Reguladores deben explorar mecanismos innovadores para incentivar expansión de redes
A pesar de algunos avances para extender la conectividad a toda la población, tales como la reducción en el precio de los servicios, aún persisten retos como la infraestructura y las habilidades digitales, por lo que expertos y funcionarios coincidieron en que se deben explorar nuevas alternativas regulatorias que hagan frente a la nueva estructura del mercado y demandas de los usuarios.
Se estima que en América Latina cerca del 29 por ciento de la población aún no cuenta con servicios de Internet, lo cual puede estar provocado por múltiples causas, desde la asequibilidad de los servicios, la falta de dispositivos, la ausencia de contenido relevante o la ausencia de habilidades digitales básicas para su aprovechamiento, indicaron los participantes del panel “Incentivos económicos para fomentar el acceso asequible”.
En el marco del Coloquio de Políticas y Economía (IPEC 2022), elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), los panelistas coincidieron en que ciertas medidas como la reducción de las cargas regulatorias, incentivos fiscales o la exploración de modelos innovadores de negocios mediante el uso de sandboxes podría permitir superar estás brechas.
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Carolina Limbatto, Jefe para las Américas de Cullen International, destacó la experiencia de los programas nacionales de banda ancha y los fondos de servicio universal que han sido útiles para ampliar la infraestructura a zonas no atendidas por los operadores, aunque con resultados mixtos a lo largo de la región.
Agregó que existe “un desafío en la sustentabilidad y asequibilidad”, a la vez que se debe “trabajar sobre las habilidades digitales y la relación con las comunidades locales, ya que son dos puntos sin los cuales no lograremos incrementar la conectividad”, aún cuando contemos con las redes y una mayor cobertura.
Alexa Díaz, directora General de Consulta Económica del IFT, consideró que para que los beneficios de la conectividad lleguen a toda la población, es necesario ampliar redes, pero también proteger condiciones de competencia en el mercado donde existen redes para ampliar la innovación y mejorar los precios.
Alertó, sin embargo, que la competencia por sí misma, puede no ser suficiente en ciertos casos, como en zonas de alta marginalidad, donde el costo puede ser muy alto y la rentabilidad esperada muy baja.
En ese sentido, recomendó que en las localidades no cubiertas por ninguna red se pueden explorar medidas como buscar reducir el precio de un insumo o servicio auxiliar. Para ello, resaltó que la compartición de infraestructura juega un papel importante en la reducción de costos y la ampliación de la red.
Al respecto, Sebastián Cabello, CEO de SMC+ Consulting, coincidió en que sin la compartición de infraestructura será imposible que el 5G sea rentable, al considerar sus características como una alta densificación de las antenas de radio y los múltiples casos de uso e industrias que tendrá que atender.
El desafío es que la cantidad de sitios en América Latina se tendrá que incrementar entre tres y cuatro veces. Estima que se requerirían cerca de 17 mil millones de dólares de inversión en infraestructura, que es un 3 por ciento del ingreso de los operadores.
Rubén Guardamio, coordinador de Tarifas del Osiptel de Perú, reconoció que aunque la agencia ha construido una amplia experiencia para la introducción de modelos regulatorios que han favorecido la baja de los precios, se deben explorar nuevas alternativas que atiendan la nueva estructura del mercado basada en los servicios de Internet y datos.
El Osiptel está actualmente evaluando nuevas medidas como un proceso de simplificación normativa, en el que se ha establecido la meta de reducir el 34 por ciento el total de normas vigentes actualmente, para eliminar aquellas que perdieron vigencia, que cumplieron sus objetivos o que bajo el contexto actual deben ser desreguladas.
También evalúa la implementación del sandbox regulatorio similar al aplicado por Colombia, y la propuesta de una suspensión temporal del cumplimiento de ciertas obligaciones regulatorias para los operadores a cambio de que se expanda el servicio en zonas no conectadas.
Uno de los modelos que explora el regulador peruano es el de Operadores de Infraestructura Rural Móvil (OIMR), en el que estos operadores pudieran desarrollar una parte de la infraestructura en zonas no atendidas, mientras que un operador de red estaría obligado a utilizar esta red bajo acuerdos supervisados por el propio Osiptel. Hasta el momento, hay ocho empresas registradas bajo este esquema, con cuatro en operación.
“La estrategia regulatoria que hace un organismo como el Osiptel va reorientándose. El objetivo no es utilizar mecanismos tradicionales, sino introducir mecanismos de incentivos que permitirán a las empresas expandir el servicio”, explicó Guardamio.
Eric Huerta, de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, indicó los múltiples desafíos a los que se enfrentan los operadores rurales, aunque explicó que el principal no es de gasto de capital (Capex), sino de gastos de operación.
En ese sentido, consideró que para permitir la asequibilidad y accesibilidad de servicios en zonas marginales o rurales se requiere eliminar las barreras a los derechos de vía, facilitar el acceso a torres y otros edificios, proveer de acceso a backhaul o redes de fibra óptica que cuenten con las características requeridas de interconexión y acceso a espectro.
Asimismo, el gobierno puede utilizar otros recursos para incentivar la instalación de este tipo de redes como el acceso a créditos, incentivos fiscales, utilizar al Estado como cliente ancla, o incluso proveer de capacidades técnicas a los propios habitantes de las comunidades.