan lograr a raíz de haber desarrollado este sitio?

Lo que está circunscrito a nuestra Hoja de Ruta es la alfabetización, y una persona de la OEA (Organización de los Estados Americanos), Mariana Salazar, dijo en el foro de ciberseguridad que organizamos que la alfabetización digital en la población de un país determinado es proporcional al nivel de desarrollo. Entonces el sitio no sólo es una carta de buenas intenciones, en el fondo lo que se hace es capacitar y preparar a la gente en el manejo de estas herramientas digitales.

La otra es la parte de la coordinación y la colaboración. No hay ninguna persona que no haya coincidido en este tema, es una tarea que engloba a muchas de las instituciones gubernamentales, también a nivel económico, lo que se traslada en temas de microempresa a nivel corporativo. Lo que buscamos es extender todas las líneas para una estrecha colaboración a nivel nacional y el micrositio es un primer esfuerzo muy importante.

¿Qué otros esfuerzos planean en el IFT sobre el tema de ciberseguridad?

Este es el primer paso, los convenios darán seguimiento a eso y aspiramos a tener una población con completo conocimiento y prevenida, que sepa aprovechar las bondades de la tecnología. No hay que cerrarnos a esa realidad, la transformación digital bien aplicada y bien utilizada tiene como objetivo simplificar las tareas de los seres humanos, ser más productivos, y de ahí que justamente tengamos un grupo específico y un público objetivo específico de enrolarlos a nivel digital y hacerlos más seguros. No cerramos a los avances como el 5G, debe haber una estrategia de acompañamiento muy fuerte.

“Las tecnologías digitales facilitan derechos pero, antes que nada, crean nuevos derechos”, dado que las personas acceden a una “ciudadanía digital”, aseguró Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante el evento México 5G.

El académico explicó, citando al autor Javier Bustamante, que estas nuevas garantías se enmarcan en una cuarta generación de derechos humanos en el marco de la sociedad digital, los cuales se expresan en tres dimensiones.

La primera es que estos derechos representan una extensión de las garantías tradicionales; en segundo lugar, requieren la existencia de condiciones para abatir la brecha digital, y, en tercer punto, necesitan de políticas de protección ciudadana para ponderar los beneficios de las tecnologías por encima de los posibles riesgos.

Con el acceso a las tecnologías ―detalló el especialista de la UNAM―, se amplían los mecanismos de participación política, las posibilidades de acceso a la información, los canales de comunicación y se puede hacer un escrutinio constante de los poderes del Estado.

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En su participación, la directora de D&D Democracia Digital Internacional, Elaine Ford, resaltó otras oportunidades de la adopción tecnológica en la democracia: ayudan a disminuir los índices de corrupción, mayor la transparencia, habilitar el acceso a la información y mejorar la rendición de cuentas.

Por un lado, las tecnologías y las plataformas digitales sirven para empoderar a los ciudadanos, crear caminos de participación política y enriquecer el debate público; por otro, también son un instrumento que permite legitimar las decisiones de política pública y el actuar del Estado, señaló Ford.

Trejo Delarbre destacó que los nuevos ciudadanos digitales tienen derecho a participar en espacios habilitados en el mundo en línea. Sin embargo, las tecnologías por sí mismas no provocarán cambios; son instrumentos que pueden ser útiles para la democracia, si existe la cobertura suficiente para habilitar su acceso y se combaten las limitantes como la proliferación de información falsa y censura en línea.

En el caso de los procesos electorales en México y en otros países, el uso de las tecnologías es un apoyo importante para brindar servicios de calidad y reforzar la participación ciudadana, pero “hay que tener mucho cuidado” en su aplicación y alfabetizar a la clase política y a la sociedad sobre su utilización, advirtió Leonardo Valdés Zurita, profesor universitario y consultor electoral internacional.