Los operadores ven “difícil” presentarse al concurso 5G en Argentina

En un comunicado conjunto, Claro, Movistar y Telecom Argentina solicitaron revisar las condiciones de la subasta 5G, “dado que en este escenario es imposible el despliegue” de la nueva tecnología. “Será, en consecuencia, difícil la presentación al concurso por parte de los operadores móviles”, dispararon. También solicitaron que se incluya en un procedimiento competitivo oneroso la asignación “del espectro 4G que se encuentra sin utilizar hace más de siete años”.

El alto precio de las malas decisiones

Espectro caro es mala palabra en el diccionario de las telecomunicaciones. Las subastas con fines recaudatorios son un mal inicio para procesos de los que depende la evolución digital de los distintos mercados. Así lo entendió Brasil en sus bases para la quinta generación, con una subasta que finalmente tuvo 95 por ciento de su valor económico comprometido en inversiones y sólo 5 por ciento de pago directo al Estado. Argentina tenía la oportunidad, pero la necesidad de dólares inclinó la balanza para el lado contrario al que pretendía la industria, que ya expresó su descontento.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pondrá a disposición tres bloques de 100 MHz en la banda de 3.5 GHz. Los compromisos están asociados a la instalación de estaciones base en distintos puntos del país siguiendo un cronograma que se completará en siete años. Las ofertas podrán presentarse hasta el 29 de septiembre y se esperan resultados para las primeras semanas de noviembre, justo después de las elecciones presidenciales y en la previa de un eventual balotaje que hoy se posiciona como probable en las encuestas. El límite de acumulación de espectro para el servicio Stefi en 200 MHz por licenciatario para cada área de explotación y las concesiones serán por 20 años.

Resulta justo hacer un breve repaso de lo acontecido con este tema en el país. El ministro de Economía, Sergio Massa, había dicho que la subasta tendría lugar en febrero; no obstante, la realidad local y las dudas de la industria hicieron que los plazos se corran en más de una oportunidad. En el medio quedaron reclamos de unos y otros y la implementación de reglas para que los operadores con red alojen a Telecentro como Operador Móvil Virtual (OMV), lo que a priori se observó como una jugada que podría tener su segundo movimiento en el pliego 5G, algo que finalmente no ocurrió.

Así las cosas, hay tres puntos de la subasta para 5G que generan dudas en la industria y el primero de ellos es el precio: 350 millones de dólares por bloque (se podrá pagar en pesos según la cotización del Banco Nación) es un valor que se aleja del pedido de los operadores e incluso de las cuentas que habitualmente se utilizan para calcular un precio adecuado para este tipo de acontecimientos. Los otros dos: que se destinen otros 100 MHz a la empresa estatal Arsat, que además tendrá opción de quedarse con bloques que eventualmente queden desiertos en la subasta, y la implementación de una tarifa social que remonta a la posibilidad de que siga siendo parte de la normativa una idea similar al todavía vigente DNU 690.

Precio

“Cabe destacar que el precio asignado a cada uno de los bloques de 100 MHz es muy elevado respecto de la situación macroeconómica del país, de nuestros clientes y del sector. A título de referencia, el precio base fijado supera en un 300 por ciento al de igual banda establecido por Brasil”, inició el reclamo firmado por los tres prestadores móviles con red propia de Argentina.

Haciendo un comparativo regional, la subasta de Argentina vale USD 0.081 MHz/POP, cuando la de Brasil, que cuenta con un ARPU similar al argentino, valió únicamente USD 0.004 MHz/POP para las arcas públicas. Las subasta de Chile y Uruguay tienen un precio similar, pero allí el ARPU es casi el doble que en Argentina. Además, vale aclarar que ambas subastas recibieron críticas por sus precios elevados. 

Ya en un informe previo enviado al regulador, Asiet había advertido las dificultades propias que presenta Argentina en materia de telecomunicaciones. Su análisis, que considera PBI, arrojó que el valor estimado de un licencia de 20 años para un bloque de 100 MHz en 3.5 GHz “tendría que situarse entre 55 y 110 millones de dólares”, ambas cifras por debajo de lo finalmente estipulado. El reporte sugería incluso extender hasta 30 años las licencias para la tecnología 5G y que, una vez vencido ese plazo, se generen mecanismos para facilitar la renovación, como la presunción de renovación automática.

Las otras polémicas: espectro a Arsat y tarifa especial

Sobre el espectro destinado a Arsat se pronunció Silvana Giudici, directora del Enacom por la oposición —los representantes de Juntos por el Cambio votaron en contra del pliego 5G  y de los 100 MHz para la estatal—. “¿Pretenderá montar una empresa de telefonía celular a cuatro meses de abandonar el poder o será que a través de Arsat van a asociarse con algún privado que brinde 5G sin pasar por los procesos vigentes?”, señaló la también titular de Fundación LED. De acuerdo con la resolución publicada, Arsat contará con ese espectro para “la implementación de un plan estratégico de conectividad federal del Estado Nacional”.

Aquí, los operadores tildaron la asignación a título gratuito a la estatal de “otra con contradicción y distorsión económica anticompetitiva e irregular” y “un hecho de enorme inseguridad jurídica”.

Respecto de la tarifa especial, o aquella destinada a “sectores de bajos ingresos”, la resolución esgrime que se pondrá en juego cuando la tecnología utilizada para brindar Stefi sea adoptada mediante el uso de terminales aptas por más del 50 por ciento de los usuarios finales y agrega que, para cumplir, los operadores presentarán un plan que deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación; el beneficio podrá impactar hasta un tercio del total de usuarios, divididos de igual forma entre los adjudicatarios.

La propuesta tiene relación directa con la reglamentación del DNU 690, por la que todavía rige en el país la Prestación Básica Universal (PBU) para telefonía móvil, fija, Internet y TV paga, por considerar a estos servicios públicos esenciales en competencia. La PBU no es más que una prestación mínima a precio preestablecido para determinados usuarios, específicamente aquellos con menores ingresos, que ha sido parte de las protestas esgrimidas por los operadores durante esta administración. Así lo entienden Claro, Telefónica y Telecom en esta oportunidad, pues se quejaron de que el pliego impone “planes y regulación de precios en un claro remedo del DNU 690”.

En este contexto, el apuro del gobierno por sacar la subasta durante la presente administración trajo sus consecuencias, y la falta de diálogo con el sector generó un comunicado conjunto de los operadores a menos de 72 horas de resuelto el texto en las oficinas del Enacom. El futuro vuelve a ser impredecible en un país que, al momento, no ha logrado sortear los desafíos que propone una subasta de este tipo ni que ella se vea condicionada por el contexto local signado por serios problemas macroeconómicos y una contienda política que escapa de las urnas.