La transformación e innovación basada en plataformas digitales requiere del despliegue intensivo de infraestructura de telecomunicaciones que amplifique las capacidades de comunicaciones, tanto a nivel de conectividad móvil como fija.
Además, es fundamental contar con espectro suficiente, en el momento oportuno, a un costo adecuado y con disponibilidad para los operadores de un mercado en competencia.
Lo anterior implica que los gobiernos de los países construyan las condiciones adecuadas para que las empresas cuenten con los elementos mencionados, además de un medio con la suficiente seguridad técnica y jurídica para que los operadores puedan hacer las altas inversiones de capital para expandir dicha infraestructura y llegar a la mayor cantidad de mercado con la capacidad y calidad de primer nivel.
Sin duda, este tema es esencial. Es evidente que el desarrollo de infraestructura digital requiere de planificadas y amplias inversiones, tanto a nivel de CAPEX como de OPEX por parte de todos los operadores de las diferentes tecnologías en el mercado de telecomunicaciones. De ahí la oportunidad de estudiar alternativas de acción para potenciar la digitalización de un país.
En múltiples ocasiones, la idea de asignación de espectro en procesos de licitación para adjudicación de concesiones de uso comercial se ha dado con el modelo recaudatorio, generando un ingreso robusto en una única ocasión.
Hay varios ejemplos, en los cuales las subastas de espectro estaban dirigidas a lograr el mejor precio posible por parte de los operadores, que poco a poco incursionaban en mercados de servicios móviles.
Este mecanismo ha permitido la dotación de fondos sólidos para llevar a cabo proyectos de reducción de brecha y despliegue de infraestructura para poblaciones en vulnerabilidad, los cuales son de extrema importancia para los países cuyos objetivos de inclusión digital son prioritarios en la generación de oportunidades para las personas.
Entonces, salta el reto trascendental de que los gobiernos sigan invirtiendo con prioridad absoluta en crear condiciones equitativas de acceso a las tecnología digitales en dirección de robustecer capacidades de desarrollo de las personas y empresas en un mundo hiperconectado.
A la vez, que permitan a los operadores hacer grandes inversiones en despliegue de infraestructura, buscando la consolidación de un mercado en competencia con sustantivos servicios para los clientes.
Es por lo anterior que viene a la mesa de análisis el planteamiento de un debate serio, amplio, técnicamente fundamentado, acorde a la realidad de cada país y con la participación de múltiples actores, en el cual se profundice sobre cuál debe ser el modelo de cobro real del espectro, pensando en la maximización de ingresos a corto, mediano y largo plazos.
Es válido estudiar alternativas de establecer un modelo de precios, en el cual los costos del espectro permitan no sólo tener una entrada de ingresos para el gobierno “en una única ocasión”, sino que también permitan a las empresas contar con capital para lograr compromisos de despliegue de infraestructura amplios, en plazos determinados de forma que existan carreteras digitales de amplia capacidad.
Es importante consolidar esta discusión, analizando casos de países que ya han pasado por asignaciones de espectro en bandas bajas, medias y altas, para poder observar cuál ha sido la experiencia y cómo podría lograrse el mayor provecho posible en la cobertura, capacidades, velocidades, habilitación de redes de cuarta y quinta generación que impulsen la economía del conocimiento y desarrollo de soluciones transversales en áreas como educación, salud, seguridad, entre muchos otros
Estamos en un buen momento para analizar el tema y, a partir de eso, tomar decisiones que tengan como objetivo mercados de telecomunicaciones competitivos, de alta calidad y con un enfoque de apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad para que tengan apoyo para contar con conectividad.
