Detalles de la subasta 5G en Argentina generan dudas en la industria

Después de idas y vueltas, finalmente el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó el pliego que ofrece detalles sobre la subasta de espectro para 5G en Argentina. Se descubrieron algunos misterios: el precio, que será de 350 millones de dólares —mismo monto que ya se trabajaba en off— y el tratamiento que se le hará a la estatal Arsat, a quien se le asignó un bloque adicional en 3.5 GHz y el derecho para quedarse con espectro que resulte desierto en la subasta.

Se pondrán a subasta, entonces, tres bloques de 100 MHz en la banda de 3.5 GHz (3,300-3,600 MHz) por 350 millones de dólares cada uno. Las ofertas podrán presentarse hasta el 29 de septiembre y, de no modificarse los pasos intermedios, el proceso podría definirse durante noviembre, según confiaron fuentes oficiales a DPL News. En tanto, se otorgó oficialmente a Arsat la banda de frecuencias entre 3,600 y 3,700 MHz en modalidad dúplex TDD por plazo de 20 años, mismo periodo que correrá para las asignaciones que surjan de la subasta.

De acuerdo con la resolución 1289, Arsat deberá utilizar las frecuencias para la implementación de un plan estratégico de conectividad federal del Estado Nacional para la adopción de tecnología 5G.

El Enacom dio vida oficial al pliego mediante la resolución 1285/2023 publicada esta mañana, que es la que autoriza el llamado a concurso para la adjudicación de bandas de frecuencias destinadas a la prestación de servicios de telecomunicaciones fiables e inteligentes (Stefi). El texto inicia su articulado con la primera novedad del caso, pues “establece como límite máximo de acumulación de espectro para el servicio Stefi en 200 MHz por licenciatario para cada área de explotación”. También señala que el pago por espectro “podrá efectuarse en moneda de curso legal” tomando la cotización del dólar comercializado por el Banco Nación.

El texto, además, señala que las concesiones están asociadas a las obligaciones de migración de sistemas de los sistemas radioeléctricos previamente autorizados, por lo que dispone que “los adjudicatarios podrán convenir con el titular obligado a migrar las condiciones de anticipación del plazo de desocupación asumiendo el costo de la migración”. Los operadores también deberán asumir los costos relacionados a interferencias que pudieran surgir por parte de los sistemas Stefi.

Respecto de las obligaciones de los adjudicatarios, el pliego define condiciones por etapas:

1. En hasta 12 meses operatividad del servicio de, al menos, una estación base en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capitales de la provincias y las ciudades de Mar del Plata, Bahía Blanca y Rosario.
2. En hasta 30 meses operatividad del servicio de, al menos, una estación base en localidades de más de 100 mil habitantes. Ampliación de la cantidad de estaciones base a una cada 100 mil habitantes en localidades alcanzadas en la etapa previa.
3. En hasta 48 meses operatividad del servicio de, al menos, una estación base en localidades de más de 50 mil habitantes. Ampliación de la cantidad de estaciones base a una cada 50 mil habitantes en localidades alcanzadas en las etapas previas.
4. En hasta 66 meses operatividad del servicio de, al menos, una estación base en localidades de más de 30 mil habitantes. Ampliación de la cantidad de estaciones base a una cada 30 mil habitantes en localidades alcanzadas en las etapas previas.
5. En hasta 84 meses ampliar la cantidad de estaciones base a una cada 20 mil habitantes en las localidades del punto 1.

La otra condición es que hace ruido en las oficinas de los operadores: se establece que cuando la tecnología utilizada para brindar Stefi sea adoptada mediante el uso de terminales aptas por más del 50 por ciento de los usuarios finales, las compañías adjudicatarias asumirán el compromiso de ofrecer un plan de servicio destinado a sectores de bajos ingresos. Esta medida podrá impactar, según el texto, en hasta un tercio del total de los usuarios divididos entre las adjudicatarias de forma igualitaria.

“Hay malestar por el precio, por el tema Arsat y por la tarifa social, con la que se ve un intento de continuar con la regulación del DNU 690”, dijo una fuente de la industria a este medio. En las condiciones, en tanto, no aparecen mencionados acuerdos obligatorios entre operadores con red y OMVs, uno de los puntos de los que se esperaban novedades a partir de que el Enacom fijara medidas para que Claro, Movistar y Telecom alojen a Telecentro como operador móvil virtual (OMV) y las intenciones del operador fijo de sumar movilidad a sus servicios.

Así, de no mediar cambios, el gobierno tendría novedades para 5G durante esta administración, aunque las señales de la industria por estas horas son las mismas que se hablaban previo a conocerse oficialmente el pliego: hay dudas y nadie se anima a asegurar su participación; los interesados aseguran que están leyendo el texto y que analizarán su contenido en los próximos días.

Las dos decisiones, el pliego y el espectro para Arsat tuvieron luz verde con votos en contra de los representantes de la oposición en el Enacom, lo que marca la coyuntura política que encierra las determinaciones en torno a la quinta generación móvil en Argentina.