El Congreso de Perú está analizando los proyectos de ley 2151/2011-CR y 3340/2022-CR que modifican la escala de multas del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Ambas propuestas ya tienen dictamen de comisión y se encuentran en la agenda del pleno. No obstante, la industria considera que los proyectos perjudicarán la expansión de la cobertura en telecomunicaciones.
De acuerdo con la propuesta, el esquema presente de multas que se imponen a las empresas de telecomunicaciones por infracciones que detecta el organismo regulador “no resultarían adecuadas” a la evolución de la industria ni serían hoy lo suficientemente disuasivas para las empresas. “La escala de multas establecida hace más de una década se encuentra totalmente desactualizada y no resulta apropiada para los fines que persigue”, señala el texto.
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que nuclea a las principales empresas de telecomunicaciones como Claro, Movistar, Entel y Bitel, entre otras, expresó su preocupación en un comunicado. Afirma que las iniciativas legislativas perjudican a la población, porque van en contra de la expansión de la cobertura de servicios de telecomunicaciones a los lugares más remotos del país, que por sus características son los más pasibles de sufrir alguna dificultad que podría terminar en una sanción.
“Un incremento de las multas por tres podría desviar recursos para que cerca de 5 mil 700 centros poblados rurales accedan a 4G. Por ello solicitamos la reevaluación de estas propuestas, con participación de todos los actores del sector en las comisiones respectivas”, aseveró la Asociación.
Sostuvo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya ha puesto en duda el accionar del regulador peruano en materia de sanciones. “La OCDE cuestiona el incremento de multas que no genera predictibilidad. Un aumento mayor de multas como plantean ambos proyectos agravaría el problema en un contexto en que queremos ser parte de la OCDE”.
AFIN también dice que en el periodo 2020-2022, el Osiptel ha multiplicado por cinco las multas que impuso en el periodo 2016-2018. “Como el propio Osiptel indica, en un solo expediente impuso 31 millones de soles de multa. Por tanto, no ha requerido un incremento del tope de multas para elevar su capacidad sancionadora. En la práctica, ha impuesto multas muy por encima del resto de reguladores del país y otros de la región”.
Por su parte, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) publicó un hilo de Twitter en donde afirma que la medida repercutirá negativamente en las mejoras de conectividad necesarias, y recomienda revisar el enfoque del ejercicio sancionatorio.
“Un esquema regulatorio basado en multas crecientes va en contrasentido a las tendencias internacionales”, sostuvo Asiet, y subraya que la recomendación de la OCDE a Perú pasa por adaptar inspecciones y sanciones, “mediante el uso de estrategias basadas en riesgos y fundamentadas en términos conductuales. Así se puede fortalecer la confianza, impulsar la inversión y conectar a más peruanos”.
Por su parte, en un comunicado, Osiptel dijo que la suba de las multas busca que los usuarios reciban un mejor servicio de comunicaciones. “Una escala de sanciones más alta debe servir para disuadir a las empresas a no cometer infracciones y, por tanto, brindar un mejor servicio”, sostuvo Rafael Muente, presidente ejecutivo del regulador peruano.