Luego de que el área técnica del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en Brasil finalizara el dictamen sobre el aviso de licitación 5G, hubo repercusiones en la Cámara de Diputados y en la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). El pasado 12 de agosto fue el turno de Marcos Ferrari, presidente Ejecutivo de Conexis Brasil Digital, para hablar.
“Ya sea que tengamos o no el aviso [publicado] este año, creemos que todo tiene su momento”, dijo Ferrari durante el Fórum Proteste. “Entendemos que es fundamental que el aviso 5G no sea recaudatorio, que no se grave el valor de las frecuencias”, añadió.
Y afirmó que “si es necesario discutir más el aviso de licitación para que esté completo, mejor”, porque para los operadores también es “fundamental que la subasta incluya toda la información relevante posible”.
Para las empresas de infraestructura de telecomunicaciones, la preocupación es que la subasta demore mucho más: “cuanto antes se realice, mejor para la sociedad brasileña”, dijo Luciano Stutz, presidente de la Asociación Brasileña de Infraestructura de Telecomunicaciones (Abrintel).
Aun así, estuvo abierto a más debates: “Si se necesita esta discusión más amplia, para tener un mejor aviso de licitación 5G, genial”.
Contexto
El dictamen técnico del TCU hace una serie de recomendaciones a la Anatel, entre las que se incluye la exclusión de las obligaciones de construir la red privada del gobierno y la red de información del Programa Amazonia Integrada y Sostenible. Sin embargo, la decisión final depende de los ministros del TCU, quienes votarán sobre el aviso esta semana.
El Ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, ha confiado en que el Tribunal aprobará el documento. “Vi que había una nota técnica hablando de la red privada, de Norte Conectado, pero ya hemos distribuido todos los memoriales a los ministros y estamos seguros de que entienden y conocen la importancia que tiene el 5G para Brasil”, dijo Faria la semana pasada.
También garantizó que el anuncio de la subasta “está listo” y que cualquier cambio podría retrasar la licitación en ocho meses, negando la necesidad de un mayor debate.