Congreso de Perú aprueba proyecto que eleva las multas que impone Osiptel
El regulador podrá imponer multas de hasta 1.3 millones de dólares.
El Congreso de Perú aprobó los proyectos de ley 2151/2011-CR, 3340/2022-CR y 3481/2022 que modifican la escala de multas del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Los aumentos de las multas se enmarcan en las acciones para evitar la venta ambulatoria de chips.
Según el nuevo esquema de calificación de infracciones y niveles de multa, ahora una infracción “leve” tendrá una multa máxima de 100 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), cuando antes era de 50 UIT. Las multas consideradas “graves” tendrán un máximo de 500 UIT (cuando antes eran 150 UIT), mientras que las “muy graves” tendrán un valor máximo de 1,000 UIT (el máximo anterior era de 350 UIT).
En 2023, el valor de la UIT se fijó en 4 mil 950 soles, equivalente a mil 364 dólares. Es decir, que el Osiptel podrá imponer multas de hasta 1.3 millones de dólares a los operadores.
De acuerdo con la propuesta, el esquema presente de multas que se imponen a las empresas de telecomunicaciones por infracciones que detecta el organismo regulador “no resultarían adecuadas” a la evolución de la industria ni serían hoy lo suficientemente disuasivas para las empresas. “La escala de multas establecida hace más de una década se encuentra totalmente desactualizada y no resulta apropiada para los fines que persigue”, señala el texto.
La iniciativa cosechó el rechazo de toda la industria. Para la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que nuclea a las principales empresas de telecomunicaciones como Claro, Movistar, Entel y Bitel, entre otras, estos proyectos perjudican a la población, porque van en contra de la expansión de la cobertura de servicios de telecomunicaciones a los lugares más remotos del país, que por sus características son los más pasibles de sufrir alguna dificultad que podría terminar en una sanción.
Además, sostuvo en un comunicado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya ha puesto en duda el accionar del regulador peruano en materia de sanciones. “La OCDE cuestiona el incremento de multas que no genera predictibilidad. Un aumento mayor de multas como plantean ambos proyectos agravaría el problema en un contexto en que queremos ser parte de la OCDE”.
Por su parte, la GSMA señaló que las iniciativas resultarían en “elementos negativos para el desarrollo digital del país”, mientras que para la Asiet la medida repercutirá negativamente en las mejoras de conectividad necesarias.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) también lanzó un comunicado en donde afirmó que el proyecto prioriza un criterio sancionador en lugar de uno preventivo, como lo recomienda la OCDE, “sin centrarse en los principales problemas de los usuarios”.
Por su parte, el Osiptel dijo que el incremento de las multas busca que los usuarios reciban un mejor servicio de comunicaciones. “Una escala de sanciones más alta debe servir para disuadir a las empresas a no cometer infracciones y, por tanto, brindar un mejor servicio”, sostuvo Rafael Muente, presidente Ejecutivo del regulador peruano.