Brasil | MPF dice que los “remedios” para la venta de Oi Móvil no son suficientes

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El Ministerio Público de la Federación (MPF) envió un documento al Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) este sábado 5, expresando su opinión sobre la no aprobación de la venta de Oi Móvil a Claro, TIM y Vivo. El documento llega a Cade poco antes de la decisión final, que tiene lugar este miércoles 9.

El MPF entiende que los compradores actuaron en consorcio, es decir, celebraron un contrato para una actividad específica sin crear una nueva persona jurídica, para evitar que otra empresa comprara Oi Móvil y ocupara el puesto de cuarto operador del país.

“El Acuerdo entre TIM, Telefónica y Claro (“TTC”), en lugar de diluir la concentración existente entre los tres gigantes del sector, terminó provocando una mayor concentración económica y alejando a un competidor efectivo: Highline”, dice el documento. Eso es porque, antes de que los tres operadores ofrecieran una propuesta por Oi Móvil, Highline había hecho la mayor oferta, de más de R$ 15 mil millones.

El organismo aún defiende que el consorcio no fue informado a la autoridad antimonopolio; provocará una mayor concentración económica; ha excluido un interesado; dividió los activos del cuarto mayor competidor coordinado por los tres gigantes, sin autorización legal; y hubo “coordinación previa” entre los compradores.

En cuanto a los remedios propuestos, el MPF afirma que la oferta de roaming nacional para pequeños proveedores (PPP) y red móvil virtual son modelos ya adoptados en el mercado de telefonía móvil, “no siendo un mecanismo innovador y eficiente para corregir las posibles distorsiones provocadas por esta transacción.” Lo mismo ocurre con la oferta de RAN Sharing.

El alquiler de espectro de Oi estaría “rodeado de incertidumbres e inconsistencias”, ya que la medida solo se aplicaría a municipios de menos de 100.000 habitantes, donde no hay interés comercial por parte de los operadores.

Ante ello, el MPF opina por la no aprobación de la operación y sugiere además la determinación de un proceso administrativo para investigar “conductas concertadas entre competidores [Claro, TIM y Vivo] y posibles prácticas excluyentes”.

Posición de las telcos

En una nota, Oi argumenta que la operación es importante para la recuperación económica del grupo y que además tiene un aspecto pro-competitivo “al posibilitar la creación de una de las mayores empresas de red neutral del país, que ofrecerá capacidad para todos los operadores”.

Además, la venta de Oi Móvil intensificará la competencia entre las telecomunicaciones y mantendrá espacio para la entrada y expansión de otros operadores de Servicios Móviles Personales.

“Oi también recuerda que el proceso judicial competitivo para la venta de activos fue aprobado por los accionistas de la compañía en una asamblea y se ha llevado a cabo con total transparencia dentro de la ley, con seguimiento y aprobación por el Tribunal del 7º Tribunal Comercial de Río de Janeiro.  No hubo dudas sobre la aprobación por parte de ningún participante en el proceso competitivo, ni por parte de los accionistas”.

TIM y Vivo rechazan el argumento de que hubo formación y consorcio, garantizando que la oferta de las empresas resultará en tres adquisiciones independientes. Y aseguran que la propuesta se realizó en una subasta pública supervisada por el Ministerio Público de Río de Janeiro.

TIM, compradora de la mayor parte de los activos, añade que la medida generará mayor competencia y expansión de servicios para sus clientes, incluidos los de Oi. “Los remedios previstos por Anatel, los que establecerá ACC CADE, el éxito de la subasta 5G y la intensa regulación del sector son garantía de un ambiente sano de competencia e inversiones”.

Vale recordar que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) aprobó la operación la semana pasada con medidas para proteger la competitividad y los clientes de Oi Móvil, como el derecho a la portabilidad en cualquier momento. Para Anatel, el acuerdo generaría “sinergias y eficiencias operativas” para los compradores, que podrían trasladarse a los consumidores, reduciendo el precio del servicio.