Una delegación de la Unión Europea (UE) y 16 embajadas de la región manifestaron su respaldo a la política 5G del gobierno de Costa Rica, que contempla restringir la participación de empresas chinas en el despliegue de esta tecnología.
Costa Rica adoptó en septiembre del año pasado un polémico reglamento de ciberseguridad que prohíbe la existencia de tecnología de proveedores chinos en las redes de telecomunicaciones, con la justificación de resguardar la seguridad y privacidad de la información.
El bloque europeo expresó su apoyo al país centroamericano en esta política de ciberseguridad 5G que está implementando el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), pues dijeron que permitirá crear “un entorno digital seguro y sostenible”.
Además de la delegación de la UE, el espaldarazo provino de las embajadas de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.
Las autoridades europeas aplaudieron los “esfuerzos a favor de la transformación digital y por su liderazgo en Centroamérica en el despliegue de la tecnología 5G”, y expresaron su voluntad de ser socios estratégicos del país en materia de ciberseguridad.
“Es necesario garantizar el intercambio de información sensible con proveedores seguros y fiables que respeten el principio de neutralidad tecnológica y aseguren la protección de los datos personales de la población costarricense”, afirmó la delegación europea en un comunicado.
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Al respecto, la titular del Micitt, Paula Bogantes, declaró que “lo que están diciendo es que están de acuerdo con la estrategia de despliegue de la tecnología 5G y transformación digital (…). Desde el Micitt lo que estamos haciendo es garantizar todos los estándares de ciberseguridad para que nuestras redes 5G estén seguras”.
El espaldarazo de la UE a Costa Rica se da en un momento en el que el país ha sido muy criticado, a nivel nacional e internacional, por emitir un reglamento de ciberseguridad que impide la participación de ciertas empresas.
La Asamblea Legislativa ha expresado su preocupación de que el gobierno tenga motivaciones políticas y no técnicas en la toma de su decisión. Incluso, la ministra Bogantes fue llamada a una audiencia para explicar a los legisladores el por qué de esta medida.
Bogantes y los funcionarios relacionados con el decreto sostienen que el reglamento de ciberseguridad busca garantizar que las redes 5G sean seguras, y que se cumplan con estándares internacionales.
Al igual que la Unión Europea, Estados Unidos ha apoyado el decreto de Costa Rica, inclusive desde un inicio. Las autoridades del país norteamericano se han reunido con representantes ticos para abordar este tema.
Y cuando se lanzó el nuevo reglamento de ciberseguridad, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, recién había visitado al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca.
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El gobierno de Estados Unidos, además, lleva años implementando una política restrictiva sobre la participación de proveedores chinos en sus redes. Desde la administración de Donald Trump, se dio un veto a la tecnología de Huawei que se mantiene e incluso se ha endurecido.
China advierte daños al clima de negocios por reglamento 5G
Las compañías chinas como Huawei y ZTE quedarían excluidas de la cadena de suministro 5G en Costa Rica porque China no ha suscrito el Convenio de Budapest, un acuerdo internacional sobre ciberseguridad.
Sin embargo, otros países como México tampoco lo han hecho. Y en realidad no se trata de un marco de estándares internacionales, sino que en el convenio se vierten recomendaciones.
China ha mostrado su oposición a las medidas tomadas por el gobierno tico y ha pedido que se adopte una posición imparcial en el desarrollo de la tecnología de quinta generación.
Tras el comunicado de respaldo de la Unión Europea, la embajada de China en Costa Rica señaló que “se opone firmemente a la generalización del concepto de seguridad nacional y a la politización de las cuestiones científicas, tecnológicas y económicas”.
La embajada advirtió que “la exclusión de empresas de países determinados va en contra de las reglas del mercado y al principio de competencia leal, afectará gravemente la confianza de las empresas chinas en el clima de negocios y la certeza jurídica de Costa Rica”.
Precisamente, debido a las afectaciones en las relaciones comerciales de ambas naciones, se prevé un elevado impacto económico para Costa Rica.
Un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional estima que la exclusión de empresas como Huawei exigiría una inversión adicional de mil 400 millones de dólares en 5G.
Además, el despliegue de esta tecnología se retrasaría unos cuatro años y las tarifas de los servicios para usuarios finales podrían incrementarse hasta en un 40 por ciento.