Derecho al olvido: visión casuística o amenaza a la libertad de expresión

El caso Denegri-Google reactivó el debate sobre los límites de la libertad de expresión en Argentina. La revisión por caso aparece como la respuesta más apropiada para proteger daños específicos sin desalentar ni poner en riesgo derechos fundamentales.

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Las audiencias públicas por el caso de Natalia Denegri contra Google en Argentina abrieron el debate sobre el derecho al olvido, las posibles implicancias de incorporarlo y las contradicciones que surgirían ante la libertad de expresión que rige como principio indubitable en América Latina. El caso llegó a la Corte Suprema y una fuerte cobertura periodística aportó visibilidad a un tema con final todavía abierto.

El caso es simple, la discusión compleja. Denegri pidió a la Justicia que se le ordene al buscador eliminar vínculos a sitios en los que se exhibía información –notas periodísticas y videos– sobre su pasado mediático vinculado a una causa penal de los años 90. Su solicitud fue aceptada parcialmente en instancias previas y Google recurrió, por lo que ahora la determinación quedó en manos del máximo tribunal, que revisará la interpretación jurídica de los hechos.

“Celebramos el debate público donde pudimos expresar nuestra posición a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información. (…) Toda decisión judicial que obstaculice la obtención de contenido periodístico de interés público (…) puede sentar un peligroso precedente que pone en riesgo la libertad de expresión protegida por la Constitución Nacional”, manifestó Google. En América Latina no existe el derecho al olvido, como sí en Europa.

La discusión general es más relevante que la particular, tal como subrayó a DPL News el Director del Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe (IDD Lac), Andrés Piazza. “Para Google es más fácil remover videos de YouTube que ir a la Corte. Llega ahí por razones de negocios, claro, pero también con argumentos de libertad de expresión que creo válidos. Tener derecho al olvido generaría que constantemente se utilice como argumento” en casos posteriores.

La defensa de Google en el caso Denegri

Google presentó ocho ítems en su pedido de revisión del caso al máximo tribunal, tras considerar que la resolución previa resultaba, en varios sentidos, “contradictoria”. La posición de la empresa puede resumirse en estas cinco ideas:

  1. La sentencia censura contenidos sobre temas de interés público que la jurisprudencia de este tribunal sobre libertad de expresión protege, y lesiona la protección constitucional de la que goza la búsqueda de información en Internet.
  1. La sentencia recurre al derecho al olvido, que no tiene fundamento en la Constitución ni en tratados ratificados por la Nación.
  1. La sentencia no identifica el contenido que ordena desindexar, al que sólo describe de forma difusa y vaga. Esto amplifica la censura, lesiona el derecho y va en contra de la jurisprudencia.
  1. La sentencia ordena desvincular el contenido que pudiera surgir de las búsquedas que incluyan los términos, entre otros, Natalia Denegri y Caso Coppola, cuando quien usa ese parámetro está interesado precisamente en la vinculación actora-caso.
  1. La sentencia considera que no hay censura si los contenidos, que admite lícitos, fueron reproducidos durante cierto tiempo, como si tuvieran fecha de vencimiento.

La audiencia del caso Denegri-Google

Para el caso particular, los abogados del gigante de Internet esgrimieron que “no existió lesión al derecho personalísimo de la actora, por cuanto no se concibe un menoscabo a la privacidad u honor derivado de actos propios de carácter público”. En tanto, defendieron que no fue alegada falsedad del contenido ni que la actora es una figura pública ni que su fama se vincula con los contenidos que pretende desindexar. Además, “en ausencia de legislación específica sobre derecho al olvido, su aplicación contra los buscadores fue rechazada en otros tribunales superiores en la región”.

Distintas asociaciones concentraron sus argumentos en la defensa general de la libertad de expresión. “Además de los desacuerdos razonables que puedan existir sobre qué contenidos son valiosos y cuáles no, la pretensión de que sean los jueces quienes definan ese contenido es contraria a importantes premisas de la jurisprudencia de libertad de expresión desarrolladas por la Corte Suprema”, expuso el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (Cele).

Por su parte, los ex Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero y Edison Lanza, consideraron que “Internet facilitó exponencialmente el ejercicio de la libertad de expresión en todas las dimensiones, diversificando y multiplicando los medios de comunicación, la audiencia –potencialmente global–, disminuyendo costos y tiempos, además de ofrecer condiciones inmejorables para la innovación y ejercicio de los derechos fundamentales. El derecho al olvido se presenta como una amenaza potencial a la libertad de expresión”.

También participó de la audiencia, como amigo del tribunal –tercero interesado ajeno a la disputa puntual–, Silvana Giudici en su función de presidente de la fundación LED, entidad que acaba de presentar su nuevo informe anual de Limitaciones en el Ejercicio de la Libertad de Expresión en Argentina (disponible aquí). La ejecutiva, que también es parte del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), repasó su posición en diálogo con DPL News: “Como fundación que defiende la libertad de expresión, no estamos de acuerdo con la restricción en la regulación de contenidos”.

Giudici lamentó que haya sido este el caso que alcanzó esta instancia de debate, pues “uno puede facilmente empatizar con una mujer que fue estigmatizada”. El problema es que, agregó, “cuando se pone en términos generales dentro de una doctrina como será el fallo que emite la Corte, se abre una serie de inconvenientes que no queremos; no puede trasladarse como norma general. El derecho al olvido no puede ser un mecanismo para modificar la reputación del pasado de personalidades públicas”.

En este contexto, la también expresidenta del regulador argentino señaló que “lo pasible de desindexación debe ser contenido ilegitimo, nocivo, que tenga vinculación con aspectos que estén fuera de las garantías constitucionales que fija la libertad de expresión. Esos contenidos sí deben bajarse, pero si la arbitrariedad para decidir que se baja y que no queda en manos de un buscador o de una oficina gubernamental, entonces no será Internet un espacio libre donde se priorice la pluralidad de voces”.

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), en tanto, presentó a DPL News un argumento más en el mismo sentido, aunque con foco en lo que ocurre en el mundo online. “Son muy conocidas las críticas al derecho al olvido por la inevitable tensión e impacto sobre la libertad de expresión y de acceso a la información. Un común denominador del derecho al olvido en la discusión regional es que se da un trato discriminatorio hacia el entorno digital en comparación al entorno tradicional o físico, ya que los mismos requerimientos no pueden ser exigidos al mundo offline en la inmensa mayoría de los casos”, aportó el Gerente Regional de Políticas Públicas de la entidad, Gabriel Parra.

La decisión sobre el caso Denegri-Google

Tras la audiencia, Piazza dijo que llamó la atención en el debate una posible doctina de la Corte respecto de si el consentimiento de la involucrada en los videos podría estar viciado por la viralización posterior de los mismos, es decir, no por lo que sucedió en ese momento sino por no saber la protagonista que, por el desarrollo de las plataformas y otros cambios tecnológicos, sus apariciones estarían disponibles en la web más de 20 años después. En este sentido, “un vicio al consentimiento sería un fallo a favor de Denegri sin crear el derecho al olvido; podría ser una buena llave” para cerrar el conflicto, analizó.

Otras organizaciones también defendieron una revisión caso por caso, evitando así una medida general que resulte contraria a los estándares de protección de la libertad de expresión establecidos en el país: Las medidas de filtrado o bloqueo deben diseñarse y aplicarse de modo tal que impacten, exclusivamente, al contenido reputado ilegítimo, sin afectar otros contenidos”, referenció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su participación como amigo del tribunal.

Piazza también valoró que, sin que sea la causa específica del debate, “casi como en un seminario de derecho, se habló en la audiencia de transparencia algorítmica, política de buscadores y perspectiva de género. Eso no hace al derecho al olvido pero sí a las políticas que corren para Internet. Que el máximo tribunal analice esto de esa forma sí es muy relevante”, señaló no sin antes dejar claro que “el planteo jurídico (de Denegri) no es tan jugoso, salvo desde el punto de vista combativo”.

Quizás esas consideraciones adyacentes resulten responsables de una demora en la decisión de la Corte, que no tiene plazo máximo para resolver sobre el caso, aunque el fuerte empuje mediatico podría acelerar los tiempos de la justicia en esta oportunidad. Avanzar sobre el caso en particular sin sentar jurisprudencia podría ser un buen paso para resguardar una herramienta fundamental que ha puesto a la democracia de América Latina como referente internacional: su libertad de expresión.