Regulación moderna y colaboración para aumentar inversión en infraestructura
Durante el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD) persistieron algunos temas relevantes para el sector, tales como el alto costo del espectro, la necesidad de ampliar la colaboración entre entidades públicas y privadas, o la necesidad de modernizar las políticas públicas de conectividad.
Sostenes Díaz, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), reconoció el alto costo del espectro en México, que podría provocar que el país pierda las oportunidades de las nuevas tecnologías, por lo que recordó que se han acercado a las autoridades legislativas y hacendarias para lograr su reducción.
Reiteró que el Instituto está comprometido a un diálogo colaborativo y propuestas conjuntas para cerrar brechas digitales, a la vez que coincidió en la importancia de la digitalización como palanca de recuperación, para lo que se requiere de infraestructura robusta. En ese sentido, indicó también que se requiere de un enfoque regulatorio colaborativo, no sólo con la industria de telecomunicaciones, sino con otras como energía o transportes que se benefician de esta infraestructura.
Ana Veneroso, Administradora de Programas, oficina regional Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), apuntó tres puntos clave para lograr los objetivos de conectividad en la región. Primero, señaló que se pueden introducir políticas para tener una mayor disponibilidad de dispositivos y servicios más asequibles, que se pueden lograr mediante la revisión de los fondos de servicios universal, la reducción de carga impositiva y alianzas público-privadas.
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En segundo lugar, habló también sobre la adopción de políticas de nueva generación para potenciar la economía digital y búsqueda de mecanismos de desarrollo de competencias para creación de empleo y fortalecimiento de pymes. En tercer lugar, resaltó la importancia del diálogo para que los órganos reguladores puedan afrontar los nuevos retos del ecosistema.
José Juan Haro, Director de Negocio Mayorista y Asuntos Públicos Telefónica, destacó que pese al esfuerzo de inversión de los operadores, que han logrado equiparar la cobertura de redes con la de otros servicios públicos (energía, agua, etc.), persiste el reto de la exclusión digital en América Latina. Esta brecha digital se refiere no sólo a la falta de cobertura, sino también aquellos que no la usan pese a contar con cobertura.
“La pregunta importante en la región está asociada a la inclusión, cómo llevar conectividad a todos con un buen retorno a los accionistas”, agregó durante su intervención. En particular, acusó que “los fondos de servicio universal son una receta fracasada”, los cuales se han transformado en nueva fuente de ingresos del fisco, sin impacto para la conectividad.
Al respecto, Horacio Romanelli, director de Asuntos Regulatorios y Sostenibilidad de Millicom, coincidió en que el nivel de conectividad es directamente proporcional a la inversión para cobertura y para mayor capacidad. Sin embargo, alertó que actualmente el costo de capital es más alto que el retorno obtenido, que aumenta aún más entre crisis económicas y políticas de la región.
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Alejandro Cantú, director jurídico de América Móvil, alertó también sobre el freno para el sector que representa el costo del espectro, pero consideró que no se trata únicamente del precio, sino también que haya una rápida asignación y renovaciones, con transparencia y certidumbre. Pero indicó que modernizar los marcos regulatorios, que sean más ligeros, es tan importante como una asignación efectiva del espectro.
Por otro lado, destacó que se requiere promover la convergencia en el sector, ya que es un habilitador de los derechos digitales, y entre más se retrase, el ecosistema no recibirá los beneficios.
Resumió que existen tres habilitadores que permitirán afrontar los retos y desafíos del sector: inversión, seguridad jurídica y regulación moderna.
En general, los panelistas coincidieron en que se debe ampliar el diálogo y la colaboración fuera del sector de telecomunicaciones, desde empresas a organismos gubernamentales, al considerar la transversalidad del sector, así como el ingreso de nuevos oferentes de servicios.
Se refirieron también a las políticas de “contribución justa”, y se mostraron de acuerdo en buscar formas que permitan integrar a las plataformas digitales en los mecanismos de financiamiento de las redes de telecomunicaciones.