Uruguay camino a las urnas: ¿qué proponen los candidatos en materia TIC?

El próximo 27 de octubre se elegirá nuevo presidente en Uruguay. El ganador, que asumirá al frente del Ejecutivo en marzo, tendrá entre sus desafíos mantener al país con números verdes en materia de conectividad en un entorno de mayor competencia y decidir sobre el rol de la estatal Antel en el ecosistema. ¿Qué proponen los principales candidatos en materia TIC?

Tras las elecciones primarias de junio, se definieron los candidatos que competirán en las urnas:

• Yamandú Orsi – Carolina Cosse. El Frente Amplio obtuvo algo más de 418 mil votos en las primarias. El exintendente de Canelones obtuvo más del 60 por ciento de esos votos y eligió a Cosse, la segunda más votada en el partido, como compañera de fórmula. Cosse es ingeniera eléctrica y, además de intendente de Montevideo, fue presidenta de Antel.

• Álvaro Luis Delgado – Valeria Shirley. El exsecretario de la Presidencia se llevó tres de cada cuatro votos en la interna en la que el Partido Nacional obtuvo unos 331 mil 500 votos. La continuidad del gobierno actual está representada en esta fórmula, que la completa Shirley, exdirigente sindical.

• Andrés Ojeda – Robert Silva García. Ojeda se quedó con casi 40 por ciento de los 103 mil 600 votos que obtuvo el tradicional Partido Colorado. También participó de la interna, entre otros, el expresidente de Antel, Gabriel Gurméndez.

• Guido Manini Ríos – Lorena Quintana. El Partido Cabildo Abierto quedó en cuarto lugar entre las fórmulas. El senador Manini Ríos obtuvo 17 mil 800 votos en las primarias.

La lista de candidatos se completa con Gustavo Salle Lorier (Partido Identidad Soberana), Pablo Mieres Gómez (Partido Independiente), Walter Martínez (Partido Asamblea Popular), Eduardo Lust (Partido Constitucional Ambientalista), César Vega (Partido Radical Intransigente), Guillermo Franchi (Partido por los Cambios Necesarios) y Martín Pérez Banchero (Partido Avanzar Republicano).

Frente Amplio

Yamandú Orsi puntualizó en campaña una serie de acciones que serán eje de su administración si triunfa en las urnas. Entre ellas mencionó la generación de una nueva política industrial con el sector privado para áreas como las TIC, bioeconomía y energía; la promoción de parques tecnológicos dedicados a ciencia de datos, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas (IoT). También creará una Secretaría en Presidencia para coordinar la agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Frente Amplio compartió a este medio un documento en el que aparecen las bases programáticas del Partido para conducir el país hasta 2030. Allí figura como acción prioritaria “garantizar la soberanía por parte del Estado en lo que refiere a la política de telecomunicaciones con el liderazgo de Antel, con objetivo de consolidar a Uruguay como centro regional de excelencia en la provisión de servicios como Internet, IA, ciberseguridad y 5G, entre otros”.

En otro fragmento, el texto insiste en la importancia de “proteger la infraestructura nacional, administrar de forma igualitaria el espectro radioeléctrico y la posición orbital satelital uruguaya”, además de jerarquizar el rol de Antel en la implementación de políticas de desarrollo en el marco de la economía digital.

También figura la necesidad de “imponer legislaciones o mecanismos de defensa de la soberanía nacional” para lo que se buscará, entre otras acciones, “imponer una ley que disponga los mecanismos de regulación de las empresas tecnológicas de gran porte internacional”. Luego, más directamente, señala que se avanzará en la regulación de servicios de plataformas digitales de streaming en consulta con actores de la industria.

Al mismo tiempo, se trabajará en impulsar el desarrollo de servicios globales de exportación en tanto contribuyan a la estructura productiva y generación de empleo y se buscará fortalecer la industria nacional.

El Frente Amplio promete apoyar la ciencia, tecnología e innovación a través de acciones como la promoción al acceso a educación de calidad y al conocimiento avanzado, y el uso de investigación y desarrollo para resolver desafíos nacionales. También dispondrá de programas para la creación de startups y evalúa –atención– una política de exoneraciones impositivas a las empresas de TIC que tendrá lugar “en función de los objetivos del modelo de desarrollo”. 

Bajo la premisa de que “la innovación es un proceso colectivo”, se buscará impulsar una segunda generación de transformación digital en la que la agenda y el gobierno Digital “sean pilares de la participación democrática, la seguridad de la información y la eficiencia de la administración pública”. Además, se trabajará en desarrollar la alfabetización digital y “profundizar la cultura digital que se instaló con el Plan Ceibal e Ibirapitá y todos sus desarrollos”. El frente hoy opositor entiende que, como Antel es “la principal empresa de telecomunicaciones”, Antel TV debe ser la “plataforma de streaming nacional”.

Entre las bases para que la transformación digital impulse el crecimiento aparecen acciones específicas relacionadas con el sector, tales como acelerar la adopción 5G y establecer las condiciones para el despliegue de futuras tecnologías, al tiempo de “estar atento a la variedad de soluciones técnicas actuales y futuras” como WiFi 6, acceso satelital y redes autogestionadas. Habla de exploración y adopción de nuevas tecnologías como blockchain y señala como relevante la regulación y control de sistemas de Inteligencia Artificial.

“La protección de los derechos de la población será uno de los ejes fundamentales de la política regulatoria en el mundo digital”, predica el documento.

Respecto de la ciberseguridad, se indica que se seguirán profundizando medidas afines al desarrollo de una política integral de normativas, aplicaciones, equipamiento, infraestructura y formación civil y militar en materia de ciberdefensa. Estas acciones se llevarán adelante en coordinación con el Ministerio del Interior, en lo que refiere a ciberseguridad, y el Ministerio de Defensa, ante posibles amenazas sobre la soberanía nacional.

Partido Nacional

“Uruguay destaca en tecnología y el mundo digital, con récord de exportaciones en servicios no tradicionales, principalmente software. La facturación del sector representa el 4 por ciento del PBI y el empleo se duplicó en la última década, lo que se debe a la combinación de un sector emprendedor, incentivos fiscales y una visión de avanzar en la economía del conocimiento”, señala el documento que contiene la agenda de Álvaro Delgado en materia TIC. Agrega como desafío que el país “dé el próximo salto” en la materia.

En el listado de acciones figura el impulso a la internacionalización de pymes tecnológicas y la coordinación con embajadas de países como Estados Unidos, China, Alemania y Brasil para misiones de tipo tecnológica. También se trabajará en potenciar el programa Uruguay Innovation Hub y revisar con países limítrofes y otros la eliminación de retenciones a la exportación de servicios. Se propone que “más fondos de inversión vean a Uruguay como el polo de innovación de América Latina”.

El Partido Nacional promete avanzar en nuevas herramientas de alfabetización digital –también impulsar programas de fomento de transferencia del conocimiento académico al mundo emprendedor– e institucionalizar mesas de regulación innovadora para incentivar la transformación digital del Estado. Buscará también la implementación de herramientas tecnológicas de avanzada para un mejor desempeño del gobierno y de las empresas en verticales clave como el turismo o el agronegocio.

En lo relacionado estrictamente al sector, el plan es “continuar incentivando la inversión en infraestructura digital, profundizar la conectividad en el interior y mantener el liderazgo en América Latina”. También hay acciones más específicas, como fomentar la variedad de dispositivos, atender a los usos internacionales del espectro y facilitar la compartición de infraestructura, así como dar seguridad y previsibilidad en licencias y autorizaciones para asegurar las inversiones a largo plazo.

Apoyar el desarrollo de centros de datos y garantizar la neutralidad tecnológica también son parte de la lista; también asegurar una revisión periódica de los precios de interconexión.

En sintonía con las medidas tomadas por Lacalle Pou, la agenda del Partido Nacional incluye la necesidad de “facilitar el desarrollo de redes neutrales que brinden servicios mayoristas de telecomunicaciones, para optimizar la inversión y evitar duplicaciones, rentabilizando las redes”.

En el programa también se aborda la importancia de la sistematización de datos e indicadores para la toma de decisiones y la adecuación del sector público a la Agenda Digital y a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Se señala, además, como prioritario “reforzar la infraestructura de ciberseguridad del país, que es una preocupación creciente a nivel de los gobiernos y de mayor relevancia cuando, como en Uruguay, existe una amplia cobertura y acceso a servicios basados en TIC”.

Partido Colorado

Para el Partido Colorado, el desafío en materia de telecomunicaciones es “consolidar a Uruguay como un líder, donde los servicios de calidad no sólo mejoren la vida de sus ciudadanos, sino que también potencien las oportunidades laborales y faciliten la inserción de las empresas en el mercado global. Esto requerirá un entorno competitivo dinámico, en el cual Antel continúe desempeñando un rol protagónico como actor innovador y eficiente”.

Tras el debate en torno a la nueva Ley de Medios, el Partido Colorado abogará por una nueva ley específica de telecomunicaciones, que funcione como “marco estable sobre el futuro del sector en el país en aspectos como la neutralidad de la red, la reglamentación de calidad de servicios y la subasta de segmentos del espectro, entre otros”. También promete abordar una legislación digital que, “inspirados en las experiencias de Europa y Estados Unidos, contemple la privacidad, la libertad de expresión, el acceso igualitario a la tecnología, la transparencia de los procesos automatizados y la protección contra los monopolios tecnológicos”.

Andrés Ojeda considera que Antel en ocasiones “excedió su rol como empresa pública, transformándose en hacedor de política”. Por ello, propone delimitar los cometidos de cada actor público en el marco institucional de la siguiente forma: Dinatel será formulador de la política de telecomunicaciones, Ursec regulador del mercado y Antel una empresa que presta servicios. Agrega, además, que impulsará acuerdos de la empresa pública con privados.

Respecto a la seguridad en entornos digitales, la propuesta del tercer partido más votado en las primarias es una actualización de la legislación que promueva la ciberseguridad y la protección de los activos de información del Estado. Se establecerá, además, una hoja de ruta para digitalizar la mayor cantidad de trámites estatales y concentrarlos en plataformas específicas para reducir tiempo y costos.

Entre las propuestas también aparecen otras acciones con vínculo potencial con el sector, como la idea de una regulación que promueva la innovación o fomentar la producción con inteligencia, con uso de tecnología de avanzada. También se buscará posicionar a Uruguay como hub logístico de comercio electrónico transfronterizo B2B y se generará “una política clara de captación” de la cadena de valor de nuevas industrias, entre las que se menciona la de semiconductores.

Cabildo Abierto

Con un fuerte componente de seguridad en su programa, Cabildo Abierto inicia su recorrido para el sector hablando de ciberseguridad. Propone la conformación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la adopción de nuevas políticas en la materia y legislar sobre Inteligencia Artificial, su empleo y aplicación en seguridad, para evitar sesgos que puedan ser violatorios de derechos individuales, además de garantizar el correcto tratamiento de datos personales. 

Manini Rios insiste en la utilización de la tecnología como “multiplicador de la seguridad” y la importancia de su uso para el control de patentes o la detección de disparos en zonas específicas, la conformación de comandos aéreos y la implementación de tecnologías de avanzada para un sistema de gestión de fronteras.

El candidato considera crucial establecer una legislación que regule de manera equitativa y eficiente los medios tradicionales y las plataformas digitales, y hace énfasis en asegurar entornos seguros a partir de, por ejemplo, instrumentos de protección a la infancia. En este punto también señala como relevante “evitar la extranjerización de las licencias (de espectro radioeléctrico) y su concentración excesiva”.

Más tarde promete avanzar en propuestas sugeridas por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), entre las que menciona consolidar la institucionalidad asociada a la innovación, posicionar a Uruguay como hub tecnológico e incentivar la colaboración entre universidades, centros de investigación e industria asociada; también avanzar en la formación en disciplinas STEM desde edades tempranas.

Desafíos

Las cifras oficiales posicionan a Uruguay en buen sitio dentro de la región si se contemplan índices clave de conectividad, como penetración de banda ancha, despliegue de fibra óptica y 5G. El país también destaca en materias relacionadas como Inteligencia Artificial, adopción de herramientas tecnológicas para el relacionamiento Estado-ciudadano y ciberseguridad. Aun así, la realidad del sector en el país presenta retos compartidos por América Latina y algunos propios de un país que camina a su tiempo hacia la plena competencia.

“Son posibles mejoras en la eficiencia y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones; el servicio de banda ancha fija se encuentra dentro del grupo de países más caros de América Latina”, señalaron desde Asiet ante la consulta de DPL News. Agregaron que “las decisiones menores de apertura durante el actual periodo de gobierno no han corregido sustancialmente las asimetrías competitivas centrales” que existen en el mercado.

Según datos recientes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), hubo al momento unos 80 pedidos y se otorgaron 50 autorizaciones para que operadores puedan ofrecer Internet en Uruguay, una posibilidad que se abrió a partir de cambios en la ley de Medios. De acuerdo con la entidad, al menos ocho de estos prestadores ya ofrecen servicios y cuentan con planes comerciales disponibles. Estas licencias (clase B) se dan siempre atendiendo las zonas de cobertura para la que previamente fueron autorizados los prestadores.

Todavía falta. La nueva Ley de Medios, promulgada en los últimos días por Lacalle Pou, despeja dudas en que cualquier prestador de televisión puede pedir dar Internet en Uruguay pero, aunque lo han solicitado, operadores con pisada nacional todavía no recibieron autorización. En palabras de Asiet, “continuar limitando artificialmente la obtención y cantidad de licencias es un trato discriminatorio que resulta en una desventaja competitiva y una pérdida de bienestar para los consumidores, además de ser potencialmente violatorio de los tratados de protección de inversiones y de la normativa local de competencia”.

El trato diferencial a Antel es otro viejo reclamo de los privados en Uruguay, pues “los desequilibrios no se circunscriben sólo al espacio de mercado de servicios de Internet fijo sino que tienen consecuencias en el mercado móvil, donde no hay condiciones equitativas entre los operadores respecto del acceso del espectro radioeléctrico, uso eficiente de su infraestructura instalada o complementariedad de su oferta de servicios móviles, fijos y audiovisuales”.

En 2023, cayó por primera vez en la década el número de abonados de banda ancha fija en Uruguay y también hubo una baja en la cantidad de líneas fijas en funcionamiento, algo que no sucedía hace cuatro años. El próximo gobierno tendrá entre sus funciones analizar qué está ocurriendo en los hogares, que han optado por la desconexión —¿por precio?— de servicios fijos, mientras hubo récord de suscriptores de banda ancha móvil. Una opción: el precio está generando migración a móvil de abonados que tradicionalmente utilizaban servicios fijos en sus hogares. El país es el segundo de América Latina con GB de datos móviles más barato, detrás de Colombia.

Según el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), para que Uruguay alcance los indicadores de conectividad de los países de la OCDE hacia 2030, se necesita un esfuerzo inversor adicional de más de 300 millones de dólares respecto del escenario de inversión proyectado con el marco actual; esto es igual a un 22 por ciento más con respecto a la tendencia esperada. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) también ha reparado en dificultades relativas al régimen regulatorio y el entorno de competencia en el país.

En cuanto a los retos compartidos por América Latina, Uruguay debe, como otros, revisar iniciativas que promuevan la conectividad, como políticas de espectro en la que se priorice la cobertura y el desarrollo por sobre la recaudación fiscal, la inspección del marco vigente para asegurar su adaptación a la nueva realidad de los mercados, reducción fiscal o más acciones para combatir la piratería. El próximo gobierno también iniciará funciones en pleno debate sobre qué hacer ante el desarrollo de la Inteligencia Artificial y la implementación de Fair Share, o un campo de juego más equilibrado para todos los actores del ecosistema.

Las encuestas previas marcan una ventaja del Frente Amplio de casi 20 puntos sobre el hoy oficialista Partido Nacional. Según las reglas locales, si ninguna de las fórmulas obtiene la mitad más uno de los votos, habrá segunda vuelta entre los dos candidatos más votados el 24 de noviembre. Quien triunfe gobernará Uruguay hasta marzo de 2030.