Tribunal de Cuentas de Brasil encuentra irregularidades en licitación 5G
Para el Tribunal Federal de Cuentas (TCU) de Brasil, el borrador de la licitación 5G trae puntos en desacuerdo con el Decreto No. 9.612 / 2018, que establece políticas públicas de telecomunicaciones. Así lo informó Uriel de Almeida Papa, secretario de control externo del TCU, durante una comisión sobre el impacto de la tecnología 5G en la educación, realizada en la Cámara de Diputados esta semana.
El artículo 9 del decreto determina que los compromisos a ejecutar con recursos públicos no reembolsables deben dirigirse a tres puntos: expansión de redes de transporte de alta capacidad, aumento de cobertura de redes de banda ancha móvil en lugares que no cuentan con este tipo de infraestructura y expansión de la cobertura de las redes de acceso de banda ancha fija, con prioridad para los sectores censales con escuelas públicas (párrafo 4).
De estos, Papa explicó que el tercer punto no está explícito en el anuncio y, por lo tanto, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) no podrá cobrar de las empresas este tipo de cobertura.
El secretario también dijo que el Ministerio de Comunicaciones innovó al incluir en sus lineamientos de bases de licitación la red privada para la Administración Pública y el Programa Amazonia Integrada y Sostenible (PAIS, parte del Norte Conectado), los cuales no están previstos en el decreto. “Ambos están siendo cuestionados por el TCU […] por indicios de ilegalidad”, dijo.
Conectividad en las escuelas
El discurso de Papa difirió de la declaración de Artur Coimbra, secretario de Telecomunicaciones del Ministerio. Coimbra comentó que los compromisos establecidos en el aviso 5G traerán acceso a Internet a 55 mil escuelas en Brasil, 48 mil con 5G y 7 mil con 4G. Además, el Plan General de Objetivos de Universalización (PGMU) brinda servicios a mil 400 ciudades con fibra óptica, beneficiando a 4 mil 500 escuelas.
Sin embargo, el secretario del TCU recordó que no hay especificación en el aviso de licitación sobre aspectos educativos. Y es que, si bien la licitación incluye a todas las escuelas mencionadas por el ministerio, “siete mil de ellas tendrían servicio 4G, que apenas cumple con los requisitos que necesitan las escuelas”.
En cuanto al PGMU, Papa aclaró que es un compromiso que se aplica sólo a los operadores de línea fija, cuyos contratos vencen en 2025. “Posiblemente no habría tiempo para implementar estas obligaciones”, agregó.
Coimbra y Leonardo Euler de Morais, presidente de la Anatel, también señalaron al Fondo para la Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST) como fuente de recursos para conectar las escuelas. Papa respondió diciendo que el FUST sigue siendo contingente. “No existe ningún registro que nos permita decir que es una posibilidad razonable de ser utilizado para atender esta necesidad de conectividad en las escuelas”.
Otro recurso sería el saldo resultante de la migración de las concesiones para autorizaciones de telefonía fija, pero el secretario del TCU afirmó que el monto es incierto: “existen muchas incertidumbres sobre este tema (…) y depende del interés de las empresas hacer esta adaptación”.
El ministro del TCU y ponente del anuncio, Raimundo Carreiro, anticipó que pretende incluir la conectividad en las escuelas en su voto y en la sentencia. “Lo que todos queremos es que la banda ancha llegue a las escuelas”, dijo.