El celular consolidó su posición como el principal medio de acceso a Internet en Brasil en 2025. Según datos de la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD) Continua, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 98.7% de los brasileños de 10 años de edad o más que utilizaron Internet en los tres meses anteriores a la encuesta accedieron a la red mediante un dispositivo móvil.

En comparación con 2024, el uso del teléfono móvil permaneció prácticamente estable, mientras que el computador fue utilizado por 33.4% de los internautas. El acceso a través de la televisión aumentó del 53.5% al 57.8%, y el uso de tabletas alcanzó el 9.2%.

Los datos reflejan un escenario en el que el teléfono móvil permanece como la principal puerta de entrada a los servicios digitales en el país, acompañando la expansión del acceso a Internet, que alcanzó al 90.5% de la población brasileña de 10 años o más en 2025.

Bancos, compras y servicios públicos impulsan nuevos usos de Internet

Además de la consolidación del acceso móvil, la encuesta muestra un cambio en el perfil de utilización de Internet. El acceso a bancos y otras instituciones financieras fue realizado por 74.2% de los usuarios de la red, un aumento de 3.2 puntos porcentuales con respecto a 2024.

Las compras en línea alcanzaron al 52.7% de los internautas, superando por primera vez la mitad de los usuarios y registrando el mayor crecimiento entre las finalidades analizadas, con un avance de 4.8 puntos porcentuales.

El uso de Internet para acceder a servicios públicos también creció, llegando al 41.1% de los usuarios, un aumento de 2.5 puntos porcentuales en la comparación anual.

A pesar de la diversificación de los servicios digitales, conversar mediante llamadas de voz o video continúa como la principal finalidad de uso de Internet en Brasil, mencionada por 95.3% de los usuarios. Después aparecen el envío de mensajes por aplicaciones (90.2%), ver videos (89.3%), utilizar redes sociales (84.9%) y escuchar música, radio o podcasts (83.7%).

O telefone celular consolidou sua posição como principal meio de acesso à internet no Brasil em 2025. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 98,7% dos brasileiros com 10 anos ou mais que utilizaram a internet nos três meses anteriores à pesquisa acessaram a rede por dispositivo móvel.

Em comparação com 2024, o uso do celular permaneceu praticamente estável, enquanto o computador foi utilizado por 33,4% dos internautas. O acesso por televisão avançou de 53,5% para 57,8%, e o uso de tablets chegou a 9,2%.

Os dados refletem um cenário em que o celular permanece como principal porta de entrada para os serviços digitais no país, acompanhando a expansão do acesso à internet, que alcançou 90,5% da população brasileira com 10 anos ou mais em 2025.

Bancos, compras e serviços públicos impulsionam novos usos da internet

Além da consolidação do acesso móvel, a pesquisa mostra uma mudança no perfil de utilização da internet. O acesso a bancos e outras instituições financeiras foi realizado por 74,2% dos usuários da rede; um aumento de 3,2 p.p. em relação a 2024. 

As compras online atingiram 52,7% dos internautas, ultrapassando pela primeira vez a metade dos usuários e registrando o maior crescimento entre as finalidades pesquisadas, com avanço de 4,8 pontos percentuais. 

O uso da internet para acessar serviços públicos também cresceu, chegando a 41,1% dos usuários, aumento de 2,5 pontos percentuais na comparação anual.

Apesar da diversificação dos serviços digitais, conversar por chamadas de voz ou vídeo continua sendo a principal finalidade de uso da internet no Brasil, citada por 95,3% dos usuários. Em seguida aparecem o envio de mensagens por aplicativos (90,2%), assistir a vídeos (89,3%), utilizar redes sociais (84,9%) e ouvir músicas, rádio ou podcasts (83,7%).

Oi informó este miércoles 9 de julio, mediante un hecho relevante al mercado, que sus operaciones podrían volverse insostenibles a partir del 1º de agosto de 2026, debido al agravamiento de su situación de insolvencia y al rápido deterioro de su caja.

El gestor judicial, Bruno Rezende, informó a la Justicia que la disponibilidad de caja prevista para finales de julio cayó de 88.1 millones de reales (17.2 millones de dólares) a 19.6 millones de reales (3.8 millones de dólares), monto considerado insuficiente para mantener la continuidad operativa.

La manifestación fue presentada por el gestor judicial en el marco de los recursos de apelación que cuestionan la decisión del 7º Juzgado Empresarial de Río de Janeiro, que en noviembre de 2025 convirtió la recuperación judicial de la compañía en quiebra, con continuidad provisional de las actividades.

Relacionado: Oi: el colapso de una campeona brasileña de las telecomunicaciones

El juicio de los recursos, presentados por Itaú Unibanco y Bradesco, fue suspendido el 30 de junio tras un pedido de vista del magistrado Augusto Alves Moreira Júnior.

El escenario ya había sido anticipado en recientes manifestaciones presentadas dentro del proceso de quiebra. En un informe presentado por la administradora judicial Preserva Ação, obtenido por medios especializados, la reducción del efectivo fue atribuida principalmente al retraso en la conclusión de la venta de la Unidad Productiva Aislada (UPI) Servicios Telefónicos a Método y al fracaso de la subasta de Oi Soluções, que concluyó sin interesados.

De acuerdo con la administradora judicial, el ingreso de los recursos provenientes de esas operaciones era considerado esencial para preservar la liquidez de la compañía. Sin esos fondos, la empresa corre el riesgo de no poder cumplir compromisos básicos para su funcionamiento, incluidos los pagos a proveedores, prestadores de servicios y empleados.

Amenaza a los servicios esenciales 

El informe también advierte sobre posibles impactos en servicios considerados esenciales. Oi aún mantiene contratos de telecomunicaciones e infraestructura utilizados por organismos públicos, incluidas soluciones corporativas para las administraciones públicas y redes que soportan comunicaciones críticas.

En caso de que la caja se agote, la administradora judicial considera que la prestación de esos servicios podría verse comprometida si no se adoptan medidas de emergencia.

Sin embargo, el dinero que había sido depositado como garantía para asegurar la continuidad de los servicios fue liberado por la Justicia para el pago de los trabajadores, algo que nunca ocurrió. Según Carlos Baigorri, presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), esos recursos fueron dados por “desaparecidos”.

La gravedad de la situación también motivó manifestaciones de entidades sindicales. Federaciones y sindicatos que representan a trabajadores de Oi y Serede enviaron una carta al gobierno federal alertando sobre el riesgo de paralización de las actividades, despidos y la interrupción de servicios públicos prestados por la compañía. Las entidades solicitan una actuación coordinada del gobierno, la Anatel y el Poder Judicial para evitar un colapso operativo.

A pesar de las advertencias, Oi no anunció el cierre definitivo de sus actividades. El hecho relevante divulgado al mercado señala que la continuidad operativa depende de la evolución de los procesos judiciales y de las medidas que se discuten en el marco de la quiebra. La empresa puso a disposición de accionistas y acreedores las peticiones presentadas por el gestor judicial, que detallan la evolución de la crisis financiera.

El deterioro de la caja se produce en un momento decisivo del proceso judicial. Además de la conclusión de la venta de la UPI Servicios Telefónicos, la compañía depende de nuevas fuentes de liquidez para mantener sus operaciones mientras espera la resolución de los recursos que discuten la continuidad de la quiebra con la preservación temporal de las actividades.

A Oi informou nesta quarta-feira (9), em fato relevante ao mercado, que sua operação poderá se tornar insustentável a partir de 1º de agosto de 2026, diante do agravamento da situação de insolvência e da rápida deterioração de seu caixa. 

O gestor judicial, Bruno Rezende, informou à Justiça que a disponibilidade de caixa prevista para o fim de julho caiu de R$ 88,1 milhões para R$ 19,6 milhões, valor considerado insuficiente para manter a continuidade operacional. 

A manifestação foi protocolada pelo gestor judicial nos autos dos agravos de instrumento que discutem a decisão da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro que, em novembro de 2025, convolou a recuperação judicial da companhia em falência com continuidade provisória das atividades. 

O julgamento dos recursos, apresentados por Itaú Unibanco e Bradesco, foi suspenso em 30 de junho após pedido de vista do desembargador Augusto Alves Moreira Júnior.

Reconstituição: Oi: da privatização ao colapso de uma crise sistêmica nas telecomunicações

O cenário já havia sido antecipado em manifestações recentes apresentadas no processo de falência. Em relatório protocolado pela administradora judicial Preserva Ação, obtido por veículos especializados, a redução do caixa foi atribuída principalmente ao atraso na conclusão da venda da Unidade Produtiva Isolada (UPI) Serviços Telefônicos para a Método e ao fracasso do leilão da Oi Soluções, que terminou sem interessados.

De acordo com a administradora judicial, a entrada dos recursos provenientes dessas operações era considerada essencial para preservar a liquidez da companhia. Sem eles, a empresa corre o risco de não conseguir honrar compromissos básicos de funcionamento, incluindo pagamentos a fornecedores, prestadores de serviços e empregados.

Ameaça aos serviços essenciais

O relatório também alerta para possíveis impactos sobre serviços considerados essenciais. A Oi ainda mantém contratos de telecomunicações e infraestrutura utilizados por órgãos públicos, incluindo soluções corporativas para administrações públicas e redes que suportam comunicações críticas. 

Caso o caixa se esgote, a administradora judicial avalia que poderá haver comprometimento da prestação desses serviços caso medidas emergenciais não sejam adotadas.

Ocorre que o dinheiro dado como garantia para continuidade dos serviços, foi liberado pela justiça para pagamento dos trabalhadores, o que nunca ocorreu. O dinheiro foi dado como “desaparecido”, segundo Carlos Baigorri, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A gravidade da situação também motivou manifestações de entidades sindicais. Federações e sindicatos que representam trabalhadores da Oi e da Serede encaminharam uma carta ao governo federal alertando para o risco de paralisação das atividades, demissões e descontinuidade de serviços públicos prestados pela companhia. As entidades pedem uma atuação coordenada do governo, da Anatel e do Poder Judiciário para evitar um colapso operacional.

Apesar dos alertas, a Oi não anunciou o encerramento definitivo de suas atividades. O fato relevante divulgado ao mercado informa que a continuidade operacional depende dos desdobramentos judiciais e das medidas em discussão no processo de falência. A empresa disponibilizou aos acionistas e credores as petições apresentadas pelo gestor judicial, que detalham a evolução da crise financeira.

A deterioração do caixa ocorre em um momento decisivo do processo judicial. Além da conclusão da venda da UPI Serviços Telefônicos, a companhia depende de novas fontes de liquidez para manter as operações enquanto aguarda o desfecho dos recursos que discutem a continuidade da falência com preservação temporária das atividades.

La expansión de 5G en Brasil no garantiza, por sí sola, una buena experiencia para las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo con un estudio de Ookla, el principal cuello de botella brasileño está más allá de la red móvil: la conexión entre las operadoras y los proveedores de Nube presenta una latencia mediana de entre 149.7 ms y 163.6 ms, una de las más elevadas entre los 22 mercados evaluados, lo que podría comprometer las aplicaciones de IA que requieren respuestas en tiempo real.

El informe revela que las redes 5G actuales pueden atender satisfactoriamente aplicaciones de IA basadas en texto y, en muchos casos, de conversación por voz. Sin embargo, ninguno de los 22 mercados analizados alcanza la latencia considerada necesaria para aplicaciones de Realidad Aumentada y visión computacional en tiempo real, lo que indica que estas experiencias aún dependen de avances en la infraestructura.

A diferencia de los mercados europeos, donde la latencia entre las operadoras y los grandes proveedores de Nube varía poco, Brasil presenta retrasos elevados con todos los principales hyperscalers analizados.

El estudio atribuye este desempeño a la concentración de la infraestructura en São Paulo y al reducido número de conexiones directas (peering), factores que incrementan el tiempo necesario para que las solicitudes lleguen a los modelos de IA alojados en la Nube.

Las aplicaciones de IA utilizan la red de forma distinta a los servicios tradicionales de video y navegación. Mientras que el consumo de contenido estaba basado predominantemente en la descarga de datos, herramientas como los asistentes conversacionales, los Agentes de IA y las aplicaciones multimodales incrementan de forma significativa la demanda de carga de datos (upload) y de baja latencia.

Por ello, los mercados líderes en velocidad de descarga no siempre figuran entre los mejor preparados para soportar este tipo de cargas de trabajo.

El informe también destaca que los indicadores utilizados tradicionalmente para medir la calidad del 5G (especialmente la velocidad de descarga) han dejado de ser suficientes para evaluar la capacidad de las redes frente a la IA Generativa.

En este sentido, Ookla recomienda que se consideren métricas como la velocidad de carga (upload), la latencia bajo carga y la calidad de la conexión hacia la Nube.

A expansão do 5G no Brasil não garante, por si só, uma boa experiência para aplicações de inteligência artificial (IA). 

Segundo estudo da Ookla, o principal gargalo brasileiro está além da rede móvel: a conexão entre as operadoras e os provedores de nuvem apresenta uma latência mediana entre 149,7 ms e 163,6 ms, uma das mais elevadas entre os 22 mercados avaliados, o que pode comprometer aplicações de IA que exigem resposta em tempo real.

O relatório revela que as redes 5G atuais conseguem atender satisfatoriamente aplicações de IA baseadas em texto e, em muitos casos, conversação por voz. No entanto, nenhum dos 22 mercados analisados alcança a latência considerada necessária para aplicações de realidade aumentada e visão computacional em tempo real, indicando que essas experiências ainda dependem de avanços na infraestrutura.

Diferentemente de mercados europeus, onde a latência entre operadoras e grandes provedores de nuvem varia pouco, o Brasil apresenta atrasos elevados em todos os principais hyperscalers analisados.

O estudo atribui esse desempenho à concentração da infraestrutura em São Paulo e ao número reduzido de conexões diretas (peering), fatores que aumentam o tempo necessário para que solicitações cheguem aos modelos de IA hospedados na nuvem.

As aplicações de IA utilizam a rede de maneira diferente dos serviços tradicionais de vídeo e navegação. Enquanto o consumo de conteúdo era predominantemente baseado em download, ferramentas como assistentes conversacionais, agentes de IA e aplicações multimodais aumentam significativamente a demanda por upload e por baixa latência. 

Por isso, mercados líderes em velocidade de download nem sempre aparecem entre os mais preparados para suportar essas cargas de trabalho.

O relatório ressalta ainda que os indicadores tradicionalmente utilizados para medir a qualidade do 5G (especialmente a velocidade de download) deixaram de ser suficientes para avaliar a capacidade das redes diante da IA generativa.

Neste sentido, a Ookla recomenda que métricas como upload, latência sob carga e qualidade da conexão até a nuvem passem a ser consideradas.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA, por sus siglas en inglés) ―y específicamente el Capítulo 18 sobre comercio digital― se lleva a cabo en un contexto muy distinto al que existía cuando el acuerdo fue negociado.

En menos de una década, la tecnología se ha convertido en un activo estratégico que forma parte de las agendas de soberanía y seguridad nacional de los países. En este escenario, el debate sobre la revisión del tratado norteamericano refleja una reorganización más amplia de la economía digital global, en la que Estados Unidos y China ocupan un papel central.

En ese contexto, el concepto de de-risking ha ido sustituyendo gradualmente al de decoupling en el vocabulario de gobiernos y organismos internacionales.

Mientras que el decoupling planteaba un distanciamiento progresivo entre las economías estadounidense y china —una estrategia que resultó económicamente inviable dada la elevada interdependencia entre ambos países—, el de-risking busca reducir las dependencias consideradas críticas sin romper los vínculos comerciales.

El objetivo es diversificar proveedores, fortalecer capacidades nacionales y acercar las cadenas de suministro a socios considerados confiables. Esta lógica explica por qué conceptos como nearshoring, friendshoring y economic security están ocupando un lugar central en las estrategias comerciales de las principales economías.

Más que repatriar fábricas (reshoring), Estados Unidos ha promovido la reorganización de las cadenas de producción hacia países geográficamente cercanos o políticamente alineados.

Como resumió la exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se trata de fortalecer las cadenas globales de suministro entre socios “confiables”, reduciendo los riesgos asociados a determinados proveedores.

Mucho más que el T-MEC

Vista de forma aislada, la revisión del tratado podría parecer simplemente una etapa prevista en el propio texto del acuerdo, tal como defendió recientemente el diputado mexicano Arturo Dávila, de Morena, al describir el proceso como una “oportunidad”.

Sin embargo, si se analiza junto con otras iniciativas adoptadas por Estados Unidos desde 2022, revela una estrategia mucho más amplia.

La Ley de Chips y Ciencia, que destinó 52,700 millones de dólares para fortalecer la industria estadounidense de semiconductores; los controles a la exportación de chips avanzados y equipos para Inteligencia Artificial; los incentivos de la Ley de Reducción de la Inflación para las cadenas vinculadas a vehículos eléctricos y baterías; y la política de friendshoring responden a una misma lógica: reducir vulnerabilidades en sectores considerados estratégicos y preservar el liderazgo tecnológico de Estados Unidos.

Además, los datos muestran que las dos potencias compiten por el liderazgo tecnológico, aunque en diferentes eslabones de la cadena de valor.

Estados Unidos mantiene un claro liderazgo en los segmentos de mayor valor agregado de la economía digital. Empresas como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud concentraron conjuntamente el 63% del gasto empresarial mundial en servicios de infraestructura en la Nube durante el tercer trimestre de 2025, según Synergy Research Group, y lideran la expansión de Centros de Datos e infraestructura para Inteligencia Artificial. 

De acuerdo con la OCDE, entre 2014 y 2024, empresas estadounidenses realizaron inversiones por 41,000 millones de dólares en proyectos digitales en América Latina, equivalentes al 62% del total, considerando únicamente los servicios digitales, como computación en la Nube, software, plataformas e infraestructura tecnológica.

La estrategia china sigue un camino distinto. Pekín ha fortalecido su presencia en equipos de telecomunicaciones, manufactura industrial, vehículos eléctricos, baterías y procesamiento de minerales críticos.

En América Latina, empresas como Huawei, ZTE, BYD, Lenovo e Hisense ampliaron sus inversiones durante la última década. El stock de inversiones chinas en actividades digitales se multiplicó por seis, pasando de cerca de 2,000 millones de dólares entre 2003 y 2013 a aproximadamente 12,000 millones entre 2014 y 2024, según la OCDE.

México como punto de equilibrio

Estos datos sitúan al capítulo digital del T-MEC en un contexto mucho más amplio. Estados Unidos y China no compiten exactamente en los mismos segmentos de la economía digital, pero ambos consideran a América Latina como un espacio estratégico.

La región cuenta con abundantes recursos minerales, disponibilidad de energía renovable, una ubicación geográfica privilegiada, un amplio mercado consumidor y una estrecha proximidad con Estados Unidos.

Es precisamente en este último aspecto donde México adquiere un papel singular. Ningún otro país combina un nivel tan alto de integración económica con Estados Unidos y, al mismo tiempo, una creciente presencia de empresas chinas.

México se ha convertido en uno de los principales beneficiarios del nearshoring, impulsado por la búsqueda de cadenas de suministro más cortas y resilientes tras la pandemia y la guerra comercial entre las dos potencias.

En 2025, México volvió a registrar un nivel récord de inversión extranjera directa, con alrededor de 41,000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 37% se concentró en el sector manufacturero, lo que refuerza la posición del país como una plataforma estratégica de manufactura y exportación para América del Norte. 

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En este contexto, interpretar el capítulo digital del T-MEC como un “escudo” frente a China puede ser una lectura comprensible, aunque insuficiente.

Más que responder únicamente al aumento de la inversión china en la región, la revisión del tratado se produce en un momento en que EE.UU busca limitar vulnerabilidades en sectores estratégicos y evitar que empresas chinas utilicen a México como plataforma de acceso preferencial al mercado estadounidense mediante las ventajas arancelarias del acuerdo. 

Esta interpretación es compartida por Jake Jennings, investigador del Center for Strategic and International Studies (CSIS). En su opinión, la revisión del T-MEC “se está convirtiendo en una prueba para la seguridad tecnológica de América del Norte”, con México como principal escenario.

Para México —y, en cierta medida, para América Latina— el desafío será encontrar un punto de equilibrio. Estados Unidos continúa siendo el principal mercado, inversionista y socio estratégico de la región, mientras que China sigue ampliando su presencia en infraestructura, manufactura y financiamiento.

En un escenario de de-risking, la cuestión ya no es elegir entre uno u otro, sino encontrar la forma de preservar la competitividad y atraer inversiones de ambos sin comprometer la autonomía económica.

BRASÍLIA, Brasil, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ — O Brasil tem as vantagens estruturais para se tornar um dos principais hubs de infraestrutura digital do mundo na era da inteligência artificial (IA), de acordo com o Estudo sobre o Impacto Socioeconômico do Estabelecimento do Brasil como Hub Internacional de Infraestrutura Digital na Era da IA, desenvolvido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) a pedido da Scala Data Centers e da Norgás. O estudo examina o impacto econômico da expansão da infraestrutura digital em todo o país e identifica os fatores que moldam a competitividade do Brasil no mercado global.

Segundo o relatório, a matriz energética predominantemente renovável do Brasil, sua localização geográfica estratégica, o amplo mercado interno e a crescente demanda por serviços de computação em nuvem e inteligência artificial posicionam o país como um forte candidato a receber investimentos globais em infraestrutura digital.

O estudo projeta ganhos econômicos substanciais. No cenário mais ambicioso, o Brasil expandiria sua capacidade instalada de infraestrutura digital de aproximadamente 1 GW para 13,7 GW até 2035, criando mais de 230.000 empregos permanentes. Desses, cerca de 59.700 empregos diretos dariam suporte às operações dos data centers, enquanto aproximadamente 176.500 empregos indiretos e induzidos seriam gerados ao longo da cadeia de suprimentos e da economia em geral. Esses números refletem apenas os empregos operacionais permanentes e excluem os empregos temporários gerados durante a construção e o desenvolvimento dos projetos.

O relatório também estima que a adição de 12,7 GW de nova capacidade atrairia entre US$ 431,8 bilhões e US$ 698,5 bilhões em investimentos totais (aproximadamente R$ 2,3 trilhões a R$ 3,7 trilhões). Esses investimentos financiariam tanto a infraestrutura física, incluindo aquisição de terrenos, construção civil, sistemas elétricos, equipamentos mecânicos e de resfriamento, infraestrutura predial e sistemas de segurança, quanto equipamentos de tecnologia da informação, como servidores, sistemas de armazenamento, equipamentos de rede e aceleradores de IA.

A FGV baseou sua análise em um modelo de matriz insumo-produto, que mede como os investimentos se propagam por diversos setores da economia. Em vez de considerar os data centers apenas como infraestrutura tecnológica, o estudo os identifica como um catalisador do desenvolvimento econômico. A construção e a operação dessas instalações estimulam uma ampla cadeia de valor que inclui energia elétrica, construção, telecomunicações, logística, engenharia e serviços técnicos especializados.

De acordo com o estudo, o impacto do setor vai muito além da fase de construção. Os data centers impulsionam ganhos de longo prazo em produtividade, desenvolvimento da força de trabalho, crescimento econômico regional e atividade empresarial em diversos setores.

“O estudo utiliza um modelo de matriz insumo-produto para captar os efeitos diretos, indiretos e induzidos dos investimentos em infraestrutura digital, permitindo medir como esses projetos ativam cadeias produtivas inteiras”, afirmou Charles Schramm, gerente executivo de projetos da FGV. “Nossas conclusões mostram que os benefícios econômicos vão muito além do setor de tecnologia, gerando ganhos significativos em emprego, renda e produção em toda a economia.”

O relatório também avalia comparativamente o Brasil a hubs globais consolidados de infraestrutura digital, incluindo Virgínia (EUA), Singapura, Dubai, Japão, Portugal, Canadá e o cluster FLAP-D (Frankfurt, Londres, Amsterdã, Paris e Dublin), avaliando cada mercado sob as perspectivas tecnológica, econômica, energética e regulatória.

Para fortalecer a competitividade do Brasil e liberar todo o seu potencial, o estudo identifica diversas prioridades, incluindo maior coordenação institucional, um marco regulatório estável e maior previsibilidade no planejamento energético, alinhando a expansão da rede elétrica à nova demanda por infraestrutura digital.

O relatório também conclui que a elevada carga tributária brasileira sobre equipamentos e serviços compromete a competitividade global do país ao aumentar o custo de incorporar tecnologias avançadas e capacidade produtiva.

Para enfrentar esses desafios, a FGV propõe uma agenda composta por quatro frentes:

• Políticas industriais que incentivem a fabricação nacional de hardware;
• Reconhecimento dos data centers como infraestrutura estratégica para o setor elétrico brasileiro, no qual o acesso à rede e os custos de energia influenciam diretamente a viabilidade econômica dos projetos;
• Um marco legal estável para incentivos fiscais; e
• Coordenação regulatória que alinhe as políticas industrial, energética, tributária e de governança digital sob uma estratégia nacional comum.

O estudo também identifica iniciativas como Redata, a redução dos impostos estaduais de importação atualmente em análise pelo Confaz, os incentivos Ex-Tarifário e as Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) como instrumentos complementares capazes de reduzir a diferença competitiva do Brasil em relação a outros hubs globais e atrair mais investimentos em infraestrutura digital.

A FGV também recomenda a criação de um órgão nacional de coordenação que reúna os governos federal, estaduais e municipais, reguladores do setor e a iniciativa privada para eliminar sobreposições de responsabilidades, reduzir os prazos dos projetos e oferecer maior previsibilidade para futuros investimentos em infraestrutura digital.

Segundo o relatório, o crescimento do Brasil como um hub global de infraestrutura digital dependerá de sua capacidade de fortalecer o ambiente de negócios, ampliar a conectividade e proporcionar segurança de longo prazo aos investidores. À medida que a demanda por infraestrutura para IA continua a acelerar em todo o mundo, os países que conseguirem alinhar esses fatores estarão mais bem posicionados para atrair investimentos, desenvolver ecossistemas industriais e fortalecer seu papel na economia digital global.

“Os principais mercados de infraestrutura digital do mundo, especialmente os Estados Unidos e a Europa, enfrentam restrições crescentes para expandir sua capacidade, incluindo disponibilidade limitada de energia, desafios de interconexão à rede elétrica e escassez de terrenos adequados para novos empreendimentos, mesmo com a contínua aceleração da demanda por processamento de dados e inteligência artificial”, afirmou Luciano Fialho, vice-presidente sênior corporativo da Scala Data Centers. “Essas restrições criam uma oportunidade para o surgimento de novos hubs globais. O Brasil oferece uma combinação rara de ampla disponibilidade de energia, matriz elétrica predominantemente renovável, significativo potencial de expansão, abundância de terras e forte conectividade com as principais rotas internacionais de dados. Se o país agir agora, poderá atrair investimentos em uma escala sem precedentes, criar empregos de alta qualidade e consolidar-se como um dos principais hubs globais de infraestrutura digital.”

A TIM não cobrará as tarifas de roaming internacional dos clientes que estão na Venezuela e nem as chamadas internacionais realizadas para o país com uso do código 41. A gratuidade engloba também o envio e recebimento de SMS e o tráfego de dados de usuários da operadora na região, fortemente impactada por terremotos há cerca de uma semana.

Os benefícios serão concedidos automaticamente durante o período da ação, que vai até 10 de julho, inicialmente. Clientes que já estiverem em roaming na Venezuela serão informados pela empresa sobre a medida. Quem iniciar o uso do serviço durante a vigência da iniciativa também receberá uma comunicação oficial com as orientações. O intuito é facilitar a comunicação de clientes que estejam na Venezuela ou precisem manter contato com familiares, amigos e equipes de apoio no país durante o período de emergência.

Convergência Digital –
A Secretaria de Fazenda de Santa Catarina soltou uma nota oficial neste sábado, dia 04 de julho, em que confirma a reportagem do portal Convergência Digital, mas rejeita ter sido o único estado contrário. Nela, diz que não se posicionou contra a implantação de data centers no Brasil nem contra a construção de uma política de incentivos ao setor, mas assume que não votou a favor da redução do ICMS para os 24 equipamentos destinados à implantação dos data centers e diz que quer proteger a indústria fabricante no Estado.
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